Constitúyase el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 6° y concordantes de la Ley N° 26.827/2012 que crea el MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.

Señor presidente:

En el año 1986 se aprobó la Convención contra la tortura que adquirió jerarquía constitucional en 1994. En el 2002 se adoptó el Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y en el 2004 fue aprobado por Ley N° 25.932.

Por su parte el 28 de Noviembre de 2012 se sancionó la Ley N° 26.827 que crea el MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, reglamentada por el decreto 465/2014, publicado en el Boletín Oficial en el año 2014.

Esta Ley tiene como fin el de garantizar todos los derechos enmarcados en la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos crueles.

Con la ratificación de esta ley, Argentina continúa adecuando su legislación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y fortaleciendo herramientas que permiten velar por la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.

Nuestro país se constituye como el primero en Latinoamérica en ratificar el Protocolo a la Convención contra la tortura.

Luego de la reglamentación de esta Ley, el Secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda resaltó en una oportunidad: "No es casualidad, es fruto de la incesante trabajo del Estado argentino en su política de ampliación de derechos y su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".

Podría agregarse a lo dicho por el Secretario, que esto también es producto de la necesidad de nuestro país en poner límites a estos hechos aberrantes cometidos en varias ocasiones con el aval del Estado. Tal es el caso del 16 de julio de 2011. Brian Núñez Valenzuela sufrió diversas torturas físicas por parte de tres agentes penitenciarios, consistentes en golpes de puño, bastonazos, puntapiés y pisadas en todo el cuerpo - particularmente en los tobillos y pies-, mientras era sujetado en posiciones forzadas mediante la utilización de 3 esposas distintas.

Si bien con respecto a este caso ya ha actuado la Justicia, siendo el Tribunal Oral en lo Federal 1 de San Martín quien ha condenado a estos tres agentes penitenciarios con penas de hasta 9 años de prisión, también es cierto que una ley de tal importancia como la que estamos hablando serviría para prevenir este tipo de casos, lo cual surge de su propio nombre.

Esta ley instituye el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y estará integrado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal de Mecanismos Locales, los mecanismos locales y otras instituciones interesadas en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tendrá amplias facultades para realizar visitas sorpresivas a todo lugar de alojamiento forzoso, recopilar y sistematizar información sobre la situación de personas privadas de la libertad. También podrá requerir documentación, reunirse con familiares de las personas

vadas de libertad; citar a funcionarios o empleados de los lugares de encierro, entre otras atribuciones. También actuará como órgano rector, articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El problema es que hasta el día de la fecha dicho Comité no se ha constituido.

La constitución del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles constituye un relevante paso en la lucha contra la tortura en las instituciones de encierro de todo el país. Conforme el Art. 11° de la Ley, el Comité contará con 13 miembros: seis representantes parlamentarios -no legisladores-, dos por la mayoría y uno por la primera minoría de cada Cámara del Congreso; el procurador penitenciario y dos representantes de los mecanismos de prevención locales, elegidos por el Consejo Federal de mecanismos locales, también creado por la ley. Además se elegirán tres representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a esta problemática, que deberán pasar por audiencias públicas y ser aprobados por ambas Cámaras del Congreso. Por último, un representante propuesto por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Por ello es importante y urgente que se inicie el procedimiento de selección de quienes integrarán el Comité Nacional de Prevención de la Tortura previsto en los artículos 18°, 19° y 20° de la ley 26.827.