Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto regular las tarifas de los Servicios Públicos de jurisdicción nacional.

Artículo 2°– Servicios Públicos. La presente ley rige sobre las actividades de transporte y distribución de electricidad, transporte y distribución de gas, agua y saneamiento urbano, servicios de telefonía, transporte aerocomercial de pasajeros, sistema nacional aeroportuario, transporte terrestre automotor y ferroviario urbano e interurbano, control del espectro radiofónico y correo oficial de la República Argentina.

Artículo 3°– Valor de las tarifas. Las tarifas deberán ser fijadas en moneda nacional. El valor de las tarifas de los servicios públicos se establecerá por su estricto costo de producción, transporte y distribución, más el costo de mantenimiento preventivo de los bienes e instalaciones necesarias para la prestación del servicio, más el valor de las inversiones que se requieran para ampliar y/o mejorar el servicio, determinadas por la Autoridad de Aplicación, menos los subsidios que establezca el Estado nacional.

Artículo 4°– Variación de las tarifas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, la variación del valor de las tarifas, en ningún caso, podrá ser superior a la variación del promedio ponderado del incremento de los salarios de los trabajadores y los haberes de los jubilados de todo el país, para igual periodo de cálculo.

Artículo 5°– Invitase a las provincias, los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.

Artículo 6°. – De forma.

Señor presidente:

En los últimos años la política tarifaria de los servicios públicos, principalmente lo referido a gas y energía eléctrica, sufrió cambios estructurales que impactaron fuertemente en los costos de producción de toda la economía y en particular en el bolsillo de las familias argentinas. Y la determinación del valor de las tarifas es un elemento que debe ser central en la definición de las políticas públicas para el crecimiento, ya que para el desarrollo no solamente debe existir energía disponible, sino que también debe ser técnica y económicamente accesible para quienes la requieran.

Desde que asumió su gestión el actual presidente Mauricio Macri, el proceso de desregulación, liberalización y dolarización del sector energético implicó incrementos tarifarios excesivos y desproporcionados de más del 1000%, haciendo que se encarezca la producción nacional, liquide el poder adquisitivo de los argentinos y retroalimente la inflación a niveles alarmantes. En otras palabras, la política tarifaria de Cambiemos atentó contra la producción, el consumo interno y el empleo.

Pero además, la combinación de dolarización y desregulación del mercado cambiario están implicando una fenomenal transferencia de recursos hacia las grandes empresas energéticas, tras el retiro del Estado en las compensaciones tarifarias que se generaban vía subsidios en sus distintas modalidades. Así, el acceso a la energía de los usuarios ha quedado a merced de los vaivenes del mercado cambiario que este gobierno dejó sujeto a las especulaciones financieras.

En este contexto la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía resultó una medida que ratificó el rumbo y propuesta en materia energético-tarifaria de la actual gestión: hacer cargo al usuario de los desequilibrios macroeconómicos causados por la improvisación de los funcionarios.

Es por ello que es necesario el establecimiento de un marco tarifario claro, que guarde relación con la realidad de la economía de las familias y la producción argentinas. Si para 2015 los servicios tenían una incidencia del 8% en los salarios, hoy tras la brutal devaluación y dolarización supera el 25%, un impacto que podría ir en ascenso si se avanza en los incrementos tarifarios previstos para el futuro.

Entendiendo el rol primordial que adquieren los servicios públicos para la actividad y el desarrollo del país, y asegurar sus condiciones de acceso, es que las tarifas deben guardar previsibilidad en cuanto a su valor, independientemente de los vaivenes del mercado y la política cambiaria. Para ello, este proyecto propone que las mismas sólo puedan incrementarse en sintonía con los aumentos de salarios y jubilaciones, impidiendo que los aumentos en los servicios públicos terminen de deteriorar los ya devaluados ingresos de trabajadores y pasivos.

Así, asegurando que los aumentos en salarios y haberes no se pierdan en recomposiciones tarifarias a grandes empresas, podrán sentarse las bases para el comienzo del recupero de los ingresos de los argentinos.

Por estos motivos es que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto