Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Derechos Humanos y Garantías »
DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 411
Jefe SRA. CARBALLO LLOSA MARIANA A.
Miércoles 14.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2411 Internos 2411/2470
cdhygarantias@hcdn.gov.ar
PROYECTO DE LEY
Expediente: 0979-D-2015
Sumario: PENSION MENSUAL NO CONTRIBUTIVA DE CARACTER VITALICIA A MADRES DE VICTIMAS DE TERRORISMO DE ESTADO. CREACION.
Fecha: 17/03/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 12
CREASE LA PENSION MENSUAL
NO CONTRIBUTIVA DE CARÁCTER VITALICIA A MADRES DE VICTIMAS DE TE-
RRORISMO DE ESTADO
Artículo 1º.- Pensión: Establecer
una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio para aquellas perso-
nas que acrediten ser madres de hijos o hijas que hayan sido asesina-
dos/asesinadas o se encuentren en situación de desaparición forzada, o hayan
sido víctimas del terrorismo de Estado según las disposiciones incluidas en las
Leyes Nacionales Nº 24411 y Nº 24321, así como normas complementarias y
modificatorias.
Art. 2º.- Sujetos beneficiarios: Po-
drán acceder al beneficio que se establece por la presente, las personas com-
prendidas en el artículo anterior, con domicilio real en la República Argentina
sin perjuicio de que sus hijos o hijas hubieran sido secuestrados o secuestra-
das, o asesinados fuera del territorio nacional. Sin considerar para esta pensión
que resulten beneficiarios de una prestación actual o futura de carácter, provin-
cial o municipal, derivadas de la misma situación.
Art. 3°.- Acreditación del beneficio:
Para acogerse a los beneficios de esta ley, las personas mencionadas en el ar-
tículo 1° deberán acreditar ser madres de hijos o hijas que hayan sido asesina-
dos/asesinadas o se encuentren en situación de desaparición forzada como víc-
timas del terrorismo de estado haber reunido alguno de los siguientes requisi-
tos:
a) Haber sido puestas a disposi-
ción del Poder Ejecutivo Nacional antes del 10 de diciembre de 1983.
b) Haber sido privadas de su liber-
tad en condición de civiles y/o militares por actos emanados de unidades o tri-
bunales militares o especiales o consejos de guerra, haya habido o no sentencia
condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacio-
nal.
c) Haber sido privadas de su liber-
tad por Tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la Ley N º 20840/74 y/o
del Art. Nº 210 bis y/o 213 bis de Código Penal y/o cualquier otra Ley, decreto
o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenidas bajo el régimen de
"detenidos especiales", violatorio de los Derechos Humanos amparados consti-
tucionalmente.
Art. 4º.- Solicitud del Beneficio: La
solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos, el cual comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los recaudos
exigidos por los artículos anteriores. En virtud de que se trata de reparar daños
causados por el Terrorismo de Estado, considerados delitos de lesa humanidad
y por lo tanto imprescriptibles, esta Ley no establecerá plazos para acogerse a
los derechos que otorga.
Art. 5º.- Carácter de la Pensión :
La pensión tendrá carácter de bien propio y personal; caduca por renuncia del
titular o en caso de fallecimiento y no será asignado a persona alguna; será
inembargable, y no podrá ser cedido ni transferido por ningún acto jurídi-
co.
Art 6º.-Excepcion: En caso de ha-
ber fallecido el beneficiario, será acreedor al beneficio el cónyuge supérstite o
concubino que pruebe la convivencia al momento de producido el hecho, de
acuerdo a la normativa previsional vigente.
Art 7º: Monto de la pensión: el
beneficio que establece la presente ley será igual a la remuneración mensual
asignada a la categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo-
Agrupamiento General- del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público -SINEP-en los términos que establezca la autoridad de aplica-
ción.
Art. 8º : Autoridad de Aplicación: -
La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y De-
rechos Humanos de la Nación será el órgano de aplicación del presente régi-
men, y tendrá a su cargo la articulación con las áreas del gobierno involucradas
con la presente Ley, quedando a su cargo la coordinación, difusión, asesora-
miento de los beneficiarios y el diseño y la ejecución de un plan sistemático y
riguroso de monitoreo de su aplicación pudiendo dictar las normas aclaratorias
y
complementarias que fueren nece-
sarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley y resolver
sobre la procedencia del beneficio en forma sumarísima.
