Expresar su pesar y honda preocupación por la muerte de la adolescente Micaela Fernández, de 14 años de edad integrante de la comunidad Qom de El Talar de Pacheco, ocurrida el 17 de febrero de 2013 en circunstancias que ameritan una profunda investigación.

Señor presidente:

Micaela integraba la comunidad Ykthakay de El Talar de Pacheco, municipio de Tigre, y fue víctima de cautiverio en una casa del barrio La Paloma donde, según la denuncia efectuada por su familia, fue violada y maltratada a golpes.

Las sospechas de la familia apuntan a un individuo que, según afirma el abuelo de la víctima, Eugenio Fernández, "es conocido en el barrio por vender drogas y reclutar chicas para prostituirlas". Su cuerpo fue hallado en la vivienda ubicada en la calle Paraguay al 2000, tenía el cráneo ensangrentado a consecuencia y el resto del cuerpo presentaba rastros de haber sido brutalmente golpeada.

La madre de la adolescente, Nancy, manifestó que cuando fue a realizar la denuncia en la Comisaría 6ª. de El Talar no se la quisieron tomar, la golpearon exigiéndole que se callara y le gritaban "india de mierda, negra de mierda, acá las órdenes las doy yo y a Cenizo lo banco yo", refiriéndose al hombre que la tenía secuestrada. Acusa al subcomisario José Rios, jefe del destacamento de Las Tunas, y al oficial principal Alejandro Sandoval como los responsables del apriete que sufrió en la dependencia policial.

Eugenio Fernández afirma que "la policía dijo que la chica se suicidó, pero no se hizo la autopsia" agregando "cuando vimos el cuerpo nos dimos cuenta de que estaba golpeada en manos, pies y tenía sangre seca, de varios días, en la boca. Las sospechas de la familia apuntan a un narco conocido como Pato Cenizo, quien habría obligado a Micaela a prostituirse contando con la complicidad policial que encubriría la actividad delictiva del mismo.

Micaela se había ido de la casa de su familia en una actitud de rebeldía, según su madre, quien agrega que "por esa época se me empezó a escapar, se juntaba con chicas que se prostituían en Las Tunas, estuvo viviendo algún tiempo con un amigo mío que la contenía, pero entonces lo conoció a Cenizo", al tomar conocimiento de esto hizo la denuncia a la policía agregando que "no sabía que eran ellos, los policías, los que estaban abusando de mi hija y que había otras chicas desaparecidas", "cuando podía se escapaba de la casa de Cenizo" e iba a la de su madre donde no quería quedarse porque tenía miedo de que le hicieran algo a su familia.

Cuenta la madre que la joven vivía en un infierno, "ella me dijo: mami me trajeron un montón de hombres que me hicieron cosas que no te puedo decir. Me cortaron el pelo, me hicieron de todo", la encerraban con hombres y la golpeaban. Es entonces que el 30 de diciembre de 2012 decide ir a casa de Cenizo a exigirle que le devuelva a su hija, "le grité que soltara a mi hija y él me agarró y me apuntó con un arma en la cabeza. Como no salió el tiro me pegó con la culata. Me dijo que me iba a prender fuego la casa si mi hija se alejaba de su casa. Cuando vino la policía me llevaron detenida a mí".

Cuando el cuerpo de Micaela es entrega a la familia constatan que estaba "toda golpeada, moreteada, cortada, tenía la boca hinchada. Nos dijeron que se había pegado un tiro en la cabeza -con un revólver calibre 32 largo, serie 2534 que tenía un proyectil intacto en el tambor y una vaina servida del mismo calibre-, vimos que tenía sangre pero no un orificio de bala". La denuncian la realizan en la fiscalía de El Talar, a cargo del Dr. Diego Molina Pico, donde afirman no haber sido bien recibidos y que no le dieron ninguna respuesta satisfactoria a sus denuncias y reclamos.

La familia de Micaela no contaba con ningún tipo de asistencia legal, hasta que el abuelo se contacta el cacique Qom de El Talar el que realiza la correspondiente denuncia ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, los que pusieron a sus abogados a disposición para que se presenten en la causa.

A principios del mes de abril la justicia debería citar a los policías que hallaron el cuerpo de Micaela y debería exigírseles que expliquen por qué no se realizó la autopsia del cuerpo. Se los deberá indagar también por las amenazas proferidas a la madre de la adolescente si persistía en denunciar la complicidad de la bonaerense con la trata de personas, el abuso sexual infantil, la prostitución y los detalles de un potencial homicidio. Sería de esperar que lo antedicho ocurriera, al igual que se expliquen las razones que ameriten que el principal sospechoso del hecho esté en libertad y no pese sobre él acusación alguna.

Según una nota de Tiempo Argentino, "Cenizo se ufana de tener a un familiar en la corporación policial", lo que explicaría que aún esté en libertad y moviéndose con total impunidad.

El número de niñas, niños y adolescentes víctimas de este tipo de delito, es alarmante. Y siempre están las sospechas de encubrimiento, connivencia y participación de distintas fuerzas de seguridad y de integrantes de ciertos poderes del estado. Y es también infinito el número de casos que no toman estado público, y/o no tienen ningún tipo de denuncia.

Por ello se hace imprescindible nuestra exigencia de que se llegue hasta el final en la investigación, y que la justicia obre en consecuencia, penalizando a los responsables directos e indirectos de este tipo de delitos.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a las/los señoras/señores diputadas/diputados que acompañen el presente proyecto.