Por constituir un atropello a la lucha histórica que vienen llevando adelante las organizaciones de derechos humanos de nuestro país, repudiar el nombramiento de los marinos retirados Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio como gerente y subgerente de Prevención, Protección y Seguridad en la empresa estatal Intercargo S.A.C. por estar denunciados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Solicitar a los funcionarios del Estado Nacional que corresponda proceda a la inmediata remoción de Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio.

Solicitar al Poder Judicial de la Nación investigue inmediatamente la participación en los crímenes de lesa humanidad de los denunciados Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio, conforme a lo solicitado por el mismo Ministerio Público Fiscal.

Señor presidente:

El gobierno nacional, mediante la resolución 53/2016, designó como nueva dirección de la empresa Intercargo SAC a Pedro Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio como gerente y subgerente de Prevención, Protección y Seguridad de la empresa, que opera en rampas y servicios de tierra de los aeropuertos de todo el país.

Ambos son marinos retirados que formaron parte de la estructura represiva que funcionó durante la última dictadura cívico militar cumpliendo funciones operativas en la Escuela de Infantería de Marina, la ESIM con asiento en la ciudad de Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires. El director de esta Escuela al servicio de la represión, Mario José Osvaldo Fórbice fue juzgado y condenado a perpetua por la comisión de crímenes contra la humanidad, torturas, asesinatos y exterminio sistemático de personas. Ahora su personal, activo en la época, ocupa cargos públicos al servicio del estado democrático.

La gravedad de los nombramientos en Intercargo, una empresa estatal cuyo capital accionario está constituido en un 80% por el Ministerio de Economía y un 20% por el Ministerio de Defensa, en cargos tan altos como gerencia y contrata a Piaggio y Giromini, radica en que la participación de ambos durante la dictadura fue expresamente dado a conocer a la Justicia durante el trámite de una causa federal.

En el año 2012, el Ministerio Público Fiscal, al probar la participación de Fórbice en el campo de exterminio mencionó a uno de ellos como parte del plan genocida instaurado, sin embargo, el poder judicial, no avanzó en la investigación que pondría a Piaggio en el banquillo de los acusados.

Los nombres de Piaggio y Giromini fueron nombrados en el juicio oral conocido como Base Naval II que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mar del Plata y cuyo veredicto fue dictado en febrero de 2013. Fue en el marco de ese juicio donde la fiscalía probó la participación de los miembros de la ESIM entre 1976 y 1978 en el plan sistemático de exterminio, donde ambos cumplieron funciones operativas. En dicho lugar, se formaban a militares infantes y el propio Piaggio era quien alentaba a los reclutas a luchar contra la subversión, allí se desempeñó como jefe de orientación de Infantería de II, en su carácter de Jefe de Sección Marineros y luego, como instructor. La formación de los estudiantes, al igual que la ESMA y otros centros clandestinos de detención y exterminio, consistía también en convertirlos en parte fundamental de las patotas que procederían a los secuestros de miles de compañeros detenidos desaparecidos. La vinculación entre la ESIM y la ESMA también quedó probada por la cantidad de traslados hacía uno y otro centro, de compañeras embarazas, y también de marinos que revistieron en ambos sitios.

“Una de las tareas del ESIM fue abastecer a los Grupos de Tareas de pelotones destinados a patrullar espacios urbanos y rurales. Eran hombres calificados para operar en el territorio que recibieron entrenamientos de parte de ‘instructores’”. La instrucción fue uno de los puestos de Piaggio. Las calificaciones que él mismo hizo durante ese período, permiten ver “un rol activo que no sólo queda demostrado porque fue calificado sino porque también dirigió calificaciones de subordinados que eran los muchachos destinados a ‘reventar’ las casas. Nombres que están ligados a lo que llamaron ‘lucha contra la subversión´” declaró la Dra. Soiza Reilly, fiscal ad hoc del juicio Base Naval Mar del Plata al diario Página 12.

En el legajo de Enrique Mauricio Piaggio, quedaron plasmados los elogios que tuvo durante su estancia, en el que se destacó “por haber sido voluntario en operaciones contra la subversión sacrificando momentos de descanso y demostrando gran entusiasmo.” Estos informes fueron firmados por el mismo Fórbice, y también por Alejandro Giromini, hermano de ahora gerente de Intercargo.

