Comisiones » Permanentes » Comisión Permanente de Derechos Humanos y Garantías »

DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS

Comisión Permanente

Ubicación: Of. Administrativa: Piso P04 Oficina 411

Jefe SRA. CARBALLO LLOSA MARIANA A.

Reuniones: Miércoles 14.00hs

Teléfonos: Of. Administrativa: (054-11) 6075-2411 Internos 2411/2470

Correo electrónico: cdhygarantias@hcdn.gov.ar

Accesos rápidos
- Principal
- Competencia
- Noticias
- Integrantes
- Proyectos
- Reuniones
- Información
- Contacto

Volver

PROYECTO DE LEY

Expediente: 3428-D-2018

Sumario: APRUEBASE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACION E INTOLERANCIA - A 69 -, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS EL 5 DE JUNIO DE 2013 EN GUATEMALA

Fecha: 04/06/2018

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 61

Ver documento original

Proyecto

ARTÍCULO 1º — Apruébase la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA, adoptada en La Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013, suscrito por Argentina el día 6 de junio de 2013, que consta de VEINTIDÓS (22) artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma español forma parte de la presente ley.

ARTÍCULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN

CONSIDERANDO que la dignidad inherente a toda persona humana y la igualdad entre los seres humanos son principios básicos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

REAFIRMANDO el compromiso determinado de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos con la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación e intolerancia, y la convicción de que tales actitudes discriminatorias representan la negación de valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana y de los propósitos y principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Social de las Américas, la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos;

RECONOCIENDO la obligación de adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social;

CONVENCIDOS de que los principios de la igualdad y de la no discriminación entre los seres humanos son conceptos democráticos dinámicos que propician el fomento de la igualdad jurídica efectiva y presuponen el deber del Estado de adoptar medidas especiales en favor de los derechos de los individuos o grupos que son víctimas de discriminación e intolerancia, en cualquier esfera de actividad, sea privada o pública, a fin de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades y combatir la discriminación e intolerancia en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales;

TENIENDO EN CUENTA que las víctimas de discriminación e intolerancia en las Américas son, entre otros, los migrantes, los refugiados y desplazados y sus familiares, así como otros grupos y minorías sexuales, culturales, religiosas y lingüísticas afectados por tales manifestaciones;

CONVENCIDOS de que ciertas personas y grupos son objeto de formas múltiples o agravadas de discriminación e intolerancia motivadas por una combinación de factores como sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social, así como otros reconocidos en instrumentos internacionales;

CONSTERNADOS por el aumento general, en diversas partes del mundo, de los casos de intolerancia y violencia motivados por el antisemitismo, la cristianofobia y la islamofobia, así como contra miembros de otras comunidades religiosas, incluidas las de origen africano;

RECONOCIENDO que la coexistencia pacífica entre las religiones en sociedades pluralistas y Estados democráticos se fundamenta en el respeto a la igualdad y a la no discriminación entre las religiones, y en la clara separación entre las leyes del Estado y los preceptos religiosos;

TENIENDO EN CUENTA que una sociedad pluralista y democrática debe respetar la identidad cultural, lingüística, religiosa, de género y sexual de toda persona, que pertenezca o no a una minoría, y crear las condiciones que le permitan expresar, preservar y desarrollar su identidad;

CONSIDERANDO que es preciso tener en cuenta la experiencia individual y colectiva de la discriminación e intolerancia para combatir la exclusión y marginación por motivos de género, edad, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, deficiencia, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social, así como otros motivos reconocidos en instrumentos internacionales, y para proteger el plan de vida de individuos y comunidades en riesgo de ser segregados y marginados;

ALARMADOS por el aumento de los delitos de odio cometidos por motivos de sexo, religión, orientación sexual, deficiencia y otras condiciones sociales; y

SUBRAYANDO el papel fundamental de la educación en el fomento del respeto a los derechos humanos, de la igualdad, de la no discriminación y de la tolerancia,

ACUERDAN lo siguiente:

CAPÍTULO I

Definiciones

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención:

1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.

2. Discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

3. Discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

4. No constituyen discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.

5. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.

CAPÍTULO II

Derechos protegidos

Artículo 2

Todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho a igual protección contra toda forma de discriminación e intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

Artículo 3

Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en sus leyes nacionales y en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, tanto a nivel individual como colectivo.

CAPÍTULO III

Deberes del Estado

Artículo 4

Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, incluyendo:

i. El apoyo privado o público a actividades discriminatorias o que promuevan la intolerancia, incluido su financiamiento.

ii. La publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material que:

a) defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia;

b) apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.

iii. La violencia motivada por cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.

iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se elige la propiedad de la víctima debido a cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.

v. Cualquier acción represiva fundamentada en cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1, en vez de basarse en el comportamiento de un individuo o en información objetiva que lo identifique como una persona involucrada en actividades delictivas.

vi. La restricción, de manera irracional o indebida, del ejercicio de los derechos individuales de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier tipo en función de cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.

vii. Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia aplicada a las personas con base en su condición de víctima de discriminación múltiple o agravada, cuyo objetivo o resultado sea anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades fundamentales, así como su protección, en igualdad de condiciones.

viii. Cualquier restricción discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales aplicables y en la jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, en especial los aplicables a las minorías o grupos en condiciones de vulnerabilidad y sujetos a discriminación.

ix. Cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.

x. La elaboración y la utilización de contenidos, métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.

xi. La denegación al acceso a la educación pública o privada, así como a becas de estudio o programas de financiamiento de la educación, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.

xii. La denegación del acceso a cualquiera de los derechos sociales, económicos y culturales, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.

xiii. La realización de investigaciones o la aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biología, la genética y la medicina, destinadas a la selección de personas o a la clonación de seres humanos, que prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, generando cualquier forma de discriminación basada en las características genéticas.

xiv. La restricción o limitación basada en algunos de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención, del derecho de todas las personas a acceder o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte del patrimonio natural de cada Estado, protegido por los instrumentos internacionales pertinentes y por su propia legislación nacional.

xv. La restricción del ingreso a lugares públicos o privados con acceso al público por las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente Convención.

Artículo 5

Los Estados Partes se comprometen a adoptar las políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de personas o grupos que sean sujetos de discriminación o intolerancia con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para estas personas o grupos. Tales medidas o políticas no serán consideradas discriminatorias ni incompatibles con el objeto o intención de esta Convención, no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos, y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado su objetivo.

Artículo 6

Los Estados Partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, de conformidad con el alcance de esta Convención, entre ellas, políticas de tipo educativo, medidas de carácter laboral o social, o de cualquier otra índole de promoción, y la difusión de la legislación sobre la materia por todos los medios posibles, incluida cualquier forma y medio de comunicación masiva e Internet.

Artículo 7

Los Estados Partes se comprometen a adoptar la legislación que defina y prohíba claramente la discriminación y la intolerancia, aplicable a todas las autoridades públicas, así como a todas las personas naturales o físicas, y jurídicas, tanto en el sector público como privado, en especial en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, educación, capacitación, vivienda, salud, protección social, ejercicio de la actividad económica, acceso a los servicios públicos, entre otros; y a derogar o modificar toda legislación que constituya o dé lugar a discriminación e intolerancia.

Artículo 8

Los Estados Partes se comprometen a garantizar que la adopción de medidas de cualquier tipo, incluidas aquellas en materia de seguridad, no discriminen directa ni indirectamente a personas o grupos de personas por ninguno de los criterios mencionados en el artículo 1,1 de esta Convención.

Artículo 9

Los Estados Partes se comprometen a asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades a fin de atender las necesidades especiales legítimas de cada sector de la población, de conformidad con el alcance de esta Convención.

Artículo 10

Los Estados Partes se comprometen a asegurar a las víctimas de la discriminación e intolerancia un trato equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema de justicia, procesos ágiles y eficaces, y una justa reparación en el ámbito civil o penal, según corresponda.

Artículo 11

Los Estados Partes se comprometen a considerar como agravantes aquellos actos que conlleven una discriminación múltiple o actos de intolerancia, es decir, cuando cualquier distinción, exclusión o restricción se base en dos o más de los criterios enunciados en los artículos 1.1 y 1.3 de esta Convención.

Artículo 12

Los Estados Partes se comprometen a llevar adelante estudios sobre la naturaleza, causas y manifestaciones de la discriminación e intolerancia en sus respectivos países, en los ámbitos local, regional y nacional, y a recolectar, compilar y difundir datos sobre la situación de los grupos o individuos que son víctimas de la discriminación y la intolerancia.

Artículo 13

Los Estados Partes se comprometen, de conformidad con su normativa interna, a establecer o designar una institución nacional que será responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la presente Convención, lo cual será comunicado a la Secretaría General de la OEA.

Artículo 14

Los Estados Partes se comprometen a promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias, así como a ejecutar programas destinados a cumplir los objetivos de la presente Convención.

CAPÍTULO IV

Mecanismos de protección y seguimiento de la Convención

Artículo 15

Con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de los compromisos adquiridos por los Estados Partes en la presente Convención:

i. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la presente Convención por un Estado Parte. Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Comisión.

ii. Los Estados Partes podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención. Asimismo, podrán solicitar a la Comisión asesoramiento y cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados.

iii. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Corte.

iv. Se establecerá un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, el cual será conformado por un experto nombrado por cada Estado Parte quien ejercerá sus funciones en forma independiente y cuyo cometido será monitorear los compromisos asumidos en esta Convención. El Comité también se encargará de dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados que sean parte de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. El Comité quedará establecido cuando entre en vigor la primera de las Convenciones y su primera reunión será convocada por la Secretaría General de la OEA tan pronto se haya recibido el décimo instrumento de ratificación de cualquiera de las convenciones. La primera reunión del Comité será celebrada en la sede de la Organización, tres meses después de haber sido convocada, para declararse constituido, aprobar su Reglamento y su metodología de trabajo, así como para elegir sus autoridades. Dicha reunión será presidida por el representante del país que deposite el primer instrumento de ratificación de la Convención con la que se establezca el Comité.

v. El Comité será el foro para el intercambio de ideas y experiencias, así como para examinar el progreso realizado por los Estados Partes en la aplicación de la presente Convención y cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimento derivado de la misma. Dicho Comité podrá formular recomendaciones a los Estados Partes para que adopten las medidas del caso. A tales efectos, los Estados Partes se comprometen a presentar un informe al Comité dentro del año de haberse realizado la primera reunión, con relación al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Convención. Los informes que presenten los Estados Partes al Comité deberán contener, además, datos y estadísticas desagregados de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. De allí en adelante, los Estados Partes presentarán informes cada cuatro años. La Secretaría General de la OEA brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO V

Disposiciones generales

Artículo 16.

Interpretación

1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar la legislación interna de los Estados Partes que ofrezca protecciones y garantías iguales o mayores a las establecidas en esta Convención.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar las convenciones internacionales sobre derechos humanos que ofrezcan protecciones iguales o mayores en esta materia.

Artículo 17.

Depósito

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 18.

Firma y ratificación

1. La presente Convención está abierta a la firma y ratificación por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados que no lo hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a la Convención.

2. Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 19.

Reservas

Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de su firma, ratificación o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más de sus disposiciones específicas.

Artículo 20.

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

2. Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la Convención después de que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.

Artículo 21.

Denuncia

La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los demás Estados Partes. La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por la presente Convención en relación con toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.

Artículo 22.

Protocolos adicionales

Cualquier Estado Parte podrá someter a consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente otros derechos en el régimen de protección de la misma. Cada protocolo adicional debe fijar las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará solamente entre los Estados Partes del mismo.

ART. 23. DE FORMA

FUNDAMENTOS

Proyecto

Señor presidente:

El 6 de Mayo de 2013 constituyo se aprobó la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala. Dicha aprobación resulta en una gran conquista en materia de derechos humanos.

La discriminación es un flagelo social de terribles consecuencias, la misma no hace más que generar o reproducir desigualdades en nuestra sociedad. No debemos olvidar lo que la discriminación e intolerancia produjeron en la historia de la humanidad, crímenes atroces, vejaciones y graves violaciones de los derechos de todas las personas.

Debo resaltar asimismo lo normado por la propia Convención en su primer artículo inciso uno que reza:

“Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.”

La redacción del mencionado artículo es a todas luces mucho mas amplia que nuestra antigua Ley Nacional nº 23.592 de Actos Discriminatorios.

Nuestras Leyes deben reflejar en su contenido y marco internacional la protección de los derechos de todos los sectores, porque es allí en donde residen los principios de igualdad y no discriminación. Es nuestro deber como Estado el de otorgar un marco jurídico de protección a los grupos más vulnerados por conductas y prácticas abusivas y/o arbitrarias.

El presente proyecto reconoce como antecedente, el individualizado como n° 2031-D-2016 de fecha 26 de abril de 2016.

Por todo lo expuesto, y con el firme convencimiento de que la presente ratificación servirá para la construcción de un país más igualitario, pacífico y tolerante, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.

Proyecto

ANEXO

CONVENCIÓN INTERAMERICANA

CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E T

CONVENCIÓN XI'ERAMERICANA

CONTRA TODA FORMA DE E nÑTOLER.ANCIA

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN,

CONSDERANDO que la inherente a toda persona humana y la igualdad entre los seres humanos son principios básicos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

REAFRMANDO el compromiso determinado de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos con la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación e intolerancia, y la convicción de que tales actitudes discriminatorias representan la negación de valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana y de los propósitos y principios consagados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Social de las Américas, la Carta Democrática Interamericana, la

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos;

RECONOCŒNDO la obligación de adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las fundamentales de todos los individuos y gupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquia• otra condición social;

CONVENCDOS de que los principios de la igualdad y de la no discrixninación enù•e los seres humanos son concQtos democráticos dinámicos que propician el fomento de la igualdad jurfdica efectiva y presuponen el deber del Estado de adoptar medidas especiales en favor de los derechos de los individuos o grupos que son victirnas de discriminación e intolerancia, en cualquier esfera de actividad, sea privada o pública, a fin de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades y combatir la discriminación e intolerancia en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales;

TENIENDO EN CUENTA que las víctimas de discriminación e intolerancia en las Américas son, effi•e otros, los migrantes, los refugiados y desplazados y sus familiares, así como otros grupos y minorías sexuales, culturales, religiosas y lingüísticas afectados por tales manifestaciones;

CONVENCDOS de que ciertas personas y gupos son objeto de formas múltiples o agravadas de discriminación e intolerancia motivadas por una combinación de ñctores como sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, reftgiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social, así como OE•os reconocidos en instrumentos internacionales;

RECONOCŒNDO que la coexistencia pacífica enn•e las religiones en sociedades pluralistas. y Estados democráticos se fundamenta en el respeto a la igualdad y a la no discriminación entre las religiones, y en la clara separación entre las leyes del Estado y los preceptos religiosos;

TENŒNDO EN CUENTA que una sociedad pluralista y democrática debe respetar la identidad cultural, lingüística, religiosa, de género y sexual de toda persona, que pertenezca o no a una minoría, y crear las condiciones que le permitan expresar, preservar y desarrollar su identidad; CONSIDERANDO que es preciso tener en cuenta la experiencia individual y colectiva de la discriminación e intolerancia para combatir la exclusión y marginación por motivos de género, edad, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa característica genética, deficiencia, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier condición social, así como otros motivos reconocidos en instrumentos internacionales, y para proteger el plan de vida de individuos y comunidades en riesgo de ser segregados y marginados;

ALARMADOS por el aumento de los delitos de odio cometidos por motivos de sexo, religión, orientación sexual, deficiencia y otras condiciones sociales; y

SUBRAYANDO el papel fundamental de la educación en el fomento del respeto a los derechos humanos, de la igualdad, de la no discriminación y de la tolerancia,

ACUERDAN 10 siguiente:

CAPÍTULO 1

Definiciones

Artículo I

Para los efectos de esta Convención:

1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquia• ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes.

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migatoria, de refugiado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o fisica, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.

Discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

3. Discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, disúción, exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los inst-uxnentos internacionales aplicables a los Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

4. No constituyen discriminación Las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos hurnanos y libertades findaraentales de gupos que así Io requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para g-upos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.

5. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de gupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.

CAPÍTULO 11

Derechos protegidos

Axúulo 2

Todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho a igual protección contra toda forma de discriminación e intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

Artículo 3

CAPÍTULO 111

Deberes del Estado

Artículo 4

El apoyo privado o público a actividades discriminatorias o que promuevan la intolerancia, incluido su financiamiento.

La publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material que:

a) defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia;

apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.

ili. La violencia motivada por cualquiera de los criterios enunciados en el artículo I. I.

iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se elige la propiedad de la víctima debido a cualquiera de los criterios enunciados en el artículo I. I.

Cualquier acción represiva fundamentada en cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1, en vez de basarse en el comportamiento de un indi•äduo o en información objetiva que Io identifique como una persona involucrada en actividades delictivas.

vi. La resùicción, de manera in•acional o indebida, del ejercicio de los derechos individuales de propiedad, adminisn•ación y disposición de bienes de cualquier tipo en ftnción de cualquiera de los criterios enunciados en el artículo I. 1.

vii. Cualquier distinción, exclusión, resùicción o preferencia aplicada a las personas con base en su condición de víctima de discriminación múltiple o agravada, cuyo

objetivo o resultado sea anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades fundamentales, así como su protección, en igualdad de condiciones.

viii. Cualquier restricción discriminatoria del goce de los derechos humanos consagados en los insù•umentos internacionales y regionales aplicables y en la jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales de- derechos humanos, en especial los aplicables a las minorías o gupos en condiciones de vulnerabilidad y sujetos a discriminación.

Lx. Cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y de las personas, en actividades públicas o privadas.

La denegación del acceso a cualquiera de los derechos sociales, económicos y culturales, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.

La realización de investigaciones o la aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biología, la genética y la medicina, destinadas a la selección de personas o a la clonación de seres humanos, que prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, generando cualquier forma de discriminación basada en las características genéticas.

La resfficción del ingreso a lugares públicos o privados con acceso al público por las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente Convención.

Axüculo 5

Los Estados Partes se comprometen a adoptar las políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de personas o grupos que sean sujetos de discriminación o intolerancia con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para estas personas o gupos. Tales medidas o políticas no serán consideradas discriminatorias ni incompatibles con el objeto o intención de esta Convención, no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos, y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado su objetivo.

Artículo 6

Los Estados Partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, de conformidad con el alcance de esta Convención, enfi•e ellas, políticas de tipo educativo, medidas de carácter laboral o social, o de cualquier otra índole de promoción, y la difusión de la legislación sobre la materia por todos los medios posibles, incluida cualquier forma y medio de comunicación masiva e Internet.

Artículo 7

Los Estados Partes se comprometen a adoptar la legislación que defina y claramente la discriminación y la intolerancia, aplicable a todas las autoridades públicas, así como a todas las personas naturales o fsicas, y jurídicas, tanto en el sector público como privado, en especial en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, educación, capacitación, vivienda, salud, protección social, ejercicio de la actividad económica, acceso a los servicios públicos, ent•e otros; y a derogar o modificar toda legislación que constituya o dé lugar a discriminación e intolerancia.

Artículo 8

Artículo 9

Artículo IO

Los Estados Partes se comprometen a asegurar a las víctimas de la discriminación e intolerancia un ù•ato equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema de justicia, procesos ágiles y eficaces, y una justa reparación en el ámbito civil o penal, según corresponda.

Artículo II

Artículo 12

Los Estados Partes se comprometen a llevar adelante estudios sobre la naturaleza, causas y manifestaciones de la discriminación e intolerancia en sus respectivos países, en los ámbitos local, regional y nacional, y a recolectar, compilar y difundir datos sobre la situación de los gupos o individuos que son victimas de la discriminación y la intolerancia.

Arúulo 13

Los Estados Partes se comprometen, de conformidad con su norrnativa interna, a establecer o designar una institución nacional que será responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la presente Convención, lo cual será comunicado a la Secretaría General de la OEA.

Artículo 14

Los Estados Partes se comprometen a promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias, así como a ejecutar programas desúados a cumplir los objetivos de la presente Convención.

CAPÍTULO IV

Mecanismos de protección y seguimiento de la Convención

Artículo 15

Con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de los compromisos adquiridos por los Estados Partes en la presente Convención:

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos; puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la presente Convención por un Estado Parte. Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Comisión.

Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglarnento de la Corte.

El Comité quedará establecido cuando enü•e en vigor la primera de las Convenciones y su primera reunión será convocada por la Secretaría General de la OEA tan pronto se haya recibido el décimo instrumento de ratificación de cualquiera de las convenciones. La primera reunión del Comité será celebrada en la sede de la Organización, meses después de haber sido convocada, para declararse constituido, aprobar su Reglamento y su metodología de así como para elegir sus autoridades. Dicha reunión será presidida por el representante del país que deposite el primer inst-umento de ratificación de la Convención con la que se establezca el Comité.

