Expresar su beneplácito por la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de Buenos Aires, que el pasado 25/5/16 condenó al último presidente de facto argentino, Reynaldo Bignone, y a otros 14 ex militares, por la desaparición de más de un centenar de personas, en el marco de la represión coordinada entre las dictaduras sudamericanas, conocida como Plan Cóndor.

Señor presidente:

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Buenos Aires, condenó el 25/5/16 al último presidente de facto ar-gentino Reynaldo Bignone y a otros 14 ex militares por la desaparición de más de un centenar de personas en el marco de la represión coordinada entre las dictaduras sudamericanas conocida como Plan Cóndor.

La sentencia es considerada histórica puesto que es la primera vez que un tribunal da por probado que el Plan Cóndor operó como una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para eliminar disidentes entre mediados de la década de 1970 y principios de los ’80.

Los tres miembros del Tribunal Oral Federal N° 1 de Buenos Aires dieron por probadas las acusaciones contra Bignone, de 88 años, como autor del delito de integrar esa asociación ilícita y de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público. El ex presidente de facto fue condenado a 20 años de prisión.

Bignone, quien ya cumple varias condenas por crímenes de lesa humanidad, fue el último presidente de facto de la dictadura militar argentina (1976-1983).

También fueron condenados 14 ex militares a penas de entre ocho y 25 años de prisión. Entre ellos, el uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini, quien recibió una condena de 25 años por la privación ilegítima de la libertad del hijo y la nuera del poeta argentino Juan Gelman. Dos de los acusados fueron absueltos.

En el juicio oral que comenzó en 2013, se tomaron en consideración 105 víctimas de las cuales 45 eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos. De acuerdo con la demanda, el secuestro y posterior asesinato de estos disidentes fue posible por la coordinación represiva entre las fuerzas armadas y de inteligencia de los países sudamericanos a partir de 1975.

El Plan Condor: se trató de un plan de represión de políticos y activistas izquierdistas, que fue coordi-nado y llevado a cabo por las dictaduras militares de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, país que tuvo una participación más secundaria, y que operó entre mediados de la década de 1970 y principios de los ochenta.

Con un mundo dividido por la “Guerra Fría”, las dictaduras sudamericanas acordaron, a partir de 1975, intercambiar información sobre dirigentes políticos, sindicalistas, estudiantes y todo individuo sospechado de ser izquierdista con el objetivo de eliminar actividades que denominaban como “te-rroristas” y marxistas en el continente. De acuerdo con documentos desclasificados, varias agencias del gobierno de Estados Unidos estuvieron al tanto del accionar represivo.

La segunda fase del plan consistió en la conformación de equipos especiales transnacionales para el secuestro y detención de los “objetivos”, que eran sometidos a feroces interrogatorios y sesiones de tortura en siete prisiones clandestinas que funcionaron en dependencias militares o policiales de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Luego, los disidentes podían ser entregados, o no, a su país de origen para su posterior desaparición física.

Una tercera fase más sofisticada apuntó a exterminar a destacados dirigentes políticos que podían influir en la opinión pública internacional contra los regímenes militares de la región.

Estas operaciones especiales tuvieron lugar en otros países de América y de Europa. Un caso emble-mático fue el de Orlando Letelier, el canciller del gobierno Salvador Allende, asesinado en Washington, capital de Estados Unidos, con una bomba colocada en su automóvil en setiembre de 1976.

El entonces director de la CIA, George Bush, luego presidente de Estados Unidos, dejó trascender que se trataba de un ajuste de cuentas entre grupos de izquierda. Posteriores investigaciones determinaron la responsabilidad de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) y de miembros de la organización anticastrista Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unificados, cuyos miembros, en su mayoría, fueron entrenados por la CIA.

Los dictadores Augusto Pinochet, de Chile; Alfredo Stroessner, de Paraguay; Hugo Banzer, de Bolivia; Jorge Videla, de Argentina, y Juan María Bordaberry, de Uruguay, fueron los ideólogos y ejecutores del mismo.

Si bien ningún enviado de Brasil firmó el acta constitutiva, se comprobó la cooperación en su territorio para el secuestro y asesinato de opositores de los otros países.

De acuerdo con un informe del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de Unesco, publicado en 2015, las víctimas del plan fueron 376 personas: 177 uruguayos, 72 argentinos, 64 chilenos, 25 paraguayos, 15 peruanos, 12 bolivianos, cinco brasileños, tres cubanos, dos estadou-nidenses y un español.

De la cifra total de 376, 219 permanecen desaparecidos y 38 fueron hallados sin vida.

Parte del entramado del Plan Cóndor salió a la luz por la desclasificación de documentos del Depar-tamento de Estado de Estados Unidos y del denominado “Archivo del terror” de Paraguay, además de expedientes de la inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros.

Entre estos documentos fue hallada el acta de fundación del Plan Cóndor fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la llamada Primera Reunión de Inteligencia Na-cional, que contó con la presencia de representantes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uru-guay y Paraguay. Luego se sumó Brasil, según la denuncia.

Como primer paso, las dictaduras crearon una base de datos común con información detallada sobre los movimientos guerrilleros, partidos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y de todo aquél que se considerara una amenaza para los regímenes.

Una vez procesada esa información, se procedía al secuestro y detención ilegal del disidente, que podía ser entregado o no a su país de origen para su posterior desaparición física.

Dos casos emblemáticos fueron María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman, hijo del poeta argentino fallecido recientemente.

La pareja fue secuestrada en Buenos Aires y confinada en el centro clandestino de detención “Auto-motores Orletti” que, según se determinó en otro juicio, funcionaba bajo la órbita del Plan Cóndor. Gelman fue asesinado de un tiro en la nuca y su cuerpo escondido dentro de un tambor relleno con cemento y arena, pese a lo cual sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 1989.

En tanto, García Iruretagoyena, embarazada de 7 meses, fue trasladada a Uruguay, donde dio a luz a una niña que le fue arrebatada. La mujer permanece desaparecida, mientras su hija recuperó su identidad en 2000.

Macarena Gelman, nieta del poeta, fue querellante en el juicio y reaccionó con una sonrisa al escuchar la sentencia contra Piacentini, quien será enviado al consulado de Uruguay en Buenos Aires.

En el marco de esta causa, años atrás se solicitó la extradición de los dictadores Augusto Pinochet, de Chile; Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Hugo Banzer, de Bolivia, las cuales fueron rechazadas. Los tres fallecieron, al igual que el ex presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla, quien llegó a declarar en el juicio tres días antes de su muerte en 2013.

No hubo una definición en la sentencia pero detrás de cada una de las condenas apareció lo que se esperaba desde hace más de 40 años: la enunciación del Operativo Cóndor como una asociación ilícita de las dictaduras del Cono Sur destinada a cometer delitos.

Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Bignone fueron las primeras condenas que leyeron los in-tegrantes del Tribunal Oral Federal 1 en una sala repleta. El primero recibió 25 años de prisión. El jefe de Institutos Militares del campo de exterminio de Campo de Mayo obtuvo de esa manera su condena número 11 en juicios de lesa humanidad. Bignone recibió 20 años. Fue su condena número ocho. También fue condenado a 25 años el único acusado extranjero, el militar del Ejército uruguayo Juan Manuel Cordero Piacentini, entre cuyas víctimas estuvo María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. De los 17 acusados, 15 fueron recibieron penas de 25 a 8 años y 2 fueron absueltos.

El fallo comenzó a leerse a las cinco de la tarde. Desde temprano, buscaron espacio en la sala los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. Estuvieron Vera Jarach, Laura Conte, Taty Almeida y Nora Cortiñas. También Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Y logró llegar la abuela Elsa Pavón con la fatiga de los años en el cuerpo mientras su nieta Paula Logares completaba trámites de acreditación. La cara de Macarena Gelman apareció una y otra vez re-transmitida por la pantalla que amplificó imágenes en la sala. Estuvo el fiscal Miguel Angel Osorio, uno de los primeros empeñados en ordenar lo que al comienzo eran vestigios de una investigación imposible.

Este juicio oral que empezó hace tres años y tres meses, estuvo por caerse cuando murió el dictador Jorge Rafael Videla, uno de los principales imputados de los 32 con el que se elevó esta causa y ayer concluyó con 17 acusados, porque unos murieron y otros fueron separados del juicio por razones de salud. Edgardo Binstock fue parte de la querella por la desaparición de su compañera Mónica Pinus, secuestrada en marzo de 1980 en Brasil.

Mientras Binstock recordaba el Cóndor II del que habla Rafael Correa, el único acusado presente en el sala se abrió camino en la planta baja. El tribunal decidió darles la opción a los acusados de no participar en la audiencia final. No estuvieron ni en la sala ni en las trasmisiones vía internet que suelen conectarlos en los lugares de detención. En una larga fila de sillas vacías estuvo el único acusado que asistió: Miguel Angel Furci, que tenía pedidos de condenas por las dos causas que se debatieron en el juicio: Cóndor y un segundo tramo de Automotores Orletti, el centro clandestino donde fueron llevados la mayoría de los prisioneros extranjeros. Furci fue condenado como autor de 67 privaciones ilegales de la libertad y por 62 hechos de tormento, a 25 años de prisión y, como el resto, a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del período. Sus dos ojos protegidos por anteojos no perdieron vista del juez ni siquiera en ese momento. Cuando le cayó encima la sentencia no parpadeó siquiera, sin darse cuenta que las cámaras iban y venían al mismo tiempo mirando la cara de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, hija de Claudia y Marcelo, hoy diputada en Uruguay. “Las condenas son para mi satisfactorias -dijo ella-, y tienen además la particularidad de que incluye al primer uruguayo condenado por el caso de mi mamá, lo cual me hace pensar en Uruguay. Sentir que se cierra un capítulo es difícil de decirlo o sentirlo por la fragmentación de las causas, pero había una expectativa muy concreta que era sentencia a Cordero”.

La sala no aplaudió ni cantó hasta que el juez Amirante leyó el último punto de la sentencia, que indicó informar a la embajada uruguaya sobre la nueva situación judicial del imputado de ese país. Entonces la sala vivó a los 30 mil desaparecidos.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en agosto. Los acusados fueron condenados con penas significativas sobre todo por la cantidad de hechos que tienen adjudicados.

Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en este proyecto.