Expresar su beneplácito por la resolución del jury de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que resolvió por unanimidad suspender de sus funciones al juez Pedro Federico Hooft, acusado por participar en los delitos de lesa humanidad en la ciudad de Mar del Plata, durante la última dictadura cívico militar.

Señor presidente:

Pedro Federico Hooft preside la Asociación Argentina de Bioética, es titular del Juzgado Correccional No. 4 de Mar del Plata, y tiene una larga historia como partícipe del terrorismo de estado, siendo "cómplice en la ejecución de delitos de lesa humanidad tales como tormentos seguidos de muerte, tormentos cometidos en forma reiterada, violación, y como autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba reiterada" tal como acusan los distintos organismos de derechos humanos.

Descendiente de holandeses, su padre había sido alcalde de Utrecht durante la invasión nazi, y tras el fin de la guerra buscó refugio en nuestro país, radicándose en Mar del Plata.

Hooft se recibe de abogado en 1966 en la Universidad Católica, integra distintos grupos nacionalistas tales como el CNU, Concentración Nacional Universitaria, a la que se le atribuyen una serie de secuestros y de actividades de amedrentamiento militar en la ciudad y la posible participación en la Noche de las Corbatas, operativo realizado entre el 6 y el 13 de junio de 1977 dirigido a 11 ciudadanos, de los cuales 7 fueron asesinados o se encuentran desaparecidos.

El ataque de la Noche de las Corbatas fue dirigido a abogados defensores de presos políticos, comprometidos en la defensa de los derechos constitucionales, y opositores a la CNU. Las víctimas fueron: Camilo Ricci, Raúl Hugo Alais, secuestrados el 6 de julio de 1977 en su estudio jurídico; Norberto Centeno, cuyo cuerpo apareció a los pocos días de ser secuestrado; Salvador Arestín; Carlos Bozzi; Mercedes Argañaraz de Fresneda y Tomás Fresneda, todos ellos muertos o desaparecidos. Los sobrevivientes fueron José Verde y su esposa; Néstor García Mantica y María Ester Vázquez de García.

Hooft es designado juez en lo criminal y correccional por el interventor militar de la provincia e interviene en pedidos de habeas corpus por Camilo Ricci, al que le da curso, apareciendo con vida 24 horas después de ser secuestrado, arrojado a la calle desde un automóvil y encapuchado. Según testificara este sobreviviente, Hooft concurrió al GADA 601 para solicitar su liberación. Al resto de recursos presentados en su juzgado no les da curso, siendo acusado de que aún sabiendo que en el mismo lugar donde estaba Ricci había otros detenidos, se convierte en cómplice de estos delitos.

En el caso de Marta García de Candeloro, también sobreviviente, secuestrada en Neuquén junto a su esposo, de donde son trasladados a Mar del Plata y recluidos en el viejo Radar de la Base Aérea, otros de los centros clandestinos de detención al que denominaban "La Cueva", denunció ante la CONADEP y ante la justicia, que vio en ese lugar a su marido agonizando a raíz de las torturas recibidas, y en dos ocasiones a Hooft visitando el lugar. Luego es trasladada a la comisaría 4ª. donde también lo vio en varias ocasiones, en una de ellas, según su testimonio "se detuvo frente a la puerta de su calabozo y preguntó ¿quién está acá?", a lo que ella contestó "Soy una mujer que está a disposición de las fuerzas armadas. Soy la esposa del doctor Candeloro", sin recibir ningún tipo de respuesta "sintiendo los pasos del juez que se retiraba sintió que eran los pasos de la justicia los que se marchaban".

Según manifestara esta ex detenida-desaparecida, decidió no hacer ninguna acción contra el magistrado ni contra los jueces de la dictadura, porque consideraba que de allí surgieron funcionarios judiciales muy importantes, recién ahora su caso fue incluido en la querella. En el caso de su esposo, Hooft no pidió "la exhibición del cadáver ni practicó medida alguna de comprobación de los hechos", ni inquirió donde se inhumaría el cuerpo ni resultados de la autopsia. La explicación oficial de esta muerte, es que la víctima había intentado fugarse el 28 de junio de 1977, información falsa, ya que murió a consecuencia de las tortura recibidas, y que fue dada al juzgado cuatro meses más tarde sin que se realizara investigación alguna.

Otros querellantes de la causa son los hermanos Juan Martín y Ramiro Fresneda, los que acusan a Hooft de no haber dado curso al habeas corpus presentado al momento del secuestro de sus padres, Tomás y Mercedes Argañaraz, embarazada de 5 meses, destacando la gravedad de que este juez aún siga en funciones. Al momento del secuestro Juan Martín tenía 2 años y su hermano Ramiro 4, estaban jugando mientras su madre estaba en la cocina cuando irrumpen un grupo de personas vestidas de civil fuertemente armadas y los trasladan al estudio jurídico de su padre, lo esperan porque no estaba en el lugar y cuando llega lo golpean y se lo llevan junto a su madre y al socio de su padre, Carlos Bozzi. Ambos niños quedan a cargo de la abuela paterna, la que sufría demencia senil. Fueron criados por su abuela materna, Otilia Argañaraz quien buscó hasta su muerte incansablemente al nieto que habría nacido en cautiverio. Ya adultos, toman contacto con Marta García, quien había compartido el cautiverio en la Cueva, quien les contó que vio a la madre de ellos hasta los 7 meses de embarazo. Hasta el momento siguen buscando a su hermano u hermana.

En otros casos en los que actuó, como el de Juan Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, Hooft tuvo en su poder una nota del coronel Barda. Cuando se le pidió la misma para incorporarla al expediente de los Juicios por la Verdad, manifestó que "alguien" la habría sacado del expediente, sin aparecer hasta la fecha. Tampoco inició investigación alguna por las dos causas iniciadas a partir de la desaparición de este matrimonio.

En el habeas corpus interpuesto a favor de Pablo Mancini, pese a tener la respuesta de la Base Naval de Mar del Plata donde admitían que este estaba allí, archivó las actuaciones por considerar que la detención estaba "justificada" por los antecedentes del desaparecido, sin dar información alguna a sus familiares. El expediente de este caso fue encontrado 30 años después por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Otra imputación contra Hooft es por el caso de Marta García, detenida de manera ilegal en el centro clandestino de la seccional cuarta, la que tuvo ocasión de ver en el mismo, cuyo expediente fue encontrado en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en una investigación realizada en los archivos correspondientes a su juzgado y que Hooft denunciaba como robado. Allí se encontraron resoluciones dictadas por el juez durante 1981, 1984 y 1987.

La causa judicial abierta contra este juez, fue iniciada el 6 de mayo de 2006 con la presentación de una querella criminal por delitos de lesa humanidad. Fue iniciada por el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde. Son querellantes también la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, organismos de derechos humanos y representantes de las victimas y/o sus familiares.

Se lo acusa de haber participado en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra una veintena de víctimas, incluidas las de la Noche de las Corbatas, cuando ejercía sus funciones como juez y con su juzgado de turno en la mayoría de los casos. También se lo imputa por haber visitado centros clandestinos de detención, sabiendo quienes eran las víctimas que se encontraban en ellos. En algunos casos esas visitas fueron confirmadas por funcionarios policiales como en el caso de la comisaría 4ª. Otra acusación se refiere a la relación directa que tenía con los responsables de la sub zona militar XV a cargo de la represión en la ciudad de Mar del Plata.

En un párrafo de la acusación, dice que su aporte y compromiso "con el plan delictivo de las Fuerzas Armadas estuvo garantizado con anterioridad a la ejecución de los delitos puntuales y su responsabilidad penal excede el mero incumplimiento, como para tenerlo como parte integrante de una asociación criminal y partícipe necesario de los injustos perpetrados por esa organización", agregando que "prestó a los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad, un auxilio o cooperación institucional sin los cuales no habría podido cometerse, o al menos no con la impunidad con que se ejecutaron".

La responsabilidad penal de Hooft está siendo analizada a través del proceso penal y del juicio político, el que afortunadamente dio una sentencia de culpabilidad por la unanimidad de los miembros integrantes del jury.

Para extender en el tiempo el proceso, se valió de infinidad de recursos, como recusar jueces, infinidad de apelaciones y otros ardides.

Respecto al jury, la mora fue injustificable. En 2009 queda abierto el jury por decisión de la Suprema Corte, sin que se cumpliera la directiva de suspender a Hooft mientras durara el proceso, lo que fue permitido por la Corte. Hooft solicitó recurso extraordinario para apelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A raíz de estas injustificables dilaciones, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctima del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires se vio obligada a demandar al Estado Nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos "en su calidad de garante que debe responder por las violaciones de los derechos humanos que se dan en las provincias ante la escandalosa impunidad de la que goza el juez bonaerense Pedro Francisco Hooft". Denuncian en ella al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia "que nunca llega a conformarse y actuar.

Finalmente el 4 de marzo de 2013 se obtiene este fallo, el que fue repudiado por un centenar de magistrados, jueces y abogados que rápidamente salieron a defender lo indefendible, respaldando a Hooft en una solicitada. Sobre el tema, el titular de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Mar del Plata, Carlos Díaz manifestó "Estamos convencidos de que esto no es solo una pelea judicial, queda de manifiesto en la solicitada de adhesión. Esto es una pelea política que estamos dando con el Opus Dei. Hooft es un hijo dilecto del Opus Dei y ellos han ganado estos siete años de impunidad para Hooft".

Una vez logrado este paso, cuya mora en el tiempo es inexcusable, es de esperar que los demás resortes de la justicia se muevan con celeridad y se dé inicio al juicio que conlleve a una justa condena para este represor y asesino, cuyo ropaje judicial no solo no lo exculpa sino que agrava cada una de sus acciones.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a las/los señoras/señores diputadas/diputados que acompañen el presente proyecto.