Expresar su más enérgico repudio por la gravedad de los hechos de amedrentamientos y amenazas que sufrieron los denunciantes, familiares, testigos y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, en el marco de la investigación y enjuiciamiento de los agentes y funcionarios de la Unidad Penitenciaria nº 9 de la ciudad de La Plata por los hechos ocurridos durante la última dictadura militar, y ante la manifiesta inoperancia que ostentan los funcionarios pertenecientes a las fuerzas de seguridad competentes para prevenir la perpetración de estos ataques.-

Señor presidente:

Han tomado estado público hechos de gravedad institucional en la ciudad de La Plata. Allí, en el marco en el que se sigue adelante el juicio por la violación de derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar contra presos políticos en la Unidad Penitenciaria nº 9, dos ex presos políticos, la hija de un matrimonio desaparecido y un psicólogo de la Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) denunciaron que sufrieron amenazas e intimidaciones. Las víctimas de los hechos presentaron la correspondiente denuncia penal y requieren del estado nacional y provincial que profundicen los actuales sistemas de protección y contención de testigos y víctimas, para que los tornen efectivos.-

Las denuncias refieren a cuatro casos: los testigos Juan Scatolini y Eduardo Caldarola; Eleonora Mogilner, hija de padres desaparecidos y sobrina de Guillermo Mogilner, quien ya declaró como testigo en el juicio; y el psicólogo del CODESEDH, Enrique Fidalgo, quienes, con distintas metodologías de amedrentamiento, fueron víctimas de amenazas e intimidaciones.-

Existe una notoria coincidencia entre las personas afectadas, todo el arco de organizaciones defensoras de derechos humanos y el movimiento social y amplio que los acompaña, en el sentido de identificar las motivaciones que se encuentran detrás de estos hechos. Así lo han sintetizado: "Estos hechos no sólo están dirigidos a las personas que los sufrieron, sino también al conjunto de los testigos y de la sociedad para reinstalar el miedo como una forma de presión".-

Estos hechos se dan en el contexto político que brinda aún la ausencia de Julio López. La gravedad, se destaca por sí misma y nos exime de mayor fundamentación. Y no debemos olvidarnos que son ocho los procesos abiertos en la Argentina en estos momentos, y se requiere del máximo del cuidado y protección sobre todos y cada una de las personas que asisten a prestar su testimonio y su compromiso, para poder obtener verdad y justicia.-

En orden a este desamparo, es central recordar a los más altos funcionarios encargados de la seguridad en la República Argentina, la necesidad para la salud de las instituciones que cumplan con hechos, y no con discursos, los compromisos que la función les exige para evitar la concreción de hechos agraviantes para la democracia.-

Como consecuencia de ello, es que en cumplimiento con la alta responsabilidad institucional con que nos ha investido el pueblo de la Nación Argentina, la trascendencia que tiene para la sociedad el poder saber toda la verdad de los hechos relacionados a la violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, es que solicitamos al resto de los legisladores acompañen la presente iniciativa.-