Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle que, por intermedio de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, informe acerca de los incidentes ocurridos en la Plaza de Mayo durante el último acto de repudio del golpe del 24 de Marzo de 1976, indicando si de la información oficial disponible y de las actuaciones labradas, en su caso, surge la participación de "barras bravas", con antecedentes por infracciones al régimen penal y contravencional para la prevención de la violencia en espectáculos públicos, que trabajan en dependencias del INDEC y de la Secretaría de Comercio de la Nación.

Señor presidente:

El presente pedido de informes está referido a los incidentes provocados por grupos de choque integrados con "barras bravas" durante el último acto de repudio del golpe del 24 de Marzo de 1976, que impidieron con violencia el acceso a la Plaza de Mayo de simpatizantes políticos de izquierda, del radicalismo y de militantes de organismos defensores de derechos humanos, no alineados con el oficialismo.

Los disturbios trascendieron a los medios de prensa con la distribución de videos y fotografías donde aparecen con gestos amenazantes y arrojando golpes de puño, conocidos "barras bravas" que integran agrupaciones peronistas K. Inclusive la propia presidente Cristina Kirchner aludió a estos episodios de violencia entre militantes oficialistas y de izquierda, con una decena de twits emitidos en los días siguientes.

Entre los testimonios recogidos por la prensa se destacan las declaraciones de Ana Laura Lastra, delegada de la junta interna de ATE en el INDEC, quien reconoció la presencia de José Luis Blanco, junto a otros barras bravas, entre las personas que les bloquearon el ingreso a la plaza, cuando estaban intentando hacerlo con organismos de Derechos Humanos e inclusive Madres de Plaza de Mayo, que apoyan la protesta de los trabajadores del INDEC.

Son conocidos los antecedentes de José Luis Blanco como un histórico ladero de Guillermo Moreno, desde las épocas en las que estaba designado en el Mercado Central y luego de la intervención del INDEC, donde fue nombrado- con excepciones-, como jefe de encuestas de Grandes Empresas. Desde entonces, pasó a ser uno de los integrantes de "los 12 apóstoles", como fueron bautizados los integrantes del grupo de choque que sigue a Moreno, y que han sido denunciados por los trabajadores del INDEC por aprietes y amenazas.

Otros barras bravas que se habrían logrado identificar en estos episodios de violencia del último 24 de Marzo en la Plaza de Mayo son Ariel Pugliese y Javier Miranda, del Club Nueva Chicago, que también trabajan en el INDEC. Otro barra que participó de los disturbios sería Víctor Videla, de River, quien ya estuvo preso por el crimen de Gonzalo Acro.

La aparición pública de barras bravas contratados en organismos oficiales e integrando grupos de choque del peronismo K, revela una seria degradación de nuestra cultura política y de la ética de la función pública, que es necesario desterrar.

De tal manera, con el presente pedido de informes se requiere un conocimiento preciso de los hechos y sus protagonistas, para juzgarlos con entera certeza y determinar las responsabilidades consiguientes.

Además quiero manifestar que mi interés en el presente pedido de informes se relaciona estrechamente con una iniciativa de mi autoría, por la que se promueve implementar inhibiciones para el ejercicio de la Función Pública a infractores del régimen penal y contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos. Se trata del Proyecto de ley que tramita por Expediente 4130-D-2012, presentado el 19 de Junio de 2012, ante esta Honorable Cámara de Diputados.

Por dicho proyecto se propicia modificar el artículo 13 de la Ley 25188 de Ética Pública, incorporando como una nueva causal de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública: "haber sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, por instigar, promover o facilitar la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos en el régimen penal y contravencional para la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos."

A la vez, no puedo dejar de expresar mi profundo desagrado ante la actitud reiterada del peronismo K en cada aniversario del golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976, cuando la Plaza de Mayo- el lugar para conmemorar el Día Nacional por la Verdad y la Justicia-, se convierte en una zona de disputa con agrupaciones de izquierda, del radicalismo y de organismos de derechos humanos no alineados con el gobierno nacional.

Cada 24 de Marzo es una jornada que debe servir para reflexionar sobre la vida en democracia, las dolorosas consecuencias de los golpes de Estado y la política de terror y muerte que desplegó la junta militar en nuestro país. Ese golpe inició en 1976 la época más oscura del terrorismo de Estado, dejando cicatrices que no sanan y se llevó la vida de niños, mujeres y hombres, imponiendo una violación sistemática de los derechos humanos fundamentales.

Para ello es preciso educar a las próximas generaciones, para que comprendan que la defensa de los principios y valores democráticos y de los derechos humanos es sustancial para la vida sociedad y para constituir una Nación con libertad, igualdad y justicia.

Ese consenso fundamental de un proyecto de vida en común, no puede degradarse para dividir más a nuestro pueblo, ni para atribuirse una nueva historia oficial o una memoria selectiva, con una falaz reescritura del pasado autoritario, en una fecha que debe ser de unión de los argentinos. Porque los derechos humanos, son de todos.

Consolidar la transición del autoritarismo a la democracia es una tarea permanente, con avances y retrocesos, donde la causa de los derechos humanos trasciende una mera visión retrospectiva del terrorismo de Estado.

Pero aún en el estricto marco de la defensa de los derechos humanos fundamentales no cabe hacer injustas exclusiones, - animadas siempre por el sectarismo-, y donde muchas veces nos falta hacer justicia con la memoria, para valorar la recuperación de la democracia y de nuestras instituciones, y para arraigar definitivamente los principios republicanos en un Estado de Derecho.

Por las razones expuestas, pido a los Señores Legisladores, dar aprobación al presente Proyecto de Resolución.