Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los organismos que correspondan, proceda de manera in- mediata a arbitrar los mecanismos legales pertinentes a efectos de designar a los miembros del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia de acuerdo a la prescripción dispuesta por el artículo 19 de la Ley 25.156.

Señor presidente:

La Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, sancionada en agosto de 1999, dispuso la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, el que a la fecha no ha sido conformado.

No obstante ello, la mencionada norma determinó las competencias durante el proceso de transición, estableciendo que "la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia continua- rá entendiendo y tramitando las causas en trámite y las que se promuevan hasta la constitución del Tribunal

En la actualidad, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por lo que el Poder Ejecutivo os- tenta la facultad para aprobar o rechazar las fusiones y adquisiciones de empre- sas, decisiones netamente de índole técnica.

Ello es fuertemente criticado por la doctrina, en tanto las decisiones pasarían de ser técnicas a ser po- líticas, lo que no es un tema menor, en tanto el bien jurídico tutelado por la legisla- ción en la materia es el "interés económico general", que representa el excedente total de todos los agentes del mercado. Se maximiza en mercados perfectamente competitivos y se altera negativamente en mercados con ausencia de competen- cia.

En mercados donde la competencia no es perfecta, el perjuicio recae directamente en los consumido- res y productores, afectando la función de bienestar social, dado que para los pri- meros, implica una pérdida en el beneficio que se obtiene por adquirir un bien o servicio, y para los segundos, representa una disminución en las ganancias que reciben como consecuencia del funcionamiento del mercado

En virtud de los relevantes efectos económicos y sociales, este Congreso, al crear la legislación de defensa de la competencia, dispuso que su control y aplicación se encuentre en manos de un órgano eminentemente técnico e independiente.

Es por ello que la concreta creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia se erige en una necesidad que llenará el actual "vacío jurídico" y subsanará la incertidumbre jurídica existente, que no sólo afecta a nuestro mercado interno sino que trascien- de las fronteras de nuestro país, involucrando a la región.

Ello es así debido a que nuestro Estado ha signado instrumentos internacionales en el marco del Mercado Común del Sur en el que ha informado como órgano de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia a "[...] la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) o, en el momento de su conformación, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC) [...]" (Entendimiento sobre Cooperación entre las Autoridades de Defensa de la Competencia de los Estados partes del Mercosur para la aplicación de sus leyes nacionales de competencia" [Merco- sur/Cmc/Dec. 04/04] y "Entendimiento sobre Cooperación entre las Autoridades de Defensa de la Competencia de los Estados partes del Mercosur para el Control de Concentraciones Económicas de Ambito Regional" [Mercosur/CMC/ Dec. 15/05]).

Es por lo ex- puesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.