Expresar preocupación ante los hechos intimidatorios hacia querellantes, testigos, familiares de víctimas de la dictadura militar y funcionarios del Poder Judicial que se están suscitando alrededor de los juicios por los crímenes de lesa humanidad que se desarrollan actualmente en la ciudad de Santa Fe y de Rosario, en la Provincia de Santa Fe.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento, en la provincia de Santa Fe y a más de 30 años de iniciada la más sangrienta dictadura militar que asoló nuestro país, comenzó a principios de este mes a tramitarse el primer juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe. Los procesos se llevan a cabo en los tribunales federales de la ciudad de Santa Fe y de Rosario.

Nuestra preocupación está motivada por una serie de hechos repudiables que se enmarcan en esta tardía pero no por ello menos importante búsqueda de justicia para los crímenes de la dictadura y que buscan intimidar a los testigos, familiares y funcionarios que están interviniendo en estos procesos judiciales. Vamos a mencionar algunos de los hechos denunciados recientemente:

- La esposa del Fiscal Federal José Ignacio Candioti, quien actualmente participa en la causa, halló en su despacho una foto trucada donde se ven afectados familiares directos de ambos, mensaje que se suma a una serie de correos electrónicos intimidatorios que venia recibiendo el funcionario en meses previos.

- El 31 de agosto del corriente en la ciudad de Rosario las Madres de la Plaza 25 de Mayo junto a los organismos de derechos humanos de dicha ciudad, se encontraban pugnando por ingresar al recinto de los Tribunales. En dichas circunstancias los presentes aseguraron que cuando al intentar cruzar las vayas de contención que había colocado la Policía Federal una de ellas, Herminia Severino, se cayó. Ante la caída de esta luchadora un integrante de la custodia de Gendarmería dispuesta para este juicio dijo "una menos", causando estupor e indignación a los que pudieron escuchar.

- Miembros de los organismos de Derechos Humanos pudieron advertir que el Personal de Gendarmería filmó y fotografió sin disimulo a los concurrentes al acto de apertura al juicio.

- El Tribunal permitió durante la audiencia que uno de los imputados, Daniel Amelong exhibiera una bincha donde se podía leer claramente la palabra "legalidad" y un portafolio en que se leía "CFK perdiste" en clara alusión a la Presidenta de la Nación, violentando claramente lo dispuesto por el artículo 369 del CPPN.

- Un miembro del organismo de derechos humanos Familiares de Desaparecidos aseguró que no se le permitió ingresar con un prendedor con la sigla de dicho organismo, que no tiene ninguna otra connotación que la de ser justamente, familiar de un desaparecido.

Creemos que estos hechos que mencionamos no deben ser leídos como hechos aislados, sino como una política de los sectores que quieren impedir a toda costa y bajo cualquier método que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona. Al respecto, dijo Elida Luna, presidenta del organismo de derechos humanos Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas: "Ningún familiar, ni víctima, ni ofendido por los crímenes de lesa humanidad por los cuales se encuentran acusados Guerrieri, Fariña, Amelong, Constanzo y Pagano realizó acto de provocación y/o intimidación alguno como los que viene permitiendo el Tribunal por ejemplo a Pagano, al que sólo observó en una oportunidad advertido por la reacción de quienes padecieron la intimidación del acusado." (1)

Como mencionamos al inicio de nuestra fundamentación, 32 años de lucha han sido necesarios para que se instrumenten estos juicios, 32 años de tesón incluadicable de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas junto a la sociedad han sido el impulso y la fuerza para que estos juicios se lleven a cabo. No ha sido sólo el poder político el que ha debilitado la posibilidad de Justicia durante estas décadas, también lo ha sido el Poder Judicial. No podemos permitir que este mismo Poder Judicial permita que una vez sentados en el banquillo de los acusados, estos genocidas sigan actuando con total impunidad.

Entendemos que es obligación de la Justicia instrumentar estos juicios y llevarlos adelante con la mayor celeridad posible (juicios a los que - no huelga recordar- las víctimas no tuvieron derecho bajo la bota de la dictadura), así como también garantizar la seguridad, la integridad y el derecho a expresión de quienes participan de los mismos en calidad de testigos, querellantes, familiares y público en general.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.