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DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 411
Jefe SR. GARCIA SERGIO LUIS
Miércoles 14.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2411 Internos 2411/2470
cdhygarantias@hcdn.gov.ar
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 4899-D-2008
Sumario: EXPRESAR RECONOCIMIENTO A LA LABOR DESEMPEÑADA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION NACIONAL SOBRE LA DESAPARICION DE PERSONAS (CONADEP) Y ENTREGAR UN RECORDATORIO EN SESION ESPECIAL.
Fecha: 08/09/2008
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 116
A 25 años de la constitución de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), expresar su
reconocimiento por la labor desempeñada, a sus integrantes Ricardo Colombres,
René Favaloro, Hilario Fernandez Long, Carlos Gattinoni, Horacio Huarte, Gregorio
Klimovsky, Santiago López, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Hugo Piucill, Eduardo
Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú y Ernesto Sábato, mediante la colocación de una
placa conmemorativa en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
3. Entregar a los
miembros mencionados -o sus familiares directos- y a Raúl Aragón,
Graciela Fernández Meijide, Alberto Mansur, Daniel Salvador y Leopoldo
Silgueira, en su calidad de Secretarios de dicha Comisión, un presente
recordatorio en sesión especial a realizarse el 15 de Diciembre de 2008,
o en su defecto en fecha a determinar por la Presidencia, en el presente
período legislativo.
4. Impútense los gastos
provocados por la presente resolución a las cuentas generales del
Presupuesto de gastos de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de Diciembre de 1983
los argentinos veían concretarse en los hechos con la asunción de las
autoridades constitucionales electas el 30 de octubre de aquel año, el
retorno a la vida democrática después de la larga y sangrienta noche de
la dictadura iniciada en 1976.
Coherente con el fuerte
compromiso con los derechos humanos asumido durante la campaña
electoral, el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín a pocas horas de
haber asumido, más precisamente el 13 de diciembre, convocó al
Congreso a sesiones extraordinarias y envió un conjunto de leyes
vinculadas a esa cuestión:
- Derogación de la ley de
autoamnistía (22.924) dictada por los militares, consagrando la
impunidad para los represores.
- Equiparación de la tortura
al homicidio.
- Modificación del Código de
Justicia Militar limitando la competencia de los tribunales militares,
estableciendo apelación ante la Cámara Federal.
- Defensa del orden
constitucional y de la vida democrática.
- Ratificación de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica).
- Reducción de pena a los
detenidos durante el gobierno de facto.
- Modificación del Código de
Procedimiento en materia Penal estableciendo que los fallos de los
tribunales militares puedan ser apelados ante la justicia civil.
- Modificación del Código
Penal en materia de condena condicional y reincidencia, derogando
normas inconciliables con el orden constitucional.
- Modificación del Código de
Procedimiento en materia Penal sobre excarcelación.
Simultáneamente, por el
Decreto 158/83 se sometió a juicio sumario ante el Consejo Supremo de
las Fuerzas Armadas, a los integrantes de las tres primeras Juntas
Militares y por el Decreto 157/83 se dio instrucciones al Procurador
General de la Nación para que investigue y ejerza la acción pública por
los delitos penales cometidos por siete dirigentes de grupos
guerrilleros.
El 15 de diciembre, por el
Decreto 187/83 el Presidente Raúl Alfonsín constituyó la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para que
investigara y esclareciera los hechos relacionados con la desaparición de
personas ocurridos en el país y para que determinara la ubicación de
niños sustraídos.
Las funciones de la
Conadep fueron recibir denuncias y pruebas sobre esos hechos,
remitirlas inmediatamente a la justicia y denunciar posibles
ocultamientos de elementos probatorios. Y emitir un informe final, con
una explicación detallada de los hechos investigados. La Comisión no fue
facultada para emitir juicio sobre hechos y circunstancias que
constituyen materia exclusiva del Poder Judicial. El plazo otorgado fue de
seis meses, extendido luego a nueve meses. La Comisión se debía
integrar con miembros nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, tres
parlamentarios designados por la Cámara de Diputados y tres por la
Cámara de Senadores de la Nación.
Los diez miembros elegidos
y designados por el Poder Ejecutivo por su celo en la defensa de los
derechos humanos y por su prestigio en la vida pública del país fueron:
Ricardo Colombres (jurista, ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación), René Favaloro (eminente cardiocirujano), Hilario
Fernandez Long (ingeniero, Rector de la Universidad de Buenos Aires
destituido por el golpe militar de 1966), Carlos Gattinoni (obispo
metodista), Gregorio Klimovsky (filósofo, profesor universitario
renunciante a sus cátedras con motivo del golpe de 1966), Marshall
Meyer (rabino), Jaime de Nevares (obispo católico), Eduardo Rabossi
(filósofo, jurista, también renunciante a sus cátedras con motivo del
golpe de 1966), Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y Ernesto Sábato
(escritor).
Puesta a consideración en la
H. Cámara de Diputados de la Nación la invitación presidencial a integrar
la Comisión, diferencias de criterios respecto a las características de la
Comisión a conformar, hicieron que solo fueran nominados
representantes del oficialismo, recayendo las designaciones en los
diputados Santiago López, Hugo Piucill y Horacio Huarte. Tampoco el H.
Senado de la Nación postuló representantes para la integración.
En su primera reunión se
designó Presidente de la Conadep a Ernesto Sábato. Luego se decidió la
creación de cinco secretarías: de Recepción de Denuncias (a cargo de
Graciela Fernández Meijide), de Documentación y Procesamiento de
Datos (Daniel Salvador), de Procedimientos (Raúl Aragón), de Asuntos
Legales (Alberto Mansur) y Administrativa (Leopoldo Silgueira).
El personal -unas cien
personas- provino en general de las ONGs. Los miembros de la Comisión
trabajaron ad honorem. Solamente los secretarios y el personal
cobraron sueldos equiparados al de los jueces y empleados de primera
instancia del Poder Judicial. El Ministerio del Interior brindó el apoyo
administrativo, logístico y financiero. El apoyo fue eficaz y estuvo exento
de toda intención o presión política. La Conadep funcionó en
dependencias del Teatro General San Martín de la ciudad de Buenos
Aires.
Resulta interesante para
conocer un poco más sobre el funcionamiento y tarea de la Conadep,
reproducir algunos párrafos de un informe elaborado por el Dr. Eduardo
Rabossi, quien fuera uno de sus integrantes:
"La recepción y el
procesamiento de las denuncias fue uno de los problemas importantes
que enfrentó la Comisión. Se elaboró un formulario (en esto, como en
otros temas, fueron importantes las experiencias de las fact-finding
commissions de la OEA) que además de los datos de filiación de las
personas involucradas, requería de los denunciantes una descripción
pormenorizada de los hechos (seguimientos, amenazas, secuestro,
detención), la posible información sobre la situación posterior de la
víctima y todas las referencias adicionales que pudieran ayudar a
determinar su suerte. El formulario también incluía una sección para los
datos eventualmente utilizables por médicos forenses."
"El flujo de familiares y
amigos de las personas desaparecidas fue impresionante. Sus relatos
desgarradores fueron consignados minuciosamente por los encargados
de recibir las denuncias. La tarea fue difícil y dolorosa."
"Las denuncias de las
personas detenidas-desaparecidas que habían sido liberadas, jugaron un
papel crucial. Sus declaraciones, no sólo permitieron ubicar los lugares
de detención de muchos detenidos-desaparecidos, sino la descripción y
posible ubicación de los centros clandestinos de detención. Dada la
extensión del país y ante la certeza de que hubiera casos no
denunciados, la Conadep instaló en la ciudad de Córdoba una sede y
autorizó a que en las ciudades de Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca
personas allegadas a ONGs y a asociaciones locales de abogados,
recibieran denuncias. Asimismo, se enviaron al interior del país grupos
formados por secretarios y empleados de la Conadep para recibir
denuncias."
"La Conadep recibió 7.380
denuncias de desapariciones. La nómina completa, publicada en el Anexo
al Informe, incluye los datos de casi 9.000 personas desaparecidas. La
diferencia numérica estriba en que con ayuda de ONGs y de organismos
nacionales, extranjeros e internacionales, se procesaron e incluyeron las
denuncias formuladas ante ellos y no formalizadas ante la Conadep. Al
dictarse leyes de reparación pecuniaria durante los gobiernos del
Presidente Alfonsín y del Presidente Carlos Menem, aparecieron nuevos
casos."
"El planeamiento y la realización de procedimientos para ubicar
documentos y testigos y, sobre todo, relevar la infraestructura operativa
del terrorismo de estado, fue otro problema importante. Se libraron unos
1.300 oficios de los cuales casi el 50 % correspondieron de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad. Las respuestas, en los casos en que se dieron,
siempre fueron reticentes. Además, el General Bignone (el último de los
presidentes de facto) había emitido un decreto ordenando la destrucción
de toda la documentación que tuviera que ver con la represión. Pese a
las numerosas diligencias practicadas, nunca se pudo encontrar una
documentación cierta sobre los operativos, el personal interviniente y las
personas detenidas-desaparecidas."
"Pese a esos intentos de
ocultar lo ocurrido, logramos reconstruir el modus operandi del
terrorismo de estado y relevar su infraestructura. Ellos están descriptos
en el Capítulo I del Informe. Se identificaron en el país unos 380 centros
clandestinos de detención, de los que el Informe ofrece descripciones
detalladas. La expresión centro clandestino de detención se usó de una
manera genérica. Una categorización más fina debería distinguir entre
los lugares (comisarías, cuarteles, oficinas de inteligencia, casas) en los
que se retenía por un tiempo a detenidos-desaparecidos, sometiéndolos
a interrogatorios, mal trato y tortura (propongo denominarlos centros de
detención clandestina), de los campos de concentración de detenidos-
desaparecidos (centros clandestinos de detención) en los que equipos de
expertos torturaban, violaban, destruían psicológicamente a sus víctimas,
iniciaban en algunos casos los llamados procesos de recuperación y
ordenaban, para la gran mayoría, el trágico traslado, es decir, la
culminación fatal del periplo. Son ejemplos paradigmáticos de esos
campos la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Olimpo,
Automotores Orletti, la Perla, la Ribera, Pozo de Banfield, Pozo de
Quilmes, Quinta Seré. Hay, por cierto, otros."
"Una tarea adicional de la Conadep fue elevar a la Justicia las denuncias
recibidas. No puedo entrar en las minucias jurídicas que hubo que
resolver ni la masa de documentación que hubo que procesar. Señalaré
que se adoptó el criterio de no presentar casos aislados (en la medida de
lo posible), sino reunir los casos que tenían como elemento común la
detención del detenido-desaparecido en alguno de los centros
clandestinos. La Conadep elevó a la justicia casi 1.100 casos. A mediados
de 1985, la Subsecretaría de Derechos Humanos completó la
presentación de la totalidad de las denuncias recibidas."
"El 20 de septiembre de 1984 la Conadep entregó su Informe al
Presidente de la Nación. En la Plaza de Mayo reinaba un clima atípico.
Casi sesenta mil personas esperaban ese momento simbólico. No había
pancartas de partidos políticos, no se oían cánticos, no se coreaban
consignas. Se hacía realidad lo que el Decreto de creación había
afirmado y previsto en sus considerandos: la cuestión de los derechos
humanos trasciende los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y
a la comunidad internacional con relación a la sociedad civil, debe
satisfacerse [su] interés legítimo de intervenir activamente en el
esclarecimiento de los trágicos episodios en los que desaparecieron miles
de personas. Los millones de televidentes, la multitud en la Plaza, los
miembros de la Conadep personificamos entonces a la sociedad civil,
encarnamos su renacimiento e hicimos oír su voz."