El Comité será el foro para el intercambio de ideas y experiencias, así como para examinar el progreso realizado por los Estados Partes en la aplicación de la presente Convención y cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimento derivado de la misma. Dicho Comité podrá formular recomendaciones a los Estados Partes para que adopten las medidas del caso. A tales efectos, los Estados Partes se comprometen a presentar un informe al Comité del año de

haberse realizado la primera reunión, con relación al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Convención. Los informes que presenten los Estados Partes al Comité deberán contener, además, datos y estadísticas desagregados de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. De allí en adelante, los Estados Partes presentarán informes cada cuat•o años. La Secretaría General de la OEA brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO V

Disposiciones generales

Artículo 16. Interpretación

1. Nada de Io dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar la legislación interna de los Estados Partes que ofrezca protecciones y garantías iguales o mayores a las establecidas en esta Convención.

Nada de Io dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar las convenciones internacionales sobre derechos humanos que ofrezcan protecciones iguales o mayores en esta materia.

Artículo 17. Depósito

Artículo 18. Firma y ratificación

La presente Convención está abierta a la firma y ratificación por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después de que en vigor, todos los Estados que no lo hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a la Convención.

Artículo 19. Reservas

Artículo 20. Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el ü•igésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo insmxmento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la Convención después de que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.

Articulo 21. Denuncia

Articulo 22. Protocolos adicionales

Cualquier Estado Parte podrá someter a consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progesivamente otros derechos en el régimen de protección de la misma. Cada protocolo adicional debe fijar las modalidades de su en vigor y se aplicará solamente enù•e los Estados Partes del mismo.

nTER-AMERICAN CONVENTION

AGAINST ALL FORMS OF DISCRMINATION AND n,TTOLERANCE

D.ITER-AIVŒRICAN CONVENTION

AGAINST ALL FORMS OF DISCRIMINATION AND ENTOLERANCE

THE STATES PARTIES TO CONVENTION,

CONSIDERING that the inherent di9ity and equality of all members of the human family are basic principles of the Universal Declaration of Human Rights, the American Declaration of the Rights and Duties of Man, and the American Convention on Human Rights;

REAFFRMNG the resolute commitment of the member states of the Organization of American States to the complete and unconditional eradication of all forms of discrimination and intolerance, and their conviction that such discriminatory affitudes are a negation of universal values and the inalienable and infrangible rights of the human person and the purposes and principles enshrined in the Charter of the Organization of American States, the American Declaration of the Rights and Duties of Man, the American Convention on Human Rights, the Social Charter of the Americas, the Inter-Arnerican Democratic Charter, the Universal Declaration of Human Rights, and the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights;

RECOGNIZNG the duty of adopting national and regional measures to promote and encourage respect for and observance of the human rights and fundamental freedoms of all individuals and Soups subject to their jurisdiction, without regard to gender; age; sexual orientation; language; religion; political or other opinion; social origin; economic status; migrant, refugee or displaced status; birth, stigmatized infectious-contagious condition; genetic trait; disability, debilitating psychological distress; or otha• social condition;

CONVNCED that the principles of equality and nondiscrimination among human pa-sons are dynamic democratic concepts that foster the promotion of effective legal equality and presuppose an obligation on the State's part to adopt special measures to protect the rights of individuals or groups that are victims of discrimination and intolerance, in any area of human endeavor, public or private, with a view to cultivating equitable conditions for equal opportunity and to combating discrimination and intolerance in all their individual, st•uctural, and institutional manifestations;

TAK.n•IG INTO ACCOUNT that the victims of discrimination and intolerance in the Americas are, inter alia, migrants, refugees, and displaced persons and their families, as well as other sexual, cultural, religious and linguistic groups or minorities that are affected by such manifestations;

CONVNCED that certain persons and goups experience multiple or extreme forms of discrimination and intolerance, driven by a combination of factors such as gender, age; sexual orientation; language; religion; political or other opinion; social origin; economic status; migrant, refugee or displaced status; birth, stigmatized infectious-contagious condition; genetic trait; disability; debilitating psychological distress; or other social condition; as well as others recognized in international instruments;

DISTURBED by the fact that various parts of the world have seen a general increase in cases of intolerance and violence motivated by anti-Semitism, Christianophobia, or Islamophobia, and that directed against members of other religious communities, including those with African roots;

RECOGNIZNG that peaceful coexistence among religions in pluralistic societies and democratic states is based on respect for equality and nondiscrimination among religions and on a clear separation between the laws of the state and religious tenets;

TA.KNG D-•ITO ACCOUNT that a pluralistic and democratic society must respect the cultural, linguistic, religious, gender and sexual identity of every person, whether belonging to a minority or not, and create the conditions that will enable that person to express, preserve, and develop his or her identity;

CONSDERNG that the individual and collective experience of discrimination and intolerance must be taken into account to combat segregation and marginalization based on gender; age; sexual language; religion; political or other opinion; social origin; economic status; migrant, refugee or dislocated status; birth, stigmatized infectious-contagious condition', genetic trait; disability; debilitating psychological disù-ess•, or other social condition; as well as others in international instruments; and to protect the life plan of individuals and communities at risk of such segregation and marginalization;

ALARMED by the surge in hate crimes motivated by gender, religion, sexual orientation, disability, and other social conditions; and

EMPHASIZNG the basic role that education plays in promoting respect for human rights, equality, nondiscrimination, and tolerance,

AGREE upon the following:

CHAPTER 1

Definitions

Aräcle I

For purposes of this Convention:

1. Discrimination shall mean any distinction, exclusion, restriction, or preference, in any area of public or private life, the purpose or effect of which is to or curtail the equal recognition, enjoyment, or exercise of one or more human rights and fundamental freedoms enshrined in the international instruments applicable to the States Parties.

Discrirnination may be based on nationality; age; sex; sexual orientation; gender identity and expression; language; religion; cultural identity; political opinions or opinions of any kind; social origin; socioeconomic status; educational level; mig-ant, refugee, repaúte, stateless or internally displaced status; disability; genetic trait; mental or physical health condition, including infectious-contagious condition anddebilitating psychological condition; or any other condition.

Indirect discrimination shall be taken to occur, in any realm of public and private life, when a seemingly neutral provision, criterion, or practice has the capacity to entail a particular disadvantage for persons belonging to a specific group, or puts them at a disadvantage, uùss said provision, criterion, or practice has some reasonable and legitimate objective or justification under international human rights law.

3. Multiple or aggravated discrimination is any preference, distinction, exclusion, or restriction based simultaneously on two or more of the criteria set forth in Article 1. l, or others recognized in international instruments, the objective or result of which is to nulliôf or curtail, the equal recognition, enjoyment, or exercise of one or more human rights and fundamental freedoms enshrined in the international insmxments applicable to the States Parties, in any area of public or private life.

4. Special measures or affirmative action adopted for the purpose of ensuring equal enjoyment or exercise of one or more human rights and fundamental freedoms of groups requiring such protection shall not be deemed discrimination provided that such measures do not lead to the maintenance of separate rights for different groups and are not continued once their objectives have been achieved.

5. Intolerance is an action or set of actions or expressions that denote disrespect, rejection, or contempt for the dignity, characteristics, convictions, or opinions of persons for being different or It may manifest itself as marginalization and exclusion of groups in conditions of vulnerability from participation in any sphere of public or private life or violence against them.

CHAPTER 11

Protected Rights

Article 2

Every human being is equal under the law and has a right to equal protection against any form of discrimination and intolerance in any sphere of life, public or private.

Article 3

Every human being has the right to the equal recognition, enjoyment, exercise, and protection, at both the individual and collective levels, of all human rights and ft.ndamental freedoms enshrined in their domestic law and in the international instruments applicable to the States Parties.

CHAPTER 111

Duties of the State

Article 4

The states undertake to prevent, eliminate, prohibit, and punish, in accordance with their constitutional norms and the provisions of this Convention, all acts and manifestations of discrimination and intolerance,

i. Public or private support provided to discriminatory activities or that promote intolerance, including the financing thereof;

ii. Publication, circulation or dissemination, by any form and/or means of communication, including the Internet, of any materials that:

a. advocate, promote, or incite haü•ed, discrimination, and intolerance;

b. condone, justifr', or defend acts that constitute or have constituted genocide or crimes against humanity as defined in international law, or promote or incite the commission of such acts;

iii. Violence motivated by any of the criteria set forth in Article 1. l; iv. Criminal activity in which the victim's property is chosen intentionally based on any of the criteria set forth in Article 1. l;

Any repressive action based on any of the criteria set forth in Article I .1 rather than on the person's behavior or on objective information identifying the individual as having been engaged in criminal activity;

vi. Restricting, in an undue or unreasonable manner, the exercise of the individual rights of ownership, adminisE•ation, and disposal of property of any kind based on any of the criteria set forth in Article I. I;

x.,ii. Any distinction, exclusion, restriction, or preference applied to persons, because of their status as victims of multiple or aggravated discrimination, the purpose or result of which is to deny or impair the equal recognition, enjoyment, exercise, or protection of rights and fundaxnental freedoms;

viii. Any discriminatory resffiction on the enjoyment of the human rights enshrined in applicable international and regional instruments and in the jurisprudence of international and regional human rights courts, palfcularly those applicable to minorities or goups that are in vulnerable situations and subject to discrimination;

ix. Any restriction or limitation on the use of the language, customs, and culture of persons in public or private activities;

x. Preparing and introducing teaching materials, methods, or tools that portray stereotypes or preconceptions, based on any of the criteria set forth in Article 1.1 of this Convention;

xi. Denying access to public or private education, to fellowships, or to educational loan programs, based on any of the criteria set forth in Article 1.1 of this Convention;

xii. Denying access to any social, economic, and cl.fltural rights, based on any of the criteria set forth in Article 1.1 of this Convention;

xiii. Conducting research or applying the findings of research into the human genome, particularly in the fields of biology, genetics, and medicine, aimed at human selection or cloning that prevails over respect for human rights, fundamental freedoms, and human dignity, generating any form of discrimination based on genetic characteristics;

xiv. The resffiction or limitation, based on any of the set forth in Article 1.1 of this Convention, of the right of every person to access and sustainably use natural resources, ecosystems, biodiversity, and ecological services that are part of each state's natural heritage, protected by the relevant international instruments and their own national laws;

xv. The restriction of access to public and private places with access to the public, for the reasons set forth in Article I .1 of this Convention.

Article 5

The States Parties undertake to adopt the special policies and affirxnative actions needed to ensure the enjoyment or exercise of rights and fundamental freedoms of persons or goups that are subject to discrimination or intolerance for the purpose of promoting equitable conditions for equal opportunity, inclusion, and prog•ess for such persons or groups. Such measures or policies shall not be considered discriminatory or incompatible with the purpose or intent of this Convention, shall not lead to maintaining separate rights for different groups, and shall not be continued beyond a reasonable period or after their objective has been achieved.

Article 6

The States Parties undertake to formulate and implement policies the purpose of which is to provide equitable ü•eatment and generate equal opportunity for all persons in accordance with the scope of this Convention, including policies of an educational nature, labor or social measures, or any other kind of promotional policies and the dissemination of legislation on the subject by all means, including the mass media and the Internet.

Article 7

The States Parties undertake to adopt legislation that clearly defines and prohibits discrimination and intolerance, applicable to all public authorities as well as to all individuals or natural and legal persons, both in the public and in the private sectors, particularly in the areas of employment; participation in professional organizations; education; housing; health; social protection; exercise of economic activity; access to public services and other areas; and to repeal or amend any legislation that constitutes or produces discrimination and intolerance.

Article 8

The States Parties undertake to, ensure that the adoption of measures of any kind, including those on security matters, does not discriminate directly or indirectly against persons or groups on the basis of any of the criteria mentioned in Article 1.1 of this Convention.

Article 9

The States Parties undertake to ensure that their political and legal systems appropriately reflect the diversity within their societies in order meet the legitimate special needs of each sector of the population, in accordance with the scope of this Convention.

Article 10

The States Parties undertake to ensure that the victims of discrimination and intolerance receive equitable and non-discriminatory equal access to the justice system, expeditious and effective proceedings, and fair compensation in the civil or criminal sphere, as applicable.

Article 11

The States Parties undertake to consider as aggravating those acts that lead to multiple discrimination or acts of intolerance, i.e., any distinction, exclusion, or resffiction based on two or more of the criteria set forth in Articles 1.1 and 1.3 of this Convention.

Article 12

The States Parties undertake to conduct research on the nature, causes, and manifestations of discrimination or intolerance in their respective cot.lffiies, at the local, regional, and national levels, and to collect, compile, and disseminate data on the situation of goups or individuals that are victims of discrimination and intolerance.

Article 13

The States Parties undertake, in accordance with their internal legislation, to establish or a national institution that shall be responsible for monitoring compliance with this

Convention and shall inform the OAS General Secretariat of this institution.

Article 14

The States Parties undertake to promote international cooperation-to exchange ideas and experiences; and to execute programs aimed at achieving the objectives of this Convention.

CHAPTER rv

Protective Mechanisms and Monitoring of the Convention

Article 15

In order to monitor the implementation of the commitments assumed by the States Parties to this Convention:

Any person or group of persons, or non-governmental entity legally recognized in one or more member of the Organization of American States may submit to the Inter-American Commission on Human Rights petitions containing reports or complaints of violations of this Convention by a State Party. In addition, any State Party, when depositing its instrument of ratification of, or accession to, this Convention or at any time thereafter, may declare that it recognizes the competence of the Commission to receive and examine communications in which a State Party alleges that another State Party has committed violations of the human rights established in this Convention. In such case, all the relevant procedural contained in the American Convention on Human Rights as well as the Statutes and the Rules of Procedure of the Commission shall be applicable.

f. States Parties may consult the Commission on questions related to the effective application of this Convention. They may also request the Commission's advisory assistance and technical cooperation to ensure effective application of any provision

of this Convention. The Commission will, to the extent that it is able, provide the States Parties with the requested advisory services and assistance.

iii. Any State Party may, when depositing its instrument of ratification of, or accession to, this Convention, or at any time thereafter, declare that it recognizes as binding, as a matter of law and without any special agreement, the jurisdiction of the InterAmerican Court of Human Rights on all matters relating to the interpretation or application of this Convention. In such case, all relevant procedural n.xles contained in the American Convention on Human Rights as well as the Statutes and Rules of Procedure of the Court shall be applicable.

iv. An Inter-American Committee for the Prevention and Elimination of Racism, Racial Discrimination, and All Forms of Discrimination and Intolerance shall be established and shall be comprised of one expert appointed by each of the States Parties who shall execute his or her functions in an independent manner and shall monitor the commitments undertaken in this Convention. The Committee shall also be responsible for monitoring the commitments undertaken in the Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination, and Related Forms of Intolerance with respect to the states that are parties thereto.

The Committee shall be established when the first of the Conventions comes into force and its first meeting shall be convened by the General Secretariat of the OAS as soon as the tenth i.nsffi.lment of ratification of either Convention has been received. The first meeting of the Committee shall be held at the headquarters of the Organization three months after its convocation for the purpose of declaring its establishment, approving its Rules of Procedure and its working method, and electing its officials. That meeting shall be presided over by the representative of the country that deposits the first instrument of ratification of the Convention which establishes the Committee.

The Committee shall be the forum for the exchange of ideas and experience, as well as for examining progress made by the States Parties in implementing this Convention and any circumstance or difficulty affecting the extent of compliance therewith. Said Committee may recommend to the States Parties that they adopt the appropriate measures. For this purpose, the States Parties undertake to submit a report to the Committee, within one year of its first meeting, with respect to fulfillment of the obligations contained in this Convention. The reports that the States Parties submit to the Committee shall also contain disaggregated data and statistics on groups in situations of vulnerability. Thereafter, the States Parties shall submit reports every four years. The General Secretariat of the OAS shall give the Committee any support it requires for the performance of its functions.

CHAPTER V

General Provisions

Article 16. Interpretaäon

1. No provision of this Convention shall be interpreted as restricting or limiting a domestic law of any State Party that affords protections and guarantees equal to or greater than those established in this Convention.

2. Nothing in this Convention shall be interpreted as resùict.ing or limiting international human rights conventions that afford equal or greater in this regard.

Article 17. Depository

The original instrument of this Convention, of which the English, French, Portuguese, and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.

Article IS. Signature and Ratification

This Convention is open to signature and ratification by all member states of the Organization of American States. After its enEy into force, this Convention shall be open to accession by all states that have not it.

This Convention is subject to ratification by the signatory states in accordance with the procedures set forth in their constitutions. The instruments of ratification or accession shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.

A-räcle 19. Reservations

The States Parties may enter reservations to this Convention when signing, ratifying, or acceding to it, provided that such reservations are not incompatible with the aim and purpose of the Convention and relate to one or more specific provisions thereof.

Article 20. Entry into Force

This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date on which the second insffi.l.rnent of ratification of, or accession to, this Convention is deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.

For each state that ratifies or accedes to this Convention after the second instrument of ratification or accession has been deposited, the Convention shall enter into force on the thirtieth day following deposit by that state of the corresponding instrument.

Article 21. Denunciaton

This Convention shall remain in force indefinitely, but any State Pat©,' may denounce it through written notification addressed to the Secretary General of the Organization of American States. The Convention shall cease to have force and effect for the denouncing state one year after the date of deposit of the instrument of denunciation, and shall remain in force for the other States Parties. Such denunciation shall not exempt the State Party from the obligations imposed upon it under this Convention in respect of any action or omission prior to the date on which the denunciation takes effect.

Article 22. Additional Protocols

Any State Party may submit for the consideration of the States Parties gathered during the General Assembly draft protocols in addition to this Convention, with a view to gadually including other rights within its system of protection. Each protocol shall determine the manner of its entry into force and shall be applied only among the States Parties to it.

CONVENÇÃO INTERAMERICANA

CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINAÇÃO E mTOLERÂNCIA

CONVENÇÃO nTERAMERICANA

CONTRA TODA FORMA DE DISCRDDÑAÇÃO E nÑTOLER.ÂNCIA

OS ESTADOS PARTES NESTA CONVENÇÃO,

CONSDERANDO que a dignidade inerente e a igualdade de todos os membros da família humana são princípios básicos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos;

REAFIRMANDO o firme compromisso dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos com a erradicação total e incondicional de todas as formas de discriminação e intolerância, e sua convicção de que essas aftudes discriminatórias representam a negação dos valores universais e dos direitos inalienáveis e invioláveis da pessoa humana e dos propósitos e princípios consagados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, na Carta Social das Américas, na Carta Democrática Interamericana, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos;

RECONI-ŒCENDO o dever de se adotarem medidas nacionais e regionais para promover e incentivar o respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todos os indivíduos e grupos sujeitos a sua jurisdição, sem distinção por motivo de *ero, idade, orientação sexual, idioma, religião, opinião política ou de ouEa natureza, origem social, posição econômica, condição de migrante, refugiado ou deslocado, nascimento, condição infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, deficiência, sofrimento psíquico incapacitante ou qualquer outra condição social;

CONVENCDOS de que os princípios da igualdade e da não discriminação entre os seres humanos são conceitos democráticos dinâmicos que propiciam a promoção da igualdade jurídica efetiva, e pressupõem uma obrigação por parte do Estado de adotar medidas especiais para proteger os direitos dos indivíduos ou gupos que sejam vítimas de discriminação e intolerância, em qualquer esfera da ativãdade humana, seja pública ou privada, com vistas a promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, bem como combater a discriminação e a intolerância em todas as suas manifestações individuais, estruturais e institucionais;

LEVANDO EM CONTA que as vítimas da discriminação e da intolerância nas Américas são, entre ouEas, os migrantes, os refugiados e os deslocados e suas famílias, além de oua-os grupos ou minorias sexuais, culturais, religiosas e linguísticas afetados por essas manifestações;

CONVENCIDOS de que determinadas pessoas e g•upos vivenciam formas múltiplas ou extremas de discriminação e intolerância, motivadas por uma combinação de fatores como gênero, idade, orientação sexual, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem social, posição econômica, condição de migrante, refugiado ou deslocado, nascimento, condição infectocontagiosa estignatizad.a, característica genética, deficiência, _ sofrimento psíquico incapacitante, ou outra condição social, bem como outros reconhecidos em instrumentos internacionais;

CONSTERNADOS pelo fato de que várias partes do mundo testemunham um aumento geral de casos de intolerância e violência motivados pelo antissemitismo, cristianofobia ou islamofobia, e contra membros de outras comunidades religiosas, inclusive as de origem africana;

RECONHECENDO que a coexistência pacífica entre as religiões em sociedades pluralistas e Estados democráticos se baseia no respeito à igualdade e à não discriminação enù•e as religiões e na clara separação enü•e as leis do Estado e os preceitos religiosos;

LEVANDO EM CONTA que uma sociedade pluralista e democrática deve respeitar a identidade cultural, linguística, religiosa, sexual e de gênero de toda pessoa, pertencente ou não a uma minoria, bem como criar as condições que lhe possibilitem expressar, preservar e desenvolver sua identidade;

CONSIDERANDO que a experiência individual e coletiva de discriminação e intolerância deve ser levada em conta para combater a exclusão e a marginalização com base em gênero, idade, orientação sexual, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem social, situação econômica, condição de migrante, refugiado ou deslocado, nascimento, condição infectocontagiosa estignatizada, característica aenética, deficiência, sofrimento psíquico incapacitante, ou 01.1Ù-a condição social, além de ouü•as reconhecidas em instrumentos internacionais, bem como para proteger o projeto de vida de indivíduos e comunidades em risco de exclusão e marginalização;

ALARMADOS com o aumento dos crimes de ódio motivados por gênero, religião, orientação sexual, deficiência e outras condições sociais; e

RESSALTANDO o papel fundamental da educação na promoção do respeito aos direitos humanos, da igualdade, da não discriminação e da tolerância,

ACORDAM no seguinte:

CAPÍTULO 1

Definições

Artigo 1

Para os efeitos desta Convenção:

Discriminação é qualquer distinção, exclusão, resn•ição ou preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdadés fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados Partes.

A discriminação pode basear-se em nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, opinião política ou de outra natureza, origem social, posição socioeconômica, nível educacional, condição de migante, refugiado, repatriado, apáffid.a ou deslocado interno, deficiência, característica genética, estado de saúde fisica ou mental, inclusive infectocontagioso, e condição psíquica incapacitante, ou qualquer condição.

2. Discriminação indireta é aquela que ocorre, em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um g-apo específico, ou as coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou critério tenha algum objetivo ou justificativa razoável e legítima, à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos.

3. Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada, de modo concomitante, em dois ou rnais dos critérios dispostos no Arti ao 1.1, ou OlfrOS reconhecidos em insmxmentos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos hurnanos e liberdades consagados nos insmznentos internacionais aplicáveis aos Estados Partes, em qualquer área da vida pública ou privada.

4. medidas especiais ou de ação afirmativa adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de gupos que requeiram essa proteção não constituirão discriminação, desde que essas medidas não levem à manutenção de direitos separados para gupos diferentes e não se perpetuem uma vez alcançados seus objetivos.

5. Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou Pode manifestar-se como a marginalização e a exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade da participação em qualquer esfera da 'vida pública ou privada, ou como violência contra esses grupos.

CAPÍTULO 11

Direitos Protegidos

Artigo 2

Todo ser humano é igual perante a lei e tem direito à igual proteção conù•a qualquer forma de discriminação e intolerância, em qualquer esfera da vida pública ou privada.

Artiao 3

Todo ser humano tem direito ao reconhecimento, gozo, exercício e proteção, em condições de igualdade, tanto no plano individual como no coletivo, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados na legislação interna e nos instrurnentos internacionais aplicáveis aos

Estados Partes.

CAPÍTULO

Deveres do Estado

Artiao 4

Os Estados comprometem-se a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, todos os atos e manifestações de discriminação e intolerância, inclusive:

i. apoio público ou privado a atividades discriminatórias ou que promovam a intolerância, incluindo seu financiamento;

ii. publicação, circulação ou difusão, por qualquer forma elou meio de comunicação, inclusive a internet, de qualquer material que:

a) defenda, promova ou incite o ódio, a discriminação e a intolerância; e

b) tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou tenham constituído genocídio ou crimes contra a humanidade, conforme definidos pelo Direito

Internacional, ou promova ou incite a prática desses atos; violência motivada por qualquer um dos critérios estabelecidos no Artigo 1. l;

iv. atividade criminosa em que os bens da vítima sejam alvos intencionais, com base em qualquer um dos critérios estabelecidos no Artigo 1.1 ;

qualquer ação repressiva fundamentada em qualquer dos critérios enunciados no Artiõ0 1.1, em vez de basear-se no comportamento da pessoa ou em informações objetivas que identifiquem seu envolvimento em atividades crimmosas;

resffição, de maneira indevida ou não razoável, do exercício dos direitos individuais à propriedade, administração e disposição de bens de qualquer tipo, com base em qualquer dos critérios estabelecidos no Artigo I. I ;

vii. qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência aplicada a pessoas, devido a sua condição de vítima de discriminação múltipla ou agravada, cujo propósito ou resultado seja negar ou prejudicar o reconhecimento, gozo, exercício ou proteção, em condições de igualdade, de direitos e liberdades fundamentais;

viii. qualquer restrição discriminatória do gozo dos direitos humanos consagados nos instrumentos internacionais e regionais aplicáveis e pela jurisprudência de ffibunais internacionais e regionais de direitos humanos, especialmente com relação a minorias ou grupos em situação de vulnerabilidade e sujeitos à discriminação;

ix. qualquer restrição ou limitação do uso de idioma, costumes e cultura de pessoas em atividades públicas ou privadas;

x. elaboração e utilização de materiais, métodos ou ferramentas pedagógicas que reproduzam estereótipos ou preconceitos, com base em qualquer estabelecido no Artigo 1.1 desta Convenção;

xi. negação do acesso à educação pública ou privada, bolsas de estudo ou progamas de financiamento educacional, com base em qualquer critério estabelecido no Artigo I. I desta Convenção;

xii. negação do acesso a qualquer direito econômico, social e cultural, com base em qualquer critério estabelecido no Artigo 1.1 desta Convenção;

xiii. realização de pesquisas ou aplicação dos resultados de pesquisas sobre o genoma humano, especialmente nas áreas da biologia, genética e medicina, com vistas à seleção ou à clonagem humana, que extrapolem o respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade humana, gerando qualquer forma de discriminação ftndarnentada em características genéticas;

xiv. resùição ou limitação, com base em qualquer dos critérios enunciados no Artigo 1.1 desta Convenção, do direito de toda pessoa de obter acesso à água, aos recursos naturais, aos ecossistemas, à biodiversidade e aos serviços ecológicos que consfituem o patrimônio natural de cada Estado, protegido pelos instrumentos internacionais pertinentes e suas próprias legislações nacionais, bem como de usá-los de maneira sustentável; e

restrição do acesso a locais públicos e locais privados franqueados ao público pelos motivos enunciados no Artigo 1.1 desta Convenção.

Artiao 5

Os Estados Partes comprometem-se a adotar as políticas especiais e ações afirmativas necessárias para assegurar o gozo ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais de pessoas ou gupos sujeitos a discriminação ou intolerância, com o propósito de promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, inclusão e progresso para essas pessoas ou gupos. Tais medidas ou políticas não serão consideradas discriminatórias ou incompatíveis com o propósito ou objeto desta Convenção, não resultarão na manutenção de direitos separados para g-upos distintos e não se estenderão além de um período razoável ou após terem alcançado seu objetivo.

Artiao 6

Os Estados Partes comprometem-se a formular e implementar políticas cujo propósito seja proporcionar tratamento equitativo e gerar igualdade de oportunidades para todas as pessoas, em conformidade com o alcance desta Convenção, entre elas políticas de caráter educacional, medidas trabalhistas ou sociais, ou qualquer outro de política promocional, e a divulgação da legislação sobre o assunto por todos os meios possíveis, inclusive pelos meios de comunicação de massa e pela internet.

Artigo 7

Os Estados Partes comprometem-se a adotar legislação que defina e expressamente a discriminação e a intolerância, aplicável a todas as autoridades públicas e a todos os indi•áduos ou pessoas fisicas e jurídicas, tanto no setor público como no privado, especialmente nas áreas de emprego, participação em organizações profissionais, educação, capacitação, moradia, saúde proteçäo social, exercício de atividade econômica e acesso a serviços públicos, entre outras, bem como revogar ou reformar toda lesslação que constitua ou produza discriminação e intolerância.

Artiao 8

Os Estados Partes comprometem-se a garantir que a adoção de medidas de qualquer natureza, inclusive aquelas em matéria de segurança, não discrirnine direta ou indiretamente pessoas ou grupos com base em qualquer critério mencionado no Artigo 1.1 desta Convenção.

Os Estados Partes comprometem-se a garantir que seus sistemas políticos e jurídicos reflitam adequadamente a diversidade de suas sociedades, a fim de atender às necessidades especiais e legítimas de todos os setores da população, de acordo com o alcance desta Convenção Artigo IO

Os Estados Partes comprometem-se a garanür às vítimas de discriminação e intolerância um ùatamento equitativo e não discriminatório, acesso igualitário ao sistema de justiça, processos ágeis e eficazes e reparação justa nos âmbitos civil e criminal, conforme pertinente.

Artigo II

Os Estados Partes comprometem-se a considerar agravantes os atos que resultem em discriminação múltipla ou atos de intolerância, ou seja, qualquer distinção, exclusão ou baseada em dois ou mais dos critérios estabelecidos nos Artigos 1. I e 1.3 desta Convenção.

Artigo 12

Os Estados Partes comprometem-se a realizar pesquisas sobre a natureza, as causas e as manifestações de discriminação ou intolerância nos respectivos países, em âmbito local, regional e nacional, bem como coletar, compilar e divulaar dados sobre a situação de grupos ou indivíduos que sejam vítimas de discriminação e intolerância.

Artigo 13

Os Estados Partes comprometem-se a estabelecer ou designar, de acordo com a legislação interna, uma instituição nacional que será responsável por monitorar o cumprimento desta Convenção, devendo informar essa instituição à Secretaria-GeraI da OEA.

Artigo 14

Os Estados Partes comprometem-se a promover a cooperação internacional, com vistas ao intercâmbio de ideias e æcperiências, bem como a executar programas voltados à realização dos objetivos desta Convenção.