Pedro Eduardo Giromini, por su parte, revistó en Puerto Belgrano y la Escuela Naval Militar de Río Santiago en Ensenada, cuyo legajo destaca que era un suboficial “excelente” para las actividades operativas. Su legajo fue remitido a la justicia federal de Bahía Blanca en 2008. Fue reconocido por un testigo de identidad reservada que recordó que entre 1978 y 1979, Giromini iba muy seguido a un calabozo escondido en los médanos,

En la dictadura, pasó de teniente de corbeta a teniente de fragata entre 1976 y 1979. Y de acuerdo con su legajo tuvo entre sus destinos la Escuela Naval Militar de Río Santiago entre el 16 de enero de 1977 y el 27 de enero de 1978. Allí estuvo en la Compañía de Vigilancia y Seguridad, una estructura que contenía a los grupos operativos. En 1977 aparece como calificador de un infante de marina operativo de la Fuerza de tareas 5, donde destacó su capacidad de combate frente al enemigo.

Las actividades operativas, como ha quedado probado en los distintos juicios que se llevan adelante, se trataba de un eufemismo para referirse a las patotas que salían a secuestrar a militantes políticos, que serían torturados, desaparecidos o asesinados al pasar por el centro clandestino de detención.

No resulta un dato menor que los nombramientos que impugnamos, lleven la firma del nuevo gerente general de Intercargo, Mario Dell’Acqua, ex directivo de Techint y también egresado del liceo naval militar Almirante Guillermo Brown. Los perpetradores del genocidio cometido en Argentina, se han reciclado en democracia, convirtiéndose en empresarios, especialmente en temas de seguridad, o permanecieron en el silencio del anonimato, pero en este caso tiene la perversa particularidad que no solo están impunes, sino que es el mismo estado quien los contrata para puestos gerenciales, con salarios seguramente muy elevados, en un contexto de ajuste donde la crisis es pagada por los trabajadores con despidos y cesantías.

Estos nombramientos se enmarcan en una orientación más general de reconciliación con los genocidas que ya había comenzado el gobierno kirchnerista (Milani, Berni, cierre o postergación de numerosas juicios importantes) y que ahora viene a profundizar hasta el final el gobierno macrista, retomando la fenecida teoría de los dos demonios y las reuniones que se llevaron adelante con agrupaciones en defensa de los genocidas. El gobierno macrista pretendió introducir la posibilidad de que los genocidas accedan al beneficio de “canjear” información por impunidad, a través de la figura del arrepentido. A criterio del juez de turno, los represores podrían obtener rebajas de sus condenas e incluso, su eximición. Un camino directo hacia la impunidad. El repudio de las organizaciones de derechos humanos obligó a un compromiso de quitar esto de la ley del arrepentido.

El gobierno nacional, que, como sus antecesores, sigue manteniendo en secreto los archivos de la dictadura que podrían arrojar luz sobre los autores y víctimas de la dictadura, no tiene el menor reparo en poner al frente de la empresa estatal a dos de los acusados de genocidio, quienes además, estarán a cargo de un área sensible para la seguridad nacional.

Sostener a Giromini y Piaggio en los cargos es un retroceso en la inclaudicable lucha de sobrevivientes, familiares, y organismos de derechos humanos, que durante 40 años han perseguido el juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros detenidos desaparecidos.

Alertamos también el letargo judicial que no en estos casos, no ha avanzado un ápice en la investigación que sin dudas terminaría en una condena de los nombrados Piaggio y Giromini, de probada participación operativa durante la dictadura militar. A 40 años del golpe genocida, los juicios siguen desarrollándose a cuenta gotas y los archivos permanecen cerrados, por los que siguen siendo las propias víctimas del accionar genocida y los organismos de derechos humanos sobre quienes pesa la carga de acompañar la prueba que pueda lograr la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas por todos los compañeros.

Por todas estas razones solicitamos a los señores diputados/as la aprobación del presente proyecto.