Su preocupación y repudio ante la decisión de la Cámara Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, de disponer la excarcelación de 36 represores acusados por la comisión de crímenes de lesa humanidad, ignorando la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó extremar las precauciones para evitar que los imputados obstaculicen o burlen el accionar de la Justicia.-

Señor presidente:

En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, todavía se espera el inicio de los llamados "Juicios por la Verdad". Nada se sabe de las posibles fechas de inicio de los juicios a los represores, correspondientes a la jurisdicción del Comando del Vº Cuerpo de Ejército, en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a pesar de que la causa se reabriera hace cinco años y de la promesa de que en el 2010 comenzarían los juicios. Incluso el Tribunal que debe juzgarlos se encuentra hoy en día sin conformación.

A esta situación se suma la vergonzosa e inexplicable reciente decisión de la Cámara Federal de Bahía Blanca de disponer la excarcelación de 36 represores acusados por la comisión de crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción del Vº Cuerpo de Ejército, ignorando la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó extremar las precauciones para evitar que los imputados obstaculicen o burlen el accionar de la Justicia.

El argumento esgrimido por la Cámara Federal de Bahía Blanca fue que, para mantenerlos en prisión, habría que demostrar caso por caso por qué se considera que la excarcelación pondría en riesgo el proceso, como si no existieran sobrados ejemplos al respecto y antecedentes de fuga en todo el país, y particularmente en la ciudad de Bahía Blanca.

Esta situación ha provocado una fuerte reacción de rechazo por parte de entidades que agrupan a familiares de víctimas, agrupaciones políticas, organismos de derechos humanos y entidades que agrupan a residentes argentinos en diversas ciudades europeas y de América Latina.

El ex integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Dr. Luis Alberto Cotter coincidió con las críticas a la decisión de la Cámara Federal de Bahía Blanca, y sostuvo que con las resoluciones firmadas por sus antiguos colegas camaristas "no se ha cumplido debidamente ni con la letra ni con la función que la Justicia debe tener". Asimismo dijo estar "sorprendido" con la noticia porque "al haber participado en las investigaciones de muchos de los hechos que ahora van a ser motivo de juzgamiento" conoce "el conjunto de delitos que demuestra la gravedad inusitada con que fueron cometidos y la impunidad. Esos elementos tendrían que haber sido tenidos en cuenta al momento de dictar la libertad". "Señalan que los imputados han cometido delitos que ya están calificados de lesa humanidad pero identificándolos, estamos hablando de violación, de robo de bebés, torturas, desaparición de personas, etcétera. Si bien la ley de excarcelaciones no contempla la gravedad de los delitos, sí se relaciona con dos presupuestos que deben ser tenidos en cuenta en el momento de evaluar la excarcelación. Esos son el entorpecimiento de la investigación y el peligro de eludir la acción de la justicia. Estos señores evidentemente con este cúmulo de delitos de alta peligrosidad y gravedad entran en los dos presupuestos", advirtió Cotter.

Por su parte, el fiscal general Hugo Cañon reflexionó hace un tiempo: "La actitud de ciertos jueces y fiscales ante delitos de lesa humanidad denota cuanto menos cierto temor a actuar con la frontalidad que aplican en causas comunes. Si ante imputados de gran habilidad, que han gozado de impunidad por décadas y tienen recursos para eludir a la Justicia, no se actúa con habilidad y diligencia, la posibilidad de un juzgamiento adecuado puede frustrarse". Y agregó: "En Bahía Blanca se ha dado el caso de militares con órdenes de detención que seguían cobrando como retirados, lo cual es una burla a la inteligencia".

No podemos dejar de coincidir en que esta decisión del tribunal, de suma gravedad, implica un riesgo tanto para la sociedad bahiense como para toda la Nación, así como una promoción y afianzamiento de la impunidad.

Al respecto las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, e H.I.J.O.S. Red Nacional, denunciaron en un comunicado que "El real peligro de fuga junto con el entorpecimiento de las investigaciones por los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar y la alarmante lista de genocidas prófugos, algunos de ellos recientemente, son motivos suficientes para exigir que los represores estén detenidos en cárceles comunes. Meses atrás, represores de Bahía Blanca tuvieron el increíble beneficio de ser excarcelados para irse de vacaciones, medida que repudiamos y denunciamos."

