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DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 411
Jefe SRA. CARBALLO LLOSA MARIANA A.
Miércoles 14.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2411 Internos 2411/2470
cdhygarantias@hcdn.gov.ar
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 3244-D-2016
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DISOLUCION DE LA "DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS" DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 01/06/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 64
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo pertinente, en relación a la disolución de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, informe:
1 - ¿Cuáles son las razones que la determinaron
2 - ¿Dónde se tramitarán los requerimientos de la Justicia y otros organismos en materia de información y documentación vinculada al terrorismo de Estado que la Dirección Nacional disuelta realizaba?
3 - ¿Se continuará con el relevamiento de archivos y fondos documentales de las fuerzas de seguridad que aportaban información al Archivo Nacional de la Memoria y a causas judiciales dado que era la Dirección disuelta la encargada de esa tarea?
4 - ¿Seguirán en efecto las políticas de sensibilización y aceptación de la diversidad sexual por parte de las fuerzas seguridad?
5 - ¿Cuáles fueron las causas para disolver el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ) que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
6 - ¿Qué políticas de género en las fuerzas de seguridad se implementarán y quién será el responsable de llevarlas a cabo teniendo en cuenta que la Dirección disuelta tenía un activo rol en ese sentido?
7 – Cualquier otra información pertinente a la decisión de disolver la Dirección Nacional en cuestión.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 6 de mayo de 2016, fue publicada en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 421/2016 que aprueba la Estructura Organizativa de Primer Nivel Operativo del Ministerio de Seguridad. Se trata de una pieza normativa clave al ser la que define el organigrama de toda la Jurisdicción. Crea los cargos de alta gerencia pública: Direccciones Nacionales, Direccciones Generales y Direcciones simples; establece dependencias y define responsabilidades primarias y acciones. En fin, da forma al andamiaje de apoyo técnico que respalda las decisiones de las autoridades políticas.
Históricamente esas decisiones quedaban reservadas al Poder Ejecutivo Nacional. Era el propio titular del Poder Administrador quién creaba o modificaba esas estructuras de apoyo y rubricaba con su firma la designación de esos cargos técnico-políticos. En caso que no hubiese habido concurso público de antecedentes para la designación, o que se estuviese designando a un ciudadano que no reuniera los requisitos formales requeridos por la norma, era el Presidente de la Nación quién endosaba su confianza al designado. Se hacía, en definitiva, responsable por la idoneidad e integridad de quien él estaba poniendo en funciones.
El nuevo gobierno ha decidido delegar la facultad de aprobar las estructuras organizativas de primer nivel en la Jefatura de Gabinete de Ministros a través del Decretos Nº 223/2016. Lo mismo hizo poco después con las designaciones a través del Decreto Nº 227/2016.
Por eso, la Decisión Administrativa Nº 421/2016 viene a modificar (sin citarlo) al Decreto Nº 2009/2010 que aprobó el organigrama original para la administración centralizada del Ministerio de Seguridad, en diciembre de 2010 cuando éste último fue creado. A pesar de que dicho organigrama sufrió modificaciones posteriores, ciertas áreas permanecieron inalteradas en función de su importancia central para la problemática de la seguridad.
Tal es el caso de la Dirección Nacional de Derecho Humanos (DNDDHH) que fue creada con responsabilidad primaria de “instrumentar y difundir en el área de su competencia las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el objeto de afianzar el derecho y la protección de los derechos esenciales de las personas en el ámbito de la seguridad, en concurrencia con las facultades que en esta materia corresponden en particular a la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS y al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO”.
Sus acciones eran:
1. Asistir al Ministro de Seguridad en el análisis de las cuestiones vinculadas con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el ámbito de su competencia y en concurrencia con las facultades que en esta materia corresponden en particular a la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS y al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
2. Dirigir y coordinar las medidas y acciones tendientes a la aplicación, difusión y capacitación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el ámbito de la seguridad, así como también entender en la orientación y formulación de los planes de enseñanza y capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad, siendo autoridad de aplicación de la Ley N° 26.290.
3. Intervenir, en colaboración con la SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENCION Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD, en el diseño y desarrollo de estándares y protocolos de actuación para las fuerzas policiales y de seguridad referidos a las reglas internacionales de uso de la fuerza, así como todo otro protocolo de actuación vinculado al respeto de la normativa internacional de Derechos Humanos vinculada al accionar de las fuerzas policiales y de seguridad.
4. Evaluar, coordinar y supervisar la intervención del área de la seguridad en la aplicación y cumplimiento de las normas locales y las Convenciones y Tratados Internacionales relativos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
5. Elaborar, coordinar y supervisar los programas de cooperación e intercambio del área de la seguridad con organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en materia de implementación y difusión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
6. Intervenir en el asesoramiento y la elaboración de los informes relativos a cuestiones vinculadas al área de seguridad que tramiten ante la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS u otros organismos creados en virtud de las Convenciones o Tratados Internacionales relativos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en concurrencia con la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
7. Impulsar, evaluar y supervisar las acciones tendientes a asegurar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas en el área de la seguridad.
8. Entender en lo atinente a la recepción, seguimiento y supervisión de las peticiones, denuncias y presentaciones y en la tramitación de procedimientos disciplinarios y/o sumariales que involucren a personal de las fuerzas policiales y de seguridad, cuando de ellas surjan elementos que puedan implicar una violación de los Derechos Humanos.
9. Proponer, en coordinación con la SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENCION Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD, medidas y planes de acción en materia de comportamiento institucional y prevención de la violencia institucional y todas aquellas prácticas que pudieran producir afectación a los Derechos Humanos.
En sus primeros dos años de existencia, la mencionada dirección nacional llevó adelante importantísimas actividades. Entre ellas:
• Tramitó más de 800 requerimientos de autoridades judiciales, del Ministerio Público Fiscal y de otros organismos gubernamentales en materia de información y documentación vinculada al Terrorismo de Estado entre los años 1976 y 1983
• Colaboró con la justicia en 28 procesos a través investigaciones o de recolección de ADN en el marco de las causas apropiación de menores durante el terrorismo de Estado.
• Llevó adelante un activo relevamiento de archivos y fondos documentales de las fuerzas policiales y de seguridad y se aportó documentación al Archivo Nacional de la Memoria y a las causas judiciales en curso en los que se investigan delitos de lesa humanidad.
• Desarrolló un protocolo específico de investigación para la búsqueda de prófugos de la justicia en el marco de causas por violaciones a los DDHH.
• Señalizó los centros clandestinos de detención conocidos como “Garaje Azopardo” y “Superintendencia de Seguridad Federal”, las Delegaciones Salta, Posadas y Concepción del Uruguay de la Policía Federal y en el Escuadrón de GNA de Ledesma, Jujuy
• Realizó el Ciclo “Teatro por la Identidad” en cuatro Fuerzas dependientes del Ministerio.
• Desarrolló, con la participación de actores estatales y de la sociedad civil, un protocolo de intervención policial para preservar la seguridad de las personas en situaciones de riesgo para sí o para terceros de personas con presunto padecimiento mental o en situación de uso problemático de drogas.
• En relación a la política de género prohibió a las Fuerzas limitar vacantes por género para el ingreso a los Institutos de Formación/Reclutamiento de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, y la adecuación/reforma de sus instalaciones edilicias, publicó el libro “Género y Seguridad Ciudadana: en busca de la igualdad”, creó Centros Integrales de género; cuyo personal se capacitó sobre discriminación, violencia laboral y acoso sexual y en su protocolo de atención. También, en conjunto con la Secretaría de DDHH de la Nación organizó el Curso Virtual: “Introducción a los Derechos Humanos y la perspectiva de género en las Fuerzas de Seguridad” mediante el cual se capacitaron alrededor de 700 integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad.
• En relación al respeto a la diversidad sexual desarrolló jornadas de trabajo con instructores de las fuerzas y la Asociación de Travestis y Transexuales Argentinas (ATTA) para la discusión de pautas de acercamiento a personas trans y las cuestiones a tener en cuenta en la requisas de personas trans. También realizó talleres de sensibilización en las cuatro fuerzas sobre género y diversidad sexual dictados de manera conjunta con el Grupo Efecto Positivo y el Consejo Nacional de las Mujeres. Elaboró y aplicó la encuesta “Sobre discriminación y prácticas culturales en relación a la sexualidad”, para identificar conocimientos, actitudes, prácticas de estigma y discriminación a la diversidad sexual, la transfobia, homofobia, lesbofobia en las fuerzas.
• En relación a la violencia de género y violencia intrafamiliar creó espacios de atención exclusivos en las Comisarías de la PFA para facilitar la labor de Programa las Víctimas contra las Violencia, conformó conjuntamente con la Oficina de Violencia Domestica de la CSJN (OVD) una “Oficina de atención de violencia intrafamiliar en territorio” —se trata de un programa piloto— que tiene entre sus funciones la toma de denuncias y la evaluación de riesgo de las víctimas de violencia asegurando el acceso a la justicia de las víctimas, organizó conjuntamente con la OVD la capacitación de 3000 integrantes de la GNA y PNA que prestan servicios en el Operativo Cinturón Sur sobre la temática y realizó talleres de trabajo con instructores del Cuerpo de Prevención Barrial de PFA para planificar la correcta intervención policial en estos casos.
• En conjunto con el Consejo Nacional de las Mujeres elaboró y difundió el “Manual de Autoprotección para víctimas de violencia intrafamiliar” para ser entregado a víctimas como primera medida se resguardo.
• Elaboró y una “Guía de intervención policial en casos de violencia en relaciones familiares” que fue sometido a la evaluación de los actores estatales con competencia en la temática.
• Recopiló y analizó información relativa a actuación policial en la que podría evidenciarse violencia institucional para dar seguimiento a las respectivas actuaciones disciplinarias y proponer modificaciones a los protocolos aplicables.
• Recibió y tramitó 250 denuncias de integrantes de las Fuerzas relativas a discriminación, abuso de autoridad, violencia intrafamiliar, violencia laboral, acoso sexual, entre otros. El análisis de las situaciones planteadas provocó la adopción de las siguientes resoluciones ministeriales: i) prohibición de consultas sobre creencias religiosas de los/as postulantes a las Fuerzas y sus miembros, ii) adecuación de las pautas de organización de exámenes de ingreso y ascenso respetuosas de la dignidad de las personas (se prohíbe consultar sobre convicciones políticas, ideológicas, filosóficas y/o morales; la duración máxima de los exámenes a fin evitar esperas y ayunos prolongados y excesivos y iii) prohibición de portación de armas de dotación de los integrantes de las fuerzas que hayan sido denunciados por violencia intrafamiliar.
• Dio seguimiento y supervisión de los procesos disciplinarios y sumariales que se inician al personal perteneciente a la Fuerzas Policiales y de Seguridad por las denuncias mencionadas o por aquellas relacionadas con violaciones a los derechos humanos de los/as ciudadanos/as por parte del personal policial.
Esta larga lista corresponde solamente a las actividades que dicha dirección realizó mientras la suscripta fue Ministra de Seguridad de la Nación. Luego, a lo largo de las sucesivas gestiones que impusieron su impronta, la Dirección Nacional de Derechos Humanos siguió adelante con la filosofía y la orientación del Acuerdo de Seguridad Democrática. Dicho acuerdo, de bases multisectoriales y multipartidarias, ponía a los derechos humanos como un eje central de la gestión de la Seguridad Pública. Y nuestra gestión materializaba ese entendimiento en el Modelo Argentino de Seguridad Democrática, un documento de nivel estratégico que establecía áreas concretas de acción e iniciativas.
En 2014, último año para el que se disponen datos sobre su actividad, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad continuó su labor.
• Formuló cursos específicos para la incorporación de la perspectiva de género en las Fuerzas Policiales y de Seguridad.
• Dio seguimiento e implementó los protocolos de actuación relacionados con la violencia de género
• Realizó cursos virtuales que alcanzan el territorio nacional, talleres presenciales y la incorporación de la perspectiva de género y asignaturas específicas en los cursos de ingreso, ascenso y reentrenamiento que se dictan en las Fuerzas.
• Efectuó análisis y seguimiento de las denuncias y medidas cautelares tramitadas por las Fuerzas de Seguridad en el marco de casos relacionados con la violencia de género.
• Tramitó 1.226 averiguaciones por portación y tenencia de armas de fuego de personas denunciadas por violencia de género.
• Puso a disposición de la justicia información de relevancia para extremar las medidas de protección de las víctimas de violencia de género.
• Tramitaron 72 expedientes originados por denuncias presentadas ante la línea 0800-555-5065, en las cuales se relaciona a efectivos de las Fuerzas de Seguridad con delitos asociados con la violencia de género.
• Tramitó 144 expedientes para restringir la portación de armas de fuego por parte de personal policial y de las Fuerzas de Seguridad involucrados en causas de violencia de género.
• A través de la aplicación de la metodología sobre la investigación de femicidios en el lugar del hallazgo identificó los sumarios policiales de 31 casos de homicidios dolosos y suicidios de mujeres ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires.
• Inició, en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), un proceso de trabajo para agotar las posibilidades de identificación de personas detenidas desaparecidas cuyos cuerpos hubieran sido inhumados como NN entre 1975 y 1983. A fines de 2014 obtuvo más de cien cotejos positivos, de los cuales treinta aportaron información novedosa y fueron remitidos para su análisis a las autoridades judiciales correspondientes.
Asimismo, mediante dicha resolución se desarticuló el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado en 2009 para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, a fin de permitir la identificación de los hijos e hijas de desaparecidos durante el terrorismo de Estado.
El GEAJ fue materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que su creación fue debido a que la toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a los nietos de desaparecidos "no podía estar en manos de fuerzas de seguridad"
Por todo esto, no se entienden las razones que pudieron haber inducido a las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad a proponer, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a aprobar, la eliminación de esta estructura.
La Decisión Administrativa Nº 421/2016 que organiza la estructura del nuevo Ministerio de Seguridad pareciera querer sugerir que otra dependencia, supuestamente superadora, ha llegado para sustituir a la Dirección Nacional de Derechos Humanos. En efecto, ese pareciera ser el papel que cabe en esta historia a la Dirección Nacional de Control de Integridad de las Fuerzas de Seguridad.
No es necesario ser un experto en la temática para advertir de inmediato que “Derechos Humanos” e “Integridad” pueden tener aristas comunes pero que definitivamente son conceptos independientes. La responsabilidad primaria de esta nueva dirección es “elaborar, planificar y ejecutar los planes estratégicos de gestión tendientes a coadyuvar al profesionalismo de los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD.”
Entre sus acciones están:
1. Asistir al Ministro de Seguridad en el análisis de las cuestiones vinculadas a la transparencia, legalidad, ejercicio de la ética, integridad y profesionalismo de los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
2. Analizar e intervenir en el relevamiento, de denuncias efectuadas por la ciudadanía, por cualquier medio, contra algún efectivo de las Fuerzas Policiales y de Seguridad dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
3. Diseñar y llevar a cabo las acciones necesarias, dando cumplimiento al Código de Ética de la Función Pública, Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, protocolos y normativas de las Fuerzas policiales y de seguridad, normativas nacionales y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tendientes a lograr mayor transparencia y que coadyuven al profesionalismo de las Fuerzas Policiales y de Seguridad dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
4. Articular con las áreas pertinentes del organismo la gestión de las denuncias efectuadas respecto del accionar de las fuerzas policiales y de seguridad.
5. Recibir denuncias, cualquiera fuera su naturaleza, vinculadas a actos, hechos u omisiones que pudieran resultar contrarios a la ética pública o que pudieran constituir comportamientos ilegítimos, respecto de los efectivos, agentes, oficiales de las Fuerzas Policiales y de Seguridad y funcionarios que dependan de la jurisdicción y articular las acciones necesarias en orden a las mismas.
6. Intervenir, en colaboración con las áreas competentes de la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en el diseño y desarrollo de estándares y protocolos de actuación para las fuerzas policiales y de seguridad, referidos a la integridad y al ejercicio de la ética de los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
7. Elaborar, coordinar y supervisar los programas de cooperación e intercambio del área de la seguridad con organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales en materia de transparencia, legalidad, ética, integridad y profesionalismo de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
8. Intervenir en la coordinación de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, para la implementación en la Jurisdicción de las recomendaciones de políticas y programas preventivos de hechos de corrupción que realice la citada Oficina.
Como se puede apreciar, apenas el punto 3) de las acciones encomendadas a la Dirección Nacional de Control de Integridad hace una tímida referencia al derecho internacional de los derechos humanos.
Acotar la problemática de los derechos humanos en los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a una mera temática de integridad es repudiar la historia argentina. Es desconocer la larga secuencia de penosos antecedentes de violencia institucional que se prolongan hasta nuestros días. Es apartarse sin fundamentos del amplio consenso que abriga el Acuerdo de Seguridad Democrática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GARRE, NILDA CELIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| SEGURIDAD INTERIOR (Primera Competencia) |
| DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS |