Manifestar sus respetos a la memoria de todos y cada uno de los desaparecidos, víctimas de la ilegítima represión ordenada por la sangrienta dictadura militar de 1976 - 1983, al conmemorarse el 24 de marzo del 2008 el trigésimo segundo aniversario de su inicio

Señor presidente:

Como afirma Emilio F. Mignone en un artículo titulado La Iglesia Católica y la dictadura en la Argentina , preparado para un seminario en la Universidad de Cork (República de Irlanda):

La palabra en castellano "desaparecido" ha sido incorporada al diccionario internacional del horror, en gran parte, debido al uso sistemático de esta metodología por parte del gobierno de facto instaurado en la Argentina durante el período 1976-1983. Esta situación constituye el aspecto más cínico y cobarde del sistema represivo adoptado por la fuerzas armadas durante esos años.

Este mismo autor relata la forma en que se elaboró la tesis sobre la política represiva implementada por la dictadura militar de 1976 - 1983 (Derechos Humanos y Sociedad, el caso Argentino. Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales, 1991, pág.54). En este sentido, destaca que la dictadura militar Argentina de 1976 - 1983, elaboró una doctrina represiva que, por los medios empleados, adquirió el carácter de terrorismo de Estado, con el objetivo de modificar, mediante la eliminación de alrededor de treinta mil personas, la estructura sociopolítica y cultural del país a la vez de garantizar el predominio, como poder incontrastable, de las fuerzas armadas.

A partir del golpe militar del 24 de Marzo de 1976, el secuestro y la posterior ausencia de toda información sobre el destino de las víctimas, pasó a ser un método generalizado de detención de personas por razones de "seguridad nacional".

Con anterioridad -es cierto-, se habían registrado algunos casos que pueden computarse como ensayos destinados a verificar la eficacia y confiabilidad de este método perverso, pero el sistema del secuestro recién alcanzó su nivel de institucionalización cuando el gobierno de las fuerzas armadas impuso al país sus modelos represivos.

El informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), describe los "objetivos" de la desaparición forzada, donde coexisten varias "categorías" de víctimas: niños, mujeres embarazadas, adolescentes, familias enteras, discapacitados, sacerdotes, monjas y ministros, soldados conscriptos, periodistas, dirigentes gremiales y activistas políticos.

En el ámbito internacional, esta metodología represiva quedó consignada en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, aprobado por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 11 de Abril de 1980. Dentro de la comunidad americana, y respecto del asunto en cuestión, cabe destacar la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas -adoptada en

Belém do Pará (Brasil) el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA -la que goza de jerarquía constitucional en virtud de la ley 24.820 sancionada el 30 de abril de 1997-.

El costo de esta experiencia ha sido muy alto en términos de vidas humanas, de familias destruidas, de paraderos inciertos, especialmente cuando los asesinos de ayer aún caminan libremente por las calles.

Por los motivos expuestos solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de Resolución