Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, informe, en relación a la fusión entre las empresas Telefónica de España y Telecom de Italia autorizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) el 13 de octubre de 2010, los aspectos que se detallan a continuación:

1. Si se permitió que Telefónica de España tenga participación accionaria determinante en las dos empresas que operan en el mercado telefónico argentino: Telecom y Telefónica.

2. Si con esta medida se está perjudicando a las empresas operadores de cable quienes poseen una estructura capaz de competir a las empresas telefónicas.

3. Si el presente acuerdo es violatorio de la licencia otorgada en el año 1991 a Telecom en el que se establecía que "ni Telecom ni Telefónica pueden tener negocios compartidos ni participaciones accionarias cruzadas".

4. Si el acuerdo entre dichas empresas es violatorio del Artículo 42 de la Constitución Nacional y de la Ley de Defensa de la Competencia, N° 25.156.

Señor presidente:

Motiva el presente proyecto la preocupación que nos genera la fusión entre las empresas operadoras de telefonía, Telefónica de España y Telecom de Italia, autorizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) el 13 de octubre de 2010.

En enero del presente año el ministro de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, Julio de Vido, afirmó: "Que nadie se confunda, no nos va a temblar el pulso para hacer lo que tengamos que hacer si continúan estas chicanas judiciales. No nos van a imponer ningún escenario que sea contrario al libre juego de la oferta y la demanda, es decir ningún escenario que beneficie a monopolio alguno". No sabemos que es lo que cambió de enero a este tiempo para que el gobierno nacional cambie abruptamente su opinión sobre este tema. Los argentinos hemos escuchado discursos de ministros, y hasta de la presidente en contra de la formación de monopolios.

La propia presidente afirmó en enero de este año: "En Argentina no permitiremos ningún monopolio. Si el tema no se resuelve en la Justicia, será el Parlamento el que tenga que tomar cartas en el asunto. Está muy claro que en el país hay una situación monopólica, donde Telefónica tiene injerencia dentro de Telecom".

Nuestro país cuenta con una Ley de Defensa de la Competencia, que sirve de marco legal para casos como este. En su Artículo 1°, dicha establece que: "Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general".

En su Artículo 4° expresa: "A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en perjuicio de éstos".

Más cercano a la fecha, y en pos de desregular los mercados, se sancionó el Decreto N° 764/2000, que establece en sus considerandos que: "Que la Ley de Reforma del Estado y Emergencia Administrativa, calificada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN como el "estatuto para la privatización", en su Artículo 10, dispuso: "la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias, aunque derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación de los servicios públicos."

Además el citado Decreto sostiene que: "Que el referido régimen, se sustenta en los principios que gobiernan la libertad de comercio, el libre acceso al mercado, la fluida y libre circulación de toda información útil, la ausencia de intervenciones que lo distorsionen y la exclusión del ordenamiento jurídico de toda disposición que favorezca los monopolios y/o privilegios.

Lo más grave de esta situación es que la presente decisión se puede cuestionar por su anticonstitucionalidad, ya que la propia Carta Magna prohíbe este tipo de fusiones empresariales. Nuestra constitución es clara cuando establece en su Artículo 42 establece que "Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control."

Por último, queremos citar la opinión de uno de los presidentes de los principales países europeos, que seguramente es muy escuchado por el gobierno nacional, ya que conciben la relación entre el gobierno y las empresas de la misma manera. En relación a la fusión entre las empresas Telefónica y Telecom, Silvio Berlusconi, dijo: "No tenemos ninguna propuesta encima de la mesa. Somos un Gobierno liberal, y vivimos, por suerte, en una economía de mercado". Se ve que el gobierno nacional lo sigue escuchando.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.