CAPÍTULO IV

Mecanismos de Proteção e Monitoramento desta Convenção

Artigo 15

A fim de monitorar a implementação dos compromissos assumidos pelos Estados Partes nesta Convenção:

qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental juridicamente reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização dos Estados Americanos, pode apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado Parte. Além disso, qualquer Estado Parte pode, quando do depósito de seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da Comissão para receber e examinar as comunicações em que um Estado Parte alegue que outro Estado Parte incorreu em violações dos direitos humanos dispostas nesta Convenção. Nesse caso, serão aplicáveis todas as normas de procedimento pertinentes constantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assim como o Estatuto e o Regulamento da Comissão;

ii. os Estados Partes poderão consultar a Comissão sobre questões relacionadas com a aplicação efetiva desta Convenção. Poderão também solicitar à Comissão assessoria e cooperação técnica para assegurar a aplicação efetiva de qualquer disposição desta Convenção. A Comissão, na medida de sua capacidade, proporcionará aos Estados Partes os serviços de assessoria e assistência solicitados;

in. qualquer Estado Parte poderá, ao depositar seu instrumento de ratificação da Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória e de pleno direito, e sem acordo especial a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todas as matérias referentes à interpretação ou aplicação desta Convenção. Nesse caso, serão aplicáveis todas as normas de procedimento pertinentes constantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como o Estatuto e o Regulamento da Corte; iv. será estabelecido um Comitê Interamericano para a Prevenção e Eliminação do Racisrno, Discriminação Racial e Todas as Formas de Discriminação e Intolerância, o qual será constituído por um perito nomeado por cada Estado Parte, que exercerá suas fixnções de maneira independente e cuja tarefa será monitorar os compromissos assumidos nesta Convenção. O Comitê também será responsável por monitorar os compromissos assumidos pelos Estados que são partes na Convenção Interamericana conffi•a o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância;

O Comitê será criado quando a primeira das convenções entrar em vigor, e sua primeira reunião será convocada pela Secretaria-GeraI da OEA uma vez recebido o décimo insma.mento de ratificação de qualquer das convenções. A primeira reunião do Comitê será realizada na sede da Organização, três meses após sua convocação, para declará-lo constituído, aprovar seu Regulamento e metodologia de trabalho e eleger suas autoridades. Essa reunião será presidida pelo representante do país que depositar o primeiro instrumento de ratificação da Convenção que estabelecer o Comitê; e

o Comitê será o foro para intercambiar ideias e experiências, bem como examinar o progresso alcançado pelos Estados Partes na implementação desta Convenção e qualquer circunstância ou dificuldade que afete seu cumprimento em alguma medida. O referido Comitê poderá recomendar aos Estados Partes que adotem as medidas apropriadas. Com esse propósito, os Estados Partes comprometem-se a apresentar um relatório ao Comitê, transcorrido um ano da realização da primeira reunião, com o cumprimento das obrigações constantes desta Convenção. Dos relatórios que os Estados Partes apresentarem ao Comitê também constarão dados e estatísticas desagegados sobre os grupos vulneráveis. Posteriormente, os Estados Partes apresentarão relatórios a cada quatro anos. A Secretaria-Geral da OEA proporcionará ao Comitê o apoio necessário para o cumprimento de suas funções.

CAPÍTULO V

Disposições Gerais

Artigo 16. Interpretação

1. Nenhuma disposição desta Convenção será interpretada no sentido de restringir ou limitar a legislação interna de um Estado Parte que ofereça proteção e garantias iguais ou superiores às estabelecidas nesta Convenção.

2. Nenhuma disposição desta Convenção será interpretada no sentido de restringir ou limitar as convenções internacionais sobre direitos humanos que ofereçam proteção igual ou superior nessa matéria.

Artiao 17. Depósito

O instrurnento original desta Convenção, cujos textos em espanhol, francês, inglês e português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-GeraI da Organização dos Estados Americanos.

Artigo 18. Assinatura e ratificação

1. Esta Convenção está aberta à assinatura e ratificação de todos os Estados membros da Organização dos Estados Americanos. Uma vez em vigor, esta Convenção será aberta à adesão de todos os Estados que não a tenham assinado.

2. Esta Convenção está sujeita à ratificação pelos Estados signatários, de acordo com os seus respectivos procedimentos constitucionais. Os instrumentos de ratificação ou adesão serão depositados na Secretaria-GeraI da Organização dos Estados Americanos.

Artigo 19. Reservas

Os Estados Partes poderão apresentar reservas a esta Convenção quando da assinatura, ratificação ou adesão, desde que não sejam incompatíveis com seu objetivo e propósito e se refiram a uma ou mais disposições específicas.

A-räao 20. Entrada em vigor

1. Esta Convenção entrará em vigor no dia a partir da data em que se depositar o segundo instrumento de ratificação ou de adesão na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

2. Para cada Estado que ratificar esta Convenção, ou a ela aderir, após o depósito do segundo instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que tal Estado tenha depositado o respectivo

Artiao 21. Denúncia

Esta Convenção permanecerá em vigor indefinidamente, mas qualquer Estado Parte poderá denunciá-la mediante notificação por escrito dirigida ao Secretário-GeraI da Organização dos Estados Americanos. Os efeitos da Convenção cessarão para o Estado que a denunciar um ano após a data de depósito do instrumento de denúncia, perrnanecendo em vigor para os demais Estados Partes. A denúncia não eximirá o Estado Parte das obrigações a ele impostas por esta Convenção com relação a toda ação ou omissão anterior à data em que a denúncia produziu efeito.

Artiao 22. Protocolos adicionais

Qualquer Estado Parte poderá submeter à consideração dos Estados Partes reunidos em Assembleia Geral projetos de protocolos adicionais a esta Convenção, com a finalidade de incluir gadualmente direitos em seu regime de proteção. Cada protocolo determinará a maneira de sua entrada em vigor e se aplicará somente aos Estados que nele sejam partes.

CONVENTION nTER.AMÉR.1CAINE

CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION ET D'INTOLÉRANCE

CONVENTION D{TERAMÉRICAINE

CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCR-n,flNATION ET D'INTOLÉRANCE

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

CONSIDÉRANT que la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et l'égalité de leurs droits sont des principes fondamentaux de la Déclaration uúærselle des droits de l'homme, de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et de la Convention américaine relative aux droits de I 'homme,

RÉAFFRMANT l'engagement résolu des États membres de l'Organisation des États Américains en faveur de l'élimination totale et inconditionnelle de toutes les formes de discrimination et d'intolérance, ainsi que leur conviction que de telles attitudes discriminatoires consüuent une négation de valeurs universelles ainsi que des droits inaliénables et inviolables de la personne humaine et des buts et principes consacrés dans' la Charte de l'Organisation des États Américains, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'hom_me, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Charte sociale des Amériques, la Charte démocratique interaméricaine, la Déclaration uúperselle des droits de l'homme et la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme,

RECONNAISSANT l'obligation d'adopter des mesures nationales et régionales en vue de promouvoir et d'encourager le respect des droits de la personne et des libertés fondamentales de tous les individus et de tous les groupes relevant de leur juridiction, sans distinction aucune de sexe, d'âge, d'orientation sexuelle, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine sociale, de statut économique, de migant, de réfugié ou de personne déplacée, de naissance, sans distinction basée sur une stigmatisation en raison d'une maladie infecto-contagieuse, basée sur un caractère génétique, un handicap, une détresse psychologique débilitante ou toute condition sociale,

CONVAINCUS que les principes d'égalité et de non-discrimination entre les personnes humaines sont des concepts démocratiques dynamiques qui favorisent la promotion d'une égalité juridique effective et présupposent une obligation de la part de l'État d'adopter des mesures spéciales pour protéger les droits des indiqhdus ou des goupes qui sont victimes de discrimination et d'intolérance dans tout domaine de l'activité humaine, qu'elle soit publique ou privée, dans le but de cultiver des conditions équitables d'égalité des chances et de combattre la discrimination et l'intolérance dans toutes leurs manifestations individuelles, structurelles et institutionnelles,

PRENANT EN COMPTE que les \dcti.mes de la discrimination et d'intolérance dans les Amériques sont, entre autres, des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées et leurs familles, ainsi que d'autres goupes ou minorités se distinguant par leur sexe, leur culture, leur religion ou leur langue, qui sont touchés par de telles manifestations,

CONVAINCUS que certaines personnes et certains groupes subissent des formes multiples ou exacerbées de discrimination et d'intolérance dictées par une combinaison de facteurs tels que le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, l'opinion politique ou de toute autre nature, l'origine sociale, le statut économique, de migrant, de réfugié ou de personne déplacée, la naissance, la stigmatisation en raison d'une maladie infecto-contagieuse, un caractère génétique, un handicap, une détresse psychologique débilitante ou toute autre condition sociale, ainsi que facteurs reconnus dans des instruments internationaux,

par le fait que de nombreuses parties du monde ont connu une multiplication de cas d'intolérance et de violence motivés par l'antisémitisme, l'antichristianisme et l'islamophobie, ou dirigés contre des membres d'autres communautés religieuses, y compris celles d'origine africaine,

RECONNAISSANT que la coexistence pacifique entre les religions dans des sociétés pluralistes et des États démocratiques se fonde sur le respect de l'égalité et la non-discrimination entre les religions et sur la séparation nette les lois de l'État et les principes religieux, PRENANT EN COMYI'E qu'une société pluraliste et démocratique doit être respectueuse de l'identité culturelle, linguistique, religieuse, de genre et sexuelle de chaque individu, qu'il appartienne ou non à une minorité, et qu'elle doit créer les conditions qui permetüont à cet individu d'exprimer, de préserver et de développer son identité,

CONSIDÉRANT que l'expérience individuelle et collective de la discrimination et de l'intolérance doivent êù•e prises en compte afin de la ségégation et la marginalisation fondées sur le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, la langue la religion, l'opinion politique ou de toute autre nature, l'origine sociale, le statut économique, de mig•ant, de réfugié ou de personne déplacée, la naissance, la en raison d'une maladie infecto-contagieuse, un caractère génétique, un handicap, une détresse psychologique débilitante ou toute autre condition sociale, ainsi que d'autres facteurs reconnus dans des instruments internationaux, et afin de protéger les projets de vie des individus et des communautés potentiellement exposés à une telle ségrégation et à une telle marginalisation,

ALARMES par la résurgence des crimes haineux motivés par le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, un handicap ou d'autres conditions sociales,

SOULIGNANT le rôle fondamental que remplit l'éducation dans la promotion du respect des droits de la personne, de l'égalité, de la non-discrimination et de la tolérance,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

CHAPITRE PREMDR

Définitions

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. La discrimination s'entend de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, dans tout domaine de la vie publique ou privée, ayant pour but ou effet d'annuler ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur un plan d'égalité, d'un ou de plusieurs droits de la personne et libertés fondamentales consacrés dans les instruments internationaux applicables aux États parties.

La discrimination peut être fondée sur la nationalité, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, la langue, la religion, l'identité culturelle, les opinions politiques ou les opinions de toute autre nature, l'origine sociale, le statut socio-économique, le niveau d'éducation, le statut de migrant, de réfugié, de rapatrié, d'apaEide ou de déplacé interne, un handicap, un caractère génétique, l'état de santé de santé physique ou mentale, y compris une maladie infecto-contagieuse, et un état psychologique débilitant, ou toute autre condition.

La discrimination indirecte est réputée su produire, dans tout domaine de la vie publique ou privée, lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique d'apparence neuffe a la capacité d'entrainer un désavantage particulier pour des personnes appartenant à un groupe spécifique, ou les place dans une position désavantageuse, sauf si ladite disposition, ledit critère ou ladite pratique est dicté par un objectif ou une justification raisonnable et légitime aux termes du droit international en matière de droits de la personne.

3. La discrimination multiple ou aggavée s'entend de toute préférence, distinction, exclusion ou restriction fondée simultanément sur au moins deux des critères établis à l'article 1.1 ou sur d'autres reconnus dans des instruments internationaux, et qui a pour objectif ou pour résultat d'annuler ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, d'un ou de plusieurs droits de la personne et libertés fondamentales consacrés dans les instruments internationaux applicables aux États parties, dans tout domaine de la vie publique ou privée.

4. Les mesures spéciales ou de discrimination positive adoptées aux fins de garantir la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, d'un ou de plusieurs droits de la personne et libertés fondamentales par des goupes qui requièrent une telle protection ne sont pas réputées constituer une discrimination à condition que ces mesures n'aboutissent pas au maintien de droits distincts pour différents groupes et qu'elles ne soient pas prorogées une fois leurs objectifs atteints.

5. L'intolérance est un acte ou une série d'actes ou d'expressions dénotant le manque de respect, le rejet ou le mépris de la des caractéristiques, des convictions ou des opinions de certaines personnes parce qu'elles sont différentes ou opposées. Elle peut se manifester sous forme de marginalisation et d'exclusion de groupes dans des conditions de vulnérabilité de la participation à tout domaine de la vie publique ou privée, ou sous forme de violence à leur endroit.

CHAPITRE 11

Droits protégés

Article 2

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection contre toute forme de discrimination et d'intolérance dans toutes les sphères de la vie publique et privée.

Article 3

Tous les humains ont droit à la reconnaissance, la jouissance, l'exercice et la protection, sur un plan d'égalité et tant du point de vue personnel que collectif, de tous les droits de la personne et libertés fondamentales consacrés dans le droit interne de leur pays et dans les instruments internationaux applicables aux États parties.

CHAPITRE

Devoirs de l'État

Article 4

Les États s'engagent à prévenir, éliminer, interdire et punir, conformément à leurs normes constitutionnelles et aux dispositions de la présente Convention, tous les actes et manifestations de discrimination et d'intolérance, y compris.'

le soutien public ou privé d'activités discriminatoires ou qui promeuvent l'intolérance, y compris le financement de telles activités;

la publication, la distribution ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit et par tout moyen de communication, y compris Internet, de tout matériel qui:

a. préconise ou promeut la haine, la discrimination et l'intolérance ou y incite;

b. approuve tacitement, justifie ou défend des actes qui constituent ou ont constitué un génocide ou des crimes contre I'humanité tels que définis dans le droit international, ou qui promeut la commission de tels actes ou y incite;

if. la violence motivée par l'un quelconque des critères établis à l'article 1 .l;

iv. une activité criminelle dans le contexte de laquelle les biens de la victime sont ciblés intentionnellement en raison de l'un quelconque des critères établis à l'article 1. I ;

toute acfon répressive fondée sur l'un quelconque des critères établis à l'article I.I et non sur le comportement de la personne ou sur des informations objectives identifiant 1 'individu comme auteur d'une activité criminelle;

vi. la resü•iction, de manière indue ou déraisonnable, de l'exercice des droits d'un individu à la propriété, à l'administration et à la disposition de ses biens de toute nature, fondée sur l'un quelconque des critères établis à l'article 1.1 ;

vii. toute distinction, exclusion, restriction ou préférence exercée à I' endroit de personnes en raison de leur statut de victimes de discrimination multiple ou agg•avée, dont le but ou le résultat est de dénier d'entraver la reconnaissance, la jouissance, l'exercice ou la protection, sur un plan d'égalité, de droits et de libertés fondamentales;

viii. toute resùfction discriminatoire imposée à la jouissance des droits de la personne consacrés dans les instruments internationaux et régionaux applicables ainsi que dans la jurisprudence des ù•ibunaux internationaux et régionaux en matière de droits de la personne, en particulier ceux qui s'appliquent aux minorités ou groupes en situation de vulnérabilité et sujets à la discrimination;

ix. toute resùiction ou limitation dans l'emploi de la langue, les traditions, les coutumes et la culture de personnes dans le cadre d'activités publiques ou privées.

x. l'élaboration et la présentation de matériels, méthodes ou instruments pédagogiques qui illusù•ent des stéréotypes ou des idées préconçues, fondées sur l'un quelconque des critères établis à l'article 1.1 de la présente Convention;

xi. le déni d'accès à I'enseignement public ou privé, à des bourses de recherche ou à des programmes de prêts pour étudiants sur la base de l'un quelconque des critères établis à l'article 1.1 de la présente Convention;

XIi. le déni d'accès à tous droits sociaux, économiques et culturels, sur la base de l'un quelconque des critères établis à l'article I.I de la présente Convention;

xiii. la réalisation de travaux de recherche ou l'application des conclusions de travaux de recherche sur le génome humain, en particulier dans les domaines de la biologie, de la génétique et de la médecine, qui '*isent la sélection humaine ou le clonage au dãment du respect des droits de la personne, des libertés fondamentales et de la dignité humaine, provoquant toute forrne de discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques;

xiv. la restriction ou la limitation, fondées sur l'un quelconque des critères établis à l'article I.I de la présente Convention, du droit de toute personne d'avoir accès à l'eau, aux ressources naturelles, aux écosystèmes, à la biodiversité et aux services écologiques qui font partie du naturel de chaque État et sont protégés par les instruments internationaux pertinents et par leurs propres lois nationales, et de les utiliser de façon durable;

la restriction de l'accès aux lieux publics et privés offrant l'accès au public, pour les motifs énoncés à l'article 1.1 de la présente Convention.

Article 5

Les États parties s'engagent à adopter les politiques spéciales et les mesures de discrimination positive nécessaires pour garantir la jouissance ou l'exercice des droits et libertés fondamentales des personnes ou goupes sujets à la discrimination ou à l'intolérance dans le but de promouvoir des conditions équitables pour l'égalité des chances, l'inclusion et l'avancement de ces personnes ou goupes. Ces mesures ou politiques ne sauraient êtxe considérées comme discriminatoires ou incompatibles avec le but ou l'intention de la présente Convention, ne sauraient aboutir au maintien de droits distincts pour différents goupes et ne sauraient être prorogées au-delà d'une période raisonnable ou après la réalisation de cet objectif.

Article 6

Læs États parties s'engagent à élaborer et à mettre en œuvre des politiques ayant pour objet d'assurer un Eaitement équitable et des chances égales tous, conformément à la portée de la présente Convention, notamment des politiques ayant trait à l'éducation et au ou des mesures sociales, ou tout autre type de politiques de promotion, et la diffusion de la législation sur cette question par tous les moyens possibles, y compris les médias et Internet.

Article 7

Les États parties s'engagent à adopter des lois qui définissent clairement et interdisent la discrimination et l'intolérance et qui s'appliquent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'à tous les individus ou personnes physiques et morales, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en particulier dans les domaines de l'emploi, de la participation à des associations professionnelles, de l'éducation, de la formation, du logement, de la santé, de la protection sociale, de l'exercice de l'activité économique, de l'accès aux services publics et dans d'autres domaines ; ils s'engagent par ailleurs à abroger ou à modifier toute loi qui constitue ou produit de la discrimination ou de

I 'intolérance.

Article 8

Les États parties s'engagent à assurer que l'adoption de mesures de toute nature, y compris celles qui portent sur des questions de sécurité, ne soit pas directement ou indirectement discriminatoire à l'encontre d'individus ou de groupes sur la base de l'un quelconque des critères énoncés à l'article I.I de la présente Convention.

Article 9

Les États parties s'engagent à assurer que leurs systèmes politique et juridique reflètent adéquatement la diversité au sein de leurs sociétés de façon à répondre aux besoins particuliers légitimes de tous les secteurs de la population, conformément à la portée de la présente Convention.

Article 10

Les États parties s'engagent à assurer que les victimes de discrimination et d'intolérance reçoivent un ù-aitement équitable et non discriminatoire, accès au système judiciaire sur un plan d'égalité, bénéficient de procédures rapides et efficaces et reçoivent des réparations justes dans les domaines civil et pénal, selon le cas.

Article Il

Les États parties s'engagent à considérer comme actes aggravants ceux qui aboutissent à une discrimination ou à des actes d'intolérance multiples, c'est-à-dire toute distinction, exclusion ou resfi•iction fondée sur deux ou plusieurs des critères établis aux articles I.I et 1.3 de la présente Convention.

Article 12

Les États parties s'engagent à mener des recherches sur la nature, les causes et les manifestations de la discrimination ou de l'intolérance dans leurs territoires respectifs, aux niveaux lobal, régional et national, et à recueillir, compiler, et diffuser les données sur la situation de goupes ou d'individus qui sont victimes de discrimination et d'intolérance.

Article 13

Les États parties s'engagent à établir ou à désigner, conformément à leur droit interne, une institution nationale qui sera chargée du suivi de l'application de la présente Convention, et à en informer le Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.

Article 14

Les États parties s'engagent à promouvoir la coopération internationale afin d'échanger des idées et des données d'expériences et à mettre en œuvre des programmes visant à atteindre les objectifs de la présente Convention.

CHAPITRE IV

Mécanismes de protection et de suivi de la Conventon

Article 15

En vue d'assurer le suivi de l'application des engagements contractés par les États parties à la présente

Toute personne, tout goupe de personnes ou toute entité non gouvernementale légalement reconnue dans un ou plusieurs États membres de l'Organisation des États Américains peut présenter à la Commission interaméricaine des droits de l'homme des pétitions contenant des dénonciations ou plaintes de violation, par un État partie, de la présente Convention. De même, tout Etat partie peut déclarer reconnaitre, au moment du dépôt de son instrument de ratification de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci, ou à n'importe quel moment ultérieur, la compétence de la Commission en ce qui a à la réception et à l'examen des communications aux termes desquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a commis des violations des droits de la personne établis dans la présente Convention. S'appliqueront en l'espèce toutes les normes de procédure pertinentes qui sont contenues dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme ainsi que dans le Statut et le Règlement de la Commission.

li. Les États parties peuvent consulter la Commission au sujet des quesfons relatives à l'application effective de la présente Convention. Ils peuvent également solliciter l'assistance consultative de la Commission ainsi que sa coopération technique en «vue d'assurer l'application effective de toute disposition de la présente Convention. La Commission fournira aux États parties, dans la mesure de ses possibilités, l'assistance et les services consultatifs requis.

