Solicitar al Poder Ejecutivo que -por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos- investigue y adopte las acciones pertinentes respecto a la denuncia sobre la participación del comisario mayor de la Policía Metropolitana Ricardo Raúl Ferrón en la detención de la conducción del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el 27 y 28 de febrero de 1981.

Señor presidente:

¿La Metropolitana es un nido de represores? (1)

Los opositores porteños entraron por primera vez a ver los legajos de los oficiales de la Policía Metropolitana. "Quiero ver este", pidió Marcelo Parrilli, legislador de MST-Nueva Izquierda. "Es que fue compañero mío del Colegio Nacional de San Isidro", justificó. Cuando pusieron frente a él la foto del comisionado mayor Ricardo Raúl Ferrón, Parrilli confirmó: "Es él. Y participó en el comando de la Federal que nos detuvo a los abogados del CELS en la dictadura". Y reclamó que el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, lo dé de baja. "Que Parrilli haga una denuncia formal y se harán las investigaciones que correspondan", se limitó a responder Burzaco.

Luego de los diversos escándalos sobre altos oficiales con causas pendientes en la Justicia, que llevaron a que Burzaco pidiera la baja de once de ellos, se reactivó la comisión de seguimiento legislativo que el macrismo había dejado en el freezer. Fueron a ver los legajos a la academia policial los macristas Martín Borrelli, Helio Rebot, la kirchnerista Gabriela Alegre, Parrilli y Rafael Gentilli, de Proyecto Sur.

Los diputados empezaron por revisar los legajos de los 39 comisarios mayores. El titular del Instituto Superior de la Metropolitana, Miguel del Castillo, les explicó que, en lugar de verlos en papel, los legajos iban a ser proyectados sobre una pared. Los opositores reclamaron, de todas formas, ver los legajos luego de que sean escaneados. Y en algunos casos, pidieron ver algunas fojas que se habían traspapelado.

Cuando entregaron la lista de los 39 comisarios, Parrilli, dijo: "Quiero ver éste. Si es quien yo pienso fue mi compañero en el Colegio Nacional de San Isidro". Los macristas pusieron el legajo proyectado en una pantalla y afirmó: "Sí, es él. Y participó en el procedimiento por el que detuvieron a toda la conducción del CELS". El comisario mayor al que identificó Parrilli es Ricardo Raúl Ferrón, que ingresó por la resolución 233/10 en marzo de este año, ya con Burzaco al frente de la fuerza. El 1º de marzo de este año consiguió la baja de la Federal.

Según pudieron comprobar los legisladores, en su legajo figura que estuvo gran parte de la dictadura en la Superintendencia de Seguridad Federal. En su currículum -donde aparece como una de sus especialidades "reducir dementes"- figura que comandó el operativo de custodia en la cumbre de Mar del Plata y que fue herido el 29 de diciembre de 2001. "Esta persona integró el comando de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal que el 28 de febrero de 1981 nos detuvo a Carmen Lapacó, Madre de Plaza de Mayo, y varios abogados del CELS, entre ellos Emilio Mignone, Augusto Conte y yo", aseguró Parrilli, en un comunicado de prensa. "Le exigimos al ministro Montenegro y al jefe policial Burzaco la inmediata baja de Ferrón, porque es inconcebible que sigan designando en la Metropolitana a gente que durante la última dictadura militar actuó en fuerzas represivas", reclamó.

Cerca del jefe policial indicaron que no iban a resolver la situación del policía sobre la base de una denuncia mediática. "Recordemos que hizo hace tres días otra denuncia contra la Metropolitana y estaba equivocado", plantearon, en alusión a la denuncia de Parrilli sobre la participación en Coordinación Federal de Gustavo Morón, a cargo de la auditoría interna de la Metropolitana, que el funcionario salió a desmentir.

El operativo de febrero de 1981, en el que detuvieron a la conducción del CELS fue una represalia de la dictadura por la presentación que hizo Augusto Conte el 30 y 31 de enero en París de un documento que describía detalladamente el funcionamiento del terrorismo de Estado. La detención fue ordenada por el juez Martín Anzoátegui. Allanaron el CELS y se llevaron dos cajas con documentación, una estufa, dos teléfonos, tres máquinas de escribir y un ventilador. "Nos llevaron en un auto a dos chicas y a mí -recordó la madre de Plaza de Mayo Carmen Lapacó ante Página/12-. Y recuerdo que los que manejaban dijeron: '¿A dónde vamos? ¿A la caja o a dónde?'. Nos llevaron a Coordinación Federal. Allí nos dejaron en una celda que era una mugre, con un colchón en el suelo. ¿Vos sabés el miedo que tuve? Porque había estado desaparecida y sabía lo que podía pasar. Por suerte, a la semana, nos soltaron." El mismo día detuvieron en su casa a Emilio Mignone. Parrilli, que vivía en el mismo edificio (2) , se ofreció a acompañarlo (3) y se lo llevaron preso también.

Del resto de los legajos que vieron el 27 de abril -fueron unos ocho-, pudieron establecer que varios tuvieron participación en agencias de seguridad privada y que revistaron en áreas de inteligencia. "Gran parte de la plana mayor actuó en la Federal durante la dictadura y deberían ser dados de baja ya", reclamó Parrilli, quien estimó que "en sus cuadros superiores lleva la marca de origen del Fino Palacios y Ciro James".

¿Dos relatos, la misma película?

¿Un Informe oficial? (4)

Detención y procesamiento de miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales Legajo N° 7418

El viernes 27 de febrero de 1981 fue allanada la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- en la Capital Federal, por orden del Juez Federal en lo Criminal y Correccional a cargo del Juzgado N° 2, Dr.Martín Anzoátegui, con intervención en el procedimiento de su Secretario el Dr. Guillermo Arecha.

En ese momento se encontraban en el lugar la Sra. Carmen Aguiar, tesorera del CELS e integrante de su personal, el Dr. José Francisco Westerkamp, miembro de su Comisión Directiva y tres visitantes.

El procedimiento duró varias horas. Finalmente se llevaron toda la documentación y papeles existentes en la entidad. Las cinco personas mencionadas fueron trasladadas a la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, en calidad de detenidos.

Cuando aún no había terminado el procedimiento en la sede del CELS, fue allanado el domicilio del Dr. Emilio Fermín Mignone. Este fue detenido a su llegada y trasladado a la Superintendencia de Seguridad, junto con el abogado Marcelo Parrilli que lo acompañaba. También al Dr. Mignone le fue secuestrada gran cantidad de papeles, folletos y libros personales. Mientras esto ocurría, otra comisión policial se trasladó al domicilio del Dr. Boris Pasik, abogado y Secretario del CELS, y lo detuvo. Por último, el sábado al atardecer se detuvo al Dr. Augusto Conte MacDonell, Vicepresidente de la Institución, en momentos que abandonaba su domicilio. Los nueve detenidos, rigurosamente incomunicados, fueron ubicados en celdas individuales. El domingo 1° de marzo fueron liberadas las tres personas que se encontraban circunstancialmente en la sede del CELS, pero los otros seis detenidos permanecieron en la situación antes descripta hasta la mañana del 3 de marzo en que fueron trasladados al subsuelo del Palacio de Justicia. Las declaraciones indagatorias ante el Juez recién comenzaron al quinto día de la incomunicación, sin posibilidad para los detenidos de un adecuado descanso.

Durante los interrogatorios ante la policía, los imputados habían explicado con amplitud los objetivos y actividades del CELS. Subrayaron que se trata de una institución constituida legalmente, sin fines de lucro, que actúa a la luz pública y con el propósito de procurar la vigencia de los derechos fundamentales, luchando con medios legales contra todo tipo de violaciones, discriminaciones y abusos. Señalaron que en ese momento el CELS desarrollaba tres programas de trabajo. El primero, de carácter jurídico, consiste en llevar adelante casos judiciales vinculados con la desaparición de personas, presos sin proceso o condenados por tribunales militares, imputados por razones políticas, etc. El segundo consiste en formar un Centro de Documentación sobre estas materias, realizar investigaciones y estudios y efectuar publicaciones. El tercero se orienta hacia la vinculación con organismos similares del país y del extranjero, y a prestar asesoramiento o servicios a grupos e instituciones interesadas en los mismos problemas. En virtud de ello, el CELS está afiliado a la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra y a la Liga Internacional por los Derechos Humanos en Nueva York. Durante las declaraciones indagatorias, el Juez Anzoátegui, sin perjuicio de la ratificación por parte de los interrogados de su declaración ante la Policía, sólo formuló preguntas vinculadas con la acusación que surgía del material secuestrado.

La única parte del material secuestrado a la que se asignaba relevancia era un croquis perimetral, supuestamente de la zona militar de Campo de Mayo. Estaba trazado a mano, a bolígrafo, sobre papel transparente y podría ser una mala copia de cualquier plano de carretera adquirible en el comercio ordinario. Además una lista de personal que revistaba en 1976 en una unidad militar de Córdoba, con algunos comentarios sobre oficiales y suboficiales allí mencionados. La lista parecía haber sido extraída de algunos de los testimonios que circulaban públicamente en el exterior y más reservadamente en el país, emanados de personas que estuvieron secuestradas en centros clandestinos y fueron liberadas.

Cabe señalar que el Juez explicó que los allanamientos habían sido ordenados a raíz de una denuncia -cuyo origen declinó indicar- según la cual en la sede del CELS existían mapas y documentos de origen militar que afectarían la Seguridad del Estado (5) .

Asimismo, manifestó que él no había ordenado el allanamiento del domicilio particular del Dr. Mignone. Después de la indagatoria, el Juez dispuso levantar la incomunicación de los detenidos -quienes pudieron verificar entonces, la coincidencia de las distintas declaraciones individuales, derivada de la veracidad de las mismas- y ordenar su libertad por falta de méritos (art. 6to. del C.P.P.), por cuanto "no considera justo ni razonable prolongar el estado de detención cuando la complejidad de la materia, a la luz de los elementos de prueba reunidos, impone un cuidadoso trabajo y precisa de un minucioso análisis".

Sin embargo, los días 13 y 14 de marzo los diarios "La Razón", "La Prensa" y "Crónica" publicaron versiones, atribuidas a voceros del Juzgado, que contienen graves acusaciones contra los miembros del CELS. Esas noticias, transcriptas entre comillas, lo que pone de manifiesto su origen oficial y coincidente, afirmaban que el "Juez Anzoátegui está estudiando la vinculación de los procesados con determinados movimientos subversivos de proyección internacional...", y que la documentación secuestrada "podría acreditar la vinculación del Centro de Estudios Legales y Sociales con movimientos subversivos que disimulan su accionar invocando la falsa representación y defensa de los derechos humanos".

Nada de ello tuvo la más remota confirmación en el proceso; por el contrario, tales afirmaciones parecían indicar el propósito de orientar las actuaciones hacia acusaciones de mayor gravedad, por infundadas que fuesen. Pero, al mismo tiempo, supondrían una grave violación de los deberes del magistrado en cuanto constituían un prejuzgamiento inaceptable y una acusación que afectaba el honor de los imputados. Ello dio lugar a que se recusara al Dr. Anzoátegui y se solicitara su separación de la causa; incluso se recordó que en una causa promovida por el mismo Juez en 1979, que dio lugar al allanamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y al secuestro del archivo de dichas instituciones, se incurrió en el mismo sistema de "trascendidos" calumniosos que ocuparon amplio espacio en los periódicos.

En conocimiento de la recusación, el Juez Anzoátegui se excusó de seguir interviniendo. En consecuencia, el expediente pasó al titular del Juzgado Federal a cargo del Dr. Pedro C. Narvaiz, quien también fue recusado, ya que en octubre de 1980 había impuesto un apercibimiento a los Dres. Pasik, Parrilli, Conte Mac Donell y Mignone, junto con otros 33 letrados patrocinantes en un recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de 329 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A raíz de ello, el Juez Narvaiz remitió el expediente al titular del Juzgado Federal N° 4, Dr. Norberto Giletta, quien procedió al levantamiento de la clausura de los locales y a la devolución de la mayor parte del material secuestrado. En su momento el Dr. Giletta sobreseyó definitivamente a los procesados, con la salvedad de que la formación del sumario en nada afecta su buen nombre y honor.

Esta sucinta relación da una idea de los considerables riesgos y graves dificultades que debieron afrontar los letrados defensores y los organismos que fueron asumiendo la representación de la sociedad civil, en momentos que fue una práctica cotidiana la violación de los derechos y garantías tutelados por la Constitución Nacional.

¿Una protagonista?

Una protagonista del Movimiento de Derechos Humanos realiza un relato personal del allanamiento del CELS y la detención de sus directivos (6) :

La dictadura no atentó contra nuestras vidas, como amenazó el anónimo recibido un mes antes, pero tomó represalias por nuestras denuncias.

El viernes 27 de febrero de 1981, cerca de las veinte horas, permanecíamos en la APDH Teresa Candia, Nilda Garré y Bella Friszman, mientras yo envolvía un ramo de flores y una planta, regalo por mi cumpleaños. Nilda se había ofrecido a acercarme a casa, donde teníamos planeada una comida familiar. Sonó el teléfono y Leonardo Pérez Esquivel, uno de los hijos de Adolfo, muy excitado, nos avisó desde el SERPAJ que estaba siendo allanado el CELS. Carmen Aguiar, secretaria de esa institución, había alcanzado a llamarlo antes de que la policía y el secretario del juez la detuvieran. Vista la experiencia de 1979, cuando fueron allanados uno tras otro la Liga, la APDH y el MEDH, decidimos no perder ni un minuto: cerramos todo, Bella y Teresa avisaron al resto de nuestros compañeros desde afuera, mientras que Nilda y yo, en su coche, pasamos frente a las puertas del CELS. Allí vimos como gente de seguridad cargaba en una camioneta cajas y papeles. Ya habían detenido a José Westerkamp y Carmen Aguiar junto a tres personas que estaban de visita y a las que liberaron dos días después. Entramos a una confitería de Lavalle y Rodríguez Peña donde era bastante frecuente que personas que trabajaban en los organismos nos reuniéramos a tomar un café.

Nos encontramos con Chela y Emilio Mignone y Marcelo Parrilli, (7) entonces abogado del CELS. Mientras Emilio seleccionaba en un fichero las direcciones internacionales a las que era imperioso recurrir, nos pidió que fuéramos a casa de Augusto Conte, con quien no había podido comunicarse. Cuando el matrimonio Mignone regresó a su casa la Policía estaba esperándolos y detuvo a Emilio y a Marcelo.

La familia Conte vivía en la avenida Callao, en una antigua casa cuyo largo pasillo de entrada Nilda y yo recorrimos a oscuras. Augusto nos recibió con una linterna y en medio de la sala iluminada con velas le contamos lo ocurrido pidiéndole que abandonara la casa. Nos contestó que no podía: estaba solo con su hijo menor Julián, esperaba a Laura, su mujer, que debía volver de la facultad y, por si fuera poco se había cortado la luz. "Además -agregó- no estoy preparado para vivir clandestino." Eso sí, nos pidió que nos lleváramos unos papeles que metió a las disparadas en una bolsa de plástico.

Salimos preguntándonos qué haríamos con la bendita bolsa si nos enfrentábamos a la "patota". El pasillo seguía tenebroso y decidimos que, eventualmente, la tiraríamos en algún recoveco. La patota no llegó -no recuerdo quién guardó después los papeles-, Nilda me llevó a casa y apenas terminada la cena llegaron Alfredo Bravo y Alfredo Galetti. Éste padecía desde hacía tiempo una afección de origen tiroideo que lo hacía depender de la ingesta diaria de medicamentos. Se veía además muy desasosegado. Bravo nos preguntó si, para protegerlo de una eventual detención Galetti podía dormir por esa noche en casa. En tanto él buscaría algún otro lugar más seguro donde alojarlo. Lo acomodamos en un sofá e intentamos dormir un poco todos mis hijos Enrique y yo. El sábado tempranísimo Élida y Alfredo Galetti fueron refugiados por Víctor García Costa en su casa en el conurbano bonaerense.

Esa misma mañana hablaba por teléfono con Augusto Conte, cuando me anunció que llegaba la Policía. Le pedí que dejara descolgado el teléfono para oír lo que pudiera -casi nada, por cierto- hasta que, después de un lapso que me pareció eterno, me llegó la voz de Laura Conte. Habían detenido a Augusto y agregó decidida que, de ahí en más, ella estaba dispuesta a actuar, que le dijéramos todo lo que era necesario hacer. Cuando escribo esto siento casi la misma conmoción. Desde la desaparición de su hijo Augusto María, Laura lo había esperado durante un mes sentada frente a la puerta de entrada del departamento. Al cabo de ese tiempo, le comunicaron a Augusto Conte que a su hijo lo habían matado. Laura recibió la noticia, la asimiló como pudo, pero nunca había participado en ninguno de los organismos de derechos humanos. Ahora su marido estaba preso y ella tomaba un lugar en la lucha que después nunca abandonó.

Esa misma mañana fue detenido también Boris Pasik. (8) La conducción del CELS, salvo Noemí Fiorito de Labrune -que estaba en Cipoletti- y Alfredo Galetti, quedó detenida e incomunicada en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal.

Con mucha celeridad, que revela cómo estaban cambiando las cosas, hubo veintiséis abogados listos para asumir la defensa de los detenidos. Durante el fin de semana se reunieron primero en nuestra casa y después en una confitería en la avenida Santa Fe y Salguero, y desde el lunes 2 de marzo todas las acciones se concentraron en la APDH. Allí firmaron el hábeas corpus que se redactó para los seis detenidos a quienes también desde ese lugar se les envió diariamente alimentos. Allanamiento y detenciones provocaron un escándalo mayúsculo, tanto en el exterior como en el interior del país, donde todos los organismos reaccionaron uniendo esfuerzos y se multiplicaron las expresiones políticas y sociales de repudio ante la nueva arbitrariedad. Semejante presión rindió sus frutos y el 3 de marzo los encausados fueron trasladados al Palacio de Justicia. Ese día en los pasillos del edificio, además de los abogados patrocinantes, nos habíamos reunido unas veinte personas a las que la Policía no recibió órdenes de impedir la entrada. Afuera aguardaban otras cuatrocientas. Cuando nuestros compañeros empezaron a circular delante del grupo, rumbo al juzgado correspondiente, rompimos en aplausos. Muy rápido fueron puestos en libertad "por falta de mérito".

Una vez más los militares demostraron que habían perdido el rumbo, al elegir la estrategia de enfrentamiento con los organismos. Con cada procedimiento, en lugar de descrédito nos aportaban mayores apoyos.

La misma noche de la liberación visité la casa de los Cante. Lo primero que me impresionó en Augusto fue que habían desaparecido sus tics característicos. Cuando se lo hice notar agregó que también le había mejorado la dispepsia y, refiriéndose al instinto de supervivencia, comentó un poco sorprendido: "Siempre imaginé que si me detenían me sentiría muy cerca de Augusto María [su hijo desaparecido]. Sin embargo, en la celda sólo pensaba qué estarían haciendo afuera ustedes por mí". Después comentó que todas las preguntas formuladas por el juez se basaron en una denuncia anónima sobre la existencia de mapas militares en el CELS. Efectivamente se trataba de unos bocetos a mano alzada del perímetro e instalaciones de Campo de Mayo y la ESMA. Ilustraban los testimonios dados por los sobrevivientes Scarpatti, Solarz de Osatinsky y otros en Francia, en 1979. A esa altura circulaban por todos lados, sobre todo entre los organismos.

En esa causa, tras la recusación de los jueces Martín Anzoátegui y Pedro C. Narvaiz, el juez Norberto Giletta levantó la clausura del local del CELS e hizo devolver la mayor parte del material incautado, al tiempo que dispuso el sobreseimiento definitivo de todos los detenidos. El 2 de abril, Augusto Cante, en nombre propio y de sus compañeros del CELS, "agradeció en una reunión de la Mesa Ejecutiva de la APDH el esfuerzo y apoyo hechos por esta organización y destacó el aumento de la reacción en el país ante estas últimas detenciones que, a su entender prometía mayores posibilidades para la defensa de los derechos individuales". (9)

¿Alguien le pone el cascabel al gato? (10)

"Hay una cuestión política decisiva que indica que ningún integrante de la policía provincial, Federal, Gendarmería, Prefectura, etc., que haya formado parte del aparato represivo de la dictadura puede ser designado como miembro de la Policía Metropolitana; hayan cometido o no delitos, por el sólo hecho de formar parte carece de la idoneidad elemental para desempeñarse en un cuerpo de seguridad", sentenció Parrilli en declaraciones exclusivas a Crítica de la Argentina. Para el legislador, "el macrismo se ha dedicado a reciclar genocidas. No les importa que hayan formado parte de la dictadura. Para ellos, esto no es descalificante. Quizás sea algún mérito, pero no lo dicen. Y uno no sabe si lo hacen por ignorancia, por compromiso ideológico o no sé por qué. Pero lo hacen. De cualquier manera, Ferrón se tiene que ir".

- Usted y Ferrón fueron compañeros en el Colegio Nacional de San Isidro ¿Este dato fortuito fue fundamental para reconocerlo?

- Él era un poco más chico pero fue un elemento que me ayudó. El día que me vinieron a llevar para la Superintendencia, lo veo venir a él. Hacía unos 9 años que no lo veía, pero lo reconocí inmediatamente, de la misma manera que él me reconoció a mí. Y no le dije nada porque no sabía si era un grupo legal o ilegal. Si lo reconocía y lo mencionaba, era boleta seguro. - ¿Consiguió expresarle esta denuncia al jefe de la Policía Metropolitana, Eduardo Burzaco? - Me saludó cuando llegué, pero cuando le dije que este legajo era de esta manera (referido al de Ferrón), desapareció.

- Además de Ferrón, ¿advirtieron la existencia de legajos de otros implicados en la dictadura? - La investigación que nosotros podemos hacer es muy limitada porque ellos tienen los legajos; nos dan los datos con cuentagotas y ni siquiera tienen todos los antecedentes. Nosotros sólo podemos apelar a nuestra memoria, como en mi caso. Pero la gente que hoy está en la Comisión no estuvo en los organismos de Derechos Humanos en aquella época y es por eso que hoy necesitamos mucho de estas organizaciones.

- ¿Qué procedimiento va a seguir la Comisión?

- Ya me comuniqué con (el secretario de Derechos Humanos de la Nación) Eduardo Luis Duhalde, porque creo que su Secretaría también tiene que intervenir. Es como si, caído el régimen de Adolfo Hitler, usted hubiese tenido que armar la policía en Alemania y contrataba a los oficiales de la SS, para cuidar la seguridad de los ciudadanos alemanes. Hay un grado tremendo de confusión. Yo estoy haciéndole una presentación al ministro Montenegro que es superabundante, diciéndole que a este hombre lo tiene que echar. Como funcionarios públicos políticos tienen la obligación de proceder, porque las designaciones son políticas. Cuando usted decide poner a un señor que estuvo en la Superintendencia de seguridad Federal en la época de la dictadura como actual comisionado mayor, toma una decisión política que significa "A mí no me importa nada que haya estado en el centro de la maquinaria de genocidio, yo lo nombro igual".

¿Ferrón no tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos? (11)

Fuentes cercanas al Ministerio de Justicia calificaron de "mamarracho" la denuncia de Parrilli. Aducen que Ferrón ya era una persona "pública y reconocida", y que al diputado, repentinamente "le cayó la ficha". Sostuvieron que "resulta llamativo lo de Parrilli" porque, luego de haber sido allanado el Cels en 1981, "sería lógico que hasta el ´83 no hubiera tenido garantías, pero desde 1984 al 2010 no hizo ninguna denuncia hasta que ayer tuvo un ataque de memoria". Para el Ministerio de Justicia porteño no reviste ningún viso de seriedad la denuncia formulada por Parrilli. Señalaron que Ferrón nunca estuvo "escondido", y que siempre fue "hombre de cuerpo, estaba en la calle"(Se retiró como Jefe del Cuerpo de Guardia de Tránsito). Cuando Eugenio Burzaco se presentó a la Comisión de la Legislatura el 23 de abril, Parrilli sostuvo que quien había allanado el Cels había sido Gustavo Morón, que es el auditor externo de la Policía Metropolitana. Un día después afirmó que había sido el mismísimo Ferrón, "y mañana va a decir que fue Perón", aseguraron.

Según fuentes cercanas a la cartera de Justicia metropolitana, Ferrón presentó su foja de servicio para entrar en la policía macrista y no figura ningún antecedente relacionado con la violación a los derechos humanos. En 2004 fue condecorado por Néstor Kirchner por haber estado al frente del operativo que custodió la Cumbre de presidentes de Mar del Plata, "y no es que estuvo escondido en un sótano de la policía y hoy salió a la luz".

Desde el Ministerio de Justicia indicaron a Página/12 que ni piensan considerar el planteo. "No tiene entidad y no merece análisis. Que haga la denuncia correspondiente en la Justicia", indicaron cerca de Montenegro.

Por su parte, el legislador macrista Martín Borrelli indicó que "esto no puede ser una caza de brujas. Ferrón fue condecorado y ascendido en democracia y no tiene causas judiciales ni está procesado".

Cabe recordar que este caso se suma a la seguidilla de reveses sufrida por el gobierno porteño en torno a los casos de Ciro James, Jorge "Fino" Palacios por el espionaje telefónico y los nueve miembros desplazados porque en sus expedientes figuraban causas judiciales pendientes.

¿Ferrón es una persona "pública y reconocida"? ¿Qué hasta el momento no se haya hecho denuncia alguna lo libera de culpa y cargo? ¿Qué no figure ningún antecedente de violación a los derechos humanos asegura que no exista? ¿Qué haya sido condecorado en 2004 implica que fue un "boy scout" durante la dictadura? ¿Acaso el criminal de guerra Erich Priebke no vivió a plena luz del día en Bariloche, durante tantos años, sin ser acusado de la Masacre de las Fosas Ardeatinas? ¿La denuncia no tiene entidad? ¿No merece el menor análisis? ¿Porque, en definitiva, no importa? ¿Son cosas baladíes del pasado? ¿O será porque la mayoría de los directivos del CELS de aquel entonces están muertos? ¿Se centra la atención en el mensajero para que descalificar el mensaje? ¿Mamarracho de respuesta ante una denuncia concreta?

¿Es simple casualidad el siguiente análisis realizado hace ya seis años?:

"En la Argentina, a más de veinte años del retorno de la democracia, el accionar de la justicia continúa siendo, en muchos casos, condescendiente ante la violencia policial. Así lo demuestra la violación sistemática de derechos fundamentales por parte de funcionarios policiales en connivencia con muchos fiscales y jueces que no castigan e incluso convalidan estas prácticas" (12) .

¿Es aplicable lo que relata Horacio Verbitsky respecto a los ascensos militares? (13)

La posibilidad de impugnar los ascensos militares depende tanto de que exista un mecanismo institucional, como de la calidad y tipo de información con que se cuenta. Las limitaciones para recabar dicha información han estado determinadas por la clandestinidad y negación propias del terrorismo de Estado. De ahí la importancia de las acciones que han realizado los organismos de derechos humanos y las medidas posteriores para enfrentar los crímenes en el orden judicial, administrativo y político. Los organismos produjeron documentación sobre los crímenes en base a las denuncias de las víctimas. Durante muchos años, estos testimonios y archivos fueron la única información disponible. Y sin duda fue sobre la base de la información recabada por las organizaciones de derechos humanos que se construyó el relato de lo que era el terrorismo de Estado, del repudio a la dictadura y, con posterioridad, de la valoración de la democracia.

Las impugnaciones llevadas adelante por el CELS contrastaban con la actitud de gobernantes elegidos por el voto popular que no se decidían a ejercer la conducción de las instituciones armadas que la Constitución Nacional confiere al poder legalmente constituido. Los años '80 pusieron de relieve la carencia de una política hacia las Fuerzas Armadas que separara de las filas castrenses a los oficiales consustanciados con prácticas de terrorismo de Estado. También mostraron un gobierno presionado por sucesivos levantamientos militares, que pactó con los sectores que pugnaban para poner fin a la posibilidad de hacer justicia por los crímenes de la dictadura. Además, ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso realizaban consultas formales a los organismos de derechos humanos. Sólo algunos asesores parlamentarios lo hacían de manera informal. Sin embargo, como la prensa publicaba listados totales o parciales de los oficiales cuyos ascensos estaban en estudio, las organizaciones tomaban conocimiento de los nombres propuestos y enviaban los cuestionamientos al Congreso. Estas notas eran acompañadas de material documental, por lo general párrafos de testimonios o testimonios completos de sobrevivientes, artículos periodísticos y copias de documentos judiciales en caso de que estuvieran comprometidos con alguna causa. La debilidad del control sobre los uniformados y la inexistencia de una voluntad política por parte del gobierno para exigir autocrítica y cambios institucionales fue la característica central de esos años. Mientras que la CONADEP generaba pruebas para el esclarecimiento de los crímenes a través del juicio a los comandantes de las juntas militares, el gobierno radical esperaba que las Fuerzas Armadas realizaran su propia "depuración". Esto no sucedió.

La tarea de monitoreo de los ascensos militares fue necesaria pero incompleta, porque una parte fundamental de los procedimientos represivos fue mantener en el anonimato a sus autores, aun al precio de colocar bajo sospecha a las instituciones militares en su conjunto. Los testimonios de los sobrevivientes y las investigaciones de civiles pero también de militares (como los hermanos Federico y Jorge Mittelbach y José Luis D'Andrea Mohr) permitieron un conocimiento extenso pero parcial del mapa represivo. Algunos ascendieron por decisión de un liderazgo político que no asumió la tragedia argentina en toda su dimensión y procuró conciliaciones inaceptables. Otros porque consiguieron pasar inadvertidos. Aun así, los grandes debates de opinión pública que varios de esos casos motivaron fueron de gran utilidad para que porciones cada vez mayores de la sociedad asumieran esta problemática que alguna vez fue exclusividad de las personas directamente afectadas e incluso dieron lugar al repudio de lo sucedido por parte de las nuevas conducciones castrenses.

¿Qué puede hacerse desde el Poder Ejecutivo?

Entre los objetivos de la gestión desplegada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se encuentra lo que sigue (14) :

Coordinar y articular con los demás poderes del Estado, todas las tareas necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia vinculado con los crímenes de Lesa Humanidad, cometidos por el terrorismo de Estado; garantizar la contención, protección y seguridad de testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales que intervienen en las causas judiciales o investigaciones relativos a los delitos de Lesa Humanidad, así como de sus grupos familiares.

Fortalecer la capacidad estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales.

Por su parte, la Resolución de la Secretaría de Derechos Humanos N° 058/2005, de fecha 21 de octubre de 2005, establece en su artículo 2°, lo siguiente:

"EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIÓN CIUDADANA, en adelante El Centro, receptará el conjunto de denuncias que tengan por temática la violación de derechos humanos fundamentales amparados por la CONSTITUCIÓN NACIONAL, incluyendo aquellos que son de competencia específica del INADI y del PROGRAMA NACIONAL ANTI-IMPUNIDAD, las cuales serán giradas a estos organismos para su tramitación ulterior, previo registro en la BASE DE DATOS que se llevará al efecto."

En este caso, existe una denuncia pública que merece ser investigada, por la gravedad de la imputaciones que recaen sobre el comisario mayor Ricardo Raúl Ferrón. Por ello solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.