Expresar que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe N° 172/10 Caso 12.651, Informe de Fondo César Alberto Mendoza y otros (Prisión y reclusión perpetuas de Adolescentes) elaborado el 2 de noviembre de 2010, a raíz de las violaciones a los derechos humanos de las que hace responsable al Estado Argentino.

Señor presidente:

El 19 de noviembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la denuncia que llegara a esa comisión por la situación de estos 4 adolescentes (César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Cristián Saúl Roldán Cajal), emitió un informe donde responsabilizó internacionalmente al Estado Argentino por mantener un sistema de justicia de adolescentes en el que se los trata igual que los adultos siendo incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la Convención sobre los Derechos del Niño; también concluyó que estos fueron sometidos a torturas y condiciones inhumanas de detención, situación que diera lugar a la muerte de uno de ellos, el joven Ricardo Videla Fernández.

El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que: " a) Ningún niño será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad. b) La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda."

Resulta evidente que imponer penas de prisión y reclusión perpetua a adolescentes que cometieron delitos antes de los 18 años de edad, no fue "el período más breve que proceda". Por ello, la CIDH, recomendó al Estado argentino, disponer las medidas necesarias para que los adolescentes puedan acceder a una revisión amplia de su sentencia y se les aplique los estándares internacionales en materia de justicia penal de niños, niñas y adolescentes, y también recomendó que debería realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y en un plazo razonable para esclarecer la muerte de Ricardo Videla Fernández, y los hechos de tortura sufridos por Lucas Mendoza y Claudio Núñez, entre otras recomendaciones.

En la actualidad el Estado Argentino sigue sin cumplir las recomendaciones de la CIDH, y los adolescentes siguen sin tener acceso a una revisión de su sentencia, pudiendo, por tal motivo, ser el Estado Argentino pasible de sanción por parte de la Corte Interamericana. Además, se les impide acceder a derechos como salidas transitorias, luego de quince años de detención.

Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto de resolución.