Su profunda preocupación por las medidas persecutorias sufridas por familiares de Álvaro Illanes, denunciante en la causa judicial por presuntos delitos de lesa humanidad que involucra al Jefe del Estado Mayor General del Ejército Teniente General César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani.

Señor presidente:

Días atrás, familiares de Álvaro Illanes, quien acusó al jefe del Ejército, César Milani, de haber participado en su detención durante la última dictadura militar, presentaron un amparo para denunciar que son perseguidos por el gobierno de La Rioja.

Frente a un paro docente por reclamos salariales y la toma de una escuela que duró más de 30 días, entre los 8 imputados ante la Justicia, llamativamente 5 forman parte de la familia Illanes: Álvaro y Juan Carlos Illanes, denunciantes en la causa Ledo, denunciados ante la Justicia e impedidos de acercarse a la escuela; Norma Illanes de Ticac, hermana de los anteriores y Directora de la Escuela Normal de Chilecito, sumariada y suspendida de su cargo; Karina Illanes, hija de Norma y docente de misma la escuela, también imputada; y Diego, docente de tres escuelas e hijo de Juan Carlos, sumariado y suspendido de las tres escuelas.

Si encadenamos estos hechos con la cesantía de María Elena Reynoso como titular del AFSCA en La Rioja, con motivo de ser abogada querellante en las tres causas de lesa humanidad en las cuales es investigado el jefe del Ejército, el hackeo del mail del periodista Julio Aiub Morales, luego de escribir una nota sobre la causa Ledo, y extraños casos de amedrentamiento y amenazas a testigos, fiscales y jueces de las causas, no cabe ninguna duda que estamos frente a un mega operativo de encubrimiento de Milani, con operaciones de inteligencia prohibidas por la ley y del cual el gobernador Luis Béder Herrera es su brazo ejecutor en la provincia de La Rioja.

El programa de protección de testigos, en el caso de La Rioja, no funciona; cada día son más quienes poseen información que compromete a Milani que temen enfrentarse y sufrir las represalias de los gobiernos provincial y nacional, y de todo el aparato de inteligencia desplegado por el Jefe del Ejército.

No deja de generarnos estupor como este Gobierno, que hizo de los derechos humanos un eje central de su relato, pretenda encubrir y sostener en su cargo a un personaje como Milani. Cada día aparecen nuevos testigos y pruebas que comprometen al Jefe del Ejército Milani, por lo cual, si hoy todavía no está procesado, es porque el kirchnerismo tomó la decisión política de garantizarle la impunidad.

En reiteradas oportunidades manifestamos que no dejaban de generarnos suspicacias y sospechas, cuanto menos, la vara con la que se mide a quienes se guarecen en la sombra del poder kirchnerista y quienes transitan otras veredas políticas e ideológicas.

Pero a esta altura, esas sospechas son certezas, dado que episodios como los descriptos son reiterados, evidentes, sistemáticos y demostrativos de la existencia de operaciones de inteligencia contrarias al estado democrático de derecho y la ley 25.520.

Estamos frente a otro hecho que desnuda la hipocresía del relato kirchnerista sobre los derechos humanos: mientras tratan de encontrar nuevos cómplices con la dictadura todos los días, sostienen a rajatabla a un represor al frente del Ejército, porque les garantiza la realización de inteligencia interna sobre ciudadanos, periodistas y opositores, cercenando la libertad de prensa y las garantías constitucionales, y absolutamente contraria a las leyes fundamentales que regulan nuestro estado de derecho.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.