Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, considerando lo decidido recientemente por las diferentes instancias judiciales, suspenda la aplicación de los aumentos de tarifas de Gas natural, Energía eléctrica y Agua implementado durante el año 2016, hasta tanto no se haya cumplido con el mecanismo de audiencias públicas previas y se expida la Corte Suprema de Justicia.

Solicitar además que el nuevo esquema de precios y tarifas se implemente con gradualidad, transparencia y razonabilidad.

El nuevo esquema de precios y tarifas deberá establecer un cuadro tarifario diferenciado para:

1. las distintas regiones de nuestro país y las zonas de menor desarrollo relativo;

2. las Asociaciones Civiles conforme lo establecido en la Ley 27.098;

3. el Sector de actividad económica afectadas y las Pymes;

4. las Cooperativas de trabajo o empresas de fábricas recuperadas; y

5. las Entidades de bien público:

Señor presidente:

Resulta un dato incontrastable de la realidad económico social argentina actual el serio inconveniente -junto al enojo y la repulsa - que con carácter generalizado en la población se ha planteado a partir del dictado y aplicación de las Resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que derivara en lo que se conoce como el "tarifazo" en las facturas de electricidad, gas natural y agua.

Ahora bien: lejos del reproche y el disgusto casi unánimes dentro de la población de las más variadas comunidades y geografías, de la inequidad e injusticias que a raíz de las nuevas normas tarifarias contenidas en las mismas se hacían conocer diariamente a través de los medios -y constituían el comentario diario y la preocupación entre los particulares, habida cuenta que directa o indirectamente se solía resultar afectado a raíz de las mismas-, lo cierto es que distintos pronunciamientos judiciales ya han puesto en cuestión su legalidad de tales medidas a lo largo y ancho del país.

Pero por otro, y hacia arriba (el orden jurídico superior) , la ilegalidad resultaba de la transgresión flagrante de los artículos y principios resultantes de los artículos 18, 41, 42, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en tanto como Derecho Humano con jerarquía constitucional se establece la participación ciudadana.

Y desde ya, queda evidenciado que el Estado omitió conductas debidas en las resoluciones ministeriales, dictando nuevas tarifas en abierta transgresión a ordenamientos normativos superiores, lo que supone un obrar ilegítimo e inconstitucional en virtud de la supremacía que consagra el artículo 31 de nuestra Constitución.

El tema reviste trascendencia tal, atendiendo a los bienes y valores en juego, que la solución legislativa se impone aquí y ahora.

Se trata de una cuestión que hace al interés general, que involucra al colectivo, al conjunto de los habitantes de la Nación, a toda o casi toda la población. Y está claro que el perjuicio resulta genérico, en cuyo caso la solución también debe serlo. Máxime cuando se observa que la vulneración jurídica que trasunta el dictado de tales resoluciones resulta nítida por simple contraste con las normas constitucionales, convencionales, legislativas y reglamentarias que tajante y palmariamente se violentan.

Así las cosas, en el ánimo de no interferir en una competencia que el Poder Ejecutivo tiene asignada, pero conscientes del rol que como Poder Legislativo nos cabe y de la necesidad de encontrar una respuesta dentro de los cauces normales y no proveniente de la decisión judicial, proponemos que el Poder Ejecutivo enmiende lo que se ha revelado tanto como una conducta contraria a la ley como también un evidente error político. En ese entendimiento corresponde, y por tanto postulamos, la suspensión de los aumentos de tarifas correspondiente a los servicios de Energía eléctrica, Gas natural y Agua.

Por tales razones, solicito de mis pares me acompañen en la más expeditiva y rápida aprobación del presente.