Vale la pena recordar en este punto la fuga de la dependencia de la Policía Federal Delegación Bahía Blanca del ex teniente coronel del Ejército Julián "Laucha" Corres, noticia que tomara trascendencia a través de todos los medios nacionales, y que no hizo más que expresar o una altísima negligencia por parte de las fuerzas del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, o directamente una connivencia con la fuga. Al respecto hemos presentado en esta Honorable Cámara un pedido de informes (Expediente 4050-D-2008), que nunca obtuvo respuesta.

El trabajo desde las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos y el acompañamiento de gran parte de la ciudadanía, han contribuido en llevar adelante la lucha contra la impunidad y por el juzgamiento a los represores, pero estas instancias todavía no alcanzan. La lentitud de la Cámara Federal de Bahía Blanca respecto a su actuación por los crímenes cometidos durante la dictadura, sumado a decisiones como la que aquí repudiamos, ha permitido que en este ámbito ya sean más los fallecidos y prófugos que los imputados.

Acerca de los motivos de la dilación del inicio del juicio, Anahí Junquera, una de las querellantes en la causa conocida como Vº Cuerpo del Ejército, señaló a un medio de prensa que "suponemos que tiene que ver con cuestiones procesales, que generan impunidad técnica, ya que mientras que las causas no avanzan, los represores se siguen muriendo sin condena".

Haciendo nuestra las numerosas voces que reclaman por el inmediato inicio de los juicios, consideramos que para que se pueda efectivizar el rol del Estado en la búsqueda de la verdad y la justicia resulta fundamental esclarecer, juzgar y condenar a los represores acusados de crímenes de lesa humanidad. En tal sentido compartimos la intranquilidad y desasosiego que provoca esta demora en los juicios, así como la vergonzosa e inexplicable decisión de de disponer la excarcelación de 36 represores, solicitando que se resuelva esta situación a la brevedad.

Creemos que un avance en tal sentido vendrá a reflejar las tendencias más progresistas en materia de protección de los derechos humanos, el cual esperamos que sea el primer paso de un proceso en que muchas instancias del Poder Judicial se sacudan la capa de indiferencia y complicidad con que han eludido el problema todos estos años y resuelvan comenzar a transformar a la República Argentina en un verdadero estado de derecho.

Sobre este punto no podemos dejar de señalar que la referida indiferencia respecto de la dilación en la fecha de inicio de los juicios, así como estos vergonzosos y peligrosos beneficios otorgados a represores, se instala dentro de una creciente obstaculización a la efectiva realización de verdad y justicia desempeñada por diversos sectores del Poder Judicial en los últimos años. Algunas de las acciones asociadas a este aplazamiento son la morosidad en los procesos de instrucción y juicio, la tramitación de defensas sistemáticamente rechazadas, detenciones domiciliarias, hostigamiento y revictimización a testigos, inusuales límites al obrar de las querellas, pocos casos de elevación a juicio. Estos hechos se han dado al amparo político de quienes prefieren el perdón y el olvido de tan aberrantes delitos. Todo esto se inscribe en el contexto más amplio de la necesaria profundización de la democracia, y en particular, con respecto al Poder Judicial.

En tal sentido, estamos convencidos que el compromiso de todos los sectores profundamente democráticos debe ser el de garantizar que los juicios por la verdad sigan adelante, progresando y multiplicándose con la fuerza que les ha dado la legitimidad de su proceder y de sus objetivos.

A continuación presentamos un breve resumen de los nefastos hechos ocurridos durante la última dictadura en la ciudad de Bahía Blanca y la zona.

La represión asaltó cruelmente en Bahía Blanca, especialmente bajo el mando del General Acdel Edgardo Vilas (quien fuera procesado en 1987 por la Cámara Federal por 12 homicidios, 61 privaciones ilegales de la libertad calificadas y 41 casos de torturas), que venía de secundar al general Antonio D. Bussi en el Operativo Independencia, el nombre con que se conoce al inicio del aniquilamiento de las fuerzas populares en Tucumán ordenado por el gobierno de Isabel Martínez. Varios centros de concentración funcionaron en dicha ciudad. Allí, hombres, mujeres y adolescentes fueron cruelmente torturados y en su mayoría "trasladados".

La Delegación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) en Bahía Blanca ha podido establecer una lista de personas ultimadas en supuestos enfrentamientos, varias de las cuales habían sido vistas con vida en la "Escuelita", una vieja construcción que había servido para guardar caballos militares, compuesta de varias habitaciones, situada a unos 100 metros del galpón principal del Vº Cuerpo de Ejército y denominada de tal manera por sinonimia con el edificio escolar que se usó en Tucumán para torturar, la Escuelita de Famaillá.

Testigos reconocieron el lugar, según consta en la CONADEP, a unos 2.000 metros de la sede del Comando, en un paraje conocido como "El viejo tambo" en el camino de "La Carrindanga", el lugar donde se levantaba la "Escuelita", demolida durante unas maniobras militares en el año 1978, rodeada por una arboleda aún en pie y que resultó inconfundible.

"La Escuelita" fue el único centro del que se ha podido recoger un testimonio escrito, pero se sabe que en la región de Bahía Blanca hubo por lo menos cuatro centros de detención ilegales y tres campos de concentración. El más cruel de ellos fue un campo de exterminio en una zona de la Base Naval conocida como Baterías, donde sólo quedaron dos supervivientes y por donde pasaron numerosos militantes desaparecidos.

Cuando el número de detenidos desbordaba la capacidad, algunos eran derivados transitoriamente a otro edificio ubicado en la Base Naval o en sus inmediaciones, donde los custodiaba personal de la Marina. Esta por su parte, contaba con otro centro de detención clandestino instalado en la Batería 2, frente a la costa, donde quedó fondeado un barco utilizado con idéntico fin en los momentos en que la represión fue más intensa.

Tanto La Escuelita como la cárcel de Villa Floresta constituyeron un circuito de distribución de detenidos- desaparecidos. Su funcionamiento ratifica que la desaparición fue una política de Estado, que combinó lo legal y lo ilegal, lo público y lo clandestino.

Así lo confirmó Oscar Bermúdez Congo, quien fuera secuestrado por la Policía Federal el 1º de enero de 1977, con el comisario Forchetti a la cabeza, para ser posteriormente entregado al Ejército, que lo transportó hasta "La Escuelita":

"Para este 'proyecto escolar' se reunieron las tres fuerzas armadas; una clase media alta y muy sólida; la CGT de Bahía Blanca; la única prensa existente -que no sólo ocultaba la verdad de lo que ocurría, sino que acompañaba a los militares en su tarea de exterminio y silenciamiento-. Y también la Iglesia del arzobispo Mayer, que además de tapar el asesinato de los propios curas bahienses, expulsaba a los familiares de los desaparecidos que iban a buscar ayuda, y permitía que sus capellanes 'asistieran espiritualmente' a los recluidos en La Escuelita. Justamente fue esta Escuelita la que enseñó a los de afuera qué había que callar, mientras asesinaba y torturaba a quienes eran llevados allí, a los que inútilmente intentó quebrar política y moralmente."

De las zonas en que estaba dividido el sur del país, la ciudad de Bahía Blanca estaba comprendida en la Zona 5, Subzona 51, que tenía jurisdicción en la provincia de Buenos Aires sobre los Partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel Pringles, González Cháves, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca, y Patagones, y en la provincia de Río Negro los departamentos de Avellaneda, Pichi Mahuida, 25 de Mayo, 9 de Julio, Valcheta, San Antonio, Adolfo Alsina, y Conesa.

La zona de seguridad colocada bajo control del Vº Cuerpo de Ejército, abarcaba los partidos bonaerenses de Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Carmen de Patagones, así como la ciudad de Bahía Blanca, sede del Comando de Cuerpo, a excepción del área bajo jurisdicción de la Armada (Base de Puerto Belgrano), y más allá, las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

La represión clandestina operó a lo largo de ese vasto territorio apoyándose en lugares transitorios de detención (Comisarías, Cuarteles, Delegaciones de la Policía Federal, etc.) desde donde los prisioneros eran trasladados a los dos centros permanentes ubicados en la ciudad de Bahía Blanca a los que hiciéramos referencia.

Para finalizar, queremos agregar una pequeña reflexión acerca de la trascendencia y vital importancia para toda la sociedad del inicio de los juicios por la verdad y la memoria. La reapertura de los juicios nos interpela desde de la memoria y nos hace tomar conciencia que la disputa por procesar el pasado, que nunca es sólo pasado sino más bien continuidad y permanencia, es parte de las urgencias del futuro. Esta tarea compromete a la sociedad que somos en su totalidad, y a la que queremos ser. Para ello debemos pronunciar la muerte, nombrarla, con el objeto de romper el silencio que la rodea.

Por todo lo expuesto anteriormente, y con la intención de colaborar en la recuperación de nuestra memoria histórica, es que solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Declaración.-