1) Expresar su mas enérgico repudio a las declaraciones vertidas por el ex Presidente Eduardo Duhalde, quien el mismo día en que se conmemoraban los 34 años del nefasto golpe militar ocurrido el 24 de Marzo de 1976 planteó la necesidad de poner fin a los juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad, al tiempo que propuso la realización de un plebiscito para poner punto final a las causas vinculadas con el Terrorismo de Estado que asoló a nuestro país en el período 1976/1983.

2) Destacar que tales declaraciones constituyen una afrenta a la conciencia civilizada de la humanidad, en general, y de la sociedad argentina, en particular, y que las mismas van en la dirección diametralmente opuesta a los compromisos asumidos por el Estado Argentino frente a la comunidad internacional a través de la aprobación de los tratados y convenciones de derechos humanos que hoy ostentan jerarquía constitucional y que impiden categóricamente que la Argentina retroceda en los avances logrados en materia de Memoria, Verdad y Justicia, y en la prosecución de los juicios reiniciados con la anulación de las leyes de impunidad -conocidas como de obediencia debida y punto final-, ocurrida a partir de la iniciativa que oportunamente tomara a su respecto el gobierno del Presidente Néstor Kirchner y que fuera expresamente convalidada por el Congreso y por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

3) Manifestar su preocupación por las reiteradas declaraciones que en similar sentido a las actuales, viene haciendo el ex Presidente Duhalde, y en las que directa o indirectamente reivindica el rol desempeñado por las Fuerzas Armadas en el Terrorismo de Estado aludido precedentemente, con el inconfesado propósito de obtener el apoyo de los sectores más retardatarios y recalcitrantes de nuestra sociedad en sus reclamos de aministía indiscriminada para los genocidas y torturadores de entonces.

Señor presidente:

Asistimos azorados a una suerte de inaceptable indulgencia que propone el ex Presidente EDUARDO DUHALDE para con los represores de la última dictadura, que han cometido graves delitos de lesa humanidad, los que son de publico y notorio conocimiento tanto a nivel Nacional cuanto internacional.

A comienzos del presente año, más concretamente el 19 de Enero de 2010, Eduardo Duhalde dijo, en declaraciones desde El Salvador, que los juicios por las violaciones a los Derechos Humanos "humillan a las Fuerza Armadas por lo que hizo el ejército durante los '70", y fue en esa oportunidad que este Diputado Nacional advirtió al honorable Congreso de la Nación de la gravedad de lo sucedido, a través de la presentación de un proyecto de Resolución en el que solicité me acompañaran con su voto, a fin de declarar como HCDN "Su enérgico repudio a las declaraciones del Sr. Eduardo Duhalde que trascendieran por la agencia de noticias EFE, en las que acusa a la Presidenta de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, de "humillar a las Fueras Armadas de hoy por lo que el ejército hizo en la década del '70", ya que las mismas cuestionan el normal y debido proceso judicial en aquellos casos en los que se juzgan crímenes por terrorismo de Estado, poniendo en tela de juicio el accionar judicial, desprestigiando a las Fuerzas Armadas y no respetando la autoridad y la investidura del Poder Ejecutivo Nacional, lo que significa un ataque al sistema democrático en su conjunto. Del mismo modo, también declara su repudio a las declaraciones que éste mismo realizara el día 26 de enero de 2010 en diálogo con la emisora Radio 10, en las que vuelve manifestar que a las Fuerzas Armadas "se las tiene arrinconadas y humilladas" debido a que no se las emplea en tareas de seguridad interior, y en las mismas también desliza la propuesta de ocupar a los miembros de las Fuerzas Armadas en "reeducar en los cuarteles" a lo que él consideró "jóvenes en riesgo," cuestiones expresamente vedadas por la vigencia de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior que en forma determinante proscriben la posibilidad de su intervención en cuestiones de policía interna; y al mismo tiempo inconducentes por el hecho de apartar de su específica y especial función a las Fuerzas Armadas ocupándolas en problemáticas para lo cual no fueron preparadas."

No obstante, y siguiendo con su discurso condescendiente para con los represores, el 24 de febrero de 2010 el ex Presidente propone para el 2011 "Un gobierno para el que quiere a Videla y para el que no", demostrándonos un evidente comportamiento antidemocrático, revelador de un pensamiento oscurantista y apologético en relación con los aberrantes delitos cometidos por los genocidas contra toda una generación.-

Ahora bien, Eduardo Duhalde no se rinde, y en el mismo día en que se conmemora "El Dia de la Memoria", el ex presidente planteó que se debería hacer un plebiscito para poner punto final a los juicios a los represores por delitos de lesa humanidad. "Los juicios tienen que terminar", sentenció Duhalde poniéndose en contra claramente con lo que dictaminaron el Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso y la Corte Suprema..

