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DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y DE LA COMPETENCIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P03 Oficina 301
Jefe SR. GUANCA JAIME FERNANDO FABIO
Miércoles 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2359 Internos 2359/2355/2352
cdconsumidor@hcdn.gov.ar
- LEGISLACION PENAL
- COMERCIO
- DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y DE LA COMPETENCIA
Reunión del día 15/11/2017
- REUNIÓN CONJUNTA
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los quince días del mes de noviembre de 2017, a la hora 13 y 13:
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, de Comercio, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda.
En el temario de hoy se encuentra para su tratamiento el expediente 2479-d-2016, proyecto de ley de la señora diputada Carrió, sobre defensa y fomento de la competencia. Creación. Derogación de la ley 25.156.
Esta iniciativa se ha unificado con el proyecto de ley del señor diputado Negri y otros, contenido en el expediente 2495-d-2016, también sobre defensa y promoción de la competencia. Régimen. Tribunal Nacional de la defensa de la competencia. Creación. Derogación de la ley 25.156.
Estos proyectos ingresaron a fines de noviembre de 2016 a la comisión que presido y que es cabecera. Inmediatamente iniciado el año legislativo, en marzo de 2017, comenzamos a trabajarlos en la comisión e hicimos casi seis reuniones con los asesores. El 30 de mayo de este año citamos a una reunión conjunta de la cual la Comisión de Comercio no participó.
A esas reuniones vino gente de defensa de la competencia; estuvo el licenciado Esteban Greco, que hoy se encuentra aquí presente; asistieron académicos de universidades para explicar y ponerse a disposición; asistió el empresario Víctor Fera, del rubro alimenticio, a quien conocemos por las denuncias hechas en materia de defensa de la competencia. Invitamos también a la gente de la Federación Agraria, que había tenido muchas denuncias por abuso de posición dominante.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
En el temario de hoy se encuentra para su tratamiento el expediente 2479-d-2016, proyecto de ley de la señora diputada Carrió, sobre defensa y fomento de la competencia. Creación. Derogación de la ley 25.156.
Esta iniciativa se ha unificado con el proyecto de ley del señor diputado Negri y otros, contenido en el expediente 2495-d-2016, también sobre defensa y promoción de la competencia. Régimen. Tribunal Nacional de la defensa de la competencia. Creación. Derogación de la ley 25.156.
Estos proyectos ingresaron a fines de noviembre de 2016 a la comisión que presido y que es cabecera. Inmediatamente iniciado el año legislativo, en marzo de 2017, comenzamos a trabajarlos en la comisión e hicimos casi seis reuniones con los asesores. El 30 de mayo de este año citamos a una reunión conjunta de la cual la Comisión de Comercio no participó.
A esas reuniones vino gente de defensa de la competencia; estuvo el licenciado Esteban Greco, que hoy se encuentra aquí presente; asistieron académicos de universidades para explicar y ponerse a disposición; asistió el empresario Víctor Fera, del rubro alimenticio, a quien conocemos por las denuncias hechas en materia de defensa de la competencia. Invitamos también a la gente de la Federación Agraria, que había tenido muchas denuncias por abuso de posición dominante.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
SR. GRANDINETTI Señora presidenta: quiero ver si podemos agregar un proyecto que firmamos siete miembros de nuestro bloque, que está contenido en el expediente
2634-d-2017, sobre defensa de la competencia, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, independencia, estabilidad en el cargo, medidas cautelares, y que plantea también una reforma a la ley 25.156. ¿Podemos ponerlo a la vista?
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Yo diría que sí, ¿por qué no?
SR. GRANDINETTI Aquí está; se lo puedo acercar...
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tráigalo, por favor, señor diputado, que lo vamos a mirar, pero está bien. Hay que ver los giros...
Tiene la palabra la señora diputada Mazure, que es la presidenta de la Comisión de Comercio.
Tiene la palabra la señora diputada Mazure, que es la presidenta de la Comisión de Comercio.
SRA. MAZURE Señora presidenta: quiero aclarar que nosotros recibimos en la Comisión de Comercio un pedido de tratamiento de este proyecto en el mes de mayo. En junio nos reunimos, ante un pedido de los diputados Torello, Romero, Lipovetzky, Kroneberger y Ziegler, y en la reunión se pidió más tiempo para seguir trabajando el proyecto. Finalmente, no se dictaminó sobre esto y nosotros, en la Comisión de Comercio, recibimos ayer por la mañana este proyecto titulado como "borrador".
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tiene la palabra el señor diputado Barletta.
SR. BARLETTA Señora presidenta: no es un problema político tratar o no un proyecto, como el que acaba de mencionar el diputado Grandinetti, pero creo que estamos fuera del reglamento, que no se puede; pregunto porque no soy experto en cuestiones reglamentarias. La diputada Camaño es experta en reglamento; le preguntamos si se puede o no incorporar el tratamiento de un tema en comisión.
SRA. CAMAÑO Señora presidenta: se puede poner a la vista, perfectamente.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tiene la palabra el señor diputado Pretto.
SR. PRETTO Señora presidenta: en el mismo sentido de lo expresado por el señor diputado Grandinetti, en razón de que yo he presentado un proyecto referido a la misma ley, registrado bajo el número de expediente
7860-d-2017, del 7 de noviembre, solicito también se lo tenga a la vista.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tiene la palabra la señora diputada Hers Cabral.
SRA. HERS CABRAL Señora presidenta: cedo la palabra al señor diputado Lipovetzky, con quien conjuntamente haremos una presentación.
SR. CAMAÑO Pido la palabra, para una aclaración.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Para una aclaración, tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Señora presidenta: el proyecto puede ponerse a la vista; pero eso forma parte de la voluntad de su titular, porque deja de tener vigencia. Si nosotros lo ponemos a la vista, todo lo que contenga se supone comprendido en los dictámenes. Entonces, si la iniciativa contiene algo por lo que el diputado quiere seguir bregando, dicho proyecto va a dejar de tener vigencia y quedará subsumido en los dictámenes existentes.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
SR. LIPOVETZKY Señora presidenta: coincidimos con este proyecto pues consideramos que representa un gran avance en materia de defensa de la competencia.
Es necesario luchar contra los monopolios, regular todo el procedimiento; esto, sumado a la creación del tribunal correspondiente. Sin embargo, vamos a plantear una disidencia parcial que tiene que ver con el artículo 28, sobre integración del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos creando un tribunal que va a tener que resolver cuestiones relacionadas con la aplicación del derecho. Por ello, creemos que los miembros del tribunal deberían ser abogados y no abrir esto a otro tipo de profesiones.
Es necesario luchar contra los monopolios, regular todo el procedimiento; esto, sumado a la creación del tribunal correspondiente. Sin embargo, vamos a plantear una disidencia parcial que tiene que ver con el artículo 28, sobre integración del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos creando un tribunal que va a tener que resolver cuestiones relacionadas con la aplicación del derecho. Por ello, creemos que los miembros del tribunal deberían ser abogados y no abrir esto a otro tipo de profesiones.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. LIPOVETZKY Nuestra política siempre ha sido la de defender la incumbencia de cada una de las profesiones en los temas relacionados con la formación profesional. Incluso, en el día de ayer votamos lo relativo a la ley de alquileres y defendimos las incumbencias de los corredores inmobiliarios.
En este caso, estamos creando un tribunal y por ello, independientemente de que sea judicial o administrativo, los integrantes deben ser abogados porque van a tener que resolver cuestiones de derecho. Los únicos que pueden resolver cuestiones de derecho son los que cuentan con formación jurídica, es decir, los abogados.
Por lo tanto, vamos a plantear junto a la diputada Hers Cabral, una disidencia parcial respecto de este artículo.
En este caso, estamos creando un tribunal y por ello, independientemente de que sea judicial o administrativo, los integrantes deben ser abogados porque van a tener que resolver cuestiones de derecho. Los únicos que pueden resolver cuestiones de derecho son los que cuentan con formación jurídica, es decir, los abogados.
Por lo tanto, vamos a plantear junto a la diputada Hers Cabral, una disidencia parcial respecto de este artículo.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Voy a ceder el uso de la palabra al señor diputado Sánchez y luego al señor diputado Lavagna.
SR. SÁNCHEZ Señora presidenta: ¡cómo los quiero a mis colegas abogados! (Risas.)
En primer lugar, agradezco a los presidentes de las tres comisiones intervinientes pues este plenario es absolutamente necesario. Los proyectos en cuestión -de la diputada Carrió y del diputado Negri-, teniendo a la vista el incorporado por el diputado Grandinetti y el diputado Pretto, vienen a tratar algo que, a lo largo de los años, todos expresamos como necesario. Es decir, la autoridad pública se sentía absolutamente impotente frente al poder económico de ciertos sectores y ciertas prácticas. En esos casos, la autoridad administrativa podía hacer poco y nada respecto de esa situación.
De hecho, basta repasar los discursos políticos que se han dado no solamente en esta Cámara sino también en otros ámbitos. Allí siempre se plantean en términos de cómo equilibrar y equiparar no solamente los poderes de los sectores económicos en relación con el resto de la sociedad sino también dentro de los poderes económicos entre sí. Concretamente, dentro de esos poderes económicos hay distintas magnitudes y formas para operar.
Estas iniciativas permiten dotar a la autoridad pública -ya nos referiremos a la autoridad que estamos proponiendo crear u modificar mediante estos proyectos de ley- de herramientas para que no digamos más "no se puede". Tampoco deberíamos decir que las sanciones son tan insignificantes que para ciertas formas o prácticas económicas les resulta mucho más redituable la violación de la ley que el cumplimiento de la norma. No debemos decir "nunca más podremos hacerlo", cuando nos referimos a las autoridades administrativas públicas encargadas de hacer cumplir la ley, de discriminar quién viola los principios de salubridad del sistema económico de un transparente y justo mercado, en beneficio de los ciudadanos consumidores y, además, de la justa competencia.
Quiero formular una aclaración. La ley actual permite hacer mucho más de lo que se venía haciendo. Eso es lo primero que debemos decir.
Desde las autoridades públicas -entre las que estamos incluidos- debemos tener una firme vocación de resolver las cuestiones de abuso de poder económico, como monopolio, oligopolio, cartelización, posición dominante, etcétera, tanto en situaciones que no necesariamente son ilegales, pero que tienen que ser controladas por una autoridad, como en las ilegales. Por ello, agradecemos a todos los que hoy están presentes en esta reunión, porque es algo necesario.
En segundo lugar, debemos establecer una definición de política. El gobierno de Cambiemos piensa que esto es una política central porque tenemos que dar transparencia a los mercados, y entonces esta ley es necesaria.
Esta norma tiene varios aspectos interesantes. El primero es que da una nueva definición institucional de cuáles son las autoridades que van a tratar los temas y cómo van a definirlos, autoridades que la ley de alguna forma contemplaba. Recuerdo la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia, que nunca se constituyó y que bien podría haberse hecho. Deben existir grados de independencia que den garantía tanto a los actores económicos como al resto de la sociedad para que no haya connivencia ni abuso por parte del Estado en este tipo de regulaciones.
Hoy estamos creando autoridades con grados de independencia que son aceptables por todos los actores, por ejemplo, la creación de la autoridad nacional de la competencia, un organismo descentralizado e independiente. Es decir que tenemos que dar garantías, como lo hicimos en otros debates y con nuevas instituciones -como cuando tratamos el acceso a la información pública-, pues queremos que esta ley sea descentralizada e independiente, de todos y pensando en todos.
Por su parte, tiene que haber modificaciones en las sanciones, tal como dije en mi introducción, por ejemplo, hasta el doble del beneficio obtenido ilícitamente como resultado de las conductas anticompetitivas.
Ahora quiero hacer un comentario respecto del borrador de trabajo que recibieron los diputados al que hizo mención la señora diputada Mazure. Para establecer la sanción existe un criterio porcentual y uno monetario. Tiene que doler esa sanción a los actores que decidan incurrir en prácticas anticompetitivas porque, de lo contrario, nuevamente optarán por el beneficio de violar la norma. La ley actual está tremendamente desactualizada y no sirve. Nosotros insistimos porque estamos convencidos de que un criterio útil para este tipo de leyes -que comienzan con la autoridad que investiga y que tiene capacidad sancionatoria real- es contar con un programa que haga eficaz la consecuencia de la investigación y la sanción. Por eso, creemos en los criterios establecidos en los programas de clemencia. Lo dijimos en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas e insistimos en ello en varias leyes porque consideramos que, si hay una autoridad pública que sirve y hay sanciones que duelen, los infractores buscarán obtener una rápida sanción con algún beneficio, que es clemencia, no indulgencia. Tienen que venir a decir "soy culpable de esto", se los investiga igual y el proceso es más corto, pero tienen que cumplir con la sanción. Creemos en el programa de clemencia, señora presidenta, y la síntesis del borrador de trabajo de los proyectos, tanto de la señora diputada Carrió como del señor diputado Negri, incluyen esta herramienta.
Tiene que haber políticas preventivas, como en todas las grandes políticas, señora presidenta; no tenemos que llegar a la violación de la ley. Transparentar los mercados implica establecer mecanismos previos para la autoridad pública, a fin de establecer cuándo una fusión o una adquisición está siendo perjudicial para el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en un mercado sano.
Por eso, tiene que haber un mecanismo ágil, con determinadas condiciones, de montos, por ejemplo, para que pueda hacerse un control previo respecto de estas decisiones que son netamente privadas. En ciertas circunstancias -no en todas, no hay que exagerar porque si no terminamos en la burocracia inútil y no en la buena burocracia-, tienen que pasar un control de la autoridad pública; en determinadas circunstancias y en determinados montos deben pasar por la revisión previa.
Tiene que ser ágil, porque hasta acá la autoridad pública tenía la obligación de controlarlas, pero el negocio para cobrar por el costado era no decidir. Entonces, pasaban dos cosas que eran terribles, las fusiones o adquisiciones avanzaban de hecho, pero sin la autorización del Estado, y para perfeccionarlas y no tener riesgos legales posteriores, tenían que ir a hablar por atrás. Nosotros no queremos una cosa ni la otra: mantener las fusiones o adquisiciones en períodos largos sin resolver, ni que la autoridad pública tenga el poder de dilatar la cuestión. Por eso, imponemos obligaciones a los privados, y también obligaciones a los funcionarios públicos, como deber ser. El control previo es central, señora presidenta.
Por último, quisiera hablar un poquito de la metodología. Ustedes tienen el borrador de los dos proyectos que sirvieron como antecedentes, pero también tenemos a la vista las demás iniciativas que fueron largamente trabajadas en tiempo y participación, como bien dijo la señora diputada Schwindt.
Es un borrador de trabajo porque no existe un intermedio entre un proyecto y un dictamen. Uno tiene que poder proponer un borrador, y hasta es una buena metodología adelantar un borrador para que cada uno pueda verlo, proponer modificaciones, y decidir si lo convence o no, firmarlo o proponer un dictamen diferente; pero no existe cosa diferente.
La tercera cuestión que me parece importante como metodología es la siguiente: nosotros en Cambiemos -y me parece que la gran mayoría de esta Cámara-, tenemos la firme convicción de que los resultados de trabajos participativos y plurales mejoran mucho los proyectos ingresados. Por eso, siempre estamos atentos a los cambios que nos proponen. A las reuniones que se mencionaron, que son los antecedentes, se convocó claramente a todos los bloques que participan de este plenario, porque es un ámbito de la Cámara. A su vez, siempre estuvimos abiertos a trabajar en las reuniones que se hacen para poder acercar posiciones.
De esta manera queda expresada la importancia de los proyectos y de la política, señora presidenta, porque después hablamos de los sectores concentrados, de que se abusa de la posición dominante, de que hay cartelización en la obra pública, de que la ley vigente es poca, corta y la autoridad estatal no tuvo ganas.
Por los motivos expuestos, y con la convicción de que esta herramienta es útil, proponemos a este plenario apoyar esta iniciativa. (Aplausos.)
En primer lugar, agradezco a los presidentes de las tres comisiones intervinientes pues este plenario es absolutamente necesario. Los proyectos en cuestión -de la diputada Carrió y del diputado Negri-, teniendo a la vista el incorporado por el diputado Grandinetti y el diputado Pretto, vienen a tratar algo que, a lo largo de los años, todos expresamos como necesario. Es decir, la autoridad pública se sentía absolutamente impotente frente al poder económico de ciertos sectores y ciertas prácticas. En esos casos, la autoridad administrativa podía hacer poco y nada respecto de esa situación.
De hecho, basta repasar los discursos políticos que se han dado no solamente en esta Cámara sino también en otros ámbitos. Allí siempre se plantean en términos de cómo equilibrar y equiparar no solamente los poderes de los sectores económicos en relación con el resto de la sociedad sino también dentro de los poderes económicos entre sí. Concretamente, dentro de esos poderes económicos hay distintas magnitudes y formas para operar.
Estas iniciativas permiten dotar a la autoridad pública -ya nos referiremos a la autoridad que estamos proponiendo crear u modificar mediante estos proyectos de ley- de herramientas para que no digamos más "no se puede". Tampoco deberíamos decir que las sanciones son tan insignificantes que para ciertas formas o prácticas económicas les resulta mucho más redituable la violación de la ley que el cumplimiento de la norma. No debemos decir "nunca más podremos hacerlo", cuando nos referimos a las autoridades administrativas públicas encargadas de hacer cumplir la ley, de discriminar quién viola los principios de salubridad del sistema económico de un transparente y justo mercado, en beneficio de los ciudadanos consumidores y, además, de la justa competencia.
Quiero formular una aclaración. La ley actual permite hacer mucho más de lo que se venía haciendo. Eso es lo primero que debemos decir.
Desde las autoridades públicas -entre las que estamos incluidos- debemos tener una firme vocación de resolver las cuestiones de abuso de poder económico, como monopolio, oligopolio, cartelización, posición dominante, etcétera, tanto en situaciones que no necesariamente son ilegales, pero que tienen que ser controladas por una autoridad, como en las ilegales. Por ello, agradecemos a todos los que hoy están presentes en esta reunión, porque es algo necesario.
En segundo lugar, debemos establecer una definición de política. El gobierno de Cambiemos piensa que esto es una política central porque tenemos que dar transparencia a los mercados, y entonces esta ley es necesaria.
Esta norma tiene varios aspectos interesantes. El primero es que da una nueva definición institucional de cuáles son las autoridades que van a tratar los temas y cómo van a definirlos, autoridades que la ley de alguna forma contemplaba. Recuerdo la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia, que nunca se constituyó y que bien podría haberse hecho. Deben existir grados de independencia que den garantía tanto a los actores económicos como al resto de la sociedad para que no haya connivencia ni abuso por parte del Estado en este tipo de regulaciones.
Hoy estamos creando autoridades con grados de independencia que son aceptables por todos los actores, por ejemplo, la creación de la autoridad nacional de la competencia, un organismo descentralizado e independiente. Es decir que tenemos que dar garantías, como lo hicimos en otros debates y con nuevas instituciones -como cuando tratamos el acceso a la información pública-, pues queremos que esta ley sea descentralizada e independiente, de todos y pensando en todos.
Por su parte, tiene que haber modificaciones en las sanciones, tal como dije en mi introducción, por ejemplo, hasta el doble del beneficio obtenido ilícitamente como resultado de las conductas anticompetitivas.
Ahora quiero hacer un comentario respecto del borrador de trabajo que recibieron los diputados al que hizo mención la señora diputada Mazure. Para establecer la sanción existe un criterio porcentual y uno monetario. Tiene que doler esa sanción a los actores que decidan incurrir en prácticas anticompetitivas porque, de lo contrario, nuevamente optarán por el beneficio de violar la norma. La ley actual está tremendamente desactualizada y no sirve. Nosotros insistimos porque estamos convencidos de que un criterio útil para este tipo de leyes -que comienzan con la autoridad que investiga y que tiene capacidad sancionatoria real- es contar con un programa que haga eficaz la consecuencia de la investigación y la sanción. Por eso, creemos en los criterios establecidos en los programas de clemencia. Lo dijimos en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas e insistimos en ello en varias leyes porque consideramos que, si hay una autoridad pública que sirve y hay sanciones que duelen, los infractores buscarán obtener una rápida sanción con algún beneficio, que es clemencia, no indulgencia. Tienen que venir a decir "soy culpable de esto", se los investiga igual y el proceso es más corto, pero tienen que cumplir con la sanción. Creemos en el programa de clemencia, señora presidenta, y la síntesis del borrador de trabajo de los proyectos, tanto de la señora diputada Carrió como del señor diputado Negri, incluyen esta herramienta.
Tiene que haber políticas preventivas, como en todas las grandes políticas, señora presidenta; no tenemos que llegar a la violación de la ley. Transparentar los mercados implica establecer mecanismos previos para la autoridad pública, a fin de establecer cuándo una fusión o una adquisición está siendo perjudicial para el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en un mercado sano.
Por eso, tiene que haber un mecanismo ágil, con determinadas condiciones, de montos, por ejemplo, para que pueda hacerse un control previo respecto de estas decisiones que son netamente privadas. En ciertas circunstancias -no en todas, no hay que exagerar porque si no terminamos en la burocracia inútil y no en la buena burocracia-, tienen que pasar un control de la autoridad pública; en determinadas circunstancias y en determinados montos deben pasar por la revisión previa.
Tiene que ser ágil, porque hasta acá la autoridad pública tenía la obligación de controlarlas, pero el negocio para cobrar por el costado era no decidir. Entonces, pasaban dos cosas que eran terribles, las fusiones o adquisiciones avanzaban de hecho, pero sin la autorización del Estado, y para perfeccionarlas y no tener riesgos legales posteriores, tenían que ir a hablar por atrás. Nosotros no queremos una cosa ni la otra: mantener las fusiones o adquisiciones en períodos largos sin resolver, ni que la autoridad pública tenga el poder de dilatar la cuestión. Por eso, imponemos obligaciones a los privados, y también obligaciones a los funcionarios públicos, como deber ser. El control previo es central, señora presidenta.
Por último, quisiera hablar un poquito de la metodología. Ustedes tienen el borrador de los dos proyectos que sirvieron como antecedentes, pero también tenemos a la vista las demás iniciativas que fueron largamente trabajadas en tiempo y participación, como bien dijo la señora diputada Schwindt.
Es un borrador de trabajo porque no existe un intermedio entre un proyecto y un dictamen. Uno tiene que poder proponer un borrador, y hasta es una buena metodología adelantar un borrador para que cada uno pueda verlo, proponer modificaciones, y decidir si lo convence o no, firmarlo o proponer un dictamen diferente; pero no existe cosa diferente.
La tercera cuestión que me parece importante como metodología es la siguiente: nosotros en Cambiemos -y me parece que la gran mayoría de esta Cámara-, tenemos la firme convicción de que los resultados de trabajos participativos y plurales mejoran mucho los proyectos ingresados. Por eso, siempre estamos atentos a los cambios que nos proponen. A las reuniones que se mencionaron, que son los antecedentes, se convocó claramente a todos los bloques que participan de este plenario, porque es un ámbito de la Cámara. A su vez, siempre estuvimos abiertos a trabajar en las reuniones que se hacen para poder acercar posiciones.
De esta manera queda expresada la importancia de los proyectos y de la política, señora presidenta, porque después hablamos de los sectores concentrados, de que se abusa de la posición dominante, de que hay cartelización en la obra pública, de que la ley vigente es poca, corta y la autoridad estatal no tuvo ganas.
Por los motivos expuestos, y con la convicción de que esta herramienta es útil, proponemos a este plenario apoyar esta iniciativa. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señora presidenta: creo que hablar sobre una nueva ley de defensa de la competencia es una de las asignaturas pendientes.
Hace tiempo que hay distintos proyectos e iniciativas en el Congreso. Es más, la unificación de los proyectos de la señora diputada Carrió y el señor diputado Negri, tiene en cuenta una iniciativa del ahora diputado electo Lousteau, que tenía muchas cosas parecidas, y calculo que el señor diputado Sánchez también lo habrá firmado. Ese proyecto, a su vez, viene de otro anterior que tenía cosas iguales. Por eso, creo que avanzar sobre estas normas es una deuda que teníamos pendiente.
Creo que no hay que confundirse en pretender que el aumento de penas o el aumento de sanciones -lo cual es importante- sea el objetivo final que tiene que tener esta ley. El objetivo debe ser cómo prevenir este tipo de abusos, cómo hacemos para intervenir antes de que se cometa algún delito, algún proceso de concentración o abuso de posición dominante, cómo lo evitamos, porque, de lo contrario, el daño ya está hecho.
Entonces, hay que tener cuidado de que el objetivo no tenga que ser solamente el aumento de las penas y que las penas sean lo que va a disuadir que se vayan a cometer delitos, porque eso no va a funcionar. En la Argentina ya hemos tenido -algo dijo el diputado Sánchez- tribunales que después, por falta de voluntad política, no terminaron funcionando, no terminaron constituyéndose.
Yo creo que primero debemos tener, desde ya, la autoridad de aplicación sobre la cual recaiga este tema, pero después nosotros, como cuerpo legislativo, debemos tener un control para que realmente las normas que sancionemos se cumplan porque, de lo contrario, terminamos en una ley que queda muy linda en los papeles, pero en la práctica la autoridad de aplicación de turno no la termina implementando.
Hoy tenemos una ley de defensa de la competencia -por eso estamos discutiendo este tema- que posiblemente sea perfeccionable, mejorable, pueda ser aggiornada, pero la norma existe. Muchas prácticas abusivas que hoy vemos en muchos procesos de concentración con la ley actual se podrían estar previniendo.
Es bueno que avancemos, es bueno que aggiornemos la ley, pero no pensemos que solamente con esto alcanza. Hace falta realmente tener un proceso de control y auditoría de lo que es la concentración de los abusos con un compromiso político muy fuerte, tanto de la autoridad como del Congreso, como decía anteriormente.
Creo que este proyecto de ley trae algunas mejoras a lo que son los grandes procesos de concentración, pero me parece que deja de lado un tema que para nosotros es fundamental que tiene que ver con el fomento de la competencia en los minoristas o lo que comúnmente se llama "ley de góndolas". ¿Por qué digo esto? Porque es ahí donde se producen muchos de los abusos que termina pagando el consumidor o el usuario en los precios, cuando va al supermercado.
Esto no es solamente por algún proceso de abuso de posición que haga el supermercado; también tiene que ver con la imposición que hacen algunas empresas a los supermercados, que redundan en mayor precio, menor calidad del producto y menor competencia de los productos. Entonces, si realmente vamos a avanzar en la decisión de controlar la competencia y evitar los abusos, tenemos que animarnos a avanzar en lo que es la parte minorista, la llamada "ley de góndolas".
Nosotros vamos a presentar un dictamen propio, porque consideramos que si bien este proyecto de ley tiene algunas cosas que avanzan -con las modificaciones que vamos a proponer también en nuestro dictamen-, se queda trunco en lo que es la llamada "ley de góndolas".
En nuestro dictamen, vamos a estar incorporando la "ley de góndolas", que básicamente lo que hace es controlar y restringir las prácticas abusivas, las barreras de entrada, que muchas veces tienen las pequeñas y medianas empresas en los grandes centros de distribución y venta; las prácticas con las que muchas veces terminan fijando a las pymes las condiciones en las que tiene que vender un producto, terminan cambiando el precio y algunas promociones de acuerdos que tienen con empresas más grandes; esto también debemos regularlo.
Tenemos que asegurarnos de que en las góndolas haya diversidad de productos, que después sea el usuario el que elija por precio, por calidad, que tenga la posibilidad de elegir, y eso para nosotros es absolutamente central. De esa forma, realmente vamos a poder empezar a ver cómo hacemos para romper la cartelización de precios que muchas veces hay, cuando hablamos de las cadenas de valor, de cómo hay un abuso en la fijación de muchos precios.
Esto es algo que cuando vamos a los precios lo escuchamos permanentemente, lo decimos. La "ley de góndolas" justamente apunta a reducir estos abusos en la fijación de precios.
Entonces, señora presidenta, vamos a presentar un dictamen propio y aprovecho para invitar a los legisladores que nos quieran acompañar en esta presentación.
Hace tiempo que hay distintos proyectos e iniciativas en el Congreso. Es más, la unificación de los proyectos de la señora diputada Carrió y el señor diputado Negri, tiene en cuenta una iniciativa del ahora diputado electo Lousteau, que tenía muchas cosas parecidas, y calculo que el señor diputado Sánchez también lo habrá firmado. Ese proyecto, a su vez, viene de otro anterior que tenía cosas iguales. Por eso, creo que avanzar sobre estas normas es una deuda que teníamos pendiente.
Creo que no hay que confundirse en pretender que el aumento de penas o el aumento de sanciones -lo cual es importante- sea el objetivo final que tiene que tener esta ley. El objetivo debe ser cómo prevenir este tipo de abusos, cómo hacemos para intervenir antes de que se cometa algún delito, algún proceso de concentración o abuso de posición dominante, cómo lo evitamos, porque, de lo contrario, el daño ya está hecho.
Entonces, hay que tener cuidado de que el objetivo no tenga que ser solamente el aumento de las penas y que las penas sean lo que va a disuadir que se vayan a cometer delitos, porque eso no va a funcionar. En la Argentina ya hemos tenido -algo dijo el diputado Sánchez- tribunales que después, por falta de voluntad política, no terminaron funcionando, no terminaron constituyéndose.
Yo creo que primero debemos tener, desde ya, la autoridad de aplicación sobre la cual recaiga este tema, pero después nosotros, como cuerpo legislativo, debemos tener un control para que realmente las normas que sancionemos se cumplan porque, de lo contrario, terminamos en una ley que queda muy linda en los papeles, pero en la práctica la autoridad de aplicación de turno no la termina implementando.
Hoy tenemos una ley de defensa de la competencia -por eso estamos discutiendo este tema- que posiblemente sea perfeccionable, mejorable, pueda ser aggiornada, pero la norma existe. Muchas prácticas abusivas que hoy vemos en muchos procesos de concentración con la ley actual se podrían estar previniendo.
Es bueno que avancemos, es bueno que aggiornemos la ley, pero no pensemos que solamente con esto alcanza. Hace falta realmente tener un proceso de control y auditoría de lo que es la concentración de los abusos con un compromiso político muy fuerte, tanto de la autoridad como del Congreso, como decía anteriormente.
Creo que este proyecto de ley trae algunas mejoras a lo que son los grandes procesos de concentración, pero me parece que deja de lado un tema que para nosotros es fundamental que tiene que ver con el fomento de la competencia en los minoristas o lo que comúnmente se llama "ley de góndolas". ¿Por qué digo esto? Porque es ahí donde se producen muchos de los abusos que termina pagando el consumidor o el usuario en los precios, cuando va al supermercado.
Esto no es solamente por algún proceso de abuso de posición que haga el supermercado; también tiene que ver con la imposición que hacen algunas empresas a los supermercados, que redundan en mayor precio, menor calidad del producto y menor competencia de los productos. Entonces, si realmente vamos a avanzar en la decisión de controlar la competencia y evitar los abusos, tenemos que animarnos a avanzar en lo que es la parte minorista, la llamada "ley de góndolas".
Nosotros vamos a presentar un dictamen propio, porque consideramos que si bien este proyecto de ley tiene algunas cosas que avanzan -con las modificaciones que vamos a proponer también en nuestro dictamen-, se queda trunco en lo que es la llamada "ley de góndolas".
En nuestro dictamen, vamos a estar incorporando la "ley de góndolas", que básicamente lo que hace es controlar y restringir las prácticas abusivas, las barreras de entrada, que muchas veces tienen las pequeñas y medianas empresas en los grandes centros de distribución y venta; las prácticas con las que muchas veces terminan fijando a las pymes las condiciones en las que tiene que vender un producto, terminan cambiando el precio y algunas promociones de acuerdos que tienen con empresas más grandes; esto también debemos regularlo.
Tenemos que asegurarnos de que en las góndolas haya diversidad de productos, que después sea el usuario el que elija por precio, por calidad, que tenga la posibilidad de elegir, y eso para nosotros es absolutamente central. De esa forma, realmente vamos a poder empezar a ver cómo hacemos para romper la cartelización de precios que muchas veces hay, cuando hablamos de las cadenas de valor, de cómo hay un abuso en la fijación de muchos precios.
Esto es algo que cuando vamos a los precios lo escuchamos permanentemente, lo decimos. La "ley de góndolas" justamente apunta a reducir estos abusos en la fijación de precios.
Entonces, señora presidenta, vamos a presentar un dictamen propio y aprovecho para invitar a los legisladores que nos quieran acompañar en esta presentación.
SRA. PRESIDENTA SCHHWINDT Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señora presidenta: hubo muchas discusiones en el Congreso respecto de la ley de defensa de la competencia. De hecho, los primeros proyectos se presentaron a principios de la década del 90 -más concretamente en el año 1994- y finalmente en 1999 se sancionó una primera ley que tuvo modificaciones en el año 2014.
El señor diputado Sánchez decía que era una ley que no servía. Considero que son afirmaciones demasiado fuertes, pero no quiero entrar en cuestiones semánticas. Se trató de una ley que permitió que funcione en la Argentina un mecanismo de protección claramente insuficiente para la competencia. Se puede promocionar la competencia o que los mercados efectivamente funcionen con mejores condiciones para todos. Es cierto lo que afirmaba el señor diputado Lavagna. Las pymes están siempre sujetas a las condiciones de las grandes estructuras económicas. Los supermercados siempre ponen las condiciones y no en algunos casos. Evidentemente, son aspectos sobre los que debemos trabajar en esta o en otra ley que permita un cambio estructural en la Argentina.
Por eso, la apreciación acerca de que las cosas no servían es algo muy fuerte. Esta ley viene a mejorar y, en un contexto absolutamente distinto y con el paso de los años, intenta profundizar los mecanismos en materia de defensa de la competencia.
Consideramos que el diseño está bien y es de avanzada. Rescata jurisprudencia y normativa de otros países. También creemos en lo relativo a la clemencia; es una figura interesante. Hay antecedentes de organismos como la OCDE en materia de defensa de la competencia.
Sostenemos que puede ser interesante discutir, de aquí en adelante, cuál es el mecanismo institucional que tiene el Estado para resolver conflictos que no se asemejan a una real competencia o que generan abusos en la prestación de algún tipo de servicios. Hay algunos que son de público conocimiento, otros los maneja el tribunal y hay algunos que naturalmente irán surgiendo en función de que haya cambios en las fusiones, adquisiciones o entrada de nuevos jugadores a distintos mercados.
Nosotros pusimos el énfasis en tres o cuatro puntos. El primero de ellos tiene que ver con el artículo 7° que, según tengo entendido, fue incorporado en el dictamen. Propusimos agregar un inciso sobre la base de la experiencia de un conflicto que hubo en el año 2007. En ese año, la empresa Telefónica de España adquiere acciones de la empresa Telecom Italia. Cabe mencionar que Telecom Italia era la titular de una empresa llamada Sofora que es la controlante de Telecom Argentina. Entonces, Telefónica de España era, en definitiva, la controlante de Telecom Italia y Telecom Argentina, y su competencia en la Argentina era, justamente, Telefónica. Entendíamos que era algo que debía ser denunciado en los ámbitos de competencia. Producto de que se excusaron, debido a que la ley no tenía elementos para denunciar la situación, funcionaron dos años sin denunciar dicha operación y finalmente lo hicieron en el año 2009. El tribunal de defensa de la competencia aplicó multas por más de doscientos millones de pesos. Entiendo que esas multas quedaron prescriptas por la justicia en el año 2016, con lo cual creo que, como Congreso, debemos poner el ojo en el accionar de la justicia en este tipo de cuestiones, cuando hay fallos tan contundentes por parte de un organismo administrativo, pero que tiene competencia en estos temas.
Por ello, sugerimos en el artículo 7° la incorporación de un inciso que -según lo que confirmó el señor diputado Sánchez, ya está incluido- que indica que cualquiera de los actos del inciso c) del presente que implique la adquisición de influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa sea incorporado de manera tal que este tipo de casos puedan ser tratados en el ámbito del tribunal.
El otro punto que me parece central y se toma de la experiencia internacional, tiene que ver con que no sean considerados como un apéndice gubernamental aquellos que conduzcan el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.
Creemos que esto no se resuelve solamente a través de un concurso para seleccionar de manera transparente e idónea a quienes formen parte del tribunal, sino con la intervención del Congreso de la Nación. Nosotros creemos que tiene que ser el Senado de la Nación quien dé acuerdo para la formación del tribunal, de manera tal que no sean un apéndice gubernamental sino funcionarios que pasen un jurado, con un proceso con una reglamentación clara para ver quién se postula y cuáles son los mecanismos para elegir quiénes van a integrarlo, con el acuerdo -insisto- del Congreso de la Nación. Esto le dará potencia y un nivel de independencia mucho más fuerte, más allá de que entiendo que son cuestiones que se fueron incorporando.
Seguramente, mis compañeros también trabajarán algunos temas que tienen que ver con la cuestión de los juicios, la elevación o la alzada, también para incorporar algún criterio más federal.
Creemos que la ley es buena y que es un avance. También hay que tomar en cuenta la experiencia de todos estos años en materia de multa, aun cuando pudo haber sido insuficiente. Muchas veces los propios diseños institucionales del Congreso de la Nación no permiten a las autoridades o a los funcionarios actuar con todas las competencias. Ahora se están ampliando las competencias y creemos que el diseño es bueno.
En algún momento dijimos que no era necesario crear las estructuras del proyecto original, como por ejemplo ciertas subsecretarías. Creemos que el Congreso de la Nación no tiene que crear una subsecretaría, porque es una facultad del Poder Ejecutivo. Además, me parece que hay que ser coherente con los mensajes presidenciales: si el presidente de la Nación pide austeridad, me parece que no es oportuno en este momento crear estructuras que quizás no tengan ese espíritu del presidente y de los legisladores.
En este sentido, como bloque estamos dispuestos a seguir las consideraciones que de alguna manera se marcaron, y mis compañeros propondrán otras. Estamos dispuestos a evaluar este proyecto, a ponerlo en consideración en este pleno de comisiones, a firmarlo y a dar la discusión en el recinto respecto de los temas que creemos necesarios para que haya más protección al usuario y, fundamentalmente, para que las condiciones de competencias sean buenas en todos los mercados.
El señor diputado Sánchez decía que era una ley que no servía. Considero que son afirmaciones demasiado fuertes, pero no quiero entrar en cuestiones semánticas. Se trató de una ley que permitió que funcione en la Argentina un mecanismo de protección claramente insuficiente para la competencia. Se puede promocionar la competencia o que los mercados efectivamente funcionen con mejores condiciones para todos. Es cierto lo que afirmaba el señor diputado Lavagna. Las pymes están siempre sujetas a las condiciones de las grandes estructuras económicas. Los supermercados siempre ponen las condiciones y no en algunos casos. Evidentemente, son aspectos sobre los que debemos trabajar en esta o en otra ley que permita un cambio estructural en la Argentina.
Por eso, la apreciación acerca de que las cosas no servían es algo muy fuerte. Esta ley viene a mejorar y, en un contexto absolutamente distinto y con el paso de los años, intenta profundizar los mecanismos en materia de defensa de la competencia.
Consideramos que el diseño está bien y es de avanzada. Rescata jurisprudencia y normativa de otros países. También creemos en lo relativo a la clemencia; es una figura interesante. Hay antecedentes de organismos como la OCDE en materia de defensa de la competencia.
Sostenemos que puede ser interesante discutir, de aquí en adelante, cuál es el mecanismo institucional que tiene el Estado para resolver conflictos que no se asemejan a una real competencia o que generan abusos en la prestación de algún tipo de servicios. Hay algunos que son de público conocimiento, otros los maneja el tribunal y hay algunos que naturalmente irán surgiendo en función de que haya cambios en las fusiones, adquisiciones o entrada de nuevos jugadores a distintos mercados.
Nosotros pusimos el énfasis en tres o cuatro puntos. El primero de ellos tiene que ver con el artículo 7° que, según tengo entendido, fue incorporado en el dictamen. Propusimos agregar un inciso sobre la base de la experiencia de un conflicto que hubo en el año 2007. En ese año, la empresa Telefónica de España adquiere acciones de la empresa Telecom Italia. Cabe mencionar que Telecom Italia era la titular de una empresa llamada Sofora que es la controlante de Telecom Argentina. Entonces, Telefónica de España era, en definitiva, la controlante de Telecom Italia y Telecom Argentina, y su competencia en la Argentina era, justamente, Telefónica. Entendíamos que era algo que debía ser denunciado en los ámbitos de competencia. Producto de que se excusaron, debido a que la ley no tenía elementos para denunciar la situación, funcionaron dos años sin denunciar dicha operación y finalmente lo hicieron en el año 2009. El tribunal de defensa de la competencia aplicó multas por más de doscientos millones de pesos. Entiendo que esas multas quedaron prescriptas por la justicia en el año 2016, con lo cual creo que, como Congreso, debemos poner el ojo en el accionar de la justicia en este tipo de cuestiones, cuando hay fallos tan contundentes por parte de un organismo administrativo, pero que tiene competencia en estos temas.
Por ello, sugerimos en el artículo 7° la incorporación de un inciso que -según lo que confirmó el señor diputado Sánchez, ya está incluido- que indica que cualquiera de los actos del inciso c) del presente que implique la adquisición de influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa sea incorporado de manera tal que este tipo de casos puedan ser tratados en el ámbito del tribunal.
El otro punto que me parece central y se toma de la experiencia internacional, tiene que ver con que no sean considerados como un apéndice gubernamental aquellos que conduzcan el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.
Creemos que esto no se resuelve solamente a través de un concurso para seleccionar de manera transparente e idónea a quienes formen parte del tribunal, sino con la intervención del Congreso de la Nación. Nosotros creemos que tiene que ser el Senado de la Nación quien dé acuerdo para la formación del tribunal, de manera tal que no sean un apéndice gubernamental sino funcionarios que pasen un jurado, con un proceso con una reglamentación clara para ver quién se postula y cuáles son los mecanismos para elegir quiénes van a integrarlo, con el acuerdo -insisto- del Congreso de la Nación. Esto le dará potencia y un nivel de independencia mucho más fuerte, más allá de que entiendo que son cuestiones que se fueron incorporando.
Seguramente, mis compañeros también trabajarán algunos temas que tienen que ver con la cuestión de los juicios, la elevación o la alzada, también para incorporar algún criterio más federal.
Creemos que la ley es buena y que es un avance. También hay que tomar en cuenta la experiencia de todos estos años en materia de multa, aun cuando pudo haber sido insuficiente. Muchas veces los propios diseños institucionales del Congreso de la Nación no permiten a las autoridades o a los funcionarios actuar con todas las competencias. Ahora se están ampliando las competencias y creemos que el diseño es bueno.
En algún momento dijimos que no era necesario crear las estructuras del proyecto original, como por ejemplo ciertas subsecretarías. Creemos que el Congreso de la Nación no tiene que crear una subsecretaría, porque es una facultad del Poder Ejecutivo. Además, me parece que hay que ser coherente con los mensajes presidenciales: si el presidente de la Nación pide austeridad, me parece que no es oportuno en este momento crear estructuras que quizás no tengan ese espíritu del presidente y de los legisladores.
En este sentido, como bloque estamos dispuestos a seguir las consideraciones que de alguna manera se marcaron, y mis compañeros propondrán otras. Estamos dispuestos a evaluar este proyecto, a ponerlo en consideración en este pleno de comisiones, a firmarlo y a dar la discusión en el recinto respecto de los temas que creemos necesarios para que haya más protección al usuario y, fundamentalmente, para que las condiciones de competencias sean buenas en todos los mercados.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tiene la palabra el señor diputado López.
SR. LÓPEZ Señora presidenta: por lo menos en esta comisión nos hicieron reír un poco los diputados de Cambiemos cuando dijeron que había que combatir a los monopolios. Creo que hay una enorme hipocresía en este proyecto de ley, porque si hay algo que ha hecho este gobierno es beneficiar a los monopolios. Si no, cómo se entiende el decreto presidencial 1.340 del año pasado, que habilitó la fusión de Cablevisión con la empresa Telecom, un avance en la concentración de las comunicaciones en este país. Desde hace mucho tiempo este sector viene concentrándose; no olvidemos la fusión de Cablevisión con Multicanal, en su momento, y tantos otros ejemplos que podríamos dar de monopolios para los cuales se gobierna en este país.
Se habló acá de la cartelización de la obra pública, cuando las empresas IECSA y Odebrecht armaban asociaciones para quedarse con la obra pública y cartelizar.
A su vez, tenemos un presidente que ha modificado por decreto la ley de extranjerización de la tierra, una norma que -como esta- llegó cuando ya la tierra estaba concentrada y los grupos extranjeros ya habían comprado una parte importante o se hicieron de ella mediante mecanismos diversos.
Además, para esos monopolios este gobierno está preparando una reforma antilaboral que va a significar un atraso brutal para el conjunto de los trabajadores, flexibilizar el trabajo, aumentar la jornada laboral y reducir las indemnizaciones por despidos.
¿Eso para quién es? Para los monopolios, que acá se dicen combatir, cosa que no es cierta, de ninguna manera; de lo contrario, ¿cómo se entiende que en el rubro energía haya un gran monopolio, no sólo de las empresas petroleras sino también de las que proveen o distribuyen la energía eléctrica prácticamente en todo el país? Estos rubros están concentrados en una sola empresa o en empresas que son testaferros del grupo empresario Mindlin. Además, este grupo compró Petrobras con los subsidios que le daba el Estado y se sigue concentrando. Este gobierno y el anterior no hicieron nada frente a esta situación.
También podemos preguntarnos quién es el ministro de Energía de este país; no es el director de una pyme. Este es un gobierno que ha puesto a los CEO de los monopolios como ministros. ¿De qué lucha contra los monopolios estamos hablando? Esto es una gran hipocresía; lo denunciamos políticamente, y hay que explicárselo al pueblo para que no se engañe, creyendo que se está defendiendo algún interés popular con este tipo de leyes, que ya ha fracasado aquí y en todo el mundo.
También queremos advertir que probablemente esta norma sea utilizada a favor de monopolios que van a disputar el mercado a otros monopolios que hoy están en la Argentina. Si hay alguna finalidad de esta ley, para nosotros no cabe duda de que es esa: defender a algún grupo económico para permitirle la entrada en el mercado, que hoy probablemente esté monopolizado por otro grupo.
A los trabajadores de la Argentina esto no va a beneficiarlos absolutamente en nada. Por eso, denunciamos esta hipocresía y adelanto que presentaremos un dictamen de minoría.
Se habló acá de la cartelización de la obra pública, cuando las empresas IECSA y Odebrecht armaban asociaciones para quedarse con la obra pública y cartelizar.
A su vez, tenemos un presidente que ha modificado por decreto la ley de extranjerización de la tierra, una norma que -como esta- llegó cuando ya la tierra estaba concentrada y los grupos extranjeros ya habían comprado una parte importante o se hicieron de ella mediante mecanismos diversos.
Además, para esos monopolios este gobierno está preparando una reforma antilaboral que va a significar un atraso brutal para el conjunto de los trabajadores, flexibilizar el trabajo, aumentar la jornada laboral y reducir las indemnizaciones por despidos.
¿Eso para quién es? Para los monopolios, que acá se dicen combatir, cosa que no es cierta, de ninguna manera; de lo contrario, ¿cómo se entiende que en el rubro energía haya un gran monopolio, no sólo de las empresas petroleras sino también de las que proveen o distribuyen la energía eléctrica prácticamente en todo el país? Estos rubros están concentrados en una sola empresa o en empresas que son testaferros del grupo empresario Mindlin. Además, este grupo compró Petrobras con los subsidios que le daba el Estado y se sigue concentrando. Este gobierno y el anterior no hicieron nada frente a esta situación.
También podemos preguntarnos quién es el ministro de Energía de este país; no es el director de una pyme. Este es un gobierno que ha puesto a los CEO de los monopolios como ministros. ¿De qué lucha contra los monopolios estamos hablando? Esto es una gran hipocresía; lo denunciamos políticamente, y hay que explicárselo al pueblo para que no se engañe, creyendo que se está defendiendo algún interés popular con este tipo de leyes, que ya ha fracasado aquí y en todo el mundo.
También queremos advertir que probablemente esta norma sea utilizada a favor de monopolios que van a disputar el mercado a otros monopolios que hoy están en la Argentina. Si hay alguna finalidad de esta ley, para nosotros no cabe duda de que es esa: defender a algún grupo económico para permitirle la entrada en el mercado, que hoy probablemente esté monopolizado por otro grupo.
A los trabajadores de la Argentina esto no va a beneficiarlos absolutamente en nada. Por eso, denunciamos esta hipocresía y adelanto que presentaremos un dictamen de minoría.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tiene la palabra el señor diputado Kosiner.
SR. KOSINER Señora presidenta: brevemente deseo ampliar un poco los fundamentos que expuso el señor diputado Bossio en representación de nuestro bloque.
Entendemos que el Congreso no debe estar al margen del proceso de designación de los integrantes que funcionan en el sistema de defensa de la competencia, tanto respeto de los integrantes del tribunal, donde el procedimiento se fija desde el artículo 10 en adelante, así como también de los secretarios de instrucción, conductas anticompetitivas y el secretario de concentración económica.
En realidad, lo que plantea el proyecto -que celebramos que haya logrado un grado de avance muy importante en su consenso-, es recoger no sólo antecedentes legislativos de distintos lugares del mundo y tendencias, sino también recomendaciones de distintas organizaciones. En este sentido, hay dos líneas claras. Están aquellos países que han recogido las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y también de la Confederación de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. En esta línea, se recomienda que las autoridades de competencia deban tener un grado importante de independencia sin afectar el proceso; en este grado de independencia está el modo de designación, la estabilidad de los mandatos, la autarquía presupuestaria, el modo de remoción y el proceso de rendición de cuentas.
En la línea de la designación con participación de los parlamentos, no solamente en manos del Poder Ejecutivo, están las legislaciones de países como Estados Unidos, España, Reino Unido, Canadá, el comisionado de competencia de la Unión Europea y, en nuestro continente, está nuestro principal socio económico, que es Brasil.
En la otra línea de participación política, o sea, las autoridades de las áreas de competencia solamente dependen de la voluntad del Poder Ejecutivo, está el modelo chileno que se origina por un decreto ley del entonces presidente de facto, General Pinochet; la legislación de Ecuador, la de Colombia, y la de Panamá, donde claramente no hay intervención del Parlamento.
Lo que nosotros planteamos es que, si bien es un avance que este proyecto que se pone a consideración haya incorporado nuestra sugerencia de la participación del Congreso -puntualmente del Senado, en el acuerdo de los integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la competencia-, nos parece que deberíamos dar el paso definitivo y no quedar a mitad de camino a fin de que los integrantes de las dos secretarías también tengan el mismo tipo de procedimiento de designación, mandato y remoción. No estamos hablando -en el caso de los artículos 30 y 31- de secretarios de naturaleza política; estamos hablando de secretarios que claramente cumplen funciones en la formación del proceso de investigación y de acusación de las conductas, acusaciones que se hacen luego ante un tribunal, con lo cual es asimilable a la función de los fiscales.
Por ello, nuestra propuesta -desde ya destacando la apertura de haber incorporado nuestras sugerencias en materia del Tribunal Nacional de defensa de la competencia- es que también se incorpore en los artículos 30 y 31 que estos funcionarios, en el caso de las dos secretarías, tengan el mismo proceso de selección, mandato y remoción que los integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Se trata de incorporar al final de esos dos artículos estos agregados.
Creo que allí no nos quedaríamos a mitad de camino y nos incorporaríamos dentro de aquellas legislaciones más avanzadas, donde todo el proceso de defensa de la competencia manifiesta no solamente un grado de autarquía presupuestaria sino avanzaría en la autonomía del proceso de designación.
Respecto de la sala que se crea, sería un avance muy importante en materia de federalismo, que no tenga domicilio en la Ciudad de Buenos Aires; creo que podríamos plantear que fuera en alguna provincia o ciudad del interior del país.
Entendemos que el Congreso no debe estar al margen del proceso de designación de los integrantes que funcionan en el sistema de defensa de la competencia, tanto respeto de los integrantes del tribunal, donde el procedimiento se fija desde el artículo 10 en adelante, así como también de los secretarios de instrucción, conductas anticompetitivas y el secretario de concentración económica.
En realidad, lo que plantea el proyecto -que celebramos que haya logrado un grado de avance muy importante en su consenso-, es recoger no sólo antecedentes legislativos de distintos lugares del mundo y tendencias, sino también recomendaciones de distintas organizaciones. En este sentido, hay dos líneas claras. Están aquellos países que han recogido las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y también de la Confederación de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. En esta línea, se recomienda que las autoridades de competencia deban tener un grado importante de independencia sin afectar el proceso; en este grado de independencia está el modo de designación, la estabilidad de los mandatos, la autarquía presupuestaria, el modo de remoción y el proceso de rendición de cuentas.
En la línea de la designación con participación de los parlamentos, no solamente en manos del Poder Ejecutivo, están las legislaciones de países como Estados Unidos, España, Reino Unido, Canadá, el comisionado de competencia de la Unión Europea y, en nuestro continente, está nuestro principal socio económico, que es Brasil.
En la otra línea de participación política, o sea, las autoridades de las áreas de competencia solamente dependen de la voluntad del Poder Ejecutivo, está el modelo chileno que se origina por un decreto ley del entonces presidente de facto, General Pinochet; la legislación de Ecuador, la de Colombia, y la de Panamá, donde claramente no hay intervención del Parlamento.
Lo que nosotros planteamos es que, si bien es un avance que este proyecto que se pone a consideración haya incorporado nuestra sugerencia de la participación del Congreso -puntualmente del Senado, en el acuerdo de los integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la competencia-, nos parece que deberíamos dar el paso definitivo y no quedar a mitad de camino a fin de que los integrantes de las dos secretarías también tengan el mismo tipo de procedimiento de designación, mandato y remoción. No estamos hablando -en el caso de los artículos 30 y 31- de secretarios de naturaleza política; estamos hablando de secretarios que claramente cumplen funciones en la formación del proceso de investigación y de acusación de las conductas, acusaciones que se hacen luego ante un tribunal, con lo cual es asimilable a la función de los fiscales.
Por ello, nuestra propuesta -desde ya destacando la apertura de haber incorporado nuestras sugerencias en materia del Tribunal Nacional de defensa de la competencia- es que también se incorpore en los artículos 30 y 31 que estos funcionarios, en el caso de las dos secretarías, tengan el mismo proceso de selección, mandato y remoción que los integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Se trata de incorporar al final de esos dos artículos estos agregados.
Creo que allí no nos quedaríamos a mitad de camino y nos incorporaríamos dentro de aquellas legislaciones más avanzadas, donde todo el proceso de defensa de la competencia manifiesta no solamente un grado de autarquía presupuestaria sino avanzaría en la autonomía del proceso de designación.
Respecto de la sala que se crea, sería un avance muy importante en materia de federalismo, que no tenga domicilio en la Ciudad de Buenos Aires; creo que podríamos plantear que fuera en alguna provincia o ciudad del interior del país.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS Señora presidenta: he leído con detenimiento el proyecto y lo he conversado con mis asesores.
Es un instrumento absolutamente burocrático; crea cargos nuevos, genera mayor burocracia en función de resolver situaciones en las que podemos admitir que estamos de acuerdo.
En realidad, es un proyecto de ley totalmente denso, crea mayores cargos, hay disputa en algunos artículos sobre los cargos y el perfil de quienes van a asumir dichos cargos.
Uno puede coincidir con el espíritu de la norma, pero creo que es una ley que más bien enreda, no aclara. Inclusive tiene doble estándar. Se dice defender la posibilidad de la competencia y defender a los ciudadanos en contra de los monopolios. En verdad, es totalmente doble estándar, y a las pruebas me remito. Usted sabe que tengo aquí algo que dijo el diputado López recién de lo que ha pasado en Córdoba, donde el 95 por ciento de lo que es la comunicación, el cableado, se deja en manos de un solo operador con la fusión de Cablevisión y Telecom. ¿Generará competencia esto?
Y hay algo más grave, y por eso hablo de "doble estándar". Acá está el insólito argumento de que un ex funcionario, que fue ministro de Comunicaciones -Oscar Aguad-, dice que la aparición de estos monopolios que concentran el 95 por ciento, es una buena noticia. La verdad que represento a muchísimos ciudadanos a los que parecería que el gobierno de Cambiemos les está tomando el pelo.
Por un lado, discuten esta ley con énfasis y con diversos argumentos. Lo escuchaba recién al señor miembro informante expresar cuestiones muy lindas, usar frases hasta rebuscadas pero que, en realidad, nada tienen que ver con lo que hace este gobierno en los hechos.
Aclaro, señora presidenta, que esto es del mes de agosto de 2017, no es del año 2007 o más atrás. Tiene, pues, absoluta vigencia y fue defendida por un ministro de este gobierno.
A los efectos de lograr una transparencia en la Argentina tenemos que tratar de no tener dobles estándares. Es decir, hablar en el Congreso de una determinada forma
-que parece muy linda- pero en la práctica el Ejecutivo hace absolutamente otra cosa.
Señora presidenta: nosotros vamos a presentar un dictamen en minoría respecto de este tema.
Aquí se ha dicho que la inflación no se detiene y hay una estafa concreta de cinco supermercados en la República Argentina que fijan los precios del consumidor final que es, en definitiva, nuestro pueblo, o sea, el vecino de a pie, que va al supermercado a protestar, y muchas veces no solamente se siente indefenso sino que se le ríen en la cara, porque los empleados están preparados para eso, más allá de que estos últimos son sometidos, más de una vez, a ciertas presiones con el riesgo de ser despedidos.
Sinceramente, respeto la propiedad intelectual, el sentido y la finalidad de este proyecto. Hay cosas que podemos compartir, pero ¿sabe lo que no comparto, señora presidenta? Que existan dobles estándares. Se habla de la letra fría de un proyecto -lo que se dice en el Congreso-, pero luego el Ejecutivo hace permanentemente otra cosa, como ya lo ha demostrado el ministro Aguad quien afirmó que el 95 por ciento de los monopolios de dos empresas en Córdoba es una buena noticia.
La verdad es que se les va a caer la careta. Uno puede embromar permanentemente con los dobles estándares, pero un día se les va a caer la careta. Fundamentalmente, debemos eliminar la burocracia. Esta es una ley absolutamente burocrática que nada tiene que ver con lo que le pasa al pueblo permanentemente, especialmente ante la indefensión de los consumidores finales.
En síntesis, digo "no" a los dobles estándares; "no" al buen mensaje del Congreso y al Ejecutivo que hace absolutamente lo contrario.
Es un instrumento absolutamente burocrático; crea cargos nuevos, genera mayor burocracia en función de resolver situaciones en las que podemos admitir que estamos de acuerdo.
En realidad, es un proyecto de ley totalmente denso, crea mayores cargos, hay disputa en algunos artículos sobre los cargos y el perfil de quienes van a asumir dichos cargos.
Uno puede coincidir con el espíritu de la norma, pero creo que es una ley que más bien enreda, no aclara. Inclusive tiene doble estándar. Se dice defender la posibilidad de la competencia y defender a los ciudadanos en contra de los monopolios. En verdad, es totalmente doble estándar, y a las pruebas me remito. Usted sabe que tengo aquí algo que dijo el diputado López recién de lo que ha pasado en Córdoba, donde el 95 por ciento de lo que es la comunicación, el cableado, se deja en manos de un solo operador con la fusión de Cablevisión y Telecom. ¿Generará competencia esto?
Y hay algo más grave, y por eso hablo de "doble estándar". Acá está el insólito argumento de que un ex funcionario, que fue ministro de Comunicaciones -Oscar Aguad-, dice que la aparición de estos monopolios que concentran el 95 por ciento, es una buena noticia. La verdad que represento a muchísimos ciudadanos a los que parecería que el gobierno de Cambiemos les está tomando el pelo.
Por un lado, discuten esta ley con énfasis y con diversos argumentos. Lo escuchaba recién al señor miembro informante expresar cuestiones muy lindas, usar frases hasta rebuscadas pero que, en realidad, nada tienen que ver con lo que hace este gobierno en los hechos.
Aclaro, señora presidenta, que esto es del mes de agosto de 2017, no es del año 2007 o más atrás. Tiene, pues, absoluta vigencia y fue defendida por un ministro de este gobierno.
A los efectos de lograr una transparencia en la Argentina tenemos que tratar de no tener dobles estándares. Es decir, hablar en el Congreso de una determinada forma
-que parece muy linda- pero en la práctica el Ejecutivo hace absolutamente otra cosa.
Señora presidenta: nosotros vamos a presentar un dictamen en minoría respecto de este tema.
Aquí se ha dicho que la inflación no se detiene y hay una estafa concreta de cinco supermercados en la República Argentina que fijan los precios del consumidor final que es, en definitiva, nuestro pueblo, o sea, el vecino de a pie, que va al supermercado a protestar, y muchas veces no solamente se siente indefenso sino que se le ríen en la cara, porque los empleados están preparados para eso, más allá de que estos últimos son sometidos, más de una vez, a ciertas presiones con el riesgo de ser despedidos.
Sinceramente, respeto la propiedad intelectual, el sentido y la finalidad de este proyecto. Hay cosas que podemos compartir, pero ¿sabe lo que no comparto, señora presidenta? Que existan dobles estándares. Se habla de la letra fría de un proyecto -lo que se dice en el Congreso-, pero luego el Ejecutivo hace permanentemente otra cosa, como ya lo ha demostrado el ministro Aguad quien afirmó que el 95 por ciento de los monopolios de dos empresas en Córdoba es una buena noticia.
La verdad es que se les va a caer la careta. Uno puede embromar permanentemente con los dobles estándares, pero un día se les va a caer la careta. Fundamentalmente, debemos eliminar la burocracia. Esta es una ley absolutamente burocrática que nada tiene que ver con lo que le pasa al pueblo permanentemente, especialmente ante la indefensión de los consumidores finales.
En síntesis, digo "no" a los dobles estándares; "no" al buen mensaje del Congreso y al Ejecutivo que hace absolutamente lo contrario.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tiene la palabra el señor diputado Cabandié.
SR. CABANDIÉ Señora presidenta: como anticipaba el señor diputado Solanas nuestro bloque va a presentar un dictamen en disidencia, no solamente por el tema del doble estándar -que él tan bien mencionó- sino porque algunos fragmentos de la iniciativa, en su articulado, distan bastante de ser coherentes.
Entiendo que estamos ante el momento de moda de los arrepentidos. Aquí se ha hablado de la figura de la clemencia. Pensar que una empresa que conformó un monopolio se arrepienta y sea el Ejecutivo quien indique con su pulgar, hacia arriba o hacia abajo, si está o no arrepentida, en principio, es disparatado. Es como pensar que en algún momento el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, designado por las distintas áreas que corresponden al lugar que ocupa hoy el gobierno -Senado, Diputados o los propios concursos- en el día de mañana diga a SIDECO que está cometiendo alguna actitud monopólica. Me parece algo raro.
Más allá de esto, ante esta ley, todos los diputados que estamos acá, pero, sobre todo, los oficialistas, que representan a su gobierno, asumimos un compromiso. Seguramente, todos estemos en contra de las actitudes monopólicas, porque es uno de los problemas endémicos que tiene nuestra economía. El hecho de votar una ley implica un compromiso del Ejecutivo. Entonces, vamos a velar fuertemente para que dichos compromisos -al votar una ley, sancionarla y reglamentarla- puedan ser asumidos por el gobierno para actuar en contra de los monopolios. Incluso, me refiero a los monopolios mediáticos que son parte de ciertos aspectos de nuestra economía.
En cuanto a las designaciones de los artículos 20 a 23, nos parece que ellas deberían tener mayor grado de equidad y democracia en relación con el concurso del tribunal. Esos aspectos y algunos otros vamos a detallarlos en su momento, pero simplemente queremos mencionar nuestra posición y pedimos que algunos de los aspectos que, en principio, son disparatados puedan tenerse en cuenta en el recinto a la hora de la consideración de este proyecto de ley.
Entiendo que estamos ante el momento de moda de los arrepentidos. Aquí se ha hablado de la figura de la clemencia. Pensar que una empresa que conformó un monopolio se arrepienta y sea el Ejecutivo quien indique con su pulgar, hacia arriba o hacia abajo, si está o no arrepentida, en principio, es disparatado. Es como pensar que en algún momento el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, designado por las distintas áreas que corresponden al lugar que ocupa hoy el gobierno -Senado, Diputados o los propios concursos- en el día de mañana diga a SIDECO que está cometiendo alguna actitud monopólica. Me parece algo raro.
Más allá de esto, ante esta ley, todos los diputados que estamos acá, pero, sobre todo, los oficialistas, que representan a su gobierno, asumimos un compromiso. Seguramente, todos estemos en contra de las actitudes monopólicas, porque es uno de los problemas endémicos que tiene nuestra economía. El hecho de votar una ley implica un compromiso del Ejecutivo. Entonces, vamos a velar fuertemente para que dichos compromisos -al votar una ley, sancionarla y reglamentarla- puedan ser asumidos por el gobierno para actuar en contra de los monopolios. Incluso, me refiero a los monopolios mediáticos que son parte de ciertos aspectos de nuestra economía.
En cuanto a las designaciones de los artículos 20 a 23, nos parece que ellas deberían tener mayor grado de equidad y democracia en relación con el concurso del tribunal. Esos aspectos y algunos otros vamos a detallarlos en su momento, pero simplemente queremos mencionar nuestra posición y pedimos que algunos de los aspectos que, en principio, son disparatados puedan tenerse en cuenta en el recinto a la hora de la consideración de este proyecto de ley.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tiene la palabra el señor diputado Giordano.
SR. GIORDANO Señora presidenta: anuncio el rechazo de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda al proyecto denominado Ley de Defensa y Promoción de la Competencia; una iniciativa impulsada por el gobierno de Cambiemos, apoyada por sectores del PJ y en la que entiendo que el Frente para la Victoria hace una disidencia parcial. Nosotros estamos completamente en contra; por eso vamos a presentar un dictamen en minoría.
Sin entrar a leer el articulado, solo por los fundamentos, ya rechazamos este proyecto. Por ejemplo, se habla de que con este proyecto los grandes craneotecas que lo han ideado, estudiado y articulado van a convertir el mercado capitalista en eficiente, es decir que aumentará la eficiencia del mercado capitalista. O sea que Macri, Carrió y Vidal van a hacer eficiente el mercado capitalista en la Argentina. Podrían dar esta ley a la OCDE y al Fondo Monetario Internacional como un ejemplo internacional por el cual la Argentina hará eficiente el mercado.
Otro de los fundamentos es que esta norma va a aportar a un clima de negocios transparente, de buena fe, competitivo e innovador. Esto es una verdadera tomada de pelo, porque mientras se dice eso en un fundamento, se baja el impuesto a las ganancias a las grandes empresas y multinacionales, se sube el impuesto a las ganancias a más trabajadores en nuestro país y se aplicará una reforma laboral antiobrera jamás vista.
No sé qué hacía el representante de la OIT con Mauricio Macri en una foto de un diario. Es decir, el representante de la Organización Internacional del Trabajo saluda a Mauricio Macri cuando se está por aplicar una ley antiobrera, la cual -esa sí- sería un ejemplo internacional de cómo se sacan conquistas laborales. Se va a sacar 120.000 millones de pesos a los jubilados y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, lo que es un robo sideral.
Mientras ocurre todo eso, con la complicidad de los gobernadores y de la CGT, se habla de que con esta ley existirá un clima de negocios transparente, de buena fe y competitivo. Se supone que llevará la competitividad y la buena fe a los bancos nacionales e internacionales que están haciendo fortunas con las LEBAC: cambian los dólares, compran LEBAC en pesos, las cambian, vuelven a comprar dólares y se llevan la plata al exterior. Eso para Macri es negocio transparente, de buena fe, competitivo e innovador.
Pensemos en Odebrecht, Barrick Gold y Chevron. Claro, se guían por el artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que hay que corregir la distorsión de los monopolios. Me pregunto: ¿los formadores de precios en nuestro país no son monopolios? ¿No son uno, dos o tres? ¿Cuál es el ataque a los formadores de precios que elevan los precios como quieren y sin ningún límite?
En la Argentina existió en algún momento una ley de abastecimiento, que no la hizo la izquierda sino otros gobiernos, para combatir casualmente a los formadores de precios, en lugar de esta norma que premia con eximición de penas y hasta se habla de clemencia, lo cual me parece una cosa de locos. Recuerdo la ley de abastecimiento; es bueno releerla; se refería a precios máximos a los productos de la canasta familiar.
Si los empresarios se niegan a vender o producir esos precios máximos, se pueden tomar medidas tremendas, obligarlos, incautar los bienes, cerrar los establecimientos o meter presos a sus directivos. Eso es lo que dice la ley de abastecimientos.
Ninguna de estas leyes, que uno podría decir que son antecedentes importantes para ver cómo se combaten los monopolios formadores de precios, se tuvieron en cuenta. Se podría haber copiado algún artículo en esta norma, ya que se dice que es de defensa y promoción de la competencia.
El artículo 42 de la Constitución Nacional que cita esta ley, habla de la calidad de los servicios públicos; o sea, los servicios públicos que fueron rematados y entregados en la década menemista, que son horribles y que fueron un gran negocio capitalista, siguen adelante, y este gobierno dice que va a haber calidad de servicios públicos. Quizá es lo que anunció hoy el ministro Aranguren: un tarifazo del 45 por ciento en la luz, el gas, etcétera. Grandes empresarios mafiosos, muchos de ellos internacionales, se han quedado con la luz, el agua, las empresas de gas, los teléfonos, los ferrocarriles, etcétera.
Ni hablar de los antecedentes que cita esta ley, por ejemplo, el Mercosur; gran ejemplo de promoción de la competencia y de cómo se defiende la competencia. Si uno saca la cuenta de quiénes son los que ganan con el Mercosur, se ve que son las automotrices, los bancos y las multinacionales. No creo que ganen los trabajadores, entre otras cosas, porque la Argentina va hacia una ley -si no se la rechaza- de semiesclavitud laboral. Los trabajadores en Brasil sufren la ley de semiesclavitud laboral del presidente Temer. De modo que Macri y Temer se han unido para seguir adelante con las ganancias capitalistas en los dos países.
Con todo esto queremos decir que la izquierda no regula el capitalismo ni la competencia, los combate.
Por eso, como punto uno planteamos la expropiación de los monopolios; punto dos, la reestatización y recuperación del patrimonio nacional rematado con las privatizaciones para ponerlo a funcionar bajo control de los trabajadores y los usuarios; la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por una YPF ciento por ciento estatal y la nacionalización del petróleo y el gas.
Si a eso agregamos que suspendemos los pagos de la deuda externa para que el sacrificio de millones de trabajadores no se vaya al exterior a beneficiar a los Estados Unidos y a los usureros internacionales, ahí estaremos hablando de un plan económico al servicio de los trabajadores y los sectores populares, y no de una ley al servicio de los grandes empresarios, como es esta.
Sin entrar a leer el articulado, solo por los fundamentos, ya rechazamos este proyecto. Por ejemplo, se habla de que con este proyecto los grandes craneotecas que lo han ideado, estudiado y articulado van a convertir el mercado capitalista en eficiente, es decir que aumentará la eficiencia del mercado capitalista. O sea que Macri, Carrió y Vidal van a hacer eficiente el mercado capitalista en la Argentina. Podrían dar esta ley a la OCDE y al Fondo Monetario Internacional como un ejemplo internacional por el cual la Argentina hará eficiente el mercado.
Otro de los fundamentos es que esta norma va a aportar a un clima de negocios transparente, de buena fe, competitivo e innovador. Esto es una verdadera tomada de pelo, porque mientras se dice eso en un fundamento, se baja el impuesto a las ganancias a las grandes empresas y multinacionales, se sube el impuesto a las ganancias a más trabajadores en nuestro país y se aplicará una reforma laboral antiobrera jamás vista.
No sé qué hacía el representante de la OIT con Mauricio Macri en una foto de un diario. Es decir, el representante de la Organización Internacional del Trabajo saluda a Mauricio Macri cuando se está por aplicar una ley antiobrera, la cual -esa sí- sería un ejemplo internacional de cómo se sacan conquistas laborales. Se va a sacar 120.000 millones de pesos a los jubilados y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, lo que es un robo sideral.
Mientras ocurre todo eso, con la complicidad de los gobernadores y de la CGT, se habla de que con esta ley existirá un clima de negocios transparente, de buena fe y competitivo. Se supone que llevará la competitividad y la buena fe a los bancos nacionales e internacionales que están haciendo fortunas con las LEBAC: cambian los dólares, compran LEBAC en pesos, las cambian, vuelven a comprar dólares y se llevan la plata al exterior. Eso para Macri es negocio transparente, de buena fe, competitivo e innovador.
Pensemos en Odebrecht, Barrick Gold y Chevron. Claro, se guían por el artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que hay que corregir la distorsión de los monopolios. Me pregunto: ¿los formadores de precios en nuestro país no son monopolios? ¿No son uno, dos o tres? ¿Cuál es el ataque a los formadores de precios que elevan los precios como quieren y sin ningún límite?
En la Argentina existió en algún momento una ley de abastecimiento, que no la hizo la izquierda sino otros gobiernos, para combatir casualmente a los formadores de precios, en lugar de esta norma que premia con eximición de penas y hasta se habla de clemencia, lo cual me parece una cosa de locos. Recuerdo la ley de abastecimiento; es bueno releerla; se refería a precios máximos a los productos de la canasta familiar.
Si los empresarios se niegan a vender o producir esos precios máximos, se pueden tomar medidas tremendas, obligarlos, incautar los bienes, cerrar los establecimientos o meter presos a sus directivos. Eso es lo que dice la ley de abastecimientos.
Ninguna de estas leyes, que uno podría decir que son antecedentes importantes para ver cómo se combaten los monopolios formadores de precios, se tuvieron en cuenta. Se podría haber copiado algún artículo en esta norma, ya que se dice que es de defensa y promoción de la competencia.
El artículo 42 de la Constitución Nacional que cita esta ley, habla de la calidad de los servicios públicos; o sea, los servicios públicos que fueron rematados y entregados en la década menemista, que son horribles y que fueron un gran negocio capitalista, siguen adelante, y este gobierno dice que va a haber calidad de servicios públicos. Quizá es lo que anunció hoy el ministro Aranguren: un tarifazo del 45 por ciento en la luz, el gas, etcétera. Grandes empresarios mafiosos, muchos de ellos internacionales, se han quedado con la luz, el agua, las empresas de gas, los teléfonos, los ferrocarriles, etcétera.
Ni hablar de los antecedentes que cita esta ley, por ejemplo, el Mercosur; gran ejemplo de promoción de la competencia y de cómo se defiende la competencia. Si uno saca la cuenta de quiénes son los que ganan con el Mercosur, se ve que son las automotrices, los bancos y las multinacionales. No creo que ganen los trabajadores, entre otras cosas, porque la Argentina va hacia una ley -si no se la rechaza- de semiesclavitud laboral. Los trabajadores en Brasil sufren la ley de semiesclavitud laboral del presidente Temer. De modo que Macri y Temer se han unido para seguir adelante con las ganancias capitalistas en los dos países.
Con todo esto queremos decir que la izquierda no regula el capitalismo ni la competencia, los combate.
Por eso, como punto uno planteamos la expropiación de los monopolios; punto dos, la reestatización y recuperación del patrimonio nacional rematado con las privatizaciones para ponerlo a funcionar bajo control de los trabajadores y los usuarios; la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por una YPF ciento por ciento estatal y la nacionalización del petróleo y el gas.
Si a eso agregamos que suspendemos los pagos de la deuda externa para que el sacrificio de millones de trabajadores no se vaya al exterior a beneficiar a los Estados Unidos y a los usureros internacionales, ahí estaremos hablando de un plan económico al servicio de los trabajadores y los sectores populares, y no de una ley al servicio de los grandes empresarios, como es esta.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señora presidenta: vamos a dejar el debate conceptual, que forma parte de esta comisión, para el recinto junto con los detalles.
Sí quiero aclarar algunas cosas porque en las reuniones de trabajo hemos acercado posiciones y ustedes van a ver que inclusive en el borrador de trabajo del dictamen hay modificaciones. Son modificaciones pedidas por algunos bloques y aceptadas por quienes impulsábamos estos dos proyectos.
Solo para nombrar algunos ejemplos: efectivamente se creaban algunas autoridades burocráticas que se han suprimido en el dictamen y se han dejado las competencias porque creímos que eran absolutamente necesarias. Esto va en similar sentido con lo que decían los diputados Solanas, Bossio y Kosiner. Por lo tanto, esa modificación quedó incluida.
La segunda aclaración es que sí creemos conveniente la participación del Senado de la Nación en la ratificación de la designación de las autoridades; por lo tanto, eso también lo hemos incorporado al dictamen. Hay otras tantas modificaciones, señora presidenta, pero no quiero extenderme. Sé que hay otras comisiones.
Quiero hacer una salvedad acerca de un tema importante del que ninguno de nosotros tiene demasiado que ver; pero, sería bueno que cuando demos los debates nos ajustemos un poco a la realidad. La fusión de Cablevisión y Telecom todavía está en proceso de ser rechazada, autorizada o no sé qué, pero no es de nuestra competencia. Lo cierto es que no está terminada, está en cabeza y responsabilidad de la autoridad que tiene, por ley, la obligación de decidir por ello. Así que nosotros nada tenemos que opinar al respecto. Lo que sí queremos, a partir de esta norma, es una autoridad con más autonomía y poder para realizar este tipo de fusiones.
Sí quiero aclarar algunas cosas porque en las reuniones de trabajo hemos acercado posiciones y ustedes van a ver que inclusive en el borrador de trabajo del dictamen hay modificaciones. Son modificaciones pedidas por algunos bloques y aceptadas por quienes impulsábamos estos dos proyectos.
Solo para nombrar algunos ejemplos: efectivamente se creaban algunas autoridades burocráticas que se han suprimido en el dictamen y se han dejado las competencias porque creímos que eran absolutamente necesarias. Esto va en similar sentido con lo que decían los diputados Solanas, Bossio y Kosiner. Por lo tanto, esa modificación quedó incluida.
La segunda aclaración es que sí creemos conveniente la participación del Senado de la Nación en la ratificación de la designación de las autoridades; por lo tanto, eso también lo hemos incorporado al dictamen. Hay otras tantas modificaciones, señora presidenta, pero no quiero extenderme. Sé que hay otras comisiones.
Quiero hacer una salvedad acerca de un tema importante del que ninguno de nosotros tiene demasiado que ver; pero, sería bueno que cuando demos los debates nos ajustemos un poco a la realidad. La fusión de Cablevisión y Telecom todavía está en proceso de ser rechazada, autorizada o no sé qué, pero no es de nuestra competencia. Lo cierto es que no está terminada, está en cabeza y responsabilidad de la autoridad que tiene, por ley, la obligación de decidir por ello. Así que nosotros nada tenemos que opinar al respecto. Lo que sí queremos, a partir de esta norma, es una autoridad con más autonomía y poder para realizar este tipo de fusiones.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Si ningún otro diputado quiere hacer uso de la palabra vamos concluyendo la reunión y les informamos que hasta la hora 17 vamos a recibir en la comisión los dictámenes de minoría.
Tiene la palabra la señora diputada Ferreyra.
Tiene la palabra la señora diputada Ferreyra.
SRA. FERREYRA Señora presidenta: en virtud de que se está llevando a cabo la audiencia pública por el tema del gas, quiero pedir si se puede extender el plazo.
SRA. PRESIDENTA SCHWINDT Convérselo con las autoridades de la comisión.
Hoy es mi última reunión de comisión, ya que vence mi mandato y no lo he renovado; por eso, quiero agradecer a los diputados que han trabajado conmigo en la comisión en estos dos años.
En relación con el tema que vinimos tratando en esta reunión, quiero dejar aclarada mi posición, que tiene que ver con lo que ha dicho el diputado Marco Lavagna. Nosotros hemos planteado durante muchísimo tiempo la "ley de góndolas", y hubiéramos estado más contentos si eso lo hubiésemos plasmado en este proyecto.
De todos modos, el balance es positivo. Yo estoy particularmente contenta con esto. Es una herramienta que va a permitir progresar y va a permitir la competencia. En estos cuatro años que he estado en la comisión nosotros hemos recibido permanentemente quejas y denuncias de empresarios y de gente de la Federación Agraria por abusos de posición dominante.
Todos sabemos que la Argentina es una economía concentrada, que están concentrados algunos sectores a veces en manos de una, dos o tres empresas; alcanza con nombrar algunos ejemplos, como la panificación industrial, las aceiteras, el mercado financiero, que está monopolizado. Entonces, creo que se trata de una herramienta muy importante y que alguna vez tenemos que dejar de hablar y tenemos que empezar a hacer. Estamos convencidos, como es mi caso, de que si unos pocos se llevan la plata y la torta no se reparte diferente, nunca vamos a poder avanzar. Creo que esta es una herramienta para esto, más allá de quién la haya traído o de dónde venga. Es una herramienta que estamos brindando para trasparentar el mercado y para mejorarlo, sobre todo para mejorar la posición de los usuarios y los consumidores, desde la comisión en la que me ha tocado trabajar, y creo que esto los va a beneficiar.
En tal sentido, agradezco mucho a los diputados que han trabajado conmigo en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. (Aplausos.)
Queda levantada la reunión.
Hoy es mi última reunión de comisión, ya que vence mi mandato y no lo he renovado; por eso, quiero agradecer a los diputados que han trabajado conmigo en la comisión en estos dos años.
En relación con el tema que vinimos tratando en esta reunión, quiero dejar aclarada mi posición, que tiene que ver con lo que ha dicho el diputado Marco Lavagna. Nosotros hemos planteado durante muchísimo tiempo la "ley de góndolas", y hubiéramos estado más contentos si eso lo hubiésemos plasmado en este proyecto.
De todos modos, el balance es positivo. Yo estoy particularmente contenta con esto. Es una herramienta que va a permitir progresar y va a permitir la competencia. En estos cuatro años que he estado en la comisión nosotros hemos recibido permanentemente quejas y denuncias de empresarios y de gente de la Federación Agraria por abusos de posición dominante.
Todos sabemos que la Argentina es una economía concentrada, que están concentrados algunos sectores a veces en manos de una, dos o tres empresas; alcanza con nombrar algunos ejemplos, como la panificación industrial, las aceiteras, el mercado financiero, que está monopolizado. Entonces, creo que se trata de una herramienta muy importante y que alguna vez tenemos que dejar de hablar y tenemos que empezar a hacer. Estamos convencidos, como es mi caso, de que si unos pocos se llevan la plata y la torta no se reparte diferente, nunca vamos a poder avanzar. Creo que esta es una herramienta para esto, más allá de quién la haya traído o de dónde venga. Es una herramienta que estamos brindando para trasparentar el mercado y para mejorarlo, sobre todo para mejorar la posición de los usuarios y los consumidores, desde la comisión en la que me ha tocado trabajar, y creo que esto los va a beneficiar.
En tal sentido, agradezco mucho a los diputados que han trabajado conmigo en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. (Aplausos.)
Queda levantada la reunión.
- Es la hora 14 y 38.