Su satisfacción por la decisión del Ministerio de Seguridad, en el marco del desarrollo de la política de Memoria, Verdad y Justicia que impulsa el Estado Nacional desde el año 2003, de establecer mecanismos que permitan responder en forma ágil a los requerimientos de información y documentación formuladas por las autoridades Judiciales y el Ministerio Público Fiscal, en relación con las causas e investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad ocasionados por el accionar de las Fuerzas de Seguridad y Policiales durante los trágicos años de la última dictadura militar.

Señor presidente:

La ministra de Seguridad, Nilda Garre dictó el pasado 15 de abril la resolución 181/2011. Este instrumento normativo es una respuesta positiva al significativo aumento que han sufrido en los últimos años las solicitudes, por parte de la Justicia y el Ministerio Público Fiscal, de información y documentación relativa a actos de terrorismo de Estado llevados a cabo durante la última dictadura.

La resolución dispone entre otras cuestiones, asignar a la Dirección Nacional de Derechos Humanos, no sólo la tarea de poner en marcha y controlar el dispositivo administrativo que prevé esta norma para responder con la mayor rapidez posible a los pedidos formulados. Sino que también la de verificar el cumplimiento de las investigaciones requeridas, en las causas vinculadas a aquella macabra y miserable práctica de la dictadura militar genocida, la sustracción de menores.

La exigencia de una respuesta "urgente y preferencial", alcanza también a las fuerzas de seguridad y policiales quienes tendrán que cumplir un organigrama de procedimientos que eviten demoras injustificadas.

Nos encontramos frente a una nueva acción gubernamental que se inscribe en la firme decisión, adoptada a partir de 2003, de instrumentar políticas que promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos, con verdad y justicia.

Son muchas las acciones, medidas y gestos que jalonaron hasta el presente aquella decisión primigenia de poner fin a la impunidad.

Lo fue sin duda la valiente decisión del ex presidente Néstor Kirchner de ordenar descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y de Reynaldo Bignone del Colegio Militar.

Como también los decretos que firmara la actual presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kischner, entre los que se encuentra el 4 de 2010, mediante el cual se releva de la clasificación de seguridad a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983.

La resolución 181/2011 del Ministerio de Seguridad se inscribe en la lógica señalada. Esto es la de que un estado democrático y republicano debe realizar todas las acciones que estén a su alcance cuando lo que está en juego es el conocimiento integral de los hechos vinculados con las violaciones de los derechos humanos durante los más oscuros tiempos de nuestra historia reciente.

De allí que solicitamos la aprobación del presente proyecto.