Declarar su más enérgico repudio, pesar y preocupación, por el asesinato de la Señora Silvia Suppo, en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, victima de la represión desatada por la dictadura militar y testigo en juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años 1976- 1983.

Señor presidente:

Silvia Suppo fue hallada muerta a puñaladas, y se trata de establecer si fue victima de un asalto o si su muerte está relacionada a su condición de testigo de violaciones a los derechos humanos, cuando impulsaba una causa judicial por la desaparición de su compañero, secuestrado en el año 1977, motivo por la que hay cuatro acusados.

Silvia fue secuestrada el 24 de mayo de 1977 en la ciudad de Rafaela, esa misma noche fue trasladada a Santa Fe junto a su hermano y a Jorge Destefanis, quien al salir en libertad, tras cinco años de prisión en Coronda, fue su pareja. Jorge, murió tres meses antes del juicio oral y público a Brusa.

En el mes de Diciembre del año 2009, Silvia Suppo fue testigo de cargo en los Tribunales de Santa Fe, donde se juzgaba al ex Juez Victor Brusa, por obligar a personas detenidas por el régimen militar, a firmar declaraciones obtenidas bajo torturas. Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato devela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad.

El Director provincial de Investigaciones y Reconstrucción de la provincia, Dr. Jorge Pedraza, manifestó, "Llama la atención en Rafaela, porque un hecho así tan violento en el centro, con resultado de muerte no era común hasta hoy, y por el ensañamiento con que la asesinaron", indicó el funcionario, quien destacó que la hipótesis policial solo apuntaba al robo seguido de muerte.

Tras el asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó "al estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas".

Señor Presidente, desde la desaparición de Julio López, principal testigo en diversos juicios, en todas las ciudades del país hubo amenazas a militantes, querellantes y testigos de causas vinculadas con la represión ilegal durante la última dictadura militar.

El abuso y la impunidad de la que han gozado los represores durante todos estos años, sumado a la lentitud de la justicia, hacen que cada uno de los hechos de amenazas, demuestren que grupos minoritarios, aún tienen todavía cierta la capacidad de acción, ya que cada uno de estos hechos tiene autores materiales e intelectuales, y que ante el avance de los juicios con condenas ejemplares en todo el país, generan interrogantes a la sociedad en general.

Por lo brevemente acá expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.