Expresar su más enérgico repudio a los dichos de José Manuel de la Sota, Gobernador de la Provincia de Córdoba, el pasado 22 de mayo en una entrevista televisiva, sobre la política de Estado de derechos humanos, y en los que expresaba que "Argentina necesita un baño de reconciliación" y proponía una negociación con los autores de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar;

Recordar que esta Cámara de Diputados aprobó en su sesión del pasado 12 de mayo de 2010 la declaración por la cual se asegura el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable;

Acompañar a los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y querellantes de la provincia de Córdoba que actualmente se encuentran participando del juicio conocido como "La Perla, La Ribera y D2", donde 45 imputados son juzgados por las violaciones a los derechos humanos de 417 víctimas en esos centros clandestinos de detención.

Señor presidente:

El 22 de mayo del presente año, en una entrevista televisiva por canal 26 que le realizara el periodista Alfredo Leuco al Gobernador de la Provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota (y a raíz de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en los lugares de detención de su provincia), el gobernador enunció diversas manifestaciones que expresan una posición repudiable y anacrónica sobre la política de derechos humanos que se viene sosteniendo en la Argentina.

"Argentina necesita un baño de reconciliación"; (el gobierno nacional desarrolla) "una política del resentimiento; en vez de negociar para conseguir la información necesaria se dedicó a amenazarlos (a los represores) diciéndoles 'los vamos a reventar'". Propone que para "descubrir la verdad en serio" se debería haber hecho "como en otros países: 'Te ofrezco reducirte las penas si me decís realmente dónde están los que nos faltan'"; "Quebrar la coalición de los torturadores asesinos del terrorismo de Estado"; "Soy de los que creen que la Argentina necesita un baño de reconciliación. Yo no daría un paso atrás en los derechos humanos, daría uno adelante".

Todas estas consideraciones fueron repudiadas por los organismos y referentes de derechos humanos, ya que menosprecia la lucha de las Abuelas, Madres, Hijos, Familiares y sobrevivientes que durante estas tres décadas siguen esperando que se imparta justicia a cada uno de los genocidas de la última dictadura cívico militar.

En la sesión del 12 de mayo de 2010, y en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, todos los bloques de esta Cámara de Diputados aprobaron un proyecto de declaración presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Esta declaración expresa "el repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado y asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable que debe completarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso. Esta política de memoria y justicia que nos distingue hoy como país en la comunidad internacional representa una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto".

Creemos que es fundamental recordar este compromiso aprobado por todos los bloques, en el mismo recinto en el que alguna vez se dictaron las leyes de impunidad, y expresar este mismo compromiso en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia, cada vez que haya una demostración, como las palabras de de la Sota, o intento de nueva impunidad.

A su vez, es de suma importancia acompañar a todos los organismos de la Provincia de Córdoba, sobrevivientes, familiares, querellantes y abogados que, gracias a su continuo trabajo y lucha están llevando a cabo en estos momentos el juicio conocido como "La Perla La Ribera D2" (Nro. 136/09), y en donde están siendo juzgados ACOSTA, Jorge Exequiel, ANTÓN, Herminio Jesús, ANTÓN, Mirta Graciela, BARREIRO, Ernesto Guillermo, BRITOS, Hugo Cayetano, BRUNO LABORDA, Guillermo Enrique, CERUTTI, Juan Carlos, CHOUX, Alberto Luis, CONTRERA, Raúl Alejandro, DÍAZ, Carlos Alberto, DIEDRICHS, Luis Gustavo, FIERRO, Raúl Eduardo, FILIZ, Antonio, FLORES, Calixto Luis, GÓMEZ, Miguel Ángel, GRANDI, Eduardo, HEREDIA, Jorge Omar, HERRERA, José Hugo, JABOUR, Yamil, LARDONE, Ricardo Alberto Ramón , LAROCCA, Carlos Delia, LEMOINE, Miguel Ángel , LÓPEZ, Arnoldo José, LUCERO, Alberto Luis, LUNA, Marcelo, MANZANELLI, Luis Alberto, MELFI, Francisco José, MENÉNDEZ, Luciano Benjamín, MOLINA, Juan Eduardo Ramón, MONTI, Carlos Edgardo, MORARD, Emilio, PADOVÁN, Orestes Valentín, PASQUINI, Ítalo César, PÉREZ, Fernando Andrés, QUIJANO, Luis Alberto Cayetano, ROCHA, Ricardo Cayetano, ROMERO, Héctor Raúl , TÓFALO, José Andrés, VEGA, Carlos Alberto, VEGA, Juan Eusebio , VELEZ, José Idelfonso, VERGEZ, Héctor Pedro, VILLANUEVA, Carlos Enrique y YANICELLI, Carlos Alfredo, por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 417 personas que pasaron, durante la última dictadura cívico militar, por algunos de estos tres centros clandestinos de detención, juicio en el cual alrededor de 700 testigos aportarán su testimonio.

Por una reivindicación de esta política de derechos humanos que, impulsada desde el año 2003, allanó el camino para el juicio y castigo a todos los represores, y porque esta política de derechos humanos fue ratificada como política de Estado por esta Cámara, es que solicito a mis pares acompañen este proyecto de resolución.