DÍA DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS

ARTÍCULO 1°- Día Nacional. Institúyase el día 18 de marzo de cada año como "Día Nacional de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans", como recordatorio del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, destacada activista de los derechos humanos y especialmente de los derechos de la comunidad Trans.

ARTÍCULO 2º- Acciones. Impleméntese a través de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Educación y Deportes y Salud de la Nación la conmemoración anual del "Día Nacional de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans", mediante el desarrollo de actividades, políticas y programas destinados a fomentar la integración plena, el libre ejercicio de derechos, el conocimiento y la concientización sobre la temática, en establecimientos educativos públicos y privados, en todos sus niveles, y en cualquier otro ámbito que se considere adecuado.

ARTÍCULO 3º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Nuestro sistema normativo reconoce a todos los habitantes de la República Argentina, con el status de libres e iguales ante la ley. En este sentido, nuestro país en los últimos años ha avanzado desde su estructura normativa formal en el reconocimiento de derechos para la comunidad LGBT.

Sin embargo, la población trans sigue siendo víctimas de hechos de violencia e intolerancia, orientados por la discriminación ante identidades de género no heteronormativas. Es por esto que resulta imprescindible seguir generando marcos de acción y concientización impulsados desde los diferentes Poderes del Estado, a los fines de visibilizar esta problemática que afecta a un sector importante de nuestra sociedad; pues se estima que las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años en Argentina.

Según la CIDH la mayor parte de las personas trans del país se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, en circunstancias de exclusión social, con un alto porcentaje de inaccesibilidad a la vivienda y en condiciones laborales marginales y altamente criminalizadas, vinculadas al trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Esta situación se agrava debido a la existencia de políticas de seguridad y policiales delineadas en base a la criminalización del colectivo trans, profundizando la vulnerabilidad debido a abuso policial y encarcelamiento. La Primer encuesta sobre población trans del año 2012 (INDEC) determinó que el 83% de las personas trans encuestadas habían sido víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial.

El panorama se profundiza mediante la existencia de normativas de criminalización indirecta de la identidad trans, recordándose la triste historia de los edictos policiales tendientes a lograr la “normalización de ciertos sectores desviados de las lógicas de convivencia tradicionales” y que tanto daño causaron. En la actualidad, se considera imprescindible trabajar en pro de generar un sistema de reconocimiento y reparación, consecuente con el Principio 28 de los Principios de Yogyakarta el cual establece que "Toda víctima de una violación de los derechos humanos, incluso de una violación basada en la orientación sexual o la identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito de brindar reparaciones a personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, o de asegurar el adecuado desarrollo de estas personas, son esenciales para el derecho a recursos y resarcimientos efectivos".

A la detención arbitraria y maltrato policial, se le suma la vulneración de derechos y violencia que sufren las personas trans alojadas en alcaldías y unidades penitenciarias. En referencia a esto, en los últimos años se han efectuado graves denuncias de sometimiento a condiciones inhumanas y referidas a la falta de adecuación de las políticas penitenciarias a la vigente normativa de derechos humanos en materia de géneros.

La muerte violenta de trans es un tema de profunda preocupación, según la Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW), es necesario adecuar y agilizar los mecanismos de prevención, investigación y reparación de los travesticidios/transfemicidios, dando participación a las organizaciones sociales que trabajan en la materia y asegurando la no repetición de estos hechos. Especial mención merece el caso de Amancay Diana Sacayán, en donde es necesario que el crimen no quede impune y sea sancionado.

En relación a los Derechos Económicos y Sociales, a nivel del Derecho a la Educación Educativo, entre la población trans mayor de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres habían abandonado la escuela en el nivel secundario a causa de la discriminación. Solo un 32,6% de las personas trans relevadas mayores de 18 años habían completado la escuela secundaria. Según un informe realizado por Lohana

Berkins y Josefina Fernández las burlas, el maltrato, el desaliento y/o las trabas administrativas sufridas por la comunidad trans, “provenían tanto de los compañeros (en 7 de cada 10 casos reportados) como del personal docente y directivo (en 4 de cada 10 casos). En todos los casos, estos comportamientos estaban fundamentados en que las personas trans expresaban una identidad de género e intereses que no estaban en congruencia con el género asignado al nacer". Por lo cual podemos inferir en la necesidad de establecer estrategias focalizadas, tendientes a generar inclusión en vez de expulsar del sistema educativo formal a los miembros de esta comunidad.

Según la encuesta del IDEC mencionada anteriormente, a nivel del Derecho al Trabajo, 6 de cada 10 de las mujeres trans/travestis "están vinculadas al trabajo sexual" en la actualidad. Se consigna un 80% de informalidad laboral, siete de cada diez buscan otra fuente de ingreso y ocho de cada diez declararon que su identidad les dificulta esta búsqueda. Más de la mitad de las encuestadas no han realizado ningún curso de capacitación laboral y la mitad de las que hicieron algún curso de formación afirman que el mismo les sirvió para conseguir trabajo.

Con respecto al Derecho a la salud, tres de cada diez mujeres trans o travestis presentan historias de abandono del tratamiento médico por discriminación en el ámbito de la salud. Por el mismo factor, cinco de cada diez dejaron de ir a los hospitales. Citado estudio señala que el 80% de esta población no tiene acceso a obras sociales o medicina prepaga.

En cuanto al VIH-Sida, según el informe sobre el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de la población trans en Latinoamérica y el Caribe de 2014, el 34% de las mujeres trans y travestis viven con VIH y que hay serios problemas en el acceso a los tratamientos antirretrovirales.

A nivel del Derecho a una vivienda digna, según el estudio realizado por el INDEC y el INADI en 2012, un 46% de la población trans encuestada habita en viviendas deficitarias, que en algunos casos carecen de recolección de residuos (18.6%), pavimento (61.9%) y alumbrado público (8.2%).70 El estudio de ATTTA y Fundación Huésped indica que una de cada tres personas trans entrevistadas vive en hogares pobres, en particular en la región Noroeste71 del país. Esta población por lo general no está incluida en los programas de vivienda del Estado.

A su vez, la Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) menciona la existencia de situaciones sectoriales que merecen especial atención como lo son las infancias trans y el problema del colectivo trans inmigrante.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en “ALITT” determinó que las personas travestis y trans “no sólo sufren discriminación social sino que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios. Como resultado de los prejuicios y la discriminación que les priva de fuentes de trabajo, tales personas se encuentran prácticamente condenadas a condiciones de marginación, que se agravan en los numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos de la población, con consecuencias nefastas para su calidad de vida y su salud, registrando altas tasas de mortalidad, todo lo cual se encuentra verificado en investigaciones de campo “.

Todos los datos mencionados previamente son fiel reflejo de la necesidad de generar procesos de visibilización ante esta temática, y es por esto que proponemos el presente proyecto.

Claudia Pía Baudracco fundó junto a María Belén Correa y a otras activistas, la Asociación de Travestis de Argentina (ATA) en 1993, asociación que luego (desde 1996 y hasta 2001) cambia su nombre a A.T.T.A, Asociación Travestis Transexuales Argentinas, siendo Coordinadora Nacional de la misma. Luego la asociación cambió a su nombre actual, A.T.T.T.A, Asociación de Travestis, Transexuales, y Transgéneros de Argentina.

Posteriormente, lideró desde ATTTA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), las acciones para la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales en las provincias argentinas. Cuando se comenzó con dicha tarea, quince provincias del país criminalizaban la homosexualidad y el travestismo; al día de su muerte, solo Formosa lo hacía.

Previamente había sufrido las consecuencias de la represión y el hostigamiento policial. Debido a ello y a la discriminación en razón de su identidad de género, sufrió el exilio en Uruguay y en Europa.

Fue representante Argentina en la Red Latinoamericana de Personas Trans (Red LAC Trans) y Coordinadora de enlace nacional, federalizando el alcance de las acciones de ATTTA en todo el país. Su compromiso con la causa de los Derechos Humanos fue crucial para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario.

Acompañó la creación de ATTTA Trans masculinos, se ocupó personalmente de las problemáticas sufridas por trans privadas de la libertad, promoviendo la creación de mesas de diálogo con los Servicios Penitenciarios y la firma de la resolución de respeto a la identidad de género emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación en noviembre de 2011.

Su fallecimiento, ocurrido el día 18 de Marzo de 2012 dejó un vacío enorme en la causa de los derechos humanos, su figura es referencia en la construcción de cuidadanía y es por estas circunstancias que proponemos que en honor a su compromiso, se declare a esta fecha como "Día Nacional de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans".

"Si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada pero sentí muy fuerte la expresión de género y así lo manifesté y por suerte me saqué una gran mochila, que era la de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volvería a nacer trans porque sí soy feliz."

Claudia Pía Baudracco (1970 – 2012)

Por las razones previamente expuestas, es que proponemos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.