Expresar su más enérgico repudio a las brutales torturas policiales infligidas a integrantes de las comunidades Wichi y Chorote en la ciudad de Tartagal, Salta, hechas públicas por sus víctimas a partir de los días 9 y 10 de mayo próximo pasado.

Señor presidente:

Los días 9 y 10 de mayo próximos pasados las víctimas de gravísimos hechos de torturas en Tartagal, Salta hicieron públicos sus padecimientos

Entre otras agresiones y otros detenidos, Mariela Aramayo, Luis Gabriel Campero y las menores Claudia García y Rebeca Andrada (15 y16 años respectivamente), fueron salvajemente torturados en medio de insultos racistas, durante una enorme cantidad de horas, siendo acusados y presionados para declarar, acerca de un crimen que no cometieron.

En la madrugada del 2 de mayo Evangelina Pisco cae, a la salida de un boliche en una boca de registro cloacal de la empresa Aguas del Norte SA que según vecinos del lugar se hallaba destapada, desde hacía meses.

Desde el primer momento, Mariela Aramayo, que vió cómo su prima caía en el pozo y avisó a los gritos, no fue tenida en cuenta

Se construyó en cambio la hipótesis del "asesinato" a partir de las afirmaciones de la empresa de que "por ese hueco no entraba un cuerpo", hipótesis que se cae cuando tras la presión y movilización de la comunidad Wichi y Chorote, se busca, se encuentra y se inhuma el cuerpo de Evangelina, que había caído al pozo.

Recién en ese momento comienza para las víctimas a desandarse, parcialmente, un calvario de declaraciones autoincriminatorias, extraídas bajo torturas aberrantes, hechos que motivan el pedido de nulidad de las actuaciones y el procesamiento de los miembros de de la policía salteña más directamente implicados

Una vez más, ante casos de tortura que ofenden la condición humana, no puede aceptarse ningún deslinde liviano de responsabilidades jurisdiccionales.

Ya el 10 de diciembre de 2004 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expresó su preocupación por "La no implementación uniforme de la Convención contra la Tortura en las diferentes provincias del territorio del Estado Parte, como asimismo la ausencia de mecanismos para federalizar las disposiciones de la Convención aún cuando la Constitución del Estado Parte les otorga rango constitucional"

Asimismo el comité fue enfático al resaltar la necesidad de que el Estado Argentino "...garantice que las obligaciones de la Convención sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones provinciales, con el objeto de velar por una aplicación uniforme de la Convención en todo el territorio del "Estado parte", destacando especialmente que "...la responsabilidad internacional del estado incumbe al Estado Nacional aunque las violaciones hayan ocurrido en las jurisdicciones provinciales"

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.