Su beneplácito por la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2018 por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín en la causa que se conoce como “Causa Ford”, en la cual se condenó por delitos de lesa humanidad a dos ex jefes de dicha empresa automotriz, como partícipes necesarios de detenciones ilegales y tormentos, constituyéndose en un hito en el juzgamiento de la responsabilidad empresarial durante el terrorismo de Estado.

Señor presidente:

El pasado diciembre el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín se expidió –luego de 15 años de instrucción y un año de juicio- en la causa conocida como “Causa Ford” en la cual se juzgaba como responsables de crímenes de lesa humanidad a militares y civiles.

La sentencia condenó al ex jefe de Manufactura de la empresa Ford Pedro Müller a 10 años de prisión, al ex jefe de Seguridad de la planta Héctor Sibilla, a 12, y a Santiago Riveros, ex titular de Institutos Militares del Ejército, a 15 años.

Según consigna el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyas investigaciones sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad fueron determinantes para el inicio de la causa, “un día después del golpe de Estado, ocurrió un hecho clave: la reunión de los directivos de la empresa con la comisión interna. Ese día se les anunció a los trabajadores ‘por momentos en tono jocoso y por otros violento’, que a partir de ese instante ya no sería reconocido este organismo. Uno de los delegados le preguntó al directivo por qué se interrumpía la relación sindical con la empresa, a lo que el gerente de relaciones industriales, Guillermo Galarraga, respondió que ‘la empresa Ford Motor Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar’. El mismo personaje dijo: ‘Amoroso, déle saludos a Camps’. Como el delegado no sabía quién era, el gerente cerró con ‘Ya se va a enterar’” .

En este sentido, en el marco de la “Causa Ford” se logró demostrar “cuánto estaba involucrada Ford con la dictadura: en el predio de la empresa se montó un centro clandestino de detención que funcionó en el espacio del quincho del campo de deportes; confeccionó un listado de trabajadores que entregó a las fuerzas represivas para detenerlos; facilitaron legajos personales, fotografías y camionetas para los traslados. Muchas de las detenciones se produjeron, además, en el interior de la fábrica, en horario laboral, frente a compañeros y directivos” .

Así, este fallo se convierte en un hito en cuanto a la determinación y condena de los cómplices y responsables empresariales durante el terrorismo de Estado en la Argentina, lo cual se enmarca en la lucha pacífica pero incansable de los organismos de derechos humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia respecto de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Cada uno de estos avances en materia judicial no hacen más que ratificar el carácter ejemplar que nuestro país supo ganarse en materia de políticas de derechos humanos a nivel mundial. Y más aún se vuelve imperioso expresar nuestro beneplácito por medidas de estas características en el contexto de una Argentina que, desde el 10 de diciembre de 2015, ha visto proliferar visiones negacionistas y contrarias a los valores universales de los derechos humanos.

Por todos estos motivos, señor Presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.