Tout État partie peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci, ou à n'importe quel moment ultérieur, qu'il reconnait la nature confraignante, au regard du droit et sans aucun accord particulier, de la de la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur toutes les questions relevant de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention. S'appliqueront en l'espèce toutes les règles pertinentes de procédure prévues dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme ainsi que dans le Statut et le Règlement de la Cour.

iv. sera créé une Commission interaméricaine pour la prévention et l'élimination du racisme, de la discrimination raciale et de toutes les formes de discrimination et d'intolérance, qui sera composée d'un expert par chacun des États parties qui s'acquittera de ses attributions de manière indépendante et sera chargé de surveiller l'application des engagements conùactés aux termes de la présente Convention. La Commission sera également chargée de surveiller l'application des engagements contractés aux termes de la Convention interaméricaine conn•e le racisme, la discrimination raciale, et les formes connexes d'intolérance par les États qui en sont parties.

La Commission sera établie au moment de l'entrée en vigueur de la première des conventions, et sa première réunion sa•a convoquée par le Secrétariat général de l'OEA dès que le dixième i.n.sffi.l.ment de ratification de l'une ou convention aura été reçu. La première réunion de la Commission se déroulera au siège de l'Organisation trois mois après sa convocation et aura pour objet de déclarer l'établissement de la Commission, d'en approuver le règlement et la méthode de et d'élire les membres de son bureau. Cette réunion sera présidée par le représentant du pays qui aura déposé le premier instrument de ratification de la Convention portant création de la Commission.

La Commission constitue la tribune au sein de laquelle se dérouleront les échanges d'idées et de données d'expériences ainsi que l'examen des progès accomplis par les Etats parties dans la mise en œuvre de la présente Convention et l'examen de toute situation ou toute difficulté affectant la portée de la mise en œuvre de cet instrument. Cette Commission est habilitée à recommander aux Etats parties d'adopter les mesures appropriées. A cet effet, les États parties s'engagent à soumetù•e à la Commission, dans un délai d'une année suivant la tenue de sa première réunion, un rapport concernant le respect des obligations qu'ils ont contractées dans la présente Convention. Les rapports adressés à la Commission par les États parties doivent également contenir des données et statistiques ventilées sur les groupes en situation de vulnérabilité. Par la suite, les États parties soumettront des rapports tous les quatre ans. Le Secrétariat général de l'OEA fournira à la Commission tout l'appui requis pour l'acquittement de ses attributions.

CHAPITRE V

Dispositions générales

Article 16. Interprétaton

1. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme une restriction ou une limitation de toute loi interne de tout État partie conférant des protections et des garanties égales ou supérieures à celles prévues aux termes de la présente Convention.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme une restriction ou une limitation des conventions internationales relatives aux droits de l'homme conférant des protections égales ou supérieures à cet égard.

Article 17. Dépôt

L'instrument original de la présente Convention, dont les textes français, anglais, espagnol et portugais font également foi, sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains

Article 18. Signature et ratificaäon

La présente Convention est ouverte à la et à la ratification de tous les États membres de l'Organisation des États Américains. Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les États non signataires.

2. La présente Convention est sujette à ratification par les États signataires, conformément aux procédures prescrites dans leurs constitutions. Les instruments de ratification•ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.

Article 19. Réserves

Les États parties peuvent formuler des réserves à la présente Convention au moment de leur signature, ratification ou adhésion, à condition que ces réserves ne soient pas incompatibles avec l'objet et les fins de la Convention et qu'elles portent sur une ou plusieurs de ses dispositions en particulier.

Article 20. Entrée en vigueur

1. La présente Convention enù-era en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains du deuxième insmxment de ratification de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci.

Pour chaque État qui aura ratifié la présente Convention ou y aura adhéré après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention enEera en '*igueur le trentième jour à compter de la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 21. Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur indéfiniment, mais tout État partie peut la dénoncer par voie de notification établie par écrit et adressée au Secrétaire général de l'Organisation des États Américains. La Convention cessera d'être en vigueur et sera privée d'effet à l'égard de l'État qui l'aura dénoncée un an après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation ; elle demeurera en vigueur à l'égard des autres États parties. Cette dénonciation ne relèvera pas l'État partie des obligations qui lui sont imposées aux termes de la présente Convention à l'égard de tout acte ou toute omission survenus avant la date de prise d'effet de ladite dénonciation.

Article 22. Protocoles additionnels

Tout Etat partie peut soumetù-e à l'examen des États parties réunis à l'occasion de l'Assemblée générale des projets de protocoles additionnels à la présente Convention dans le but d'introduire progressivement d'autres droits dans son système de protection. Chaque protocole déterminera les modalités de son entrée en vigueur et s'appliquera exclusivement aux États qui en sont parties.

POR EL CONMONWEALTH DE LAS BAHAMAS:

FOR THE CONMONWEALTH OF THE BAHAMAS:

PELA COMMONWEALTH DAS BAHAMAS:

POLTR LE CONMONWEALTH DES BAHAMAS:

POR BARBADOS: FOR BARBADOS:

POR BARBADOS:

POUR LA BARBADE:

POR BELICE FOR BELLE:

POR BELLE:

POLTR BELLE:

POR BOLIVIA:

FOR BOLIVIA:

PELA BOLÍVIA:

POUR LA BOLIVIE:

POR BRASL:

FOR BRAZL:

PELO BRASL:

POUR LE BR.ÉSIL:

POR CANADÁ:

FOR CANADA:

PELO CANADÁ:

LE CANADA:

POR CHILE:

FOR CHILE:

PELO CHILE:

POUR LE CHILI:

POR COLONOIA:

FOR COLOIvBIA:

PELA COLÔMBIA:

POUR LA COLOMBIE:

COSTA RICA: COSTA RICA:

COSTA RICA:

POR EL CON,nv10NWEALTH DE DOMINICA:

FOR THE CONMONWEALTH OF DOMNCA:

PELA

POUR LE CONMONWEALTH DE LA DOMNIQUE:

POR ECUADOR:

FOR ECUADOR:

PELO EQUADOR:

POUR L' ÉQUATEUR:

POR EL SALVADOR:

FOR EL SALVADOR: POR EL SALVADOR:

EL SALVADOR:

POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:

PELOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: POUR LES ÉTATS-UNIS D'AMÉR.IQUE:

POR GRENADA:

FOR GRENADA:

POR GRENADA:

POUR LA GRENADE:

GUATEMALA: GUATEMALA:

GUATEMALA:

GUYANA:

GUIANA:

POUR LE GUYANA•.

POR HAITí:

FOR HAITI:

PELO HAITI:

POUR HAÏTI:

POR HONDURAS:

FOR HONDURAS:

POR HONDURAS:

HONDURAS:

JAMAICA: JAMAICA:

JAMAICA:

POUR LA JAMAiQUE:

POR lvÉXIC0:

FOR

PELO :

POUR LE NŒXIQUE:

NICARAGUA: NICARAGUA:

NICARÁGUA:

NICARAGUA:

PANAMÁ:

PANAMA:

PANAMÁ:

POLTR LE PANAMA:

POR PARAGUAY:

FOR PARAGUAY:

PELO PARAGUAI:

POUR LE PARAGUAY:

POR PERÚ:

FOR PERU:

PELO PERU:

PÉROU:

LA REPÚBLICA DOMNICANA:

THE DOMINICAN REPUBLIC:

REPÚBLICA DOMNICANA: POUR LA RÉPUBLIQUE DOMNICA-NE:

POR SAINT KITTS Y NEVIS:

FOR SANT KITTS AND NEVIS:

POR SAINT KITTS E NEVIS:

POUR SANT-KITTS-ET-NEVIS:

SANTA LUCÍA:

SANT LUCIA:

SANTA LÚCIA:

SANTE-LUCIE:

POR SAN VICENTE Y LAS GRANADNAS:

FOR SAINT VNCENT AND GRENADINES:

POR sÄo VICENTE E GRANADNAS:

POUR SAINT-VNCENT-ET-GRENADNES:

POR SURINAME:

FOR SURNAME:

PELO SURNAME.•

POUR LE SURNAME:

TRINIDAD Y TOBAGO:

TRINDA_D AND TOBAGO:

TRNIDAD E TOBAGO:

LA TRIMTÉ-ET-TOBAGO:

POR URUGUAY: FOR URUGUAY:

PELO URUGUAI:

POUR L' URUGUAY:

POR LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA:

FOR BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA:

PELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA:

POUR LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA:

ANTIGUA Y BARBUDA:

ANTIGUA AND BARBUDA:

ANTÍGUA E BARBUDA:

ANTIGUA-ET-BARBUDA:

POR ARGENTNA:

FOR ARGENTnŒ:

PELA ARGENTNA:

POUR L'ARGENT

CERTFICACIÓN

Luis Toro Utillano, Oficial Jurídico Principal del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos,

CERTFICA QUE:

En virtud del artículo 112.f de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Secretaría General de la Organización sirve de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos; así como de los instrumentos de ratificación de los mismos.

2. El documento adjunto, que consta de 51 páginas, es copia fiel y exacta del texto auténtico en los cuatro idiomas oficiales de la "Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia", adoptada el 5 de junio de 2013 en La Antigua, República de Guatemala. También se incluye el estado de firmas de dicha Convención.

3. Los textos firmados de dichos originales se encuentran depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Se expide la presente certificación a solicitud de la Representación Permanente de Argentina ante la Organización de los Estados Americanos.

Washington, D.C., 21 de septiembre de 2015.

Departamento de Derecho Internacional

Firmantes
Firmante	Distrito	Bloque
MARTINEZ, SILVIA ALEJANDRA	JUJUY	UCR
RISTA, OLGA MARIA	CORDOBA	UCR
AUSTIN, BRENDA LIS	CORDOBA	UCR
CARRIZO, ANA CARLA	CIUDAD de BUENOS AIRES	EVOLUCION RADICAL

Giro a comisiones en Diputados

Comisión
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia)
DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS