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DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y DE LA COMPETENCIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P03 Oficina 301
Jefe SR. GUANCA JAIME FERNANDO FABIO
Miércoles 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2359 Internos 2359/2355/2352
cdconsumidor@hcdn.gov.ar
- DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y DE LA COMPETENCIA
Reunión del día 03/06/2014
- VARIOS
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los tres días del mes de junio de 2014, a la hora 16 y 16:
SRA. SECRETARIA (CATALANO) Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
Tiene la palabra la señora presidenta de la comisión, la señora diputada Patricia De Ferrari Rueda.
Tiene la palabra la señora presidenta de la comisión, la señora diputada Patricia De Ferrari Rueda.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA El motivo de esta reunión informativa es escuchar a la Cámara Argentina de Comercio, que en su momento nos hizo llegar una nota con comentarios y preocupaciones por cuatro proyectos que se han presentado. El que ellos mencionan -el
8210-d-2013-, cuyo autor es el diputado Recalde y engloba a los otros tres, introduce modificaciones a las leyes de abastecimiento, de defensa al consumidor y de la lealtad comercial.
La idea de esta reunión es escuchar todas las voces, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de proyectos que contemplan sanciones lo suficientemente importantes como para que se preste la debida atención.
Vamos a comenzar con la Cámara Argentina de Comercio. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra al señor Pedro Etcheverry, quien ha venido en representación del presidente Carlos de la Vega. Luego, les daremos la palabra también a los técnicos de dicho organismo.
La idea de esta reunión es escuchar todas las voces, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de proyectos que contemplan sanciones lo suficientemente importantes como para que se preste la debida atención.
Vamos a comenzar con la Cámara Argentina de Comercio. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra al señor Pedro Etcheverry, quien ha venido en representación del presidente Carlos de la Vega. Luego, les daremos la palabra también a los técnicos de dicho organismo.
SR. ROGEL Señora presidenta: previamente, en mi nombre y en el del diputado Maldonado le solicito que antes de finalizar la reunión se dé lectura de una nota que hemos ingresado, a efectos de que todos los miembros de la comisión tengan conocimiento de su contenido.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA Si están de acuerdo, vamos a leer primero dicha nota, para que después tengamos tiempo para el debate. Dice así: "Señora presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, licenciada Patricia De Ferrari.
"De mi mayor consideración.
"En nuestro carácter de diputados nacionales miembros de la comisión que usted preside, solicitamos quiera tener a bien poner a tratamiento de esta comisión y/o convocar a reuniones conjuntas con las demás comisiones donde se encuentran todos los proyectos de ley vinculados a la declaración de servicio público a la telefonía móvil e internet móvil, en todas sus modalidades.
"El deterioro paulatino que viene sufriendo la ciudadanía en la calidad del servicio que vienen prestando las compañías de telefonía móvil ha llegado a un punto en el cual los representantes del pueblo debemos tomar intervención. Las excusas y explicaciones vertidas por las empresas en esta comisión, y que en reiteradas oportunidades hemos convocado, nunca fueron de satisfacción para los miembros de la comisión, cualquiera sea el partido político que representemos.
"Los últimos sesenta días, los ciudadanos de la República Argentina hemos soportado la interrupción del servicio en innumerables provincias y ciudades del país con cortes de hasta tres veces en un mismo día.
"Particularmente la calidad del servicio de la compañía Personal es prácticamente un abuso insostenible, quedando como único remedio la actuación de este Parlamento.
"En este sentido, la posibilidad que esta comisión se expida y unifique los distintos proyectos que caractericen como un servicio público a la telefonía móvil, es una de las respuestas que debemos analizar y aprobar.
"Sin otro particular, le solicitamos coordine con los presidentes de las demás comisiones para arribar a un tratamiento de estos proyectos a la posible brevedad.
"Saludan a usted atentamente, Víctor Hugo Maldonado y Fabián Dulio Rogel".
Queda a consideración del resto de los diputados de la comisión. Es para tenerlo en cuenta, porque todos opinamos exactamente lo mismo.
Como esta es una reunión informativa, en primer término voy a otorgar el uso de la palabra a los representantes de la Cámara Argentina de Comercio.
Tiene la palabra el señor Etcheverry.
"De mi mayor consideración.
"En nuestro carácter de diputados nacionales miembros de la comisión que usted preside, solicitamos quiera tener a bien poner a tratamiento de esta comisión y/o convocar a reuniones conjuntas con las demás comisiones donde se encuentran todos los proyectos de ley vinculados a la declaración de servicio público a la telefonía móvil e internet móvil, en todas sus modalidades.
"El deterioro paulatino que viene sufriendo la ciudadanía en la calidad del servicio que vienen prestando las compañías de telefonía móvil ha llegado a un punto en el cual los representantes del pueblo debemos tomar intervención. Las excusas y explicaciones vertidas por las empresas en esta comisión, y que en reiteradas oportunidades hemos convocado, nunca fueron de satisfacción para los miembros de la comisión, cualquiera sea el partido político que representemos.
"Los últimos sesenta días, los ciudadanos de la República Argentina hemos soportado la interrupción del servicio en innumerables provincias y ciudades del país con cortes de hasta tres veces en un mismo día.
"Particularmente la calidad del servicio de la compañía Personal es prácticamente un abuso insostenible, quedando como único remedio la actuación de este Parlamento.
"En este sentido, la posibilidad que esta comisión se expida y unifique los distintos proyectos que caractericen como un servicio público a la telefonía móvil, es una de las respuestas que debemos analizar y aprobar.
"Sin otro particular, le solicitamos coordine con los presidentes de las demás comisiones para arribar a un tratamiento de estos proyectos a la posible brevedad.
"Saludan a usted atentamente, Víctor Hugo Maldonado y Fabián Dulio Rogel".
Queda a consideración del resto de los diputados de la comisión. Es para tenerlo en cuenta, porque todos opinamos exactamente lo mismo.
Como esta es una reunión informativa, en primer término voy a otorgar el uso de la palabra a los representantes de la Cámara Argentina de Comercio.
Tiene la palabra el señor Etcheverry.
SR. ETCHEVERRY Señora presidenta: en primer término quiero saludar a los señores diputados integrantes de esta comisión y a las demás personas presentes.
Mi nombre el Pedro Etcheverry y estoy aquí en representación de la Cámara Argentina de Comercio.
Voy a hacer una pequeña introducción para presentar a nuestros técnicos y asesores, para que luego ellos expongan sobre este proyecto de modificación de tres leyes. Con posterioridad voy a usar unos minutos para realizar una reflexión conceptual.
Entonces, si me permite, le cedo la palabra a la doctora Tamara Quiroga, que es abogada y asesora de la Cámara Argentina de Comercio, quien va a exponer sobre los aspectos técnicos del proyecto desde lo jurídico.
Mi nombre el Pedro Etcheverry y estoy aquí en representación de la Cámara Argentina de Comercio.
Voy a hacer una pequeña introducción para presentar a nuestros técnicos y asesores, para que luego ellos expongan sobre este proyecto de modificación de tres leyes. Con posterioridad voy a usar unos minutos para realizar una reflexión conceptual.
Entonces, si me permite, le cedo la palabra a la doctora Tamara Quiroga, que es abogada y asesora de la Cámara Argentina de Comercio, quien va a exponer sobre los aspectos técnicos del proyecto desde lo jurídico.
SRA. QUIROGA Señora presidenta: voy a leer brevemente algunos de los comentarios que la Cámara Argentina de Comercio ha hecho llegar a los legisladores que integran esta comisión.
En relación con el expediente 8210-d-2013, que ha sido presentado por el diputado Héctor Recalde, la Cámara Argentina de Comercio expresa su preocupación ante el proyecto que se encuentra siendo tratado por las comisiones de Comercio y posteriormente de Defensa del Consumidor del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación.
Este proyecto contiene una serie de temas respecto de los cuales resulta necesario formular las siguientes observaciones.
En relación al tema de las expropiaciones, en la modificación propuesta en los artículo 26 y 27 de la ley vigente, 20.680, que es la ley referida a abastecimiento, el proyecto propone la posibilidad de declarar de utilidad pública y permitir la expropiación de todo bien que sea destinado a la salud, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población. Asimismo, el Estado tendría la posibilidad de intervenir y disponer de la venta de productos y mercaderías.
Es notorio que se elimina en este caso la aclaración de que este acto sólo puede llevarse adelante en caso de emergencia económica y propone la posibilidad de permitir la expropiación como una penalidad más, poniendo así en riesgo la inviolabilidad de la propiedad privada, planteada en el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional.
En relación con el tema de la elevación del costo de las multas, se expone en este punto la modificación propuesta a los artículos 5°, 9° y 19 de la ley 20.680, al artículo 18 de la ley 22.802 y al artículo 47 de la ley 24.240.
En cuanto a los montos de las multas, la Cámara Argentina de Comercio, desea expresar que se visualiza que han ascendido considerablemente para quienes incurrieren en actos u omisiones previstas por leyes que este proyecto pretende modificar.
Esto podría generar, particularmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, el cese total de sus actividades como consecuencia de no poder llegar a cubrir los costos en los que debieran incurrir para el pago de las multas, provocando esto la posible posterior pérdida de la fuente de empleo de muchos trabajadores, suscitando el malestar consecuente en la sociedad en su conjunto.
En relación a la reducción de los plazos del procedimiento. Esta cuestión también se puede ver en la modificación propuesta por el expediente 8.210 del año 2013.
Es notable la reducción del margen con el que se cuenta para presentar la defensa y asimismo ha sido acotado el plazo para interponer recursos de apelación ante una sentencia. Esto implica la posibilidad de que la defensa por parte de las empresas no resulte la correcta y, por lo tanto, no se esté cumpliendo con uno de los fundamentos principales del proyecto que sería la imposición de sanciones adecuadas y eficaces.
Por último, se considera la aplicación de la pena antes de la gestión y curso del procedimiento del reclamo administrativo y el eventual juicio ante la instancia judicial.
El proyecto pretende que en todos los casos, para interponer el recurso de apelación ante una multa, se deberá primeramente depositar el monto indicado y presentar el comprobante del depósito con el escrito de apelación.
Además, el proyecto agrega que el depósito puede ser sustituido por una caución real suficiente por una garantía sobre el fondo del proceso.
Si bien esta medida ya está presente en el actual texto de la normativa, habría que proteger lo estipulado por el artículo 18 de nuestra Constitución con relación a que ningún habitante de la Nación podría ser juzgado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso.
En relación con el expediente 8210-d-2013, que ha sido presentado por el diputado Héctor Recalde, la Cámara Argentina de Comercio expresa su preocupación ante el proyecto que se encuentra siendo tratado por las comisiones de Comercio y posteriormente de Defensa del Consumidor del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación.
Este proyecto contiene una serie de temas respecto de los cuales resulta necesario formular las siguientes observaciones.
En relación al tema de las expropiaciones, en la modificación propuesta en los artículo 26 y 27 de la ley vigente, 20.680, que es la ley referida a abastecimiento, el proyecto propone la posibilidad de declarar de utilidad pública y permitir la expropiación de todo bien que sea destinado a la salud, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población. Asimismo, el Estado tendría la posibilidad de intervenir y disponer de la venta de productos y mercaderías.
Es notorio que se elimina en este caso la aclaración de que este acto sólo puede llevarse adelante en caso de emergencia económica y propone la posibilidad de permitir la expropiación como una penalidad más, poniendo así en riesgo la inviolabilidad de la propiedad privada, planteada en el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional.
En relación con el tema de la elevación del costo de las multas, se expone en este punto la modificación propuesta a los artículos 5°, 9° y 19 de la ley 20.680, al artículo 18 de la ley 22.802 y al artículo 47 de la ley 24.240.
En cuanto a los montos de las multas, la Cámara Argentina de Comercio, desea expresar que se visualiza que han ascendido considerablemente para quienes incurrieren en actos u omisiones previstas por leyes que este proyecto pretende modificar.
Esto podría generar, particularmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, el cese total de sus actividades como consecuencia de no poder llegar a cubrir los costos en los que debieran incurrir para el pago de las multas, provocando esto la posible posterior pérdida de la fuente de empleo de muchos trabajadores, suscitando el malestar consecuente en la sociedad en su conjunto.
En relación a la reducción de los plazos del procedimiento. Esta cuestión también se puede ver en la modificación propuesta por el expediente 8.210 del año 2013.
Es notable la reducción del margen con el que se cuenta para presentar la defensa y asimismo ha sido acotado el plazo para interponer recursos de apelación ante una sentencia. Esto implica la posibilidad de que la defensa por parte de las empresas no resulte la correcta y, por lo tanto, no se esté cumpliendo con uno de los fundamentos principales del proyecto que sería la imposición de sanciones adecuadas y eficaces.
Por último, se considera la aplicación de la pena antes de la gestión y curso del procedimiento del reclamo administrativo y el eventual juicio ante la instancia judicial.
El proyecto pretende que en todos los casos, para interponer el recurso de apelación ante una multa, se deberá primeramente depositar el monto indicado y presentar el comprobante del depósito con el escrito de apelación.
Además, el proyecto agrega que el depósito puede ser sustituido por una caución real suficiente por una garantía sobre el fondo del proceso.
Si bien esta medida ya está presente en el actual texto de la normativa, habría que proteger lo estipulado por el artículo 18 de nuestra Constitución con relación a que ningún habitante de la Nación podría ser juzgado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA Tiene la palabra el señor Gabriel Molteni, economista de la Cámara Argentina de Comercio.
SR. MOLTENI Señora presidenta: básicamente lo más importante ha sido destacado por la doctora Quiroga en cuanto a las observaciones que se han realizado al proyecto de ley.
Un comentario general a tener en cuenta tiene que ver con el hecho de que la reforma debería tratar de mejorar una ley y no aumentar la discrecionalidad. Y queda claro, por lo que destacó la doctora Quiroga, que en realidad se está incrementando la discrecionalidad para la aplicación de la ley.
Por otro lado, no se puede extraer esta propuesta de reforma del contexto en el cual se está dando. Es decir el contexto de implementación de un programa de Precios Cuidados y de control de la inflación.
En ese sentido, dos comentarios en cuanto a la ley de abastecimiento. En primer lugar, el espíritu de la ley de abastecimiento tiene que ver justamente con eso: evitar que se produzcan problemas de abastecimiento en el mercado, ya sea por maniobras especulativas, etcétera.
Al respecto, tiene que estar claramente establecido que abarca a toda la cadena que interviene en el mercado de producción, desde el productor hasta el comercializador.
Digo esto porque lo que se ha visto este último tiempo es que se ha puesto mucho el foco en el eslabón final de la cadena, es decir, en el sector comercial y no en toda la cadena.
Por otro lado, debo destacar que el sector comercial, siendo el último eslabón de la cadena, depende de los anteriores. Entonces, hacer foco en que el sector comercial es el responsable de la inflación o de las cuestiones especulativas, deja de lado al resto.
El sector comercial depende mucho del distribuidor, el distribuir depende del precio del proveedor y es el eslabón final. Es importante tener esto en cuenta porque estamos hablando de multas a un sector en particular y la responsabilidad en cuanto a un programa o una estabilidad de precios no es sólo de un sector.
Un comentario general a tener en cuenta tiene que ver con el hecho de que la reforma debería tratar de mejorar una ley y no aumentar la discrecionalidad. Y queda claro, por lo que destacó la doctora Quiroga, que en realidad se está incrementando la discrecionalidad para la aplicación de la ley.
Por otro lado, no se puede extraer esta propuesta de reforma del contexto en el cual se está dando. Es decir el contexto de implementación de un programa de Precios Cuidados y de control de la inflación.
En ese sentido, dos comentarios en cuanto a la ley de abastecimiento. En primer lugar, el espíritu de la ley de abastecimiento tiene que ver justamente con eso: evitar que se produzcan problemas de abastecimiento en el mercado, ya sea por maniobras especulativas, etcétera.
Al respecto, tiene que estar claramente establecido que abarca a toda la cadena que interviene en el mercado de producción, desde el productor hasta el comercializador.
Digo esto porque lo que se ha visto este último tiempo es que se ha puesto mucho el foco en el eslabón final de la cadena, es decir, en el sector comercial y no en toda la cadena.
Por otro lado, debo destacar que el sector comercial, siendo el último eslabón de la cadena, depende de los anteriores. Entonces, hacer foco en que el sector comercial es el responsable de la inflación o de las cuestiones especulativas, deja de lado al resto.
El sector comercial depende mucho del distribuidor, el distribuir depende del precio del proveedor y es el eslabón final. Es importante tener esto en cuenta porque estamos hablando de multas a un sector en particular y la responsabilidad en cuanto a un programa o una estabilidad de precios no es sólo de un sector.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA Tiene la palabra el señor Etcheverry.
SR. ETCHEVERRY Agradezco la atención. Voy a hacer una breve reflexión para cerrar la posición de la Cámara Argentina de Comercio en este aspecto.
Si bien desde lo técnico ellos se han referido a las entrañas normativas del proyecto, yo me voy a referir al proyecto en sí mismo.
La Cámara Argentina de Comercio sostiene que este proyecto, entendido en términos de modificación de tres leyes, no debe avanzar ni siquiera para modificar. En todo caso y, tal vez, podría ser para reformar. Pero en definitiva, lo que debería suceder es que estas leyes se deberían derogar sustituyéndolas por otras.
Esto lo digo porque si nos detenemos brevemente en las tres leyes que se tratan de modificar nos vamos a dar cuenta de que estamos frente a tres normas que son genéricamente vetustas -ya voy a aclarar por qué digo que son vetustas-, pero que, además, una de ellas carece de oportunidad.
Me refiero a la ley 20.680, de desabastecimiento, que se sancionó en junio de 1974, en momentos de una agudísima crisis económica, seguramente inducida para desestabilizar un gobierno y llevarnos a la dictadura militar que después tuvimos. Por eso esa ley habla de congelamiento y de precios máximos.
La segunda ley -la 22.802, de lealtad comercial- es aún peor, ya que es de la dictadura militar. Se trata de una norma que fue agravando una ley de coyuntura anterior, con la que se trató de salvar una democracia, pero que después consolidó una dictadura.
La tercera ley es de otra década; de la década del 90.
Estas tres leyes tienen la característica de ser absolutamente represivas; son leyes sancionatorias que no educan, no previenen, ni disuaden o persuaden. Por eso en la expresión de motivos no se habla de persuadir sino de disuadir, que es un eufemismo de reprimir. No es lo mismo disuadir que persuadir, pero no vengo a hacer juegos de palabras.
Simplemente quiero aclarar que leyes que son represivas y que responden a otras épocas -que sólo por eso deben ser consideradas inadmisibles-, no pueden ser reforzadas en su represión, tal como lo han señalado nuestros técnicos.
Inclusive, quiero que sepan que la ley de abastecimiento tiene una modificación de un tenor inusitado, porque para la expropiación prevé la declaración previa de la emergencia económica, requisito que hoy directamente intentan suprimir, dejando eso a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Son tres leyes que le dan poderes omnímodos al Poder Ejecutivo. En otra época esto podría haberse entendido, pero ahora para nada es así.
Mediante estas modificaciones se está poniendo el acento en los aspectos sancionatorios y represivos. Así, los proyectos hablan -lo digo rápidamente- de detención, prisión y de sanciones. De ahí la necesidad de derogarlas y cambiarlas, no de acentuarlas en todos sus aspectos sancionatorios; por eso digo que estas leyes son vetustas. En definitiva, estas normas van a contrapelo de las doctrinas más modernas del derecho, que de alguna manera la Corte Suprema y los tribunales han venido desarrollando a través de sus fallos. Son teorías más modernas en el marco de sociedades que viven en una democracia plena y consolidada, como la que tenemos los argentinos y de la cual debemos estar orgullosos.
En ese ámbito, el derecho moderno -no me refiero al galantismo, que es una parte y que está incorporado en lo que voy a decir- habla de la humanización del derecho. Entonces, para modificar conductas que son harto reprobables, se necesitan dispositivos que persuadan, prevengan, que eviten el hecho y no que lo sancionen, porque la gama sigue: inhabilitaciones, clausuras y las expropiaciones sin fundamento alguno, salvo el del propio Poder Ejecutivo.
Entonces, me parece que épocas como en las que vivimos, que nos han costado tanto obtenerlas -yo vengo de la vieja época- no podemos ir a contrapelo de una realidad. Vivimos en una democracia, tenemos que ser democráticos, tenemos que buscar dispositivos imaginativos, creativos y ustedes tienen capacidad y creatividad de sobra para lograrlo.
Tenemos que crear nuevas leyes, que no busquen la confrontación, el aplastamiento ni la destrucción de nosotros mismos, porque con las inhabilitaciones, con los cierres y las expropiaciones nos vamos a quedar sin comercio; amén de que estas leyes toman un concepto antiguo y perimido del comercio, porque prácticamente están todas dirigidas y direccionadas al comercio y no a otros sectores de la economía.
Los cita, pero confusamente. Todo está dirigido y focalizado en el comercio. Esta es una visión totalmente antigua. El comerciante nunca desabastece sino que es abastecido, y siempre tiene que vender. Y en épocas de crisis es cuando más tiene que vender.
Por las razones vertidas, la Cámara Argentina de Comercio no puede aceptar esto. Vuelvo a repetir: les rogamos que haya creatividad para que se sancionen nuevas leyes acordes a los tiempos que vivimos. La legislación tiene que estar al día. Fíjense esto: ¿hay algo más imaginativo que lo de los precios cuidados? ¿Han funcionado los precios cuidados? Sí, señores, han funcionado. Y han funcionado sin ley. Ninguna de estas leyes puede prever algo como los precios cuidados, donde los colectivos sociales están activos y controlan. Además, es tan imaginativa la forma en que se han establecido, que los precios cuidados le ha permitido vender más a quienes tienen comercios, porque la gente acude donde hay precios cuidados. Y cuando acude a los lugares donde hay precios cuidados, también compra otros productos que no están comprendidos entre los precios cuidados. Esto está verificado estadísticamente.
Eso es creatividad. Es una medida tomada con consenso y en democracia, que lo que busca es integrar y no generar aislamientos o, lo que es peor, confrontaciones. Por eso, les ruego imaginación, creatividad y esfuerzo. Tienen mucha capacidad para ello. Hagamos cosas que nos hagan sentir que los argentinos estamos viviendo en una democracia como la que tenemos, consolidada, a la que sabemos cuidar y muy bien.
Si bien desde lo técnico ellos se han referido a las entrañas normativas del proyecto, yo me voy a referir al proyecto en sí mismo.
La Cámara Argentina de Comercio sostiene que este proyecto, entendido en términos de modificación de tres leyes, no debe avanzar ni siquiera para modificar. En todo caso y, tal vez, podría ser para reformar. Pero en definitiva, lo que debería suceder es que estas leyes se deberían derogar sustituyéndolas por otras.
Esto lo digo porque si nos detenemos brevemente en las tres leyes que se tratan de modificar nos vamos a dar cuenta de que estamos frente a tres normas que son genéricamente vetustas -ya voy a aclarar por qué digo que son vetustas-, pero que, además, una de ellas carece de oportunidad.
Me refiero a la ley 20.680, de desabastecimiento, que se sancionó en junio de 1974, en momentos de una agudísima crisis económica, seguramente inducida para desestabilizar un gobierno y llevarnos a la dictadura militar que después tuvimos. Por eso esa ley habla de congelamiento y de precios máximos.
La segunda ley -la 22.802, de lealtad comercial- es aún peor, ya que es de la dictadura militar. Se trata de una norma que fue agravando una ley de coyuntura anterior, con la que se trató de salvar una democracia, pero que después consolidó una dictadura.
La tercera ley es de otra década; de la década del 90.
Estas tres leyes tienen la característica de ser absolutamente represivas; son leyes sancionatorias que no educan, no previenen, ni disuaden o persuaden. Por eso en la expresión de motivos no se habla de persuadir sino de disuadir, que es un eufemismo de reprimir. No es lo mismo disuadir que persuadir, pero no vengo a hacer juegos de palabras.
Simplemente quiero aclarar que leyes que son represivas y que responden a otras épocas -que sólo por eso deben ser consideradas inadmisibles-, no pueden ser reforzadas en su represión, tal como lo han señalado nuestros técnicos.
Inclusive, quiero que sepan que la ley de abastecimiento tiene una modificación de un tenor inusitado, porque para la expropiación prevé la declaración previa de la emergencia económica, requisito que hoy directamente intentan suprimir, dejando eso a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Son tres leyes que le dan poderes omnímodos al Poder Ejecutivo. En otra época esto podría haberse entendido, pero ahora para nada es así.
Mediante estas modificaciones se está poniendo el acento en los aspectos sancionatorios y represivos. Así, los proyectos hablan -lo digo rápidamente- de detención, prisión y de sanciones. De ahí la necesidad de derogarlas y cambiarlas, no de acentuarlas en todos sus aspectos sancionatorios; por eso digo que estas leyes son vetustas. En definitiva, estas normas van a contrapelo de las doctrinas más modernas del derecho, que de alguna manera la Corte Suprema y los tribunales han venido desarrollando a través de sus fallos. Son teorías más modernas en el marco de sociedades que viven en una democracia plena y consolidada, como la que tenemos los argentinos y de la cual debemos estar orgullosos.
En ese ámbito, el derecho moderno -no me refiero al galantismo, que es una parte y que está incorporado en lo que voy a decir- habla de la humanización del derecho. Entonces, para modificar conductas que son harto reprobables, se necesitan dispositivos que persuadan, prevengan, que eviten el hecho y no que lo sancionen, porque la gama sigue: inhabilitaciones, clausuras y las expropiaciones sin fundamento alguno, salvo el del propio Poder Ejecutivo.
Entonces, me parece que épocas como en las que vivimos, que nos han costado tanto obtenerlas -yo vengo de la vieja época- no podemos ir a contrapelo de una realidad. Vivimos en una democracia, tenemos que ser democráticos, tenemos que buscar dispositivos imaginativos, creativos y ustedes tienen capacidad y creatividad de sobra para lograrlo.
Tenemos que crear nuevas leyes, que no busquen la confrontación, el aplastamiento ni la destrucción de nosotros mismos, porque con las inhabilitaciones, con los cierres y las expropiaciones nos vamos a quedar sin comercio; amén de que estas leyes toman un concepto antiguo y perimido del comercio, porque prácticamente están todas dirigidas y direccionadas al comercio y no a otros sectores de la economía.
Los cita, pero confusamente. Todo está dirigido y focalizado en el comercio. Esta es una visión totalmente antigua. El comerciante nunca desabastece sino que es abastecido, y siempre tiene que vender. Y en épocas de crisis es cuando más tiene que vender.
Por las razones vertidas, la Cámara Argentina de Comercio no puede aceptar esto. Vuelvo a repetir: les rogamos que haya creatividad para que se sancionen nuevas leyes acordes a los tiempos que vivimos. La legislación tiene que estar al día. Fíjense esto: ¿hay algo más imaginativo que lo de los precios cuidados? ¿Han funcionado los precios cuidados? Sí, señores, han funcionado. Y han funcionado sin ley. Ninguna de estas leyes puede prever algo como los precios cuidados, donde los colectivos sociales están activos y controlan. Además, es tan imaginativa la forma en que se han establecido, que los precios cuidados le ha permitido vender más a quienes tienen comercios, porque la gente acude donde hay precios cuidados. Y cuando acude a los lugares donde hay precios cuidados, también compra otros productos que no están comprendidos entre los precios cuidados. Esto está verificado estadísticamente.
Eso es creatividad. Es una medida tomada con consenso y en democracia, que lo que busca es integrar y no generar aislamientos o, lo que es peor, confrontaciones. Por eso, les ruego imaginación, creatividad y esfuerzo. Tienen mucha capacidad para ello. Hagamos cosas que nos hagan sentir que los argentinos estamos viviendo en una democracia como la que tenemos, consolidada, a la que sabemos cuidar y muy bien.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
Tiene la palabra el señor diputado Cabandié, vicepresidente de la comisión.
Tiene la palabra el señor diputado Cabandié, vicepresidente de la comisión.
SR. CABANDIÉ Señora presidenta: me siento obligado a preguntarle por aquellos proyectos de ley que están en comisión. ¿Qué día los vamos a poder tratar? Esto me parece importante, más allá de que también es importante haber acudido a la convocatoria de esta reunión, en la que se ha invitado a los representantes de la Cámara Argentina de Comercio, a quienes agradezco su presencia.
En primer lugar, quiero expresar que estoy preocupado por algunas declaraciones del titular de la Cámara. En los últimos días dijo en una entrevista que había preocupación por parte de la CAC por una especie de sentimiento antiempresario del Frente para la Victoria. Considero que sobreabunda explicar que nosotros no tenemos ningún sentimiento antiempresario. Para poder refutar esto, podríamos -con todo respeto- analizar los balances de las empresas que integran la CAC en los últimos diez años. De ese modo, nos daríamos cuenta de que no hay ningún sentimiento antiempresario por parte del proyecto político que encabeza la presidenta de la Nación. Es más, dentro del Consejo Directivo de la CAC hay personas como Eurnekián, Grimoldi y Coto. Podríamos mostrar los balances de las empresas que ellos representan y nos vamos a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Incluso, si nos abocamos a observar la industria del calzado, a partir del fortalecimiento de nuestra economía, del consumo y de la producción nacional, Grimoldi se ha beneficiado fuertemente en comparación con lo que sucedía antes de 2003, cuando la mayor parte de la industria del calzado era importada de países como Brasil, por ejemplo.
Si bien decir esto me parece que sobreabunda, creo que no está de más remarcarlo.
La verdad es que con la exposición del último representante de la Cámara Argentina de Comercio sigue mi preocupación. Pensé que era solamente una frase tirada al boleo por parte del titular de la misma, pero veo que hay una especie de confusión. Lo digo con mucho respeto, porque usted tiene derecho a opinar de una manera y nosotros de otra.
Si analizamos los proyectos presentados por los diputados del Frente para la Victoria en el sentido de las modificaciones de las leyes que hacen al plexo normativo en relación al cuidado y protección de los usuarios y consumidores, nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos haciendo es darle más herramientas al Estado.
Desde Rousseau a la fecha las sociedades tienen normas y se cumplen. Aquellos que están dentro de una actividad y actúan de buena fe en cumplimiento de las normas y del plexo normativo, se benefician.
En este sentido, creo que ustedes, en su espíritu de defender la actividad comercial y la producción de bienes y servicios, no tienen más que alegrase. Porque nosotros, a partir de la aprobación de estos proyectos y las herramientas que obtiene el Ejecutivo, vamos a sancionar a aquellas empresa que incumplen las normativas.
Una sociedad se maneja con normas. No podemos decir que porque una ley -la de abastecimiento, que fue una ley de Perón o la ley de lealtad comercial del año 1983- se dictó en la última etapa de la dictadura -siendo dictadura aún-, es una ley de la dictadura y entonces no tiene que aplicarse.
Yo transito por lo menos una o dos veces por semana la General Paz, y el tramo de esa avenida que transito lo amplió Cacciatore. Ahora, no por eso voy a ir por abajo; voy por la General Paz a pesar de que la haya hecho Cacciatore.
El argumento esbozado por los representantes de la CAC me parece poco sólido.
En definitiva, lo que nosotros intentamos hacer en este caso, es favorecer a las empresas que se ajustan a los plexos normativos y no los incumplen; queremos cuidar y proteger a los usuarios y a los consumidores.
Por otro lado, y respondiendo al economista representante de la CAC, nosotros modificamos normas para establecer o aumentar un régimen sancionatorios no sólo al último eslabón de la cadena de producción, es decir, al comercio, dado que estas modificaciones abarcan también a todos aquellos actores de la economía que integran una cadena de producción, desde su origen, la comercialización a gran escala hasta la minorista.
Entender que estas normas que tenemos en nuestro país tienen que modificarse, anularse o derogarse -como dijo el representante de la CAC- me parece que no corresponde.
Podríamos analizar cómo estamos en la región, en relación con las normas vinculadas a la protección de los usuarios y consumidores.
El único país de la región que tiene mayor poder sancionatorio, que redunda en mayor protección a los usuarios y los consumidores, es Brasil. Sin embargo, reiteradas veces uno escucha hablar maravillas de Brasil a ciertos sectores de la política, de los medios y de la economía. Nosotros destacamos muchas cosas y en otras pensamos que hemos avanzado más. Pero no es una competencia ni mucho menos.
Lo que quiero decir es que nosotros estamos al unísono con los países de la región, como Chile, Uruguay y Brasil, y defendemos a los usuarios y a los consumidores con las mismas normas que existen en esos países. Es más, con la mirada "europeocéntrica" que existe muchas veces en algunos sectores, podemos decir que tenemos alguna deuda en cuanto a la protección del usuario y los consumidores si comparamos normativas que se aplican en Europa.
El espíritu de esta presentación de proyectos es aumentar la protección de los usuarios y consumidores a partir de la modificación del plexo normativo que hace a su cuidado.
En primer lugar, quiero expresar que estoy preocupado por algunas declaraciones del titular de la Cámara. En los últimos días dijo en una entrevista que había preocupación por parte de la CAC por una especie de sentimiento antiempresario del Frente para la Victoria. Considero que sobreabunda explicar que nosotros no tenemos ningún sentimiento antiempresario. Para poder refutar esto, podríamos -con todo respeto- analizar los balances de las empresas que integran la CAC en los últimos diez años. De ese modo, nos daríamos cuenta de que no hay ningún sentimiento antiempresario por parte del proyecto político que encabeza la presidenta de la Nación. Es más, dentro del Consejo Directivo de la CAC hay personas como Eurnekián, Grimoldi y Coto. Podríamos mostrar los balances de las empresas que ellos representan y nos vamos a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Incluso, si nos abocamos a observar la industria del calzado, a partir del fortalecimiento de nuestra economía, del consumo y de la producción nacional, Grimoldi se ha beneficiado fuertemente en comparación con lo que sucedía antes de 2003, cuando la mayor parte de la industria del calzado era importada de países como Brasil, por ejemplo.
Si bien decir esto me parece que sobreabunda, creo que no está de más remarcarlo.
La verdad es que con la exposición del último representante de la Cámara Argentina de Comercio sigue mi preocupación. Pensé que era solamente una frase tirada al boleo por parte del titular de la misma, pero veo que hay una especie de confusión. Lo digo con mucho respeto, porque usted tiene derecho a opinar de una manera y nosotros de otra.
Si analizamos los proyectos presentados por los diputados del Frente para la Victoria en el sentido de las modificaciones de las leyes que hacen al plexo normativo en relación al cuidado y protección de los usuarios y consumidores, nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos haciendo es darle más herramientas al Estado.
Desde Rousseau a la fecha las sociedades tienen normas y se cumplen. Aquellos que están dentro de una actividad y actúan de buena fe en cumplimiento de las normas y del plexo normativo, se benefician.
En este sentido, creo que ustedes, en su espíritu de defender la actividad comercial y la producción de bienes y servicios, no tienen más que alegrase. Porque nosotros, a partir de la aprobación de estos proyectos y las herramientas que obtiene el Ejecutivo, vamos a sancionar a aquellas empresa que incumplen las normativas.
Una sociedad se maneja con normas. No podemos decir que porque una ley -la de abastecimiento, que fue una ley de Perón o la ley de lealtad comercial del año 1983- se dictó en la última etapa de la dictadura -siendo dictadura aún-, es una ley de la dictadura y entonces no tiene que aplicarse.
Yo transito por lo menos una o dos veces por semana la General Paz, y el tramo de esa avenida que transito lo amplió Cacciatore. Ahora, no por eso voy a ir por abajo; voy por la General Paz a pesar de que la haya hecho Cacciatore.
El argumento esbozado por los representantes de la CAC me parece poco sólido.
En definitiva, lo que nosotros intentamos hacer en este caso, es favorecer a las empresas que se ajustan a los plexos normativos y no los incumplen; queremos cuidar y proteger a los usuarios y a los consumidores.
Por otro lado, y respondiendo al economista representante de la CAC, nosotros modificamos normas para establecer o aumentar un régimen sancionatorios no sólo al último eslabón de la cadena de producción, es decir, al comercio, dado que estas modificaciones abarcan también a todos aquellos actores de la economía que integran una cadena de producción, desde su origen, la comercialización a gran escala hasta la minorista.
Entender que estas normas que tenemos en nuestro país tienen que modificarse, anularse o derogarse -como dijo el representante de la CAC- me parece que no corresponde.
Podríamos analizar cómo estamos en la región, en relación con las normas vinculadas a la protección de los usuarios y consumidores.
El único país de la región que tiene mayor poder sancionatorio, que redunda en mayor protección a los usuarios y los consumidores, es Brasil. Sin embargo, reiteradas veces uno escucha hablar maravillas de Brasil a ciertos sectores de la política, de los medios y de la economía. Nosotros destacamos muchas cosas y en otras pensamos que hemos avanzado más. Pero no es una competencia ni mucho menos.
Lo que quiero decir es que nosotros estamos al unísono con los países de la región, como Chile, Uruguay y Brasil, y defendemos a los usuarios y a los consumidores con las mismas normas que existen en esos países. Es más, con la mirada "europeocéntrica" que existe muchas veces en algunos sectores, podemos decir que tenemos alguna deuda en cuanto a la protección del usuario y los consumidores si comparamos normativas que se aplican en Europa.
El espíritu de esta presentación de proyectos es aumentar la protección de los usuarios y consumidores a partir de la modificación del plexo normativo que hace a su cuidado.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA Tiene la palabra el señor diputado Durand Cornejo.
SR. DURAND CORNEJO Señora presidenta: quiero aclarar que esta comisión no solamente está compuesta por miembros del Frente para la Victoria, también hay diputados que opinamos distinto, aunque por supuesto respetando todas las ideas.
Fue muy revelador para mí -que soy crítico de ese peregrinar de miles de consumidores que van a buscar los Precios Cuidados y no los encuentran- lo que acaba de decir el señor Etcheverry, de la Cámara Argentina de Comercio, en el sentido de que eso le sirve de gancho para que los clientes lleguen y compren otros productos. Me parece muy bien, pero ha sido muy revelador.
De manera que ni una cosa ni la otra. Tenemos que fijarnos en los consumidores y, fundamentalmente los que tenemos un par de años más, tenemos que hacer historia y ver lo que pasó con estas leyes que supuestamente protegían a los consumidores, que terminaron castigándolos severísimamente.
Fue muy revelador para mí -que soy crítico de ese peregrinar de miles de consumidores que van a buscar los Precios Cuidados y no los encuentran- lo que acaba de decir el señor Etcheverry, de la Cámara Argentina de Comercio, en el sentido de que eso le sirve de gancho para que los clientes lleguen y compren otros productos. Me parece muy bien, pero ha sido muy revelador.
De manera que ni una cosa ni la otra. Tenemos que fijarnos en los consumidores y, fundamentalmente los que tenemos un par de años más, tenemos que hacer historia y ver lo que pasó con estas leyes que supuestamente protegían a los consumidores, que terminaron castigándolos severísimamente.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA Tiene la palabra el señor diputado Kosiner.
SR. KOSINER Señora presidenta: en primer lugar, agradezco la presencia de los representantes de la Cámara Argentina de Comercio.
En segundo término, quiero hacer mención a dos conceptos para que no queden como precedentes cuestiones que entiendo no lo son.
Más allá de la coincidencia o no con el texto del proyecto, es importante aclarar que los procesos de expropiación no vulneran la propiedad privada. Justamente, lo que hacen esos procesos es basarse en leyes que establecen un procedimiento, con el cual el particular es reparado por la privación en ese ejercicio de la propiedad por una cuestión que tiene que ver con la utilidad pública. De lo contrario serían inconstitucionales todos los procesos de expropiación que existieron a lo largo y a lo ancho de nuestro país en la historia de nuestra normativa jurídica.
Afirmar que un proceso de expropiación -sea con esta ley o con cualquiera otra- es inconstitucional porque vulnera la propiedad privada, no es conveniente dejarlo planteado como un principio. No solamente por esta discusión sino también por cualquier otra.
Por otro lado, más allá del texto final que se pueda aprobar o no, hablo ahora ya de conceptos. Si estamos hablando de la necesidad de cambiar el mecanismo de las apelaciones es porque claramente se está advirtiendo el reclamo de la sociedad que no lo ve concretado en función de una responsabilidad.
El hecho de que se pueda plantear el pago de una multa, previo a una apelación, tampoco es un concepto nuevo. En materia de derecho tributario, el "pago y después repito" existe. Con lo cual tampoco afecta ni vulnera ningún derecho constitucional.
La garantía del proceso está dada en la aplicación de la multa, no en la concesión de la apelación. Eso es una cuestión distinta. Si yo aplico la multa sin un proceso previo sí vulnero obviamente el derecho de defensa en el juicio o en sede administrativa. Pero si fijo condiciones en cuanto a cómo conceder la apelación, si requiero que se pague la multa previamente o no, es una cuestión que no vulnera bajo ningún punto de vista el legítimo proceso o en sede administrativa. Vuelvo a decir que el antecedente más concreto es el que rige en materia de derecho tributario.
Más allá de compartir o no las razones que ustedes puedan plantear, son dos planteos que tienen que ver con el fondo de la cuestión, con los que pueden pretender impugnar la constitucionalidad del proyecto.
Tanto la expropiación como el principio de pague y después repita o la concesión de la apelación previo al pago de la multa, no serían cuestiones como para vulnerar el proyecto. Podemos discutir otras cuestiones, pero estos temas no.
En segundo término, quiero hacer mención a dos conceptos para que no queden como precedentes cuestiones que entiendo no lo son.
Más allá de la coincidencia o no con el texto del proyecto, es importante aclarar que los procesos de expropiación no vulneran la propiedad privada. Justamente, lo que hacen esos procesos es basarse en leyes que establecen un procedimiento, con el cual el particular es reparado por la privación en ese ejercicio de la propiedad por una cuestión que tiene que ver con la utilidad pública. De lo contrario serían inconstitucionales todos los procesos de expropiación que existieron a lo largo y a lo ancho de nuestro país en la historia de nuestra normativa jurídica.
Afirmar que un proceso de expropiación -sea con esta ley o con cualquiera otra- es inconstitucional porque vulnera la propiedad privada, no es conveniente dejarlo planteado como un principio. No solamente por esta discusión sino también por cualquier otra.
Por otro lado, más allá del texto final que se pueda aprobar o no, hablo ahora ya de conceptos. Si estamos hablando de la necesidad de cambiar el mecanismo de las apelaciones es porque claramente se está advirtiendo el reclamo de la sociedad que no lo ve concretado en función de una responsabilidad.
El hecho de que se pueda plantear el pago de una multa, previo a una apelación, tampoco es un concepto nuevo. En materia de derecho tributario, el "pago y después repito" existe. Con lo cual tampoco afecta ni vulnera ningún derecho constitucional.
La garantía del proceso está dada en la aplicación de la multa, no en la concesión de la apelación. Eso es una cuestión distinta. Si yo aplico la multa sin un proceso previo sí vulnero obviamente el derecho de defensa en el juicio o en sede administrativa. Pero si fijo condiciones en cuanto a cómo conceder la apelación, si requiero que se pague la multa previamente o no, es una cuestión que no vulnera bajo ningún punto de vista el legítimo proceso o en sede administrativa. Vuelvo a decir que el antecedente más concreto es el que rige en materia de derecho tributario.
Más allá de compartir o no las razones que ustedes puedan plantear, son dos planteos que tienen que ver con el fondo de la cuestión, con los que pueden pretender impugnar la constitucionalidad del proyecto.
Tanto la expropiación como el principio de pague y después repita o la concesión de la apelación previo al pago de la multa, no serían cuestiones como para vulnerar el proyecto. Podemos discutir otras cuestiones, pero estos temas no.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA Tiene la palabra el señor diputado Maldonado.
SR. MALDONADO Señora presidenta: me parece que discutir de fondo estas cuestiones vinculadas con la defensa del consumidor nos tendrían que llevar, en primer lugar, a ver cómo cumplimos con las leyes. Me refiero, por ejemplo, a la 25.156, por la que se constituye el Tribunal de Defensa de la Competencia.
¿Qué nos retrasa? ¿Que nos impide? ¿Por qué no cumplimos con la responsabilidad de constituir ese tribunal? Si lo hiciéramos estaríamos obviando toda esta discusión. ¿Por qué no estamos discutiendo en la comisión mixta la designación del Defensor del Pueblo de la Nación? ¿En qué posición dejamos a los usuarios y consumidores?
Estamos poniendo el carro delante de los caballos. Me parece que en esa apelación y en esta reiteración de responsabilidades como legisladores, y haciendo alusión a la defensa de usuarios y consumidores, tenemos que hacer primero lo primero.
¿Qué nos retrasa? ¿Que nos impide? ¿Por qué no cumplimos con la responsabilidad de constituir ese tribunal? Si lo hiciéramos estaríamos obviando toda esta discusión. ¿Por qué no estamos discutiendo en la comisión mixta la designación del Defensor del Pueblo de la Nación? ¿En qué posición dejamos a los usuarios y consumidores?
Estamos poniendo el carro delante de los caballos. Me parece que en esa apelación y en esta reiteración de responsabilidades como legisladores, y haciendo alusión a la defensa de usuarios y consumidores, tenemos que hacer primero lo primero.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA Tiene la palabra el representante de la Cámara Argentina de Comercio.
SR. ETCHEVERRY Señora presidenta: no se alarme; no voy a replicar. Creo que el planteo ha sido claro; son dos conceptos diferentes.
Sin embargo, me veo obligado a decir -agradezco que me haya concedido estos minutos- que no voy a dar respuesta a los planteos que se han hecho sobre las declaraciones del presidente de nuestra cámara, porque esta es una cuestión -con todo gusto lo podemos hablar en el ámbito adecuado- que esta fuera del orden del día de esta reunión; pertenece a otro ámbito, no es un tema para tratar dentro de una comisión técnica. De manera tal que el callarme es simplemente una cuestión de ubicación y prudencia. No voy a hacer comentarios respecto a ese tema.
Sin embargo, me veo obligado a decir -agradezco que me haya concedido estos minutos- que no voy a dar respuesta a los planteos que se han hecho sobre las declaraciones del presidente de nuestra cámara, porque esta es una cuestión -con todo gusto lo podemos hablar en el ámbito adecuado- que esta fuera del orden del día de esta reunión; pertenece a otro ámbito, no es un tema para tratar dentro de una comisión técnica. De manera tal que el callarme es simplemente una cuestión de ubicación y prudencia. No voy a hacer comentarios respecto a ese tema.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA Tiene la palabra el licenciado Molteni.
SR. MOLTENI Señora presidenta: el punto no es discutir si Grimoldi o alguien más hizo o no plata en los años que lleva este gobierno; la cuestión es que estamos de acuerdo con la mayor protección del consumidor. Eso lo vamos a apoyar sin discusión, lo cual no puede implicar que eso genere desprotección en otro sector de la sociedad. En este caso puntual lo que reclamamos es sobre la mayor discrecionalidad que podría generar esta reforma.
Les hago una pregunta, porque a mi no me queda claro: ¿Cuál es el criterio para establecer que hay desabastecimiento? ¿Que dos empresas productoras de azúcar se pongan de acuerdo y retengan la producción y eleven el precio en el mercado o que un supermercado en Avellaneda no tenga el producto en la góndola?
Les hago una pregunta, porque a mi no me queda claro: ¿Cuál es el criterio para establecer que hay desabastecimiento? ¿Que dos empresas productoras de azúcar se pongan de acuerdo y retengan la producción y eleven el precio en el mercado o que un supermercado en Avellaneda no tenga el producto en la góndola?
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA Creo que ha sido un buen aporte el que nos han realizado. Era importante escucharlos y también será interesante escuchar al secretario Augusto Costa, porque creo que con el tema de precios cuidados es importante conocer su evaluación, más allá de lo que pasa en la Capital Federal, porque en Córdoba, por ejemplo, no lo tenemos el programa de precios cuidados.
A efectos de las reuniones que siguen teniendo lugar, me parece importante decir que esta etapa de escuchar a la Cámara ha sido ampliamente satisfecha en el sentido de que hemos escuchado su posición y lo hemos hecho públicamente, de manera que todos sepan lo que se piensa.
También me parece importante señalar que efectivamente estamos ante dos concepciones muy diferentes de lo que debe ser una legislación, de lo que debe ser una protección y dónde deben estar situadas las sanciones. Además, es importante remarcar que de las tres normas que se están analizando, dos tienen más de treinta años -más allá de cual haya sido el origen-, y seguramente los cambios que se han introducido tanto en el derecho administrativo como en el derecho de los consumidores, a veinte años de la reforma de la Constitución de 1994, los derechos de los consumidores son de nuevo cuño. Entonces, no está mal revisar alguna legislación antes de seguir emparchándola.
Por lo tanto, me parece que no solamente hay criterios diferentes sino que, además, hay distintas maneras de aproximarse a una legislación para saber si cumple o no con su cometido a la luz de lo que hoy se vive, que es muy diferente de lo que se vivía hace treinta años.
También me parece que hay una cuestión irreductible por parte del oficialismo respecto de una etapa que yo la llamo "vigilar y castigar". Creo que los usuarios y los consumidores tienen derecho a ser respetados y defendidos. Habría que preguntarse si más sanciones, si mayor dureza y mayor discrecionalidad es la manera de proteger mejor esos derechos.
De todas formas, esto es simplemente una aproximación para escuchar; es importante que lo podamos hacer. Tenemos que legislar a conciencia, sabiendo cuales son los puntos de vista de todos los que de alguna manera están alcanzados por cambios en la legislación.
No se preocupe diputado Cabandié que lo vamos a tratar en breve. Me gustaría muchísimo contar con su apoyo para que podamos escuchar al secretario Costa, porque creo que respecto de precios cuidados tiene algunas cosas que decir.
A efectos de las reuniones que siguen teniendo lugar, me parece importante decir que esta etapa de escuchar a la Cámara ha sido ampliamente satisfecha en el sentido de que hemos escuchado su posición y lo hemos hecho públicamente, de manera que todos sepan lo que se piensa.
También me parece importante señalar que efectivamente estamos ante dos concepciones muy diferentes de lo que debe ser una legislación, de lo que debe ser una protección y dónde deben estar situadas las sanciones. Además, es importante remarcar que de las tres normas que se están analizando, dos tienen más de treinta años -más allá de cual haya sido el origen-, y seguramente los cambios que se han introducido tanto en el derecho administrativo como en el derecho de los consumidores, a veinte años de la reforma de la Constitución de 1994, los derechos de los consumidores son de nuevo cuño. Entonces, no está mal revisar alguna legislación antes de seguir emparchándola.
Por lo tanto, me parece que no solamente hay criterios diferentes sino que, además, hay distintas maneras de aproximarse a una legislación para saber si cumple o no con su cometido a la luz de lo que hoy se vive, que es muy diferente de lo que se vivía hace treinta años.
También me parece que hay una cuestión irreductible por parte del oficialismo respecto de una etapa que yo la llamo "vigilar y castigar". Creo que los usuarios y los consumidores tienen derecho a ser respetados y defendidos. Habría que preguntarse si más sanciones, si mayor dureza y mayor discrecionalidad es la manera de proteger mejor esos derechos.
De todas formas, esto es simplemente una aproximación para escuchar; es importante que lo podamos hacer. Tenemos que legislar a conciencia, sabiendo cuales son los puntos de vista de todos los que de alguna manera están alcanzados por cambios en la legislación.
No se preocupe diputado Cabandié que lo vamos a tratar en breve. Me gustaría muchísimo contar con su apoyo para que podamos escuchar al secretario Costa, porque creo que respecto de precios cuidados tiene algunas cosas que decir.
SR. CABANDIÉ Lo voy a hacer; no hace falta que no negocie conmigo.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA No negocio, digo que sería interesante poder contar con la presencia del secretario Costa.
En esta etapa los hemos escuchado. Les agradecemos muchísimo que hayan participado.
Nos queda claro que a la hora de aproximarnos a los proyectos tenemos miradas distintas que veremos cómo lograr conciliar para que el derecho del consumidor pueda estar asegurado, para que no haya derechos vulnerados y para que este tipo de encuentros sean realmente fructíferos.
En esta etapa los hemos escuchado. Les agradecemos muchísimo que hayan participado.
Nos queda claro que a la hora de aproximarnos a los proyectos tenemos miradas distintas que veremos cómo lograr conciliar para que el derecho del consumidor pueda estar asegurado, para que no haya derechos vulnerados y para que este tipo de encuentros sean realmente fructíferos.
SR. CABANDIÉ ¿Usted está diciendo que está en contra de los proyectos presentados?
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA Yo no dije que estoy en contra, sino que hay miradas distintas. Si yo no negocio, usted no me chicanee.
SR. CABANDIÉ Simplemente pregunto para conocer su posición; es sólo eso.
SRA. PRESIDENTA DE FERRARI RUEDA Me parece interesante el encuentro que hemos tenido. Agradecemos nuevamente la presencia de los representantes de la CAC y le enviamos nuestro saludo al presidente de La Vega; seguramente seguiremos en contacto.
Damos por finalizada la reunión.
Damos por finalizada la reunión.