En el caso de existir dudas sobre
las condiciones alegadas, deberá estarse a la interpretación más favorable a la
víctima, con vista a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos de la Nación, en forma sumarísima.
Art. 9º.- Designación de apodera-
do: Cuando el beneficiario se encuentre física o psíquicamente incapacitado
para cobrar el subsidio, la autoridad de aplicación podrá autorizar la designa-
ción de un apoderado. La reglamentación determinará la forma y condición pa-
ra dicha designación.-
Art. 10º: Cobertura Médica: PROFE
(Programa Federal de Salud) será el organismo encargado de brindar los bene-
ficios medico asistencial que gozarán las Madres, teniendo prioridad para su
atención en las prestaciones médicas conforme a lo establecido por el Plan Mé-
dico Obligatorio (P.M.O.).
Art. 11º: Presupuesto: Se autoriza
al Poder Ejecutivo a realizar, dentro del Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recurso del Ejercicio correspondiente, las adecuaciones y modificaciones presu-
puestarias necesarias tendientes al cumplimiento de la presente Ley, y atender
las erogaciones que demande el pago de las pensiones bajo la denominación:
"Pensión Madres ", como asimismo otras erogaciones no previstas en el mis-
mo.
Art 12º: Reglamentación: El Poder
Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90) días de pro-
mulgación.
Artículo 13º: Comuníquese al Po-
der Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a conside-
ración es reproducción del Expte. 2196-D-2013, presentado con fecha 18-4-
2013, publicado en el TP N° 31, y girado a las comisiones de Derechos Huma-
nos, Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda respectivamente.
El mismo ha perdido estado par-
lamentario y por la importancia que significa para la continuidad de las políticas
de estado en materia de derechos humanos es que insisto en su tratamiento
con las modificaciones sugeridas oportunamente por los asesores de la Comi-
sión de Derechos Humanos.
En el marco del resarcimiento a las
víctimas de la dictadura militar, se sanciono en la Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe la Ley que instituye la Pensión a las Madres impulsada
por el Diputado Gerardo Rico cuya media sanción en diputado fue aprobada el
12 de julio de 2012.
Señor Presidente, la importancia
de reparar a quienes fueron víctimas del terrorismo de estado es de estricta
justicia y equidad, tenemos la necesidad de plasmar la presente iniciativa a los
efectos de cumplimentar junto a otras leyes preparatorias ya sancionadas la
reparación plena y total de los daños producidos. Además el reconocimiento a
las madres que sufrieron verdaderamente la ausencia de sus hijos/hijas en un
estado no solo ausente sino también terrorista, es una deuda pendiente de
nuestra sociedades hasta el día de hoy, justamente ahí donde en memoria de
aquellos que no están con nosotros, debemos hacernos presentes como estado
creando políticas de derechos humanos que abarque al conjunto de las perso-
nas que fueron víctimas del terrorismo de estado
Señor Presidente: en 1979, en una
entrevista periodística, el dictador Jorge Rafael Videla dijo una frase que con el
tiempo se volvió tristemente célebre: "Le diré que frente al desaparecido en
tanto esté como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede te-
ner tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo...
Está desaparecido".
La palabra "desaparecido", tanto
en la Argentina como en el exterior, se asocia directamente con la dictadura
militar de 1976, ya que el terror estatal tuvo como uno de sus principales me-
canismos a la desaparición sistemática de personas.
El término "desaparecido" hace
referencia, en primer lugar, a aquellas personas que fueron víctimas del disposi-
tivo del terror estatal, que fueron secuestradas, torturadas y, finalmente, asesi-
nadas por razones políticas y cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus
deudos y, en su gran mayoría, todavía permanecen desaparecidos.
Otras dictaduras de Latinoamérica
y el mundo también secuestraron, torturaron y asesinaron por razones políticas,
pero no todas ellas produjeron un dispositivo como la desaparición de personas
y el borramiento de las huellas del crimen. Lo específico del terrorismo estatal
argentino residió en que la secuencia sistematizada que consistía en secuestrar-
torturar-asesinar descansaba sobre una matriz cuya finalidad era la sustracción
de la identidad de la víctima. Como la identidad de una persona es lo que defi-
ne su humanidad, se puede afirmar que la consecuencia radical que tuvo el te-
rrorismo de Estado a través de los centros clandestinos de detención fue la sus-
tracción de la identidad de los detenidos, es decir: de aquello que los definía
como humanos.