Duhalde, quien desde que se lanzó a la presidencia, viene insistiendo con terminar con los juicios por los crímenes de la última dictadura, aprovechó la conmemoración del 24 de marzo para reiterar su idea a la salida de un encuentro del Movimiento Productivo Argentino (MPA): "Los juicios tienen que terminar. Hay que mirar para adelante. El pueblo argentino debería votar en las elecciones de 2011 qué quiere hacer", propuso. "Ya lo hizo Uruguay, dos veces"; todo ello manifestado sin tener en cuenta el sentimiento de todas aquellas personas que han sufrido pérdidas irreparables a raíz del accionar de los represores que hoy están siendo Juzgados por esos delitos de lesa humanidad, cometidos al amparo del Terrorismo de Estado.

Es oportuno destacar las palabras de la Sra. Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien rápidamente salió al cruce de tan penosas declaraciones diciendo "Si la opinión de Duhalde es ésa, más vale que no se presente a elecciones. Una persona que propone el olvido, la convivencia con los asesinos, es una persona peligrosa para la política"

Está claro que Eduardo Duhalde es el pasado, ese pasado que todos hoy queremos que quede atrás, pero no en base a la impunidad sino asentado en el funcionamiento adecuado de la Justicia, y en la investigación y sanción de todos y cada uno de los aberrantes crímenes cometidos en tan oscuro período.

Nuestro país ha probado a través de su historia caminos alternativos que han demostrado ni ser pacificadores, ni mucho menos justos, y que solo han llevado a la prolongación inagotable de un conflicto que una sociedad democrática y civilizada solo puede solucionar con Memoria, Verdad y Justicia.

En esta dirección ha avanzado fuertemente la sociedad Argentina, que luego de los primeros intentos fallidos de los albores democráticos, encontró en la política de Derechos Humanos del Gobierno Nacional , a partir del 25 de Mayo de 2003, la única vía posible de solución que nos lleve al momento en que finalmente podamos dar una vuelta de página: La reapertura de los juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, a fin de aplicar las condignas condenas contra los mismos, reparando a un mismo tiempo a las víctimas sobrevivientes, a sus familias y a la sociedad argentina en su conjunto.

La aberración propuesta por el ex Presidente Duhalde no solo es oprobiosa desde un perspectiva política, ética y moral sino que además supone la brutal ignorancia de los deberes y compromisos asumidos por el Estado Argentino con la comunidad internacional, por los que este último se obliga a investigar, perseguir y sancionar los delitos de lesa humanidad y a respetar y garantizar los derechos humanos de nuestra comunidad, tanto en relación con su pasado como con su presente y su futuro.

No otra cosa son los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos y aprobados por nuestro país , y que a partir de la reforma constitucional de 1994 tienen jerarquía constitucional, tal como ha quedado establecido en el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna reformada.

Hacer lo que propone Duhalde, en consecuencia, significaría desandar el sinuoso camino recorrido por nuestra comunidad, y en el que después de numerosas marchas y contramarchas, se ha llegado a la convicción de que el único modo de cerrar un capítulo tan luctuoso de nuestra historia solo puede lograrse con Justicia, verdadera condición de posibilidad de la Paz social en un sistema democrático.

Seguir el indigno consejo del ex Presidente, implica también generar responsabilidad internacional del Estado Argentino por el incumplimiento de los compromisos internacionales contraídos, en un retroceso sin razón ni justificación de ningún tipo.

Por si ello fuera poco, cabe destacar que La Constitución Nacional prohíbe expresamente la iniciativa popular en materia penal, y que la propuesta en cuestión supondría además la previa denuncia de los tratados internacionales de derechos humanos por parte del Estado Argentino conforme el procedimiento establecido por el citado art. 75 inc. 22 'in fine' de nuestra Ley Fundamental, con mayorías agravadas de este Congreso, que no solo resultan impensables sino de imposible concreción en el marco del actual estado de conciencia desarrollado por la sociedad argentina respecto del tema, amén de su incompatibilidad manifiesta con la política de Estado que en materia de derechos humanos viene desarrollando el Gobierno Nacional desde el año 2003, como verdadero ejemplo de avanzada en la materia, con el beneplácito y reconocimiento de la comunidad internacional y de los órganos de protección de los DDHH en la región y en el resto del mundo.

Por las razones expuestas solicito el acompañamiento de mis pares en el Presente Proyecto de Resolución.