Expresar su más enérgico repudio frente a la abusiva suspensión del registro de la asociación Consumidores Libres ordenada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y exhortar a revisar inmediatamente tal decisión.

Señor presidente:

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor -que depende de la Secretaría de Comercio Interior- en el expediente S01:0319180/2012 suspendió preventivamente del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores a la ONG "Consumidores Libres", mientras se investiga una supuesta infracción al artículo 4, de la Ley de Defensa del Consumidor, por haber, supuestamente, brindado esta asociación información imprecisa y mendaz.

Según alega esa resolución, paradójicamente, la suspensión del registro se dispuso "a efectos de respetar el derecho de defensa" de la asociación, lo que es suficientemente demostrativo de su total inconsistencia. La suspensión además, es grotescamente desproporcionada. Si lo cuestionable eran los índices, alcanza con publicar una leyenda que indicara que éstos estaban siendo revisados por la autoridad de aplicación. Suspender el registro de la asociación es una enormidad, pues con ello suspende derechos de la ONG que nada tienen que ver con el índice puesto en cuestión.

Pero por si no bastara. En declaraciones públicas, además, la Subsecretaria de Defensa del Consumidor, María "Pimpi" Colombo, admitió que la razón detrás de la medida era, en parte, la difusión a través del diario Clarín.

La finalidad misma del sumario ya es de muy dudosa legalidad, pues es a todas luces discutibles que exista una expectativa de veracidad en el sentido que pretende el gobierno, y mucho menos que Consumidores Libres deba explicitar su metodología de trabajo con la desmedida precisión y exigencia que gobierno reclama.

Y la suspensión del registro en el marco de ese sumario, sumado a las declaraciones de la funcionaria, nos deja en claro que se trata de una grosera intromisión estatal sobre la libertad de asociación y de expresión de quienes hacen parte de Consumidores Libres y exige su inmediata revocación y repudio por parte de este Congreso. Todo el suceso configura una violación flagrante de derechos por abuso de autoridad y exige una inmediata retractación, si algo nos importa el disenso y la libertad de palabra.