Para llevar adelante esta sustrac-
ción, el terrorismo de Estado implementó en los campos de concentración una
metodología específica que consistía en disociar a las personas de sus rasgos
identificaros (se las encapuchaba y se les asignaba un número en lugar de su
nombre); mantenerlas incomunicadas; sustraerles sus hijos bajo la idea extre-
ma de que era necesario interrumpir la transmisión de las identidades y, por
último, adueñarse hasta de sus propias muertes.
Los captores no sólo se apropiaban
de la decisión de acabar con la vida de los cautivos sino que, al privarlos de la
posibilidad del entierro, los estaban privando de la posibilidad de inscribir la
muerte dentro de una historia más global que incluyera la historia misma de la
persona asesinada, la de sus familiares y la de la comunidad.
Por esta última razón, podemos
decir que la figura del desaparecido encierra la pretensión más radical de la
última dictadura militar: adueñarse de la vida de las personas a partir de la sus-
tracción de sus muertes.
Por esta última razón, podemos
decir que la figura del desaparecido encierra la pretensión más radical de la
última dictadura militar: adueñarse de la vida de las personas a partir de la sus-
tracción de sus muertes.
Por eso, cada acto de los cautivos
tendientes a restablecer su propia identidad y a vincularse con los otros en si-
tuación de encierro resultó una resistencia fundamental a la política de desapa-
rición. Lo mismo ocurre cada vez que se localiza a un niño apropiado, hoy adul-
to, y cada vez que se restituye la identidad y la historia de un desaparecido. El
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se destacó desde muy tem-
prano en la búsqueda e identificación de los cuerpos de los desaparecidos que
no fueron arrojados al mar o que este devolvió a las costas y fueron luego en-
terrados como NN. Posee un banco de datos que en este momento, articulado
con el Estado nacional, continúa permitiendo el encuentro entre los familiares y
los cuerpos de las víctimas. Estos, son modos de incorporarlos a la vida y a la
historia de la comunidad, son modos de torcer ese destino que, según las pala-
bras de Videla, era sólo una "incógnita".
El siguiente cuadro nos muestra
dos estadísticas
Años %
0 a 5 0.82
6 a 10 0.25
11 a 15 0.58
16 a 20 10.61
21 a 25 32.62
26 a 30 25.90
31 a 35 12.26
36 a 40 3.76
41 a 45 3.40
51 a 55 1.84
56 a 60 1.17
61 a 65 0.75
66 a 70 0.41
Más de 70 0.25
Total 100.00
Profesión / Ocupación %
Obreros 30.2
Estudiantes 21
Empleados 17.9
Profesionales 10.7
Docentes 5.7
Autónomos y varios 5
Amas de casa 3.8
Conscrip. Y Pers. De Fzas de Seg.
2.5
Periodistas 1.6
Actores /Artistas 1.3
Religiosos 0.3
CUADRO POR EDAD DE LOS DES-
APARECIDOS
FUENTE: Nunca Más.
Informe de la CONADEP. Eudeba ,
1984
DISTRIBUCIÓN DE LOS DESAPA-
RECIDOS POR PROFESIÓN U OCUPACIÓN. FUENTE: Nunca Más.
Informe de la CONADEP. Eudeba ,
1984
Los dos cuadros que se reprodu-
cen en esta página están realizados con los datos relevados por la CONADEP en
1984 y publicados en el libro Nunca Más.
En ellos se pueden apreciar las
edades de los desaparecidos y un perfil de sus trabajos, ocupaciones y profe-
siones. A pesar de tratarse de información medianamente conocida, sigue sien-
do llamativa la amplia mayoría de jóvenes -de entre 16 y 30 años- y el alto por-
centaje de obreros y estudiantes desaparecidos.
