Su más enérgico repudio a una nueva agresión sufrida por la Sra. Sonia Torres, titular de la Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, efectuada el 22 de junio próximo pasado.

Señor presidente:

El pasado 13 de marzo del corriente año la Cámara de Diputados de la Nación en su totalidad repudió un hecho de violencia sufrido por una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo Regional Córdoba, la Sra. Sonia Torres.

Pese a ello, con estupor hemos asistido a un nuevo hecho repudiable como ha sido la grave intimidación perpetrada en la vivienda de Sonia Torres, en horas de la noche del pasado jueves 22 de junio, cuando, hasta ahora de manera inexplicable, la guardia policial que tiene asignada por el Gobierno de la Provincia, no se encontraba en el lugar como era su obligación.

Y este estupor, Sr. Presidente, se transforma en indignación cuando se conoce que desde la misma noche del hecho, la Policía de la Provincia de Córdoba tuvo conocimiento del mismo, haciéndose presente en el lugar a raíz del llamado que le efectuara, desde la propia casa de la víctima, un vigilante privado que acudió al lugar de los hechos enviado por una vecina de Torres, sin que hasta la fecha haya comunicado tal situación a la Justicia. Es más: el Sr. Fiscal interviniente en la investigación de la brutal golpiza que recibiera Sonia Torres el 13 de marzo del corriente año, mientras se encontraba en el domicilio de su hija, en esta oportunidad actuó de oficio alertado por la aparición de la noticia en distintos medios periodísticos de Córdoba el día 29 de Junio de 2006.

Cabe destacar aquí que el caso de Sonia no es el único ocurrido. Porque, precisamente desde el 13 de marzo de este año, se han sucedido una serie de amenazas contra distintos ciudadanos cordobeses comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos y además, también ha sido amenazada en días recientes, la Dra. Graciela López de Filoñiuk, Fiscal Federal interviniente en las causas en las que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en épocas del terrorismo de estado. Así, Sr. Presidente y sucesivamente, han recibido amenazas, además de Sonia Torres, el periodista Mariano Saravia, la ex-detenida política Ana Mohaded, los directores teatrales Gonzalo Biffarella y Sonia Gilli, el abogado Claudio Orosz, la fiscal Graciela López de Filoñuk y el Director de Derechos Humanos de la Municipalidad, Miguel Baronetto, además del sospechoso robo perpetrado en el estudio del abogado Juan Carlos Vega. Como si ésto fuera poco, al momento en que se elabora este Proyecto de declaración, ha trascendido públicamente la amenaza recibida por la abogada María Teresa Sánchez, que más que una amenaza, parece una sentencia: "...te estamos diciendo que te vamos a matar".

Mientras los hechos relatados han ocurrido y siguen ocurriendo, Sr. Presidente, desde marzo de 2006 a la fecha ninguno de ellos ha sido esclarecido ni se ha dado con los responsables de semejante accionar delictual. Es esta situación la que permite advertir la incapacidad demostrada para esclarecer las intimidaciones y agresiones contra militantes de derechos humanos, abogados y periodistas.

Es esta "impunidad" la que incita a los nostálgicos del terrorismo de estado a seguir perpetrando amenazas pese a que la sociedad argentina viene demostrando un fuerte compromiso en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Hechos de esta naturaleza, que se siguen reiterando en Córdoba sin que se ofrezca una respuesta compatible con la defensa plena de los derechos humanos que desde el plan del Gobierno nacional ha quedado instaurada como política de Estado y, por tanto, obliga a todos los poderes públicos nacionales y provinciales a actuar de consuno para su consolidación, nos obliga a este enfático repudio.

Por todo lo expuesto, pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.