Expresar repudio ante las declaraciones del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj en relación al número de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar.

Señor presidente:

En sucesivas declaraciones realizadas tanto en medios gráficos como radiales, asi como en sus cuentas personales en diferentes redes sociales, y en vísperas de celebrarse el 41 aniversario del golpe de Estado de 1976, el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj realizó desafortunadas declaraciones en relación tanto al número de detenidos-desaparecidos durante la ultima dictadura, como sobre la política nacional de derechos humanos y de preservación de la memoria histórica.

En efecto, en una entrevista realizada por Radio Mitre el 24 de marzo, el Secretario opinó que, en relación a la cifra de los 30.000 desaparecidos “el tema de del numero es una discusión académica (…) tenemos que saber cuales son los datos reales. El numero no esta determinado, pero el Nunca Mas es indiscutible y marca 8500 personas”

Más allá de la inoportunidad de la declaración, lo más preocupante es que esta revela un desconocimiento cabal de la mecánica del Terrorismo de Estado por un lado, y de la política de búsqueda de la Verdad que viene realizando hace décadas tanto el Estado Nacional Argentino como los organismos de derechos humanos.

La política sistemática de desaparición forzada de personas y el Terrorismo de Estado, por su misma metodología, impiden la configuración de “números definitivos”, y en ello reside parte de su perversidad. Los números recabados por la CONADEP a mediados de los años ochenta difieren de aquellos que el mismo Avruj cita en relación al Parque de la Memoria. Es una lista en constante mutación, lo que hace imposible “cerrar la discusión” tal y como refiere el Secretario.

Por otro lado, es el mismo Estado Nacional Argentino, a través de sus tres poderes, quien a lo largo de estos años fue sumando y corrigiendo el listado original de 1984, en base a investigaciones judiciales, informes y denuncias.

Es importante subrayar los argumentos que en estos días esgrimió el escritor Martin Kohan: "La discusión no es entre 8000 casos probados y 30.000 casos no probados. A mi criterio, lo que la cifra 30.000 expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información respecto de lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue tan clandestina como los centros clandestinos de represión y de tortura. Y la cifra de 30.000 expresa que no sabemos exactamente cuántos fueron porque el Estado ilegal, que reprimió clandestinamente, no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos ni la información de dónde están los nietos secuestrados.”

“Entonces la cifra total de desaparecidos hay que postularla, no probarla en términos de una prueba de comprobación empírica. No hay comprobación empírica porque la represión fue clandestina. Situarte en 8000 casos es suprimir la dimensión clandestina e ilegal de la represión. Como si contáramos con toda la información. Es entrar en la lógica perversa de la dictadura que es '¿te enteraste de 8000?, ¿pudiste probar 8000?, entonces hay 8000'. No, pude probar 8000 y sabemos que hay miedo a denunciar, miedo a represalias".

Por eso debe retractarse el Secretario de Derechos Humanos y debe pedir disculpas. Porque no se trata de una discusión académica, sino de que en Argentina el Estado aún no dio respuestas suficientes a los familiares y a toda la población que merecen no solo saber la verdad y el destino de cada una de las víctimas, sino sobre todo Justicia. En ese sentido las excusas del ministro remiten inevitablemente a las macabras declaraciones del genocida Rafael Videla cuando enunciaba la clausura de las investigaciones esgrimiendo “pero mientras sea desaparecido no puede tener un tratamiento especial es un desaparecido, no tiene entidad no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores diputados que acompañen el presente proyecto de Declaración.