Su más enérgico repudio por las amenazas e intimidaciones recibidas por militantes de organismos de derechos humanos y otros referentes vinculados a los juicios por delitos de lesa humanidad, el último 24 de marzo en la ciudad de Santa Fe.

Señor presidente:

El 7 de mayo en Santa Fe comenzarán los juicios a los genocidas santafesinos. Lamentablemente, como en otros lugares del país y debido a la impunidad de la que han gozado los represores en estos 33 años, en Santa Fe también los testigos, querellantes, abogados y militantes sufren amenazas e intimidaciones.

En la madrugada del 24 de Marzo, el local comercial del hijo de uno de los querellantes en los juicios, Daniel García, fue agredido a balazos por personas desconocidas.

En las primeras horas de la mañana se encontraron panfletos que reivindicaban el accionar represivo de la última dictadura, junto a otros dirigidos contra dos diputados provinciales - Alicia Gutiérrez y Antonio Riestra- reconocidos por su lucha a favor de los Derechos Humanos y en reclamo de justicia. Cabe señalar que los lugares elegidos para arrojar los volantes intimidatorios eran aquellos donde se realizarían actos para conmemorar y repudiar el último golpe militar: el cementerio municipal de Santa Fe y la plaza central de San José del Rincón, y que en el caso del cementerio, también se realizaron pintadas del mismo tenor y con las mismas consignas en las paredes exteriores del mismo.

Por último, también aparecieron leyendas intimidatorias en el estudio de Lucila Puyol, abogada de H.I.J.OS. y litigante en las causas de Terrorismo de Estado.

Estas acciones intimidatorias, que se plantearon como una verdadera "contra-jornada" en el día nacional por la memoria, la verdad y la justicia, no fueron las primeras, ni las únicas acaecidas en esta ciudad.

Con anterioridad se habían sucedido una serie de lamentables acontecimientos entre los que podemos destacar: las amenazas a Amalia Ricotti, querellante en la causa contra el genocida Barcos, quien además fue perseguida en plena vía pública por un amigo del genocida Brusa; la irrupción de desconocidos en reiteradas ocasiones y con supuestos fines de robo en la vivienda de Soledad Chávez, querellante en el juicio contra el genocida Menéndez y que vive en la ciudad de Santa Fe; aparición de panfletos intimidatorios arrojados en las casas de las querellantes contra Brusa.

Estos, como muchos otros hechos intimidatorios que se dan contra todos aquellos que impulsan causa por delitos de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura militar, ponen en riesgo la continuidad del proceso de Verdad y Justicia que empezó a vivir la Argentina desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el año 2003.

Repudiar estos hechos y renovar el compromiso para que los juicios por delitos de lesa humanidad sigan en su mejor cause y con la celeridad que merece, debe ser una obligación que todos aquellos que representamos al pueblo en esta Honorable Cámara de Diputados, no podemos desconocer.

Por todo lo expresado solicitamos a todos los Diputados de esta honorable cámara acompañen el presente proyecto de declaración.