1. Manifestar su preocupación por la sanción de la Ley SB 10 promulgada en el Estado de Arizona, Estados Uni- dos, por constituir una violación de los derechos humanos y de todos los Trata- dos Internacionales que promueven la igualdad y la no discriminación.

2. Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, instruya a sus respectivos consulados en Estados Unidos, a recibir consultas y asesorar a los ciudadanos argentinos que estén viviendo o transitando en Arizona, sobre su situación, debiendo asegurarse la tutela de sus derechos.

Señor presidente:

La Gobernadora del Estado de Arizona, de los Estados Unidos de Norteamérica, Jan Brewer, promulgó el 23 de abril pasado La Ley SB1070 sobre inmigración.

Esta ley es la más dura sancionada hasta el momento en Estados Unidos, al autorizar a los policías de ese Estado a que detengan, interroguen y exijan documentos a las personas que los agentes tengan razones para creer que son inmigrantes indo- cumentados. Esta potestad la podrán aplicar si consideran que hay "sospechas razonables" de que una persona está en forma ilegal en el país, lo que abre la puerta para diferenciar a las personas por sus perfiles raciales.

La misma ley convierte en delito transportar a un inmigrante ilegal y contratar a trabajadores por día en las calles, lo que implica una severa práctica discriminatoria.

Se calcula que hay 10,8 millones de inmigrantes sin documentos en Estados Unidos. El modo y los resultados de este debate está empezando a tomar forma, por lo que de- jar sentado este gravísimo precedente significa encarar un debate de la mano del odio racial y la discriminación.

Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados a Es- tados Unidos después de que fuera construido hace más dos décadas un muro en la zona de California, en la costa oeste del sur del país.

Que prueba del peligro que existe de propagar estas lamentables iniciativas, son las declaraciones públicas de una diputada republicana de Texas Debbie Riddle, quién dijo que iba a presen- tar un proyecto en el mismo sentido que la ley aprobada en Arizona.

Los Congresos de México y Ecuador ya se han expedido sobre la ley manifestando su más abierto rechazo a la misma. Y también lo han hecho los gobiernos de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, y la propia Organización de Estados Ame- ricanos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, destacó "preocupación de la OEA, de su secreta- rio general, de los países del hemisferio y de la comunidad latinoamericana por la aprobación de una ley de un estado de Estados Unidos que consideramos discriminatoria contra los inmigrantes, y en particular contra la población de ese origen que vive en este país". Consideró "discriminatoria" esta ley, que "hace equivalente la inmigración con el delito y crea bases para una dis- criminación racial que consideramos inaceptable", al inaugurar la reu- nión del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discrimina- ción contra las Personas Discapacitadas, dependiente de la OEA.

Para Insulza, la ley es "claramente discriminatoria en contra de los inmigrantes, y en particular de los inmigrantes y la población latina de los Estados Unidos", y agregó que "tercera población latina en el mundo", y que en su inmensa mayoría "cumple una función social económica y benéfica".

El propio Presiden- te de los Estados Unidos ha hablado de un "camino equivocado", al referirse a esta lamentable norma.

Esta legislación vulnera los dere- chos humanos al criminalizar el origen social, étnico y por lo tanto viola tratados internacionales sobre xenofobia, racismo y discriminación social, es violatoria de todas las convenciones sobre derechos humanos.

Se estima que en Arizona viven más de 1,8 millones de his- panos (el 29% de su población), entre ellos unos 420.000 inmigrantes sin pape- les.

Sin embargo, la referida norma está dirigida especialmente a los inmigrantes latinoamericanos, como una forma de combatir su ingreso a través del ejercicio de la violencia contra sus personas, al tipificar como delito una presunción basada en el as- pecto físico de los sujetos.

Coincidimos con el Secreta- rio General de la Organización de Estados Americanos José Miguel Insul- za, al señalar que "Todos los países tienen por cierto el pleno derecho a regular la inmigración dentro de sus países, pero no a costa de no respe- tar los derechos humanos, los derechos de las personas y de crear este- reotipos raciales que no corresponden a la realidad", agregó.

Una reacción uni- ficada en rechazo de este tipo de legislación hacia adentro de los países se torna fundamental para impedir que empiece a adoptarse en otros Estados e incluso otros países. Y ésta es la razón por la cual pedimos de los colegas le- gisladores de la Cámara de Diputados, acompañar y aprobar esta iniciativa como una contribución a la acción de la Cancillería de nuestro país.