Expresar su más profundo repudio por las declaraciones descalificatorias y de tipo discriminatorio del Intendente de Merlo, provincia de Buenos Aires, Raúl Othacehé, en referencia a la Diputada Nacional Victoria Donda Pérez, publicadas en una nota periodística del Diario La Nación, en la edición impresa del 15 de febrero de 2014. Manifestaciones de este tenor exceden un juicio de valor u opinión y configuran una mera agresión contra una integrante de este Cámara, producto de sus opiniones, vedado expresamente en la Constitución Nacional.

Señor presidente:

El pasado lunes 10 de febrero el Intendente del municipio bonaerense de Merlo, Raúl Othacehé, anunció su pase al Frente Renovador que lidera el actual diputado Sergio Massa. Esto generó una gran sorpresa en el ambiente político y en el mediático.

Siendo la Diputada Nacional Victoria Donda una histórica defensora de los derechos humanos, rápidamente fue consultada por el trabajo que había realizado todos estos años desde la Cámara de Diputados, respecto a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la localidad de Merlo.

En ese marco la legisladora, nuevamente -como en tantas otras oportunidades-, puso a disposición las denuncias recolectadas y presentadas en el Poder Ejecutivo y el Judicial, todos estos años y fue invitada a numerosos medios de comunicación para su difusión. Se destaca en esta tarea el trabajo de la Comisión de Derechos y Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, realizada el 13 de septiembre de 2011 desde donde la legisladora nacional de Libres del Sur presidió una audiencia donde decenas de víctimas del hostigamiento y persecución del jefe comunal de Merlo - desde políticos hasta docentes, pasando por profesores, comerciantes, militantes sociales y vecinos- contaron su tragedia en primera persona.

Entre éstas denuncias figuran:

La del ex concejal Fernando Aguirre del PJ, quien fue expulsado por Othacehé del bloque de concejales justicialistas al negarse a votar la privatización de la recolección de residuos domiciliarios en 1992.

La del ex concejal de Libres del Sur, Horacio "LULA" Cepeda, quien además de ser suspendido en su cargo dos veces, a través del sistema de "comisiones destituyentes", integradas mayoritariamente por los concejales que responden al intendente, fue detenido el 17 de junio de 2011 por cuatro meses, como otro caso de persecución política, acoso y abuso de poder de los que se vienen denunciado en el partido de Merlo. Cabe aclarar que en esas dos oportunidades, debido a la falsedad de los hechos imputados a Cepeda y la irregularidad de la forma a través de la cual se lo destituyó, por orden Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, finalmente tuvo que ser restituido en su banca de concejal. Otra concejal destituida por similar metodología fue María Fernanda Márquez ex edil electa por la Coalición Cívica.

La de la abogada Rosana Mattarollo, quien desde el año 2004, luego de haber intervenido en diversas causas que tenían que ver con ciertos temas de corrupción en Merlo referidas a remises truchos, comenzó a ser perseguida, le armaron una causa, tanto a ella como a su compañero Alberto, donde los acusaron de haber amenazado con un arma a un puntero de Othacehé en su estudio, al día siguiente de que fuera intervenida quirúrgicamente de una histerectomía, por lo que estaba en coma; haciendo imposible la acusación en su contra.

La de Gustavo Menéndez, ex Candidato a intendente por Agrupación Grande Merlo, quien denunció que desde hace más de 16 años atesora más de 123 panfletos difamatorios diferentes, diciendo que es un jefe del narcotráfico, que es homosexual, que tiene cuatro mujeres. También le han tiroteado en dos oportunidades el frente de la casa de su madre, entre muchas otras maniobras por ser un opositor en Merlo.

La de Carmen Villafañe, una militante social a quien le secuestraron dos hijas por sus trabajos sociales y políticos. Al momento del secuestro de las jóvenes, amenazaron a las chicas, recomendándoles que transmitieran a su madre que deje de molestar en el comedor.

La del cura Miguel Velo, del barrio de Pontevedra, desde cuya parroquia se organizaban para poder prestar ayuda social. En una oportunidad llegaron al centro de Pontevedra cinco o seis personas desconocidas que decían ser asistentes sociales y estar muy preocupadas por la situación allí, mientras registraban todo lo que se decía. Tiempo después, a la salida de misa, una persona le pidió conversar a solas y se presentó como el secretario de un concejal. Le dijo que el concejal estaba muy contrariado por el tenor de los sermones que daba en las misas, que le parecía que estaba tomando una postura contra la Municipalidad, contra el intendente y ofrecieron beneficios a cambio de no enfrentar al intendente. Al poco tiempo empezaron los volantes anónimos que lo sugerían que tenía una amante, lo tildaban de comunista; igual que con el resto de los opositores en Merlo.

Son decenas más de testimonios que se relevaron en dicha audiencia y que la Diputada Donda presentó a la Justicia, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Programa Anti impunidad (también de Nación), y ninguno de estos poderes jamás inició una investigación seria al respecto.

La reacción de Othacehé no se hizo esperar. Fiel a su estilo intolerante y desmedido, en una entrevista publicada en el Diario La Nación en la edición impresa de fecha 15 de Febrero, el intendente de Merlo, en un intento de desligarse de estas acusaciones, insultó a la Diputada Donda, a través de expresiones agraviantes y descalificatorias como "enferma" o "drogadicta" que exceden un juicio de valor u opinión, constituyendo manifestaciones de tipo discriminatorio.

Cabe recordar que el artículo 68 de la Constitución Nacional que especifica que "Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador."

Al respecto, la Diputada Victoria Donda expresó: "las palabras de Othacehé, no hacen más que afirmar la lógica política de este personaje, anclado en un triste pasado de violencia y persecución", habla de comunistas y traidores, habla de desestabilizar gobiernos utilizando servicios de inteligencia, con los que dice no tener vínculos".

Porque repudiamos las prácticas medievales que apuntan a amedrentar y perseguir opositores, porque las expresiones del Intendente constituyen un agravio a la persona de la diputada Donda y, más aún, por el tenor netamente discriminatorio y estigmatizante de sus manifestaciones, solicitamos acompañar el presente proyecto.