Declarar de interés de esta Honorable Cámara todas las actividades que se realicen en ocasión del “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”, fijado el 8 de mayo de cada año según ley N° 26.811, ratificando el compromiso de los diputados y las diputadas de la nación con la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Señor presidente:

El 8 de mayo fue instituido por la ley N° 26.811 como el “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” con el objeto de “recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos”.

El día elegido conmemora específicamente la “masacre de Budge”, en la cual tres jóvenes fueron asesinados por efectivos de la policía Bonaerense en la localidad homónima, un 8 de mayo de 1987.

La norma adoptada por este Congreso Nacional se inscribe en el paradigma de defensa irrestricta de los Derechos Humanos consagrados por nuestra Carta Magna y los tratado internacionales en ella incluidos.

Lo señalado hasta aquí podría alcanzar para justificar que las actividades que se realicen en conmemoración de este día sean declaradas de nuestro interés.

Sin embargo creemos que el presente que nos toca vivir, que lleva como marca tan preocupante como dolorosa la apología de la “mano dura” que se realiza desde el Poder Ejecutivo Nacional (empezando por el Presidente Macri y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich), obligan a duplicar nuestro esfuerzo como Poder del Estado en ratificar e insistir en el paradigma democrático de la seguridad como único admisible para nuestra sociedad.

No podemos dejar de señalar que hay sobrados antecedentes que avalan esta preocupación. Bullrich y el Presidente recibieron y trataron como un héroe al policía Luis Chocobar, procesado por el delito de homicidio agravado luego de que asesinara por la espalda a un ladrón. Recientemente la ministra recibió y felicitó al médico Lino Villar Cataldo, quien asesinó de cuatro disparos a un delincuente en el contexto de un asalto.

Estos y otros antecedentes (recordemos que la Ministra pronunció la inadmisible frase “el que quiera andar armado, que ande armado” ) representan una prueba contundente respecto de la promoción desde el gobierno de un paradigma de mano dura y justicia por mano propia, a todas luces reñido con nuestro ordenamiento jurídico y los más elementales principios del sistema democrático.

En definitiva, si la ley 26.811 manda recordar este día y realizar acciones que “consoliden la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”, mayor obligación aun tenemos ante las acciones que adopta el Gobierno Nacional.

Por todos estos motivos, Señor Presidente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Resolución.