La Asamblea General proclama la
presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los indi-
viduos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan,
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades,
y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de
los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su juris-
dicción del Preámbulo y Proclama de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos París, 1948
La Dictadura Militar Argentina que
se estableció como Gobierno de nuestro Estado entre 1976 y 1983, muestra
completo incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
dejando dolorosas herencias; falsas creencias, estructuras, procedimientos,
procesos, aprendizajes, valores y prácticas altamente destructivas en nuestra
sociedad.
El Golpe de Estado de 1976 fue el
suceso más traumático de la Historia Argentina El Poder Militar avasalló, repri-
mió, encarceló, desterró e hizo desaparecer a miles de ciudadanos nacidos en
los tiempos de los derechos sociales y a sus hijos; junto a ellos perecieron sue-
ños individuales y colectivos, sueños de lucha por el ejercicio de una ciudadanía
social, económica y política.
Es por cuanto que se hace necesa-
rio recurrir a norma preparatorias de los abusos del estado bajo el poder de
Gobiernos dictatoriales, en tal sentido la normativa internacional y nacional, al
respecto, allana el camino para un régimen preparatorio como el que se plantea
en la presente ley
El Estado Argentino, implementó
diversas iniciativas tendientes a reparar los perjuicios sufridos por las víctimas
del abuso de poder. Los decretos No. 70/1991 y 1313/ 1994 y las leyes 24.043,
24.411, 24.823, 25.914 y 26.564 vincularon las indemnizaciones (detenciones,
lesiones, asesinatos) a los valores fijados para los sueldos del escalafón para el
personal civil de la administración pública.
Señor Presidente, este intento de
reparación integral a víctimas de terrorismo de estado, está en untado de
acuerdo a lo establecido por el derecho, jurisprudencia y doctrina internacional,
a saber; la Asamblea General de la Naciones Unidas, aprobó la Resolución
60/147, en la 64 Sesión Plenaria de fecha 16 de Diciembre del año 2005, bajo
el título de : "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recur-
sos y obtener reparaciones":
En el capítulo siguiente habla es-
pecíficamente de la reparación integral.
IX. Reparación de los daños sufri-
dos
Cláusula 18: Conforme al derecho
interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de
cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las nor-
mas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de
la violación y a las cir-
cunstancias de cada caso, una re-
paración plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las for-
mas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garan-
tías de no repetición.
Cláusula 20: La indemnización ha
de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación
y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho in-
ternacional humanitario, tales como los siguientes: a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y pres-
taciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el
lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o
de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y socia-
les.
Y dentro de esta importantísima
normativa, debe prestarse atención a la Cláusula 19, que dice: "La restitución,
siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la
violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la
violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución compren-
de, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los de-
rechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su
lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bie-
nes".
A su vez, para concluir, el Estatuto
de la Corte Penal Internacional dispone que la reparación no "podrá interpretar-
se en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o
el derecho internacional" (art. 75.6), con lo cual queda demostrada, al menos
en forma sintética, que el dictado de las leyes preparatorias internas argenti-
nas, responde a una manda del derecho internacional, con normas que se en-
cuentran por encima del derecho interno argentino.
Con lo cual, siendo los delitos,
abusos de poder cometidos durante los gobiernos de facto (1955- 1983), deli-
tos de lesa humanidad y contrarios al derecho de gentes, su análisis debe efec-
tuarse a la luz de las reglas y principios que la comunidad internacional ha ela-
borado en torno a tales críme-
nes y a la luz de las obligaciones
contraídas por nuestro país en virtud de la celebración de tratados internaciona-
les.
Señor Presidente, para concluir,
este alto porcentaje de jóvenes víctima de terrorismo de estado, nos lleva a
pensar en la gran cantidad de madres que en ese momento cruel de la historia
esperaban la llegada de sus hijos con vida a sus hogares, en la realidad vana-
mente, ya que fueron asesinados. Muchas de esas madres hoy no están entre
nosotros, es por ello que la presente iniciativa intenta reparar modestamente
los despropósitos de un estado ausente de protección a las víctimas de terro-
rismo de estado, que hoy intenta estar presente mediante el establecimiento de
leyes preparatorias justas y equitativas en beneficio de todas la victimas de ese
estado terrorista.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| SOTO, GLADYS BEATRIZ | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS (Primera Competencia) |
| PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |