Dirigirse al Poder Ejecutivo para solicitarle que en los organismos internacionales pertinentes exponga su preocupación por la reiterada violación a los Derechos Humanos en la hermana República de Honduras.

Señor presidente:

El 28 de junio de 2009, un golpe político-empresarial-militar derrocó al presidente constitucional de la República de Honduras y lo expulsó del país de manera violenta e ilegal.

Aquel episodio movilizó a los miembros de este cuerpo que de inmediato presentaron diversos proyectos de repudio que -tras ser unificados en un único texto por la Comisión de Relaciones Exteriores- fueron hechos suyos por la H. Cámara el 5 de agosto de 2009.

Tras el derrocamiento de Zelaya, Roberto Micheletti asumió como presidente de facto del país hondureño y durante su gobierno se sucedieron numerosas violaciones a los DD.HH. que obligaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En tal sentido, el organismo internacional visitó al país centroamericano entre el 17 y el 21 de agosto de 2009.

Meses después - y a partir de las observaciones realizadas durante la visita referida-, la CIDH emitió un duro Informe titulado "Honduras, Derechos Humanos y Golpe de Estado" en el que, según su Resumen Ejecutivo, sostiene: "La Comisión constató durante su visita que en Honduras, junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos".

En el mismo documento, la Comsión advertía: "Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En efecto, de este informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesario para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país".

Obligado por las presiones internacionales, Micheletti convocó a elecciones condicionadas y amañadas que se realizaron el 29 de noviembre de 2009 con la abstención de los partidos populares y en las que resultó triunfador Porfirio Lobo, un hacendado que había apoyado el golpe de junio de ese año.

El 28 de enero de 2010, Lobo asumió la presidencia y, pocas horas después de su asunción, la legislatura hondureña sancionó una ley de amnistía que liberaba de responsabilidades a Micheletti y a sus colaboradores respecto a las violaciones a los derechos humanos que se habían producido bajo la administración de facto.

Esta garantía que se asignaba a los violadores de DD.HH. venía a completar una decisión previa del Congreso hondureño que el 13 de enero había designado a Micheletti como diputado vitalicio, cargo que le garantizaría inmunidad de por vida para no ser enjuiciado por los delitos derivados del golpe de Estado contra Zelaya.

En rigor, ambas medidas eran una mala señal hacia la previsión de la CIDH en cuanto a que el retorno de Honduras a la institucionalidad democrática daría las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos sus habitantes.

En efecto, a menos de tres meses de la asunción de Lobo la situación de los DD.HH. no ha variado. En ese lapso, ocho periodistas -Luis Antonio Chévez Hernández, Nicolás Asfura, Joseph Ochoa, David Meza, Nahúm Palacios Arteaga, José Bayardo Mairena, Manuel Juárez y Georgino Orellana- fueron asesinados, según el Comité para la Libre Expresión de Honduras.

En paralelo a estos homicidios, las radios Globo, Gualcho y Progreso, las televisoras Cholusat Sur y Canal 11, los diarios El Libertador y Tiempo, al igual que radios comunitarias por Internet han padecido cierres, censuras, ataques o amenazas; todo ello con el antecedente de lo ocurrido el 18 de enero último cuando la radio Faluma Bimetu, perteneciente a la etnía afrodescendiente garifuna, fuese incendiada por efectivos parapoliciales.

Pero no sólo los periodistas y los medios están en riesgo. Ya son muchos los dirigentes hondureños del Frente Nacional de Resistencia Popular -organismo integrado por diversas asociaciones y entidades de la sociedad civil- han sido asesinados en los últimos tres meses. Entre ellos, el defensor del patrimonio forestal Francisco Castillo y José Manuel Flores, dirigente gremial docente y miembro del Partido Socialista.

En este marco represivo contra la oposición, el gobierno de Lobo también confrontó con los campesinos del valle del Bajo Aguán ubicado a unos 600 kilómetros de Tegucigalpa. Allí, unas 3 mil familias reclaman la entrega de 12.000 hectáreas de tierra que les pertenecen en virtud de la ley de reforma agraria aprobada por el depuesto presidente Zelaya. Para intimidar a los reclamentes, Lobo apeló a los

atemorizantes vuelos rasantes de helicópteros y aviones; a comandos armados que cruzaban poblados indefensos con actitudes amenazantes; a la captura, la tortura y al asesinato de cuatro afiliados al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

El pasado 11 de abril, Rasel Tomé -coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular- sintetizó: "Nos están matando. A campesinos, a maestros, a sindicalistas, a periodistas. Y lo peor es que no hay nadie procesado por los brutales crímenes cometidos antes y ahora. Los han cubierto con un manto de impunidad y de injusticia".

Como indicio de la voluntad del presidente Lobo para darle continuidad a su política represiva, antipopular y avasalladora de los derechos humanos aparecen las últimas medidas administrativas de su gobierno. Entre ellas, el aumento en un 30 por ciento del presupuesto anual de la Secretaría de Defensa que implica destinar 32 millones de dólares para incorporar mil nuevos soldados y comprar helicópteros con los que sus hombres suelen controlar y desalentar las manifestaciones opositoras. Del mismo modo, la Secretaría de Seguridad dispondrá de 12 millones de dólares más que los otorgados en 2009 para financiar el accionar policial. Como contrapartida, el presupuesto educativo ha de crecer en apenas un 0,6 por ciento y el del Fondo Hondureño de Inversión Social decrecerá en un 25%.

Los argentinos hemos conocido las terribles consecuencias de estos bárbaros procederes durante la pasada dictadura militar y mayoritariamente nos hemos juramentado mantener viva la memoria. Una forma de hacerlo es resguardando la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo; más específicamente, en nuestras naciones hermanas. En función de este compromiso histórico, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.