"La creación de la
CONADEP no fue un hecho aislado. Formó parte de la política de estado
decidida por el Presidente Alfonsín para revisar y juzgar el pasado
violento de la Argentina. Al asumir la presidencia el 10 de diciembre de
1983 Alfonsín anunció en el Mensaje a la Asamblea Legislativa que se
pondría en manos de la justicia la importante tarea de evitar la
impunidad y que el Gobierno se empeñaría en esclarecer la situación de
las personas desaparecidas."
"Traigo a cuento la Política
de Estado instaurada por el gobierno democrático, inédita en la manera
de encarar la herencia del pasado en las situaciones de transición
democrática, porque fue el marco en el que la CONADEP desarrolló su
tarea. El aporte que hizo, en ese sentido, fue sumamente importante. El
caudal de información que reunió resultó decisivo para que la Fiscalía
pudiera elaborar y formular en un lapso breve su acusación en el juicio a
las Juntas Militares (Causa 13, Cámara Federal de Apelación en lo
Criminal y Correccional de Buenos Aires, Abril 1985). También sirvió para
las acusaciones en otros juicios iniciados contra el personal de seguridad
y militar involucrado. Sin embargo, ese rol no afectó el funcionamiento
de la CONADEP como una comisión de la verdad. Influyó, en cambio, en
la amplitud de su cometido. No tuvo, como la Comisión de Verdad y
Reconciliación chilena, la misión de contribuir al esclarecimiento de la
verdad global sobre las más graves violaciones a los derechos humanos.
(Artículo Primero del Decreto Supremo N° 355/90), sino la de esclarecer
dos temas específicos: averiguar el destino o paradero de las personas
desaparecidas y determinar la ubicación de los niños sustraídos."
"La Conadep cumplió su
misión con seriedad. No sufrió condicionamientos políticos. No se
autocensuró. No practicó el protagonismo mediático. No se propulsó
ofrecer interpretaciones sesgadas de lo ocurrido. Condenó la violencia y
execró el terrorismo de estado. Informó con ascetismo lo que constató
("No usen adjetivos", nos recomendó Sábato a quienes teníamos a cargo
la elaboración del Informe). Ninguno de sus miembros pretendió
utilizarla para atesorar méritos personales Quizá por todo eso la Conadep
y "Nunca más" siguen siendo intocables en el turbulento escenario que
generó y sigue generando la herencia del pasado violento en la
República Argentina."
A 25 años de aquella
acertada decisión de constituir la Conadep, y en reconocimiento a la
tarea que sus integrantes desarrollaran, solicitamos la aprobación del
presente proyecto por parte de ésta H. Cámara de Diputados de la
Nación.-
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
AZCOITI, PEDRO JOSE | BUENOS AIRES | UCR |
PINEDO, FEDERICO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
MORINI, PEDRO JUAN | SANTA FE | UCR |
VARISCO, SERGIO FAUSTO | ENTRE RIOS | UCR |
AUGSBURGER, SILVIA | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
PEREZ, ADRIAN | BUENOS AIRES | COALICION CIVICA - ARI - GEN - UPT |
AGUAD, OSCAR RAUL | CORDOBA | UCR |
LANCETA, RUBEN ORFEL | BUENOS AIRES | UCR |
MORANDINI, NORMA ELENA | CORDOBA | MEMORIA Y DEMOCRACIA |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS (Primera Competencia) |
PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite en comisión(Cámara de Diputados)
Fecha | Movimiento | Resultado |
---|---|---|
18/11/2008 | ANÁLISIS DE PROYECTOS DE COMPETENCIA MIXTA | Aprobado por unanimidad en la parte de su competencia con modificaciones |
Trámite
Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
---|---|---|---|
Diputados | MOCION SOBRE TABLAS (AFIRMATIVA) | ||
Diputados | CONSIDERACION Y APROBACION | APROBADO |