Expresar el beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el comienzo del primer juicio oral y público que se desarrolló en la provincia de Catamarca por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar que gobernó la República Argentina entre 1976 y 1983.

Señor presidente:

Los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina son los procesos llevados a cabo por las violaciones a los Derechos Humanos realizados en el marco de un genocidio ocurridos durante la última dictadura cívico militar en la Argentina desde 1976 hasta 1983. Luego del juicio a las juntas militares y de los alzamientos "carapintada", se dictaron dos leyes (Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida) que virtualmente detuvieron las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura.

Luego de que se promulgara la ley 25.779, en 2003, que anula las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara la invalidez e inconstitucionalidad de ambas leyes, se habilitó el avance de las causas judiciales por los delitos cometidos durante el llamado "Proceso de Reorganización Nacional".

El comienzo de los juicios es histórico para la provincia porque además de juzgar a los responsables de las desapariciones, se puso fin al silencio, una de las grandes secuelas que dejó la dictadura. Los imputados son el represor Luciano Benjamín Menéndez, ausente por razones de salud, y sus camaradas, el ex Jefe de la Policía de la provincia, Juan Daniel Rauzzino; y el ex Jefe del ex Regimiento 17, Carlos Alberto Lucena.

Ya no ha de haber catamarqueños que mantengan la certeza de que "el Proceso" haya pasado por el país sin tocar a la provincia. En estos últimos años se decía que la provincia de Catamarca había sido la excepción en cuando a la represión desatada por la dictadura cívico militar, pero lo que era la excepción era la falta de justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad.

Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.