Manifestar su honda preocupación y el más absoluto repudio hacia la actitud del Juez Federal Víctor Antonio Alonso, quien otorgara diez días de salida transitoria al genocida y ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes Juan Carlos De Marchi, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la misma provincia.

Señor presidente:

Juan Carlos De Marchi es tristemente conocido en la provincia de Corrientes no sólo por haber sido Presidente de la Sociedad Rural de la provincia, sino más específicamente por ser el Ex Capitán de Inteligencia del Ejército en el ex Regimiento 9 de Corrientes durante los años 75 y 76. Fue condenado en el año 2008 a 25 años de prisión por ser jefe del grupo de tareas que llevó a cabo decenas de tormentos agravados, privaciones ilegítimas de la libertad agravada por el tiempo y desapariciones forzadas. Junto a otros genocidas correntinos, se lo condenó por la desaparición forzada de Vicente "Cacho" Ayala, Julio Barozzi, Diego Orlando Romero, Rómulo Artieda y Juan Ramón Vargas. A De Marchi en particular se lo conocía como "el electricista" debido a su maestría en el uso de la picana.

A pesar de no haber cumplido siquiera el tercio de su condena, y cuando la ley aclara que las salidas transitorias sólo se otorgarán cumplida el 50% de la misma (1) , recientemente el Juez Federal Víctor Antonio Alonso le otorgó diez días de salida para viajar a visitar a sus nietos, entre el 14 y el 24 de junio del 2013. El traslado desde Campo de Mayo hasta su casa se realizó sin custodia policial, solamente con la presencia de su yerno y abogado defensor Vernengo.

Llama la atención que el mismo juez que otorgara esta salida sea responsable de haber otorgado prisión domiciliaria a numerosos presos por delitos de lesa humanidad. Indigna suponer que esta actitud del Sr. Juez, entre otras motivaciones, esté guiada por el interés de impedir que los nietos del genocida lo vean encerrado en la cárcel, lugar al que pertenece debido a los aberrantes crímenes que ya se demostró que cometió. Nos preguntamos si Víctor Antonio Alonso llevará a cabo la misma clase de accionar con otros presos comunes, condenados por delitos mucho menos graves.

Ante la negativa de esta pregunta, se deduce lógicamente que cuando la situación económica del detenido es precaria, sus hijos y nietos deben en forma necesaria acercarse hasta el lugar de detención a visitarlo, y al mismo tiempo, visibilizar e interiorizar su condición de criminal, independientemente de la gravedad del delito cometido. Tal vez así, inconscientemente, estos niños en el futuro eviten cometer crímenes, "bondad" que les es negada a los familiares de los detenidos por aberrantes crímenes de lesa humanidad.

El juez explicó que otorgó la salida transitoria debido a los 1000 km que separan a la Unidad Penal Nº 34 de Campo de Mayo de la ciudad de Corrientes, donde reside su familia, a pesar de que existen colectivos y vuelos diarios que unen ambas ciudades. Asimismo, se recuerda que De Marchi podría estar encerrado en la Unidad Penal Nº 7 de Resistencia, cárcel común a solo 20 km de Corrientes. Recientemente se han liberado lugares en el pabellón de lesa humanidad, ya que el mismo juez Alonso se encargó de otorgarles prisión domiciliaria a algunos genocidas.

Pocos días antes de terminar sus "vacaciones", la salida fue suspendida debido a escraches pacíficos que se realizaron frente a su domicilio de la ciudad de Corrientes. En este caso la intención del juez fue "proteger la integridad física" del genocida, y el regreso a la UP Nº34 se realizó con presencia de gendarmería.

Independientemente de esta (tardía) reacción, genera preocupación el momento elegido para estas "vacaciones", meses antes de las elecciones legislativas nacionales y ejecutivas provinciales. Juan Carlos De Marchi es un representante del orden criminal militar, del genocidio y del neoliberalismo (recordemos que fue presidente de la Sociedad Rural), todos "valores" que el frente que aspira a gobernar la provincia a partir de diciembre de este año no representa. Esperamos que esta acción del juez no tenga la intención de ayudar al genocida a reorganizar sus fuerzas políticas y económicas a fin de poner trabas al gobierno democrático constitucional en Corrientes y en Argentina.

En un momento en que en todo el país se discute la necesidad de democratizar la justicia, de aggionarla y adaptarla a realidades y principios actuales, y en que especialmente se analiza la posible intervención de la justicia correntina, resulta altamente significativo este caso particular y el accionar general del juez. Nosotros y nosotras, representantes del poder legislativo del país, no podemos mirar hacia otro lado cuando los jueces favorecen a sus amigos brindándoles beneficios que no les corresponden e ignorando el trato igualitario que se debe dar a todos los presos independientemente de su condición económica.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.