Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, conforme al artículo 71 de la Constitución Nacional y al artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que la Ministra de Seguri-dad Dra. Patricia Bullrich informe a la comisión de Derechos Humanos y Garantías de la HCDN, los si-guientes interrogantes:

1. ¿Qué motivó la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos que dependía orgánica-mente del Ministerio de Seguridad de la Nación, según surge del Boletín oficial publicado el pa-sado 7 de mayo?

2. ¿Qué órgano en adelante se ocupará del relevamiento documental y en la producción de in-formes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad, tarea que desarrollaba dicha Dirección de Derechos Humanos?

3. ¿El Ministerio de Seguridad de la Nación mantendrá en sus funciones al Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ)?

4. De no ser así, ¿cómo el Estado argentino evitará la ruptura del compromiso internacional asu-mido en el 2009, con motivo del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y su responsabi-lidad internacional?

5. Qué opinión le merece a la Ministra la condena del Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, del Oficial de Policía, Adolfo Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gen-darme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitu-ción del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana, que motivó la creación del GEAJ?

6. ¿Qué organismo actuará cuando las muestras de ADN no puedan ser tomadas de manera vo-luntaria y hace falta una intervención de personal especializado y adecuado a las víctimas y al delito?

Señor presidente:

El pasado 7/5/16 se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguri-dad de la Nación, donde se puede constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial. Esa área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento do-cumental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 (Acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 20/11/09). Su creación obedeció a que, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones.

En base a lo expresado es que a fines de 2014 fue condenado, por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, el Oficial de Policía, Adolfo Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gen-darme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. Esto motivó la necesidad de crear un Grupo Especializado para colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Se-guridad a cargo de civiles comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Es gravísimo el vaciamiento que la Ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Hu-manos que venía sosteniendo el Estado Nacional. En particular, la desarticulación del Grupo Especiali-zado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de nuestros nietos y nietas. Es que las decisiones tomadas en la órbita del Ministerio de Seguridad implican un grave retro-ceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente.

Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo explicó en una entrevista con Tiempo Argentino que “desde hace meses” comenzaron a notar que el área “no estaba funcionando bien y con retraso”.

“Argumentaban excusas de sobrecarga de trabajo, y ayer [por el viernes] nos desayunamos con la noti-cia. Este grupo especial se pone en funcionamiento cuando las muestras no pueden ser tomadas de manera voluntaria y hace falta una intervención de personal especializado y adecuado a las víctimas y al delito”, apuntó el abogado y añadió: “No es que se deja de buscar a los nietos. Esa es una tarea de toda la sociedad, pero que deje de funcionar este grupo afecta la investigación”.

Cabe agregar que en lo va del año fueron despedidos 15 de los 33 miembros de la Dirección, entre ellos los integrantes del equipo de Investigación, el GEAJ, el de cotejamiento de huellas digitales y de Géne-ro.

Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en este proyecto.