Expresar beneplácito por el hallazgo efectuado por el Equipo Argentino de Antropología Forense de los restos de cinco personas desaparecidas durante la ultima dictadura militar, que se hallaban enterrados como NN en los cementerios bonaerenses de San Martín, Boulogne, Escobar y Villegas.-

Señor presidente:

Por la labor efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense ha sido posible recuperar la identidad de cinco cadáveres que habían sido enterrados como NN en los cementerios de las localidades Bonaerenses de San Martín, Boulogne, Escobar y Villegas; y que pertenecían a los restos de Néstor Zuppa, Lidia del Carmen Soto, Patricia Dillon, Carlos Jorge Williams y José Tomanelli, quienes fueron secuestrados/as durante la ultima dictadura militar entre los años 1976 y 1977.

Por el secuestro y desaparición de estas cinco personas, entre otros hechos, fue condenado el ex Comisario Luis Abelardo Patti, y estos hallazgos servirán como prueba para las investigaciones por crímenes de lesa humanidad contra sus captores y asesinos.

En orden a poner de relieve la importancia que tienen este tipo de hallazgos, no solo como parte de la necesidad del conocimiento de la verdad, y así el resguardo de la memoria, sino también como elementos para aportar a las causas abiertas o que se promuevan por los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar instaurada en nuestro país en el año 1976, cabe mencionar asimismo, el proyecto de ley impulsado por la suscripta entre otros/as que lleva el Nº 1303-D-2012 (y que tiene como antecedente el proyecto Nº 0579-D-2010), mediante el cual se procura evitar la posible destrucción de pruebas necesarias en las causas sobre derechos humanos que se tramitan en los juzgados federales del país, estableciendo una medida de protección genérica, por el término de diez (10) años, para las tumbas NN, cuando la muerte se haya producido en el período 1975-1983 y estableciendo el control judicial federal para cualquier intervención sobre las mismas.

El proyecto dispone, además, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos notifique dicha medida de resguardo a todos los cementerios públicos y privados del país y les solicite información en el término de noventa días, a partir de la recepción de la misma, sobre cantidad, ubicación y estado que registren de entierros sujetos a la protección; y que de los informes producidos, el ministerio remita copia a los juzgados federales de las respectivas jurisdicciones.

En el mismo sentido, y a los fines de evitar la pérdida de pruebas en aquellos lugares, que no sean cementerios, se prevé que quienes como consecuencia de remociones de tierra, obras de cualquier índole o por azar, descubran restos humanos, deberán suspender de inmediato la obra o actividad de que se trate y ponerlo seguidamente en conocimiento de autoridad judicial.

Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto de resolución.