Expresar su reconocimiento a la labor del destacado luchador por los Derechos Humanos y ex Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Dr. Luis Alberto Cotter.-

Señor presidente:

Por medio del presente Proyecto de Resolución, y en ocasión de encontrarse desarrollando los juicios por delitos de lesa humanidad contra un centenar de víctimas en el centro clandestino "La Escuelita", dependiente del Vº Cuerpo del Ejército, con asiento en la ciudad de Bahía Blanca y jurisdicción en las provincias de Río Negro y Neuquén, queremos reconocer la labor del Dr. Luis Alberto Cotter, destacado luchador por los Derechos Humanos, la verdad y la justicia, e incansable defensor de la independencia del Poder Judicial.

El Dr. Cotter es el único sobreviviente de los pocos que declararon la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Además, fue integrante de la única Cámara Federal que se pronunció de igual manera por los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem. Ambos fallos fueron apelados hasta que la Corte Suprema resolvió en contrario, con la sola disidencia del Dr. Bacque.

A más de dos décadas de esas sentencias, es de destacar que sólo cinco jueces en toda la república rechazaron esas leyes, y Cotter fue uno de ellos. La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida fue la única sentencia de Cámara que se pronunció en ese sentido con valor de juzgamiento. Durante esos años Cotter recibió fuertes presiones y la "visita" de militares y políticos que lo instaban a no resolver en contra de esa ley, "sugiriéndole" asimismo que postergara la orden de detención contra un general. Pero Cotter, ex-presidente de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, prefirió mantener la posición jurídica y la autonomía, lo que le significó recibir numerosas amenazas e intimidaciones. A modo de ejemplo, el Dr. Cotter recientemente recordó que cuando se investigaba en Neuquén a los imputados que fueron incluidos en ese plazo "había gente que nos sacaba fotos a nosotros y a los testigos cuando salíamos del juzgado de (el ex juez) Rodolfo Rivarola, se escondían en los autos y se iban antes de que los pudiéramos identificar... calculo que era de inteligencia".

En marzo de 2008 la Cámara Federal le denegó al juez Cotter la facultad de reasumir la presidencia, tras una licencia por enfermedad que había solicitado. Cotter planteó el tema a la Corte, pero se jubiló sin respuesta.

En recientes críticas a la dilación en el inicio de los juicios, Cotter aseguró que, pese a que la Cámara de la ciudad de Bahía Blanca logró hace más de 20 años una gran cantidad de pruebas que fueron la base para las investigaciones, la causa se encontraba paralizada por "alquimias judiciales". El Dr. Cotter fue contundente al decir que "la única razón que se puede presumir es que hay artimañas o alquimias jurídicas que están jugando para que las cosas no avancen".

En un repaso por las causas de delitos de lesa humanidad que no llegan a juicio, Cotter incluyó expresamente la de Bahía Blanca: "Bahía, que siempre hizo punta en asuntos difíciles como la obediencia debida, los indultos o los juicios por la verdad, en los que desplegamos una intensa tarea y enfrentamos pedidos de juicios políticos, no tenemos juicio ni de aproximación".

En tal sentido, Cotter sostuvo que "han transcurrido muchos años innecesariamente desde lo procesal e investigativo. Treinta años es mucho". Reiteró que en su momento se consiguieron "muchas pruebas" en la causa que involucraba los hechos del Alto Valle, Viedma y Bahía Blanca.

En efecto, cuando fue juez de cámara Cotter recorrió la zona donde tenía jurisdicción el Vº Cuerpo del Ejército para tomar declaraciones a las víctimas del Proceso, realizó una inspección ocular en las ruinas de "La Escuelita" y, entre otras medidas, procesó y detuvo a la máxima autoridad del Comando de la VI Brigada cuando funcionó el centro clandestino, el fallecido general José Luis Sexton.

Asimismo Cotter sostuvo que si no hubiera operado el punto final que restringió la investigación a las pruebas obtenidas en 60 días "hubiéramos podido lograr una investigación pausada, meditada y con medios adecuados".

En el año 2009 la Departamental Bahía Blanca de la Asociación Judicial Bonaerense realizó un homenaje al Dr. Cotter por su destacada labor. Al agradecer el homenaje, Cotter denunció la impunidad, y destacó la especial responsabilidad que compete al Poder Judicial al sostener que "en nuestro país parece que se premia con la impunidad a quienes han cometido los hechos más espantosos, que a veces uno siente que no hay palabras que transmitan tanto horror y que se castiga a las víctimas que advierten el paso del tiempo sin que se haga justicia. En esto no tengo dudas que quienes tienen la mayor responsabilidad son los jueces que intervienen en los juicios".

En dicha ocasión Cotter se preocupó en destacar que el inicio del juicio tuvo dos factores determinantes: "la movilización de las madres y los organismos de derechos humanos, y un magistrado que cumplió integralmente con su deber, me refiero al Dr. Labate".

Efectivamente, el trabajo desde las organizaciones sociales, los organismos de Derechos Humanos, de algunos pocos jueces que hicieron honor a su investidura, y el acompañamiento de gran parte de la ciudadanía, han contribuido en llevar adelante la lucha contra la impunidad y por el juzgamiento a los represores.

Haciendo nuestra esa lucha, consideramos que para que se pueda efectivizar el rol del Estado en la búsqueda de la verdad y la justicia resulta fundamental esclarecer, juzgar y condenar a los represores acusados de crímenes de lesa humanidad.

Creemos que un avance en tal sentido vendrá a reflejar las tendencias más progresistas en materia de protección de los Derechos Humanos, el cual esperamos que sea el primer paso de un proceso en que muchas instancias del Poder Judicial se sacudan la capa de indiferencia y complicidad con que han eludido el problema todos estos años y resuelvan comenzar a transformar a la República Argentina en un verdadero estado de derecho.

Si bien los juicios han por fin comenzado, no podemos dejar de señalar que la prolongada dilación en la fecha de inicio de los mismos, así como los vergonzosos y peligrosos beneficios otorgados a represores (como la excarcelación), se instala dentro de lo que podemos considerar una creciente obstaculización por parte de diversos sectores del Poder Judicial a la efectiva realización de verdad y justicia. Algunas de las acciones asociadas a este aplazamiento son la morosidad en los procesos de instrucción y juicio, la tramitación de defensas sistemáticamente rechazadas, detenciones domiciliarias, hostigamiento y revictimización a testigos, inusuales límites al obrar de las querellas, pocos casos de elevación a juicio, entre otras. Estos hechos se han dado al amparo político de quienes prefieren el perdón y el olvido de tan aberrantes delitos. Todo esto se inscribe en el contexto más amplio de la necesaria profundización de la democracia, y en particular, con respecto al Poder Judicial.

En tal sentido, estamos convencidos que el compromiso de todos los sectores profundamente democráticos debe ser el de garantizar que los juicios por la verdad sigan adelante, progresando y multiplicándose con la fuerza que les ha dado la legitimidad de su proceder y de sus objetivos.

A continuación presentamos un breve resumen de los nefastos hechos ocurridos durante la última dictadura en la ciudad de Bahía Blanca y la zona.

La represión asaltó cruelmente en Bahía Blanca, especialmente bajo el mando del General Acdel Edgardo Vilas (quien fuera procesado en 1987 por la Cámara Federal por 12 homicidios, 61 privaciones ilegales de la libertad calificadas y 41 casos de torturas), que venía de secundar al general Antonio D. Bussi en el Operativo Independencia, el nombre con que se conoce al inicio del aniquilamiento de las fuerzas populares en Tucumán ordenado por el gobierno de Isabel Martínez.

La Delegación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) en Bahía Blanca ha podido establecer una lista de personas ultimadas en supuestos enfrentamientos, varias de las cuales habían sido vistas con vida en la "Escuelita", una vieja construcción que había servido para guardar caballos militares, compuesta de varias habitaciones, situada a unos 100 metros del galpón principal del Vº Cuerpo de Ejército y denominada de tal manera por sinonimia con el edificio escolar que se usó en Tucumán para torturar, la Escuelita de Famaillá.

Testigos reconocieron el lugar, según consta en la CONADEP, a unos 2.000 metros de la sede del Comando, en un paraje conocido como "El viejo tambo" en el camino de "La Carrindanga", el lugar donde se levantaba la "Escuelita", demolida durante unas maniobras militares en el año 1978, rodeada por una arboleda aún en pie y que resultó inconfundible.

"La Escuelita" fue el único centro del que se ha podido recoger un testimonio escrito, pero se sabe que en la región de Bahía Blanca hubo por lo menos cuatro centros de detención ilegales y tres campos de concentración. El más cruel de ellos fue un campo de exterminio en una zona de la Base Naval conocida como Baterías, donde sólo quedaron dos supervivientes y por donde pasaron numerosos militantes desaparecidos.

Cuando el número de detenidos desbordaba la capacidad, algunos eran derivados transitoriamente a otro edificio ubicado en la Base Naval o en sus inmediaciones, donde los custodiaba personal de la Marina. Esta por su parte, contaba con otro centro de detención clandestino instalado en la Batería 2, frente a la costa, donde quedó fondeado un barco utilizado con idéntico fin en los momentos en que la represión fue más intensa.

Tanto La Escuelita como la cárcel de Villa Floresta constituyeron un circuito de distribución de detenidos- desaparecidos. Su funcionamiento ratifica que la desaparición fue una política de Estado, que combinó lo legal y lo ilegal, lo público y lo clandestino.

Así lo confirmó Oscar Bermúdez Congo, quien fuera secuestrado por la Policía Federal el 1º de enero de 1977, con el comisario Forchetti a la cabeza, para ser posteriormente entregado al Ejército, que lo transportó hasta "La Escuelita":

"Para este 'proyecto escolar' se reunieron las tres fuerzas armadas; una clase media alta y muy sólida; la CGT de Bahía Blanca; la única prensa existente -que no sólo ocultaba la verdad de lo que ocurría, sino que acompañaba a los militares en su tarea de exterminio y silenciamiento-. Y también la Iglesia del arzobispo Mayer, que además de tapar el asesinato de los propios curas bahienses, expulsaba a los familiares de los desaparecidos que iban a buscar ayuda, y permitía que sus capellanes 'asistieran espiritualmente' a los recluidos en La Escuelita. Justamente fue esta Escuelita la que enseñó a los de afuera qué había que callar, mientras asesinaba y torturaba a quienes eran llevados allí, a los que inútilmente intentó quebrar política y moralmente."

De las zonas en que estaba dividido el sur del país, la ciudad de Bahía Blanca estaba comprendida en la Zona 5, Subzona 51, que tenía jurisdicción en la provincia de Buenos Aires sobre los Partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel Pringles, González Cháves, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca, y Patagones, y en la provincia de Río Negro los departamentos de Avellaneda, Pichi Mahuida, 25 de Mayo, 9 de Julio, Valcheta, San Antonio, Adolfo Alsina, y Conesa.

La zona de seguridad colocada bajo control del Vº Cuerpo de Ejército, abarcaba los partidos bonaerenses de Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Carmen de Patagones, así como la ciudad de Bahía Blanca, sede del Comando de Cuerpo, a excepción del área bajo jurisdicción de la Armada (Base de Puerto Belgrano), y más allá, las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

La represión clandestina operó a lo largo de ese vasto territorio apoyándose en lugares transitorios de detención (Comisarías, Cuarteles, Delegaciones de la Policía Federal, etc.) desde donde los prisioneros eran trasladados a los dos centros permanentes ubicados en la ciudad de Bahía Blanca a los que hiciéramos referencia.

Para finalizar, queremos agregar una pequeña reflexión acerca de la trascendencia y vital importancia para toda la sociedad del inicio de los juicios por la verdad y la memoria. La reapertura de los juicios nos interpela desde de la memoria y nos hace tomar conciencia que la disputa por procesar el pasado, que nunca es sólo pasado sino más bien continuidad y permanencia, es parte de las urgencias del futuro. Esta tarea compromete a la sociedad que somos en su totalidad, y a la que queremos ser. Para ello debemos pronunciar la muerte, nombrarla, con el objeto de romper el silencio que la rodea.

El presente Proyecto de Resolución tiene como antecedente el Expediente Nº 3596-D-2011, de mi autoría.

Por todo lo expuesto anteriormente, y con la intención de colaborar en la recuperación de nuestra memoria histórica, destacando la enorme figura de un incansable luchador que supo honrar el lugar que le tocó ocupar en un momento tan complejo de nuestra historia reciente, es que solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-