Expresar preocupación por el hecho acaecido días atrás en el cual Abelardo Díaz, hijo del qarashe Félix Díaz, y Carlos Sosa, ambos miembros de la comunidad Qom de la provincia de Formosa, sufrieran brutales heridas. Al mismo tiempo, esta Honorable Cámara condena de forma vehemente dicha agresión y exige el esclarecimiento del hecho, así como también una adecuada rendición de cuentas por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y su titular el Dr. Daniel Fernández.

Señor presidente:

Nos preocupa profundamente un nuevo hecho de violencia que, todo indica, está asociado a la persecución a los pueblos originarios. Es que las agresiones que estos padecen en general en nuestro país no son ninguna novedad, así como tampoco lo es la constante e impune violación de sus derechos humanos fundamentales, tanto colectivos como individuales. Basta tan solo con observar los ataques más prominentes acaecidos en los últimos meses para admitir esta premisa.

Entre diciembre del año 2012 y enero de este año, la comunidad Qom ha sido víctima de nada más y nada menos que cuatro homicidios (tres de ellos menores de edad), entre los cuales se encuentran Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses; Daniel Asijak, sobrino del qarashe Félix Díaz; e Imer Flores. En este último caso, las condiciones del crimen, cuya barbarie no pretendemos describir en esta ocasión, resaltan el contexto discriminatorio en el que se inscriben todos estos actos.

A estos aberrantes sucesos hechos pareciera que ahora debe también sumarse los acaecidos días atrás, en los cuales cual Abelardo Díaz, hijo del qarashe Félix Díaz, y Carlos Sosa, otro miembro de la comunidad, sufrieran brutales heridas producto de hechos de violencia que tienen una fuerte sospecha de ser de persecución a los pueblos originarios.

Lo antedicho podría en evidencia el recrudecimiento de las acciones de violencia contra estos pueblos tanto en cantidad como en gravedad, lo que se torna alarmante. Y recordemos que son solo los ataques más violentos de los cuales la prensa se hace eco. Existen demasiados actos de discriminación constante que pasan inadvertidos para los medios de comunicación, pero que no por ello resultan menos degradantes de las comunidades de pueblos originarios ni menos flagrantemente violatorias de sus derechos fundamentales.

En este deleznable marco y ante esta sospecha, queremos acompañar a los familiares de las víctimas, reiterando nuestra adhesión incondicional y absoluta a la causa de todos los pueblos originarios cuyos derechos se ven diariamente mancillados, tanto por los perpetradores de la violencia, como por la ausencia y abandono general por parte del Estado.

No podemos más que citar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial que declara como acto punible: "...toda incitación a la discriminación racial así como todo acto de violencia..., contra cualquier raza o grupos de personas de otro color u origen étnico...".

En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas expresa: "Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos (...) a ningún otro acto de violencia...". Finalmente, su predecesor, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (ley 24.071), pronuncia: "Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad."

El presente proyecto expresa preocupación por este estado de cosas inconstitucional, condena la violencia padecida por estos pueblos originarios y exige una rendición de cuentas al organismo nacional encargado de velar por sus derechos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pretendemos, al mismo tiempo, exhortar a todos los actores institucionales a tomar medidas efectivas para frenar, en primer lugar, los actos de violencia, haciendo efectiva la protección integral de estas comunidades; y para garantizar, en segundo lugar, y de una vez por todas, el pleno reconocimiento de la diversidad, los derechos y la autonomía de los pueblos originarios, que nuestra Constitución demanda.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.