Su más enérgico repudio y preocupación por la profundización de la criminalización de la protesta social que significa la resolución del Juez Federal Pablo Seró de iniciar un proceso por el delito penal de "Entorpecimiento del normal funcionamiento del Transporte Terrestre" a los ambientalistas de Concordia, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay y otras localidades de la provincia de Entre Ríos, que se manifestaran el día 3 de agosto de 2014 en la Ruta Nacional N° A015, en inmediaciones de la ciudad de Concordia, contra una eventual exploración y utilización de la técnica de fractura hidráulica para obtener petróleo y gas bajo el Acuífero Guaraní, en la zona de Salto y Piedra Sola, de la República Oriental del Uruguay.-

Señor presidente:

El domingo 3 de agosto de 2014, en horas de la madrugada, un grupo de ambientalistas de Concordia, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay y otras localidades de la provincia de Entre Ríos fueron salvajemente reprimidos por el Escuadrón 4 de la Gendarmería Nacional, por manifestarse pacíficamente a la vera de la Ruta Nacional Nº A015.

Este grupo de personas se manifestaban sin cortar la ruta, y centrándose su reclamo en no dejar pasar a los camiones vibradores destinados a estudios para una eventual exploración y utilización de la técnica de fractura hidráulica (fracking) para obtener petróleo y gas bajo el Acuífero Guaraní, en la zona de Salto y Piedra Sola, de la República Oriental del Uruguay. Así fue que desviaron a la banquina a cuatro camiones de gran porte que transportaban equipos para estudios geofísicos y de exploración sísmica cuyo fin era detectar la presencia de elementos que permita avizorar la posibilidad de utilizar la referida técnica de fractura hidráulica.

Los ambientalistas entrerrianos advirtieron que tomaron esta medida ya que "el paso siguiente a la exploración es el comienzo de la extracción de gas y petróleo por el peligroso método de fractura hidráulica o fracking, que contaminará sin ninguna duda el Acuífero Guaraní que compartimos con el Uruguay, Paraguay y Brasil". Por ello, aclararon desde la Asamblea Ambiental Ciudadana de Concepción del Uruguay que, en su compromiso "con la vida actual y de las futuras generaciones (...) el accionar de los ahora procesados está legitimado ya que trataban de impedir un mal mayor e irreversible", destacando que "previendo este avance extractivista, los Concejos Deliberantes de 27 localidades entrerrianas y las Juntas Departamentales de Paysandú y Tacuarembó en el Uruguay prohibieron la explotación por fracking en sus respectivas jurisdicciones".

Como hemos denunciado en numerosas oportunidades, el uso masivo de la técnica del fracking exige señalar que la misma es una técnica totalmente experimental, sobre la cual existen enormes dudas en relación a los reales beneficios económicos y energéticos, y que ha sido prohibida y suspendida en distintos países por las serias consecuencias medioambientales que acarrea, poniendo en riesgo cierto el uso del agua -nuestro bien común más preciado- para la vida de nuestras comunidades.

Esta técnica pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya que la mezcla inyectada puede filtrarse por problemas de cimentación y sellado de las cañerías o bien migrar más allá de la formación geológica que se explota, o derramarse durante su manipulación, tratamiento y disposición inadecuada de las aguas residuales de reflujo.

Asimismo, el uso indiscriminado de distintos agentes químicos de alta toxicidad en los procesos de fractura hidráulica como el benceno (que es un peligroso agente cancerígeno), por nombrar solo uno, la degradación del suelo y la posible ocurrencia de sismos (dependiendo de la zona de extracción), a los que se suman la emisión de gases de efectos invernadero como el metano y el aumento de la circulación de camiones en las rutas y caminos vecinales.

Tampoco pueden dejar de mencionarse los distintos accidentes sucedidos por la desidia de las empresas concesionarias. Un ejemplo patente es la contaminación de ríos y tierras producidas en el Rincón de los Sauces, el área petrolera más importante del país, y en todo el cauce del río Colorado. La Comisión Técnica Fiscalizadora del COIRCO (Consejo Interjurisdiccional del Río Colorado) expuso la gran cantidad de incidentes de contaminación ambiental ocurridos en esa cuenca. Allí hay 70 yacimientos operados por 18 empresas que totalizan 13.000 instalaciones. El estudio indica que las empresas denunciaron 1.164 incidentes en 2010 y 1.982 en 2011. Es lo que denunciaron las empresas. Cabe preguntarse lo que no denunciaron.

El nefasto antecedente de Repsol indica la fragilidad -cuando no la total ausencia- de los controles estatales en materia ambiental. Considerando este estado de situación que someramente describimos, resulta de suma gravedad la decisión del Juez Federal Pablo Seró de criminalizar la protesta social legítimamente motorizada por los ciudadanos de las comunidades directamente afectadas, siendo que son ellas las que padecen y padecerán las consecuencias medioambientales que la referida técnica acarrea.

Vale recordar que la feroz represión llevada adelante por la Gendarmería Nacional en aquella oportunidad dejó un saldo de 4 manifestantes heridos y detenidos, uno de los cuales debió ser internado en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, de la ciudad de Concordia, con un corte en la cabeza.

Los ambientalistas detenidos en aquella oportunidad fueron Facundo Scattone Moullins, Bernardo Zalisñak, Horacio Miguel De Carli, Cesar Aristides Pibernus y el periodista Francisco Larocca. La causa que tramita, y por la cual el 19 de febrero pasado el Juez Federal Pablo Seró resolvió iniciar un proceso por el delito penal de "Entorpecimiento del normal funcionamiento del Transporte Terrestre", es la Nº 5505/2014, caratulada "DE CARLI HORACIO MIGUEL Y OTROS S/ ENTORPECIMIENTO DE SERVICIO PUBLICO Y ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD", Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del referido Dr. Pablo Seró, Secretaría Penal Nº 2, de la Dra. María Florencia Gómez Pinasco.

Ante un creciente aumento de los reclamos populares, se torna cada vez más frecuente la utilización de los procedimientos legales con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar sus reclamos, desarticular los movimientos sociales, y deslegitimar la protesta. Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas, movilizaciones, cortes de ruta, huelgas, escraches, acampes, piquetes, huelgas de hambre, ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la legítima protesta de nuestro pueblo.

Las manifestaciones de protesta social han sido calificadas bajo los más diversos tipos penales: causas por atentado y resistencia contra la autoridad, perturbación de funciones públicas, robo, extorsión, usurpación, daños, entorpecimiento del transporte y los servicios públicos, intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen, lesiones, coacción, coacción agravada, sedición, privación ilegítima de la libertad, amenazas, entre otros.

Ante la preocupante situación de estos manifestantes, es que queremos dejar de manifiesto nuestro repudio a la persecución que padecieron estos ambientalistas y a la judicialización de la protesta social como respuesta a las demandas sociales.

Por los fundamentos expuestos anteriormente, y porque estamos convencidos que no podemos permitir que se sigan violando sistemáticamente los Derechos Humanos, y que debemos garantizar la libertad de expresión y pensamiento y erradicar de una vez y para siempre la violencia estatal y la criminalización de la protesta social como forma de acallar las ideas, es que solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen el presente Proyecto de Declara