Expresar su repudio a las expresiones del candidato a Gobernador por Santa Fe del PRO, Miguel del Sel, en el programa "La mesa de café" de la televisión de esta provincia.

En el programa televisivo, el candidato a gobernador hizo explícita defensa del uso de la violencia física como modo de corregir los comportamientos de los niños, tanto en la escuela como en el ámbito familiar lo cual, sin lugar a dudas, constituye una clara vulneración de los derechos que asisten a niños, niñas y adolescentes.

Señor presidente:

En el programa de televisión "En la mesa de café", Del Sel hizo referencia a los "cintazos" que recibía por parte de su padre y a los varillazos que le propinaba el cura de la escuela, que hicieron de él una "buena persona" y un buen alumno, y recomendó a los padres de hoy a "meter un buen cocazo" a sus hijos. En esa misma ocasión, el ex Midachi alentó la expulsión, "rajarlo" según sus propias palabras, como castigo disciplinario en la institución escolar.

Los dichos del candidato a gobernador de Santa Fe, Miguel Del Sel, en los que promovió el uso de los golpes para educar y la expulsión como herramienta disciplinaria en la escuela, son gravemente preocupantes.

Tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, todo aquello relativo a la formación del niño, tanto en la familia como en la escuela, debe ser compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con sus derechos.

Ya en nuestro país, el Código Civil y Comercial de la Nación unificado que fuera sancionado el pasado año como ley 26994 y que entrará en vigencia el primero de enero de 2016, se refiere a la materia en su artículo 647.- Prohibición de malos tratos. Auxilio del Estado. "Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. Los progenitores pueden solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo de los organismos del Estado".

La escuela y la familia deben ser experiencias de formación para una convivencia libre de toda forma de violencia y en el marco de los derechos humanos, que posibilite a niños y jóvenes ensayar vínculos democráticos, pluralistas, basados en el respeto mutuo, como parte del proceso que atraviesan para constituirse como sujetos éticos.

El reconocimiento de la autoridad de los adultos y de la asimetría efectivamente necesaria para el ejercicio de su rol, cualquiera sea el que nos toque asumir, nos permite hacer hincapié en el valor pedagógico de la sanción, como experiencia significativa de aprendizaje y como modo de promover en los sujetos la asunción progresiva de responsabilidad por sus propios actos y por las consecuencias que de ellos se deriven. Pero para que esto así sea, es condición sine qua non que la sanción se enmarque en una perspectiva de protección de derechos, y sea aplicada con justicia evitando todo tipo de arbitrariedad o discrecionalidad.

No toda sanción es educativa. Así lo reconocen los principales instrumentos de derechos humanos, como así también la normativa nacional y jurisdiccional sobre convivencia y prevención de la violencia en las instituciones educativas para todos los niveles y modalidades de la enseñanza. Dichos marcos normativos, entre otras cuestiones, se proponen regular las sanciones a ser aplicadas a los estudiantes en caso de transgresión desde una perspectiva de derechos.

En nuestro país, la Ley de Promoción de la Convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, sancionada por unanimidad por el Congreso de la Nación, establece en su artículo 6 que las sanciones:

a) Deben tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al educando hacerse responsable progresivamente de sus actos, según las características de los diferentes niveles y modalidades.

b) Deben ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la transgresión cometida.

c) Deben aplicarse contemplando el contexto de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según los diferentes actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante las normas.

d) Deben definirse garantizando el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo.

Esta misma ley, en su artículo 7, prohíbe expresamente las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los educandos en el sistema educativo.

Entonces, para decirlo resumidamente, en la educación, los límites deben ser claros y cuando se transgreden, la aplicación de sanciones es necesaria. Pero estas sanciones deben ser educativas, graduales y progresivas. Nunca la sanción debe ser dejar afuera del sistema escolar a un chico porque eso es privarlo de su derecho a la educación. La expulsión sólo genera una sociedad que condena a la marginalidad a una gran parte de su población y, en consecuencia, lejos de solucionar los problemas que la aquejan, los agrava cada vez más.

Muy lejos de una perspectiva de derechos se encuentran las declaraciones de Del Sel. Que un candidato a gobernador de una provincia argentina hable de "cintazos" y de darle "un buen cocazo" a un chico, o a "rajarlo de la escuela" como métodos apropiados para educarlo es un retroceso total y una muestra del peor autoritarismo.

Las declaraciones de Del Sel muestran desconocimiento y escaso apego a los instrumentos de derechos humanos y a las leyes nacionales e internacionales. Lo que resulta doblemente preocupante cuando el candidato a gobernador se refiere a la formación de las futuras generaciones, porque si algo otorga legitimidad a los adultos ante los recién llegados al mundo es el hecho mismo de que ellos también se encuentren atravesados por la ley y deban cumplirla. La discrecionalidad, la arbitrariedad, jamás educa. Sólo genera mayor impunidad e injusticia y, lejos de fortalecer a la autoridad, la erosiona.

Las medidas mencionadas son del todo incompatibles con una sociedad cuyos principios vertebradores se sustenten en el reconocimiento de niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y el Interés superior del niño y que tenga como horizonte la reconstrucción de los lazos sociales y la convivencia pacífica. El castigo físico y la expulsión de la escuela violan la Convención Internacional de los Derechos del niño por lo que siempre deben ser repudiados.

Por todo ello, y constituyendo nuestro deber como legisladores expresarnos frente a expresiones que atentan contra los derechos de niños, niñas y adolescentes, pongo este proyecto a disposición de mis pares solicitando me acompañen con su firma.