Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

Señor presidente:

La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, presentada en octubre de 2012, tiene como propósito difundir información y prestar asistencia en casos de violencia institucional, así como incidir en la conciencia pública para revertir la naturalización acerca de estos hechos.

Apunta a la coordinación de diferentes agencias del Estado con organizaciones de la sociedad civil para un abordaje integral de la seguridad que realce el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de todos y todas. La violencia institucional continúa como asignatura pendiente de la democracia en tanto aún se registran cotidianamente hechos graves de violencia policial e institucional sobre los que generalmente no se habla ni se denuncia. De acuerdo a la información recabada por la Campaña en los últimos 12 años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad. El 49% de estas personas murió por disparos efectuados por policías en servicio.

Es una realidad que las principales víctimas de estas acciones son los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente jóvenes, quienes ya sufren la marginación y la estigmatización. Resulta evidente que los problemas que aquejan a esta población no se resuelven con una política represiva sino superando las condiciones de exclusión, propiciando la integración de la juventud al sistema de trabajo formal, a la educación y a la salud pública. Es el Estado, quien en estos últimos años volvió a asumir un rol protagónico en la resolución de diversas necesidades populares a través de sus políticas, el principal responsable y garante de resolver esta situación.

La Campaña apuesta por ello a reforzar una política integral que permita ir reformulando el rol de las Fuerzas de seguridad en el contexto democrático, con un profundo control civil, atendiendo a un mejor profesionalismo, definiendo campos de actuación delimitados y teniendo en cuenta estándares nacionales e internacionales de protección de derechos. En la discusión y creación de estas políticas de seguridad en todos los niveles de gobierno, la participación comunitaria se destaca como un factor fundamental. La Campaña funciona a través de una red de abogados, estudiantes de derecho, promotores y voluntarios capacitados para identificar, denunciar y actuar conjuntamente con la comunidad frente a prácticas de violencia institucionalizadas, particularmente aquellas de las fuerzas de seguridad. La red de abogados cuenta con una sede para la recepción de denuncias y asesoramiento, y con atención telefónica inmediata para los casos de gatillo fácil, abuso y hostigamiento policial.

Se trabaja en tres ejes fundamentales:

- la capacitación ciudadana en derechos humanos,

- la capacitación a promotores de derechos dentro de organizaciones civiles, políticas y sociales, y

- la comunicación y difusión de material audiovisual y folletería sobre los derechos y las estrategias frente a la violencia y el abuso de poder de las fuerzas de seguridad.

En el marco de la Campaña se realizó el pasado 3 de mayo el Primer Encuentro nacional contra la Violencia Institucional donde funcionarios, jueces, organismos de Derechos Humanos y victimas debatieron sobre la violencia institucional y las formas de erradicarla. En mesas de debate se discutieron tópicos como la represión de la protesta social, el tratamiento de la violencia institucional en los medios, la problemática de género, el control político y civil de las fuerzas de seguridad, entre otros tópicos, a fin de fortalecer un Estado que asuma y ejerza una concepción democrática de la seguridad y la relación entre el poder institucional y la ciudadanía y pueda disponer de fuerzas de seguridad responsables y respetuosas de los derechos de todos.

Por la relevancia del quehacer de la Campaña para nuestra construcción democrática solicito a mis pares me acompañen en esta resolución.