Dirigirse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que a través de los organismos que correspondan, se sirva informar a este Honorable Cuerpo sobre las siguientes cuestiones vinculadas con las acciones y omisiones correspondientes a sus políticas relacionadas con el respaldo y financiamiento de todo lo relativo al tema de Memoria y Derechos Humanos en el ámbito de su competencia, a saber:

A)Cuáles son los criterios con que se ha manejado, respecto de la ejecución y aplicación de las partidas presupuestarias de las que dispone en materia de Derechos Humanos en el ámbito de su Jurisdicción, justificando las razones de las decisiones adoptadas.

B)Si la ejecución de la partida presupuestaria aludida se corresponde a la fecha con el presupuesto asignado por ley, respetando la Autonomía Funcional- autarquía Económica financiera- del Instituto Espacio para la Memoria, señalando además si la misma ha sido ejecutada adecuadamente o subejecutada, indicando en su caso las razones de tal situación.

C) Por qué razón viene retrasando desde hace dos años la ejecución de obras en sitios de Memoria que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDT y E) durante la última dictadura militar.

D)Qué destino le ha dado a las de unidades retributivas -Urses- destinadas a pagar horas extras para recomponer salarios caídos en el marco de la atención del personal de los sitios mencionados.

E)Cuáles son las condiciones de empleo para los trabajadores del Instituto Espacio para la Memoria en punto a aumentos salariales postergados, plantas permanentes y situaciones contractuales en general.

F)Qué criterio utilizó para retener 5.000.000 millones de pesos de los 6.300.000 que la Legislatura había aprobado en el presupuesto 2010 para obras destinadas a la recuperación y preservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) ESMA, Automotores Orletti, Club Atlético, Olimpo y Virrey Cevallos, todos ellos ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Señor presidente:

Distintas organizaciones sociales realizaron en el mes de Junio una conferencia de prensa en la Legislatura porteña para denunciar la restricción que pesa sobre las partidas presupuestarias destinadas a las áreas de derechos humanos. El recorte viene trabando desde hace dos años la ejecución de obras en sitios de Memoria que funcionaron como centros clandestinos de detención y la utilización de unidades retributivas -Urses- destinadas a pagar horas extras para recomponer salarios caídos. Además, se vienen reclamando condiciones dignas de empleo para los trabajadores precarizados.

Ana María Careaga, titular del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que funciona en el ámbito de la CABA, explicó a Página/12 que la Legislatura había aprobado en el presupuesto 2010 una partida de 6,3 millones de pesos para obras destinadas a la recuperación y preservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), pero que unos 5 millones de pesos fueron restringidos por el Gobierno macrista, quedando tan sólo 1,3 millón de pesos para realizar tareas en los espacios de preservación de la memoria ubicados en la Ciudad Autónoma: ESMA, Automotores Orletti, Club Atlético, Olimpo y Virrey Cevallos.

"Resulta imposible llevar adelante obra alguna con ese monto", explica Careaga. La matemática no falla: finalmente, fueron asignados unos 260 mil pesos para cada centro, dinero que sólo alcanzó para realizar tareas mínimas de refacción y conservación. "La política presupuestaria del macrismo vulnera la autonomía y autarquía del instituto y la Ley de Presupuesto aprobada por la Legislatura", sostiene Careaga. Además de presentar el reclamo correspondiente ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, la titular del organismo encargado de implementar políticas públicas de Memoria en la ciudad destaca que se denunció el recorte "ante los juzgados donde se llevan adelante los juicios por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado", porque esa situación "vulnera también las medidas de no innovar que los juzgados dictaron para estos sitios".

"De hecho, el juez (Daniel) Rafecas envió un pedido de informes en 2009 al Ministerio de Hacienda del Ejecutivo porteño para interiorizarse sobre cómo se estaban llevando adelante las obras", agrega.

El IEM fue creado en 2002 por la ley 961 de la Legislatura que establece, entre otras atribuciones, que el Poder Ejecutivo porteño es el responsable de facilitar los fondos para su funcionamiento y que el Instituto debe ser concebido, precisamente, como un ente autárquico en lo económico y con autonomía en los temas de su incumbencia.

Sin antecedentes de instituciones similares en el ámbito de la Ciudad, este organismo trabaja en el resguardo y la transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado en Argentina; en la preservación y mantenimiento de aquellos espacios donde se ubicaron los CCDTyE. La situación de precariedad económica se traslada también a los contratos del personal que cumple funciones en esos espacios, porque, para ellos, también se encuentra restringido el presupuesto por el Ejecutivo porteño.

Las autoridades del IEM explican que el pedido para que se le otorgue presupuesto y así poder contar con una planta de personal que contemple el respeto a los derechos de los trabajadores viene de larga data. "Hoy las partidas de contrato no nos alcanzan para pagar los sueldos de todas las personas que trabajan en la institución", evalúa Careaga.

Entretanto, desde el Gobierno de la Ciudad admiten que efectivamente fueron presupuestados 5 millones de pesos y que el IEM ya tiene a disposición 1,3 millón de pesos, del cual ha utilizado hasta la fecha 300 mil pesos. El dinero restante -aseguran- se irá depositando durante el resto del año.

Por su parte y respecto de la situación laboral La Junta Interna Subsecretaría de Derechos Humanos e Instituto Espacio para la Memoria ATE-CTA, en dicha conferencia de prensa, exigió un aumento salarial. Ya en diciembre de 2009 se anunció una recomposición salarial para los trabajadores del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) con modalidad de contrato 948 y 959, a implementarse a partir de enero de 2010. Por otro lado, la Subsecretaría de Derechos Humanos informó que solicitó la misma recomposición salarial.

En síntesis, y tal como ha demostrado el gobierno del Ingeniero Mauricio Macri en numerosos temas vinculados con la protección de los derechos humanos -incluyendo el veto a leyes específicas en la materia-, se torna imperativo interrogarlo sobre las razones por las que desatiende o ignora el relevante instituto creado para proteger los sitios de Memoria- creados a imagen y semejanza de los establecidos por otras comunidades civilizadas del mundo-, subejecutando partidas y poniendo en peligro la preservación misma de los ex CCDTyE, contradiciendo con ello reiteradas medidas judiciales que han ordenado su conservación.

Si bien no sorprende esta actitud de quien, como Macri, ha demostrado un profundo desprecio por la Memoria de lo acaecido en nuestro país durante el Terrorismo de Estado, y ha avalado -explícita o implícitamente- las políticas de persecución, represión y exclusión sucedidas entonces, reiterándolas incluso en sus violentos desalojos de los vecinos que carecen de vivienda y en la recurrencia a fuerzas de choque como lo fue la UCEP en el marco del espacio público porteño, es deber de esta H.Cámara solicitar las informaciones que hagan al conocimiento detallado de tal despropósito, a fin de ejercer las atribuciones constitucionales pertinentes en materia de protección de los derechos humanos en todo el ámbito nacional.

Por las razones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto.