Expresar repudio, preocupación y pesar por el asesinato de Beatriz Cariño, la militante integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Directora del Colectivo Cactus, y de Tyri Antero Jaakkola, observador internacional originario de Finlandia, el pasado 27 de abril de 2010, en Oaxaca, México, mientras participaban de una Caravana Humanitaria para la Comunidad Indígena Triqui.

Señor presidente:

Beatriz Cariño integraba el Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), y el Centro Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS). A fines de abril ella y un observador finlandés fueron asesinados cuando integraban una comitiva por los Derechos Humanos, en particular de las comunidades indígenas, por paramilitares involucrados en conflictos políticos del estado de Oaxaca.

La Caravana de Observación de Derechos Humanos intentaba llevar ayuda humanitaria a la Comunidad Autónoma Triqui del municipio San Juan Copala en la comunidad "La Sabana", del estado mexicano señalado, que se encontraba cercada por miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en contra de los indígenas triquis. Desde el mes de enero los niños se encuentran sin escuelas y la comunidad sin energía eléctrica, ni agua potable ni médicos, viviendo el continuo acoso del grupo paramilitar quien ha cerrado todo acceso al poblado. En la agresión armada contra los vehículos de la caravana también se registran desaparecidos y heridos, entre ellos extranjeros y reporteros de los medios de comunicación.

Cono referente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Beatriz Cariño fue participante activa en la oposición al proyecto minero San Xavier, organizando numerosas actividades para denunciar los atropellos de las trasnacionales mineras en Oaxaca. El 24 y 25 de abril Betty participó en el encuentro nacional de la REMA efectuado en cerro de San Pedro, y la madrugada del lunes 26 salio de la ciudad de San Luis Potosí rumbo a Oaxaca para integrarse a la caravana rumbo a San Juan Copala.

Las organizaciones convocantes a la Caravana Humanitaria denuncian como responsables al grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT). Señalan que actualmente San Juan Copala está cercada y no se puede entrar o salir, impidiendo el acceso a la comunidad.

Exigen a las autoridades estatales y federales su inmediata intervención para garantizar la vida e integridad de quienes se encuentran en el lugar, así como las/los defensores y defensoras amenazados, integrantes de la organización CACTUL y VOCAL. Reclaman que el gobierno estatal asuma su responsabilidad de proteger a los defensores de los derechos humanos. La ausencia de la Secretaría de Gobierno del estado, de la Procuraduría Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal agravan aún más la de por sí violenta situación y por ende, la violación a los derechos humanos de quienes integraban la Caravana, al no intervenir inmediatamente después de las primeras informaciones sobre el ataque, ni hacer nada para sacar a los heridos o localizar a los desaparecidos.

Sostienen que los hechos ocurridos deben ser investigados y las autoridades deben ofrecer protección y garantías de seguridad a quienes viven y trabajan en la zona.