Repudiar los dichos del señor Intendente del partido bonaerense de Rauch referidos al dictador Jorge Rafael Videla.

Señor presidente:

La sociedad argentina y, en especial, su dirigencia tienen una deuda con la historia. Me refiero a la debida caracterización de la dictadura que asoló a nuestro país entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. A este período se lo suele denominar "dictadura militar", cuando -en realidad- se trató de una "dictadura cívico- militar" dispuesta a rediseñar -desde la perspectiva de la clase dominante- a la Nación de los argentinos.

Para demostrarlo, basta con recorrer la extensa nómina de civiles que integraron gabinetes nacionales, provinciales y municipales durante ese nefasto período de la historia; a los tantos dirigentes comunitarios o religiosos que hicieron la vista gorda ante las atrocidades que se cometían; a los titulares de las asociaciones patronales del campo y de la industria que abrían las puertas de sus instituciones para rendir pleitesías a los usurpadores del poder; a los empresarios de los medios que llamaban enfrentamientos armados a lo que eran masacres planificadas; a quienes abandonaron el noble oficio del periodismo para devenir en comunicadores sociales o formadores de opinión que difundían consignas laudatorias de los uniformados; a los que, diciéndose técnicos, participaban del proceso de vaciamiento de la economía y disponían la estatización de la deuda externa privada o asumían deuda pública en la medida que lo requería el capital financiero foráneo; a los burócratas sindicales que, desplazados de sus puestos de conducción, supieron reciclarse como asesores de las intervenciones militares en sus sindicatos.

Digo esto, asumiendo con dolor que provengo de un partido político que proveyó a los dictadores de algunas de sus personalidades para que se desempeñaran como embajadores de un oprobioso proceso.

Olvidar la activa participación de civiles en la dictadura hizo que las responsabilidades del horror recayeran exclusivamente en las cúpulas militares y en las camadas castrenses y policíacas que supieron engrosar sus fojas de servicio acreditando antecedentes como desaparecedores, torturadores o masacradores de hombres, mujeres y hasta niños.

Por cierto, no está mal que los autores de crímenes de lesa humanidad sean juzgados y condenados; pero falta la sanción, al menos ética, para quienes los acompañaron en su aventura criminal.

Esa impunidad de la que gozan los civiles dictatoriales desde la reinstauración democrática les mimetizarse como hombres de la política a partir de 1983 y -no en pocos casos- asumir funciones en las instituciones de la Constitución.

Uno de estos personajes es un ganadero y veterinario residente en el partido bonaerense de Rauch que se llama Jorge Mario Ramón Ugarte y a quien la la dictadura designó en 1976 como comisionado municipal de esa localidad, cargo que había desempeñado diez años antes por decisión del presidente de facto Juan Carlos Onganía.

El colaboracionista Ugarte se las ingeniaría años después para tener un lugar en el mundo de la democracia. Eso ocurrió en 1985, cuando logró consagrarse concejal como integrante de aquella Unión de Centro Democrático que fundara el ingeniero Álvaro Alzogaray. En 1995 volvió a tentar suerte electoral como miembro de un partido vecinalita que lo candidateó como intendente de Rauch.

Aunque en aquella ocasión la fortuna no lo acompañó, sí lo hizo en 2003 cuando encabezando una lista del naciente Frente para la Victoria se consagró intendente municipal de Rauch. En 2007 repitió la performance electoral y prolongó su mandato en la llamada Capital Nacional del Ave de Raza.

Al octogenario Ugarte lo obsesiona la seguridad de sus casi 15 mil vecinos; por eso, cuando asumió su cargo creó en la municipalidad una subsecretaría ad hoc que puso a cargo del comisario retirado Julio Guzmán, a quien se sindica como miembro de los autotitulados "sin gorra", un grupo integrado por exonerados policías de la bonaerense. Actualmente, Guzmán está siendo sumariado por cobrarle a una cooperadora escolar la suma de 8.100 pesos como tributo que nunca ingresó a las arcas del municipio y que equivalía al 10% de lo recaudado por la entidad en un festival de doma a beneficio de la institución educativa.

Para profundizar su política de seguridad gestionó la creación de una ayudantía Fiscal en su municipio, donde abigeato es una práctica creciente. El 30 de marzo último, al hacer declaraciones relativas a la inminente instalación de esa Fiscalía, Ugarte reivindicó la figura de Jorge Rafael Videla diciendo que para él era "un honor y una obligación moral visitar al ex presidente".

Cuando el 13 de abril último el matutino La Nación informó sobre los dichos de Ugarte, el intendente redobló la apuesta y confirmó que había visitado al dictador Videla en Campo de Mayo.

Que la desmemoria colectiva haya permitido que diferentes organizaciones partidarias hayan cobijado a Ugarte en sus listas electorales es, por sí, un hecho preocupante; pero que el señor intendente asuma como un "honor" la visita que realizó a un individuo juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad no sólo expresa su adhesión a lo actuado por la dictadura, sino que linda con la apología del delito.

Por considerar que es obligación de esta Cámara repudiar dichos como los de Ugarte, solicito la aprobación del